La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010, sin embargo los derechos de las mujeres y las personas trabajadoras están lejos de conseguirse en ese país mientras el mundo del fútbol mira para otro lado cómodamente.
Derechos de las Mujeres
Las mujeres siguen estando discriminadas en la ley y en la práctica. En virtud del sistema de tutela masculina, continúan estando ligadas a su tutor varón, habitualmente su padre o un hermano, abuelo o tío o, en caso de estar casadas, su esposo. Además, siguen necesitando el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales clave como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva.
La legislación relativa a la familia continua discriminando a las mujeres al dificultarles el divorcio. Las mujeres divorciadas continuaban sin poder ejercer la tutela de sus hijos e hijas.
En marzo de 2021, el gobierno rechazó las conclusiones de un informe de HumanRights Watch sobre la discriminación contra las mujeres en Qatar y prometió investigar y enjuiciar a cualquier persona que hubiera infringido la ley. Al concluir el año no había realizado ninguna investigación.
Noof al Maadeed, mujer qatarí de 23 años que solicitó asilo en Reino Unido alegando abusos en el ámbito familiar, decidió regresara Qatar tras pedir garantías a las autoridades. Comenzó a documentar su retorno en las redes sociales, pero no se volvió a saber nada de ella a partir del 13 de octubre, después de que hubiera denunciado a la policía amenazas de familiares. Pese a que las autoridades aseguraron que no corría peligro, seguía sin conocerse su paradero, lo que suscitaba temor por su seguridad.
Sigue sin concluirse la reforma laboral y se deben indemnizaciones
Pese a su promesa, el gobierno no aplicó ni hizo cumplir las reformas, lo que permitió el resurgimiento de las prácticas abusivas y reavivó los peores elementos del sistema de kafala (patrocinio).
La población trabajadora migrante sigue enfrentándose en ocasiones a trabas y requisitos burocráticos insalvables cuando intentaba cambiar de empleo sin el permiso de su entidad empleadora aunque éste hubiese dejado de ser un requisito legal. En diciembre, el gobierno informó de que 242.870 trabajadores y trabajadoras migrantes habían podido cambiar de empleo tras las reformas de septiembre de 2020; no obstante, no publicó la cifra de quienes lo habían conseguido hacer sin el permiso de su entidad empleadora, información clave para medir el avance.
La situación continuó siendo especialmente difícil para las trabajadoras domésticas internas a causa de su aislamiento en el domicilio del empleador o empleadora, que era también su lugar de trabajo.
El sistema sigue otorgando poder a las entidades empleadoras, que supervisaban la entrada y la residencia de las personas trabajadoras migrantes en el país y podrían anular sus permisos de residencia o presentar contra ellas cargos de fuga, conductas abusivas que pondrían en peligro su presencia legal en el país.
En mayo, el Ministerio de Trabajo puso en funcionamiento una plataforma digital concebida para que los trabajadores y trabajadoras pudieran presentar denuncias.
Pese a la introducción de un nuevo salario mínimo y de medidas para vigilar el pago de los salarios, la población trabajadora migrante continuaba siendo víctima del robo de éstos por sus entidades empleadoras sin recurso efectivo a la justicia. De hecho, su acceso a la justicia siguió siendo en gran medida lento y, en los casos en que lo hubo, a menudo no condujo a un recurso efectivo.
El fondo de asistencia creado para ayudar a los trabajadores y trabajadoras a recuperar su dinero cuando los comités para resolver disputas laborales fallaban a su favor actuaba caso por caso, y seguía sin estar claro si los trabajadores y trabajadoras podían cobrar los salarios impagados con cargo al fondo y e nqué plazo. En abril, el personal de una empresa de vigilantes de seguridad se declaró en huelga para protestar por el incumplimiento del pago del nuevo salario mínimo. Medios de comunicación afines al Estado informaron deque el gobierno había investigado a la empresa y concluido que el salario que pagaba cumplía los requisitos legales. Las autoridades continuaban sin investigar adecuadamente las muertes de los trabajadores y trabajadoras migrantes, miles de los cuales habían fallecido de forma repentina e inesperada en Qatar durante el decenio anterior pese a haber superado las pruebas médicas obligatorias antes de viajar al país. Su inacción, que impedía evaluar si las muertes eran atribuibles a causas laborales, significaba que Qatar no protegía un elemento básico del derecho a la vida. También negaba a las familias afectadas la oportunidad de ser indemnizadas por la entidad empleadora o las autoridades.
Derechos Sindicales
La población trabajadora migrante sigue teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En su lugar, las autoridades introdujeron comités conjuntos, iniciativa promovida por las entidades empleadoras para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras que distaba mucho de respetar el derecho fundamental de éstos
“Aunque en los últimos cinco años Qatar ha hecho importantes avances en materia de derechos laborales, es evidente que aún queda un gran trecho por recorrer. Miles de personas trabajadoras siguen atrapadas en el ya conocido ciclo de explotación y abusos debido a las lagunas legales y a la inadecuada aplicación de la ley”, apunta Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional añadiendo :A las puertas de la Copa Mundial, la tarea de proteger a la población trabajadora migrante de la explotación está sólo a medias, mientras que la de indemnizar a quienes han sufrido abusos apenas ha comenzado.
Qatar alberga a unos dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes, pero no cumple las normas laborales internacionales. Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Qatar a abolir el abusivo sistema de kafala, que vincula a los trabajadores y trabajadoras con sus empleadores durante hasta cinco años e impide a algunos grupos, como los trabajadores y trabajadoras domésticos, abandonar el país sin el permiso de sus empleadores.
“Los dos millones de trabajadores y trabajadoras migrantes que forman la columna vertebral de la economía qatarí tienen derecho a recibir un trato justo en el trabajo, y a obtener justicia si no lo reciben”, ha manifestado Stephen Cockburn.
“Si Qatar se toma en serio el cumplimiento de sus promesas de mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, debe proporcionar más jueces para garantizar que los casos se atienden rápidamente, debe financiar plenamente el fondo de indemnización y debe asegurarse de que las empresas que incumplen las normas se enfrentan a la justicia.”
Amnistía Internacional escribió a las tres empresas para exponerles sus conclusiones, pero no recibió respuesta.
Si desean más información sobre las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, consulten:
Reality Check: The state of migrant workers’ rights with four years to go until the Qatar 2022 World Cup
https://www.amnesty.org/es/documents/mde22/9758/2019/en/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/10/qatar-labour-reform-unfinished-and-compensation-still-owed-as-world-cup-looms/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde22/6106/2022/en/
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