Ante la situación de privación económica y sociocultural generada por la pobreza, el enfoque de derechos humanos propone un análisis de las causas de la pobreza en clave de derechos como medio para luchar contra la exclusión de las personas y a favor de sus derechos humanos. Es decir, proporciona un marco normativo que permite identificar qué derechos han sido violados, por quién y quién debería tomar medidas.
La aplicación del marco normativo internacional en materia de derechos humanos contribuye a garantizar que la no discriminación, la igualdad, la participación y la atribución de responsabilidades constituyan una prioridad en las estrategias para combatir la pobreza.
Por otro lado, el enfoque de derechos sitúa a la persona como sujeto de derechos.
Los derechos humanos suponen un sistema de titularidades que convierten las necesidades humanas en derechos exigibles que implican para los Estados la obligación de respetarlos y cumplirlos.
De esta forma, los derechos contenidos en el derecho internacional pueden contribuir a equilibrar la distribución y el ejercicio del poder, entendido este último como ampliación de libertad de opción y de acción.
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA
La participación en el diseño de políticas que inciden en el nivel de vida de las personas, constituye uno de los aspectos claves la del respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Este derecho está consignado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declración sobre el Derecho al Desarrollo.
Los Estados están obligados a crear mecanismos eficaces de participación que superen las dificultades e impedimentos de participación para grupos excluidos socialmente. Estos mecanismos deben de extenderse desde la formulación, hasta la implementación y el monitoreo de las políticas. Según el Comité DESC es poco probable que una política o programa que se formule sin la participación activa de los afectados sea eficaz, tanto por razones de legitimidad como de eficacia.
La discriminación dificulta claramente la participación de las mujeres en la vida pública, social y política en igualdad de condiciones, viéndose gravemente obstaculizada su capacidad para acceder a cargos de representación política y sindical, o de participar de forma activa en la vida social y cultural, en situaciones de pobreza. Es necesario que se eliminen dichas barreras para que los programas de lucha contra la pobreza tengan éxito.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer destaca la importancia de dicha participación de las mujeres en los programas de erradicación de la pobreza en el desarrollo social y ecónomico y en la vida pública y política. En su preámbulo, la Convención recuerda “ que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural del país.”
ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El enfoque de derechos humanos implica que los agentes estatales y no estatales deben asumir una serie de deberes y responsabilidades y dar cuenta de su conducta en relación con las normas internacionales de derechos humanos.
En primer lugar se debe realizar una identificación de los actores responsables por la generación de una situación de pobreza, siendo conveniente que los propios afectados participen en la identificación de dichos titulares de deberes.
En segundo lugar, es necesario crear o fortalecer mecanismos por los que las personas cuyos derechos fundamentales son vulnerados puedan exigirlos ante las autoridades o instancias competentes, tanto nacionales como internacionales y tengan derecho a recibir indemnizaciones y
reparaciones por los perjuicios sufridos al igual que las demás víctimas de violaciones de derechos.
Esta capacidad jurídica comprende el poder someter a un tribunal, las violaciones de los derechos humanos vinculadas a situaciones de extrema pobreza tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, la reciente aprobación del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Consejo de Derechos Humanos abre una histórica vía para la justiciabilidad de estos derechos
La asistencia y cooperación internacional no consisten únicamente en la asistencia técnica y financiera sino que incluye la obligación de colaborar activamente en el diseño de un sistema equitativo de comercio multilateral, de inversiones y financiero que propicie la reducción y eliminación de la pobreza. Es decir, los Estados deben de contribuir a la creación de un orden socio-económico justo en el que los derechos puedan ser efectivos, como proclamó el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sabemos que :
-La pobreza no es inevitable, no es un fenómeno natural.
-La actual existencia de privaciones en medio de la abundancia no se debe sólo a la escasez de recursos sino que tiene su origen en la falta de voluntad, la corrupción, la negligencia y la discriminación de los gobiernos y otros agentes, que no protegen los Derechos en general y los Derechos Económicos Sociales y Culturales en particular.
-Los Estados deben proteger a los miembros de la sociedad más expuestos a sufrir los embates de la pobreza.
´-Quienes causan pobreza deben enfrentarse a la justicia por los abusos cometidos.
-Frecuentemente se hace caso omiso de las personas que viven en la pobreza, dificultando aun más la posibilidad de exigir responsabilidades a quienes menoscaban sus derechos, de ahí la necesidad de empoderamiento.
Fuente : Amnistía Internacional.
ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
El enfoque de derechos humanos implica que los agentes estatales y no estatales deben asumir una serie de deberes y responsabilidades y dar cuenta de su conducta en relación con las normas internacionales de derechos humanos.
En primer lugar se debe realizar una identificación de los actores responsables por la generación de una situación de pobreza, siendo conveniente que los propios afectados participen en la identificación de dichos titulares de deberes.
En segundo lugar, es necesario crear o fortalecer mecanismos por los que las personas cuyos derechos fundamentales son vulnerados puedan exigirlos ante las autoridades o instancias competentes, tanto nacionales como internacionales y tengan derecho a recibir indemnizaciones y
reparaciones por los perjuicios sufridos al igual que las demás víctimas de violaciones de derechos.
Esta capacidad jurídica comprende el poder someter a un tribunal, las violaciones de los derechos humanos vinculadas a situaciones de extrema pobreza tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, la reciente aprobación del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Consejo de Derechos Humanos abre una histórica vía para la justiciabilidad de estos derechos
La asistencia y cooperación internacional no consisten únicamente en la asistencia técnica y financiera sino que incluye la obligación de colaborar activamente en el diseño de un sistema equitativo de comercio multilateral, de inversiones y financiero que propicie la reducción y eliminación de la pobreza. Es decir, los Estados deben de contribuir a la creación de un orden socio-económico justo en el que los derechos puedan ser efectivos, como proclamó el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sabemos que :
-La pobreza no es inevitable, no es un fenómeno natural.
-La actual existencia de privaciones en medio de la abundancia no se debe sólo a la escasez de recursos sino que tiene su origen en la falta de voluntad, la corrupción, la negligencia y la discriminación de los gobiernos y otros agentes, que no protegen los Derechos en general y los Derechos Económicos Sociales y Culturales en particular.
-Los Estados deben proteger a los miembros de la sociedad más expuestos a sufrir los embates de la pobreza.
´-Quienes causan pobreza deben enfrentarse a la justicia por los abusos cometidos.
-Frecuentemente se hace caso omiso de las personas que viven en la pobreza, dificultando aun más la posibilidad de exigir responsabilidades a quienes menoscaban sus derechos, de ahí la necesidad de empoderamiento.
Fuente : Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional es una organización no gubernamental (ONG) internacional. En la actualidad son más de 3 millones de socias, socios, activistas y voluntarias/os, y estan presentes en más de 150 países, trabajando sin descanso por la justicia y por la dignidad de las personas. Su labor se centra en combatir los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo. Únete a Amnistía Internacional
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