El caso de Márcia Barbosa de Souza es una caso de feminicidio de una joven de 20 años que fue asesinada por un poderoso diputado del estado de Paraíba en Brasil, en 1998. Representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Asesoría Jurídica a Organizaciones Populares (GAJOP) fue objeto de audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) los días 3 y 4 de febrero, después de 23 años de búsqueda de justicia y verdad.
Márcia Barbosa de Souza, una joven de 20 años, negra y de escasos recursos económicos, encaja perfecta, y desafortunadamente, en las estadísticas de muerte violenta de mujeres. Márcia se mudó a la ciudad capital del estado de Paraíba en busca de trabajo. Pocos días después de estar en la ciudad, recibió una llamada en el hotel donde se hospedaba y supuestamente salió a encontrarse con el diputado Aércio Pereira quien le había ofrecido trabajo en una fábrica de zapatos.
Horas después Márcia llamó desde el celular del diputado, los testigos dicen que se le escuchaba angustiada y preocupada por lo que uno de ellos advirtió a la familia de Marcia de la situación y les sugirió que fueran a buscarla en la ciudad, sin embargo, dadas las condiciones económicas de la familia de Márcia, nadie pudo ir. Márcia fue asesinada esa noche y su cuerpo fue encontrado la mañana del día siguiente, 18 de junio de 1998, en un terreno baldío golpeada y con signos de muerte por asfixia.
El 21 de julio de 1998 el Delegado encargado del caso elaboró un informe en el cual expresó que el Diputado del estado de Paraíba Aércio Pereira de Lima estaría directamente involucrado en el asesinato de Márcia Barbosa, sin embargo, el Delegado señaló que la audiencia del Diputado sería difícil debido a las prerrogativas de inmunidad parlamentaria con las que contaba. Así, la acción penal contra el Diputado solo podría iniciarse con la autorización de la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba. Esta autorización fue denegada en dos ocasiones.
Por la misma razón, el proceso penal contra los principales imputados del caso no se inició hasta el 14 de marzo de 2003, es decir, casi cinco años después de los hechos y sólo cuando el señor Aércio Pereira dejó el cargo de diputado por no haber sido reelegido. Si bien el 27 de septiembre de 2007 fue condenado a 16 años de prisión por el asesinato y ocultamiento del cadáver de Márcia Barbosa de Souza, nunca fue detenido y murió 5 meses después, en libertad, el 12 de febrero de 2007.
El asesinato de Márcia Barbosa se produjo en un contexto general de violencia contra las mujeres en Brasil y en el Estado de Paraíba, acompañado por la impunidad estructural existente en este este tipo de hechos. La violencia contra las mujeres en el momento de los hechos era ampliamente tolerada en Brasil, en 1998, año en el que fue asesinada Márcia Barbosa de Souza, el número total de mujeres víctimas de homicidio en Brasil fue de 3.503 (Mapa da Violência 2012). Las leyes adoptadas por el Estado brasileño para abordar la violencia contra las mujeres no han sido efectivas para eliminar este tipo de violencia de género. A pesar de que el marco legislativo del país tiene dos pilares decisivos en esta lucha: la promulgación en 2006 de la Ley nº 11.340 para combatir y prevenir la violencia doméstica y familiar contra las mujeres - Ley Maria da Penha - que representa uno de los avances más importantes a los derechos de las mujeres en Brasil, y la clasificación del feminicidio como una de las formas calificadas de homicidio, en 2015, actualmente la tasa de feminicidio en Brasil es la quinta más alta del mundo según el Mapa de Violencia, Homicidio de mujeres en Brasil.
Dado que Brasil es un país profundamente marcado por el racismo, la violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres según la combinación de múltiples formas de discriminación por motivos de género, raza, etnia, clase, orientación sexual e identidad de género. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres negras, al ser sometidas simultáneamente a la opresión de género y raza, son la mayoría de las víctimas en varios indicadores de violencia. En 2015, el Ministerio de Justicia indicó que las mujeres negras (negras y morenas) son el 68,8% de las mujeres asesinadas por agresiones en Brasil.
“Con una tasa de 1,6 feminicidios por cada 100.000 habitantes, América Latina es la segunda región más letal para las mujeres en el mundo con niveles altísimos de impunidad (Informe publicado por Naciones Unidas en 2018). El caso de Márcia Barbosa que denota una situación de violencia estructural contra las mujeres con connotaciones de género, raza y clase puede contribuir no sólo a la reparación de los familiares de la víctima sino también al desarrollo de estándares de justicia y prevención en Brasil y en toda la región.” expresó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL
Las organizaciones representantes de las víctimas demostrarán que el Estado brasileño violó el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial al impedir la investigación de la responsabilidad del señor Aércio Pereira de Lima a través de la figura de la inmunidad parlamentaria que se aplicó a hechos de la más alta gravedad, a pesar de que existe absoluta ausencia de motivación política detrás de la acusación, sin que se respete el debido proceso y sin que la decisión adoptada haya sido fundamentada.
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