La composición de la XIV Comisión del Pacto de Toledo que ha redactado el informe estaba constituida por 27 mujeres (42%) y 35 hombres.
El Informe de evaluación e impacto del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso de los Diputados contiene 21 medidas consensuadas para afrontar un nuevo modelo de sociedad y asegurar el equilibrio del Sistema.
Analizamos este informe con perspectiva feminista observado en cada recomendación la incidencia que en las mujeres tendrán cada una de ellas para paliar y reducir, hasta su eliminación, la desigual situación que sufrimos en la sociedad, el mercado laboral y como consecuencia en el sistema de pensiones.
La brecha entre sexos que existe tanto en número como en cuantía en el Sistema de Seguridad Social no es debido unicamente al propio sistema, sino que también es consecuencia de la situación de desigualdad que sufren las mujeres en el mercado laboral, agravada aún más por la pandemia. En la actualidad la tasa de paro es 4 puntos superior a la de los hombres ( 18,36%) y la brecha salarial es del 22%.
Las más de dos millones trescientas mil mujeres pensionistas cobran un pensión cuya cuantía media es 893,56€ mientras que la media de la pensión de los hombres es de 1.346,16€. Por lo tanto, habría que incrementar 50,65% la pensión de jubilación contributiva que cobran 2.392.205 mujeres por las rentas de su trabajo para alcanzar la de los casi 4 millones de hombres. Así. También hay 1.327.091 mujeres que no han alcanzado la posibilidad de tener una pensión contributiva. Ninguna cuantía media de las pensiones que perciben las más de 5 millones mujeres con pensión contributiva alcanza el SMI (950€).
Esta situación tiene claros activadores: el menor acceso de la mujer al trabajo asalariado, las peores condiciones laborales y todo ello por el rol social de las mujeres relacionado con la división sexual del trabajo, la maternidad y los cuidados. El sistema empuja a muchas mujeres a la dependencia económica del cónyuge, la precariedad durante su vida laboral y la pobreza en muchos casos durante toda su vida.
La situación de las mujeres mayores es que se sitúan en el importe mínimo en la viudedad y en las contributivas. Por otro lado, una cantidad importante subsiste con la pensión no contributiva. Son pensiones que en cuantía se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Así, el primer principio del sistema, que es el de suficiencia no se cumple porque no proporciona una pensión digna a una parte importante de la población.
Para eliminar esta desigual situación se están tomando medidas normativas de las que aún no podemos analizar su impacto (Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres), aún así hay otras políticas públicas que deben ser tenidas en cuenta. Dos terceras partes de las mujeres con discapacidad son inactivas y se requiere de unas medidas concretas que palien dicha situación, sin embargo el informe se limitan a tener en cuenta a las mujeres pensionistas con discapacidad en lo relativo a su rol de madres y cuidadora.
La Comisión no ha tomado en consideración la corrección de la brecha de género en las pensiones como factor sobre el que incidir de manera prioritaria. El compromiso político con el sistema se antepone al compromiso con las mujeres y con su derecho a tener unos ingresos dignos en la etapa de mayor edad.
Relega el informe a las mujeres a una recomendación concreta, la 17, un apartado especial para a las medidas correctoras para la efectiva equiparación en la cobertura de mujeres y hombres bajo el epígrafe general de Mujeres y Seguridad Social, y lo hace desde la óptica de su rol social de cuidadora y la discriminación laboral que sufrimos, en gran medida, por este papel que la mujer, por serlo, ha tenido en la familia y la sociedad.
Sin embargo carece el informe de una visión transversal en el resto de medidas o recomendaciones propuestas, se desentienden de las realidades de las mujeres y pierden la necesaria perspectiva feminista para que la incidencia de las medidas corrija la brecha de género en las pensiones desde sus orígenes sociales y laborales.
Las propuestas generalistas pueden tener una respuesta positiva igualitaria para todos los colectivos o pueden agravar más la situación de colectivos más desfavorecidos por no tener en cuenta cómo afrontar la eliminación de las desigualdades estructurales, obligación de que deben ser afrontadas por los poderes políticos.
Señalamos en el informe aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo, que de no conllevar medidas correctoras para paliar la situación desigual de los sexos en el mercado laboral y el rol social de las mujeres, serán en estos momentos, perjudiciales para las mujeres. Reivindicamos un cambio de perspectiva y que se abra el objetivo para considerar la realidad en su conjunto en todo momento, porque con estas reglas se retroalimenta la desigualdad.
Se marcan propuestas que creemos pueden conllevar una repercusión negativa en las mujeres, como el incentivo a planes de empleo complementarios y los ahorros personales destinadas a realidades lejanas a la de las personas en riesgo de exclusión, con trabajo precario o no formal y con escasos recursos y sobre todo el aumento de la edad de jubilación.
Por ello nuestras propuestas inciden políticamente en el principio de solidaridad que sostiene al sistema de pensiones, por el cual se apoya a las situaciones menos protegidas desde las aportaciones contributivas, así como en la obligación de atender la suficiencia de las pensiones como principio inspirador de la autonomía personal.
Planteamos un cambio del sistema en su conjunto que se sitúa lejos de fomentar la trampa de la diferencia, de incentivar, motivar y compensar a las mujeres por su mayor dedicación al hogar, el trabajo doméstico o los cuidados. Muy al contrario, se hace necesario un cambio de modelo social que requiere de una condición principal y una visión feminista y es que apostemos por una sociedad donde no haya ninguna diferenciación de roles de género y la hagamos real. Eliminar toda división sexual del trabajo.
Para ello las Políticas Públicas deben ser pensadas coherentemente en su conjunto y enfocadas a este objetivo social común y el Estado tiene que aplicarlas de manera transversal. Lamentablemente este informe del Pacto de Toledo carece de esa necesaria condición.
Fórum de Política Feminista requerimos un cambio estructural social para la desaparición de la diferencia por sexo con medidas que fomenten la corresponsabilidad, la escolarización de 0 a 3 años y un sistema de servicios públicos para los cuidados y suficientemente financiado, dignificar las condiciones de quienes nos cuidan regularizando la situación de las empleadas del hogar y eliminar los incentivos que desincentivan el empleo de calidad de las mujeres y equiparación de las pensiones, también las no contributivas, a un mínimo de suficiencia vital y elevar los indices de referencia para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.
• La reducción de la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres como objetivo transversal para todas las medidas que se adopten para la sostenibilidad del sistema público de pensiones en cumplimiento de los principios de solidaridad social y entre generaciones.
• El Estado debe asumir la financiación de las partidas relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor dentro de las políticas de igualdad.
• Avanzar en la compensación de las lagunas de cotización que presentan las mujeres.
• Diseñar métodos de mejora de las pensiones que tengan como objetivo la equiparación de las pensiones contributivas de las mujeres.
• Las medidas para la recuperación del fondo de Reserva deben contemplar medidas para la equiparación de las pensiones compatibles con su recuperación financiera.
• Destopar las cotizaciones sociales para que contribuyan en función del salario sin un máximo, ayuda a la solidaridad de las pensiones más bajas, ocupadas por mujeres.
• Equiparación de bases medias de cotización Régimen Autónomos y Régimen General.
• El Estado debe asumir los gastos del personal de la administración de la Seguridad Social y liberarde esa carga al sistema de pensiones.
• Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.
• Eliminar programas que incentiven la peor calidad de los empleos de las mujeres: Excedencias o parcialidad.
• Luchar contra la Economía sumergida para mayor solidaridad del sistema y salvar de la exclusión a colectivos como las empleadas del hogar y cuidados.
• Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino conmrecursos adicionales para no restar recursos al sistema.
• Cualquier tipo de prestación de servicio profesional, sea como trabajo asalariado o como trabajo por cuenta propia debe dar lugar al alta y al nacimiento de las correspondientes obligaciones de cotización, progresivas conforme a salarios, como presupuesto para el disfrute posterior de prestaciones sociales.
• Potenciar con el sistema de incentivos el retorno al trabajo de mujeres desempleadas e inactivas yla conservación en situación de trabajo activo de las mujeres.
• Medidas positivas transitorias correctoras que compensen las cortas trayectorias laborales de la mujeres al mercado de trabajo y las lagunas de cotización en caso de incrementar el periodo de acceso a la jubilación
• Acrecentar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo y aumentar las bases de cotización, eliminando, por ejemplo, los topes.
• Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino con recursos adicionales.
• Establecer medidas desde el principio de solidaridad para garantizar que todas las personas tengan acceso, desde el sistema contributivo a una pensión mínima.
• Mantenimiento de los complementos a mínimos, y primando los requisitos de necesidad social por encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes.
• Refrenciar los datos desglosados por sexos: pensiones no contributivas y la tasa de sustitución.
• Sistema de dependencia: políticas públicas con perspectiva feminista: el trabajo de cuidados debe pasar de problema individual a objetivo colectivo. Promover la prevención de la dependencia contemplada pero no desarrollada en la LAPAD. Alcanzar un 2,5% del PIB para atención a la dependencia con carácter universal y suficiente.
• Escolarización de 0 a 3 años.
• Servicios profesionales públicos, con generación suficiente de puestos de trabajo. Progresiva eliminación de la prestación económica individual por cuidados no remunerados. Reforzar los recursos y la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, para disminuir la burocratización. Prevención y atención específica a las personas cuidadoras.
• Revisión del modelo de los cuidados para construir un sistema universal, público y suficientemente financiado, que implique la puesta en marcha de un sector de actividad generador de empleo vinculados a las etapas vitales de mayor necesidad –infancia de 0-3 y mayores
• Corrección de la base de cálculo para el subsidio que se efectúa en base al último contrato quese haya tenido sin coeficiente corrector en caso de parcialidad.
• Incentivos para que las mujeres de salarios bajos coticen más allá de los 15 años que les dan acceso a la pensión mínima.
• Equiparar el sistema especial de empleadas de hogar con el Régimen General para que, además de tener derecho al desempleo, adecúen las cotizaciones a sus ingresos reales para una mejor protección en la etapa pensionista.
• Ratificación del Convenio OIT 189.
• Vigilancia de la proliferación de aplicaciones y plataformas online/Marketplace para realizar contrataciones por horas y que pueden contribuir a eludir la relación laboral.
• Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen estos servicios y ocupaciones declarados esenciales 7
• Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la empleadora (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo.
• Aumentar las cuantías de los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas.
• Revalorización del IPREM como índice de referencia acercándolo a las cuantías del SMI para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.
• Reducir la tasa de paro registrado del 22,61%, eliminando la brecha entre sexos.
• Ampliar la tasa de empleo en las mujeres menores de 30 años para alcanzar al menos la de 52% masculina, 12 puntos superior a la de las mujeres.
• Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo que combatan modelos de subempleo encubierto.
• Actuaciones dirigidas a combatir los estereotipos y roles de género que condicionan el acceso al empleo a las mujeres a determinados sectores y ocupaciones.
• Impulso para incrementar la presencia de mujeres en estudios en áreas de conocimientos donde estén menos representadas.
• Servicios públicos y medidas de conciliación que posibiliten que las jóvenes no se vean abocadas a los cuidados de familiares y descendientes.
• Impulsar políticas de empleo dirigidas a favorecer la inserción laboral de las mujeres con discapacidad para que se reduzca su exclusión y puedan alcanzar un desarrollo personal que les permita ser autosuficientes.
• Incremento progresivo con referencia al SMI en los Presupuestos Generales del Estado de las pensiones no contributivas.
• Dignificar los importes de las no contributivas, objetivo que debe incorporarse a través de lo presupuestos generales o contra el Fondo de Reserva de las pensiones como política prioritaria para la igualdad de mujeres y hombres de impostergable interés social.
• Equiparación de la pensión no contributiva con el mínimo general de las pensiones.
• Separar la demanda de los derechos laborales de la aplicación de la ley de migración es básico para afrontar la explotación laboral a la que están sometidas estas personas y que no denuncian por miedo a ser expulsadas.
• Investigación de los empleos no declarados de cuidado a las personas, que son realizados básicamente por mujeres y mayoritariamente por mujeres extranjeras, reconocimiento de sus derechos laborales.
• Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en servicios de cuidados y declarados esenciales.
• Políticas Públicas con perspectiva feminista dirigidas a la economía digitalizada que rompan la discriminación existente entre mujeres y hombres por algoritmos opacos y con la segregación laboral y la desigualdad retributiva por tarea desempeñada.
• Regularización de este tipo de economía de prestación de servicios con un registro de las existentes y la fórmula real de funcionamiento: empresa o plataforma colaborativa real en las que las comunidades de trabajadores y trabajadoras sean las que decidan los criterios de remuneración del trabajo o los horarios.
http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=20-de-las-21-recomendaciones-del-pacto-de-toledo-se-olvidan-de-las-mujeres
http://www.forumpoliticafeminista.org/sites/default/files/PACTO%20DE%20TOLEDO%204.pdf
