Violencia contra las mujeres: problema de Estado

Casi dos décadas han pasado desde que la violencia contra las mujeres se constituyera en uno de los temas más relevantes de la agenda internacional en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres

Desde la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993 y hasta la última resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para aumentar los esfuerzos por la erradicación de la violencia contra las mujeres, mucho se ha avanzado. El reconocimiento y comprensión de la problemática, la adopción de instrumentos específicos para combatirla, la fuerza con que ha permeado las instancias e instrumentos generales de derechos humanos, la adopción de legislaciones y políticas sociales nacionales destinadas al tratamiento y protección de las victimas, entre otras, permiten dar cuenta de la inclusión de este tema en el mainstream de los derechos humanos. Aún así, millones de mujeres en el mundo siguen siendo objeto de violencia y, a pesar de los esfuerzos multilaterales, regionales y nacionales, ésta no parece ceder. 

La violencia contra las mujeres es un elemento central de desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres. En efecto, esta violencia se inscribe en un marco de desigualdad de oportunidades, desigual acceso a la justicia, la discriminación laboral y salarial, la desigual distribución del poder y del tiempo entre mujeres y hombres.

A pesar de que sus expresiones varían de acuerdo a los contextos culturales en que esta se ejerce su práctica es universal y su impacto, aunque devastador para todas sus victimas, se exacerba ante situaciones de pobreza y exclusión, y en situaciones de conflicto armado. El lugar social que ocupan las mujeres en nuestras sociedades y en particular el de aquellas que hacen parte de aquellos grupos más vulnerables como las migrantes, indígenas, niñas y adolescentes, entre otras, constituyen factores que afectan de manera dramática las condiciones de vida de la población femenina y sus posibilidades futuras de desarrollo personal y colectivo. 

Uno de los aspectos más urgentes y deficitarios a la luz de los resultados de hoy en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres es que no es posible medir el impacto de las medidas adoptadas, en tanto no existen, salvo excepciones, sistemas de registros unificados que orienten la respuesta estatal al permitir conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres

Es reciente el esfuerzo por uniformar criterios para la recolección de información pero aún insuficiente para dar por cumplida la obligación jurídica que han contraído los Estados en materia de generación de información. 

Por su parte, los marcos legales adoptados en gran parte de los países del mundo, si bien han sido claves en el reconocimiento y visibilización de una problemática históricamente ocultada, también revelan en su aplicación graves deficiencias producto de la persistencia de prácticas discriminatorias hacia las mujeres por parte de los operadores de justicia, la falta de recursos, etc., todo lo cual contribuye a que la impunidad en estas materias se haga parte del mecanismo de reproducción de la violencia y de dominación de las mujeres. 

Desde la política social, se cuenta con experiencias disímiles en relación al tratamiento de la problemática. Comisarías para mujeres, casas de acogida y/o de refugio, asistencia médica y legal, en el marco de políticas que buscan generar las condiciones de tratamiento y atención a las víctimas, han sido parte del repertorio adoptado. Todas ellas y otras, sin embargo, aparecen como experiencias aisladas en relación a los marcos de política social más generales que no alcanzan a ser tranversales en el quehacer del Estado.

Y es que en esta materia hemos pasado de la exclusión e invisibilidad de la violencia contra las mujeres a una posición de inclusión que, sin embargo, es aún marginal dentro de la política pública en la mayoría de los países del mundo. La violencia contra las mujeres requiere un tratamiento de primer orden, una política de Estado que articule a los poderes centrales y descentralizados en su tratamiento, que ponga énfasis tanto en la prevención como en el tratamiento, atención y sanción. Patrones culturales profundamente arraigados en nuestras sociedades son los que se encuentran a la base de esta conducta que hace inferior y cosifica a las mujeres. De ahí que el cambio de dichos patrones y prácticas hacia una cultura de respeto por las mujeres sea un trabajo que obliga al Estado pero también a los hombres y mujeres que integran las diferentes comunidades.

Autoras
PAULA SALVO DEL CANTO
MARIELA INFANTE ERAZ

http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/MUJERES_INTERIOR_v4.pdf