Según el Informe de Amnistía Internacional 2016/17 en mayo, el gobierno federal provisional disolvió el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos y lo redujo a un departamento del Ministerio de Justicia, lo que causó una importante disminución de los recursos y programas dedicados a proteger los derechos de las mujeres y de las niñas.
Durante el año, varios estudios mostraron que la violencia mortal contra las mujeres había aumentado un 24% durante el decenio anterior y confirmaron que Brasil era uno de los peores países de Latinoamérica para las niñas, sobre todo debido a los niveles extremadamente altos de violencia de género y de embarazos adolescentes, y a los reducidos índices de finalización de la educación secundaria.
Las violaciones colectivas de una niña el 21 de mayo y una mujer el 17 de octubre en el estado de Río de Janeiro atrajeron la atención de todo el país, y confirmaron además que el estado no respetaba, protegía ni hacía realidad los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entre enero y noviembre se denunciaron 4.298 casos de violación en el estado de Río de Janeiro, 1.389 de ellos en la capital. En el año 2016 se cumplió también el décimo aniversario de la entrada en vigor de la legislación contra la violencia en el ámbito familiar. El gobierno no aplicaba la ley con rigor a pesar de que la violencia intrafamiliar y la impunidad por esos delitos seguían siendo generalizadas.
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