La relevancia de los cuidados para el desarrollo sostenible y el bienestar en América Latina y el Caribe 2/2

América Latina y el Caribe se encuentra en plena transición demográfica que conlleva un proceso de envejecimiento de nuestra población, habiendo países como Cuba, Argentina, Chile  y  Uruguay  que  están  en  una  fase  avanzada.  Para  el  período 2020-2025 en curso se proyecta que la población dependiente (menores de 15 y mayores de 65 años) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), lo que indica el fin del bono demográfico en la región.

El  progresivo  ingreso  de  las  mujeres  al  mercado  laboral  ocurre  como  producto  de  los  procesos  emancipatorios  y  de  cambio  cultural,  así  como  también  de  la  búsqueda  de  estrategias  de  supervivencia  económica  en  contextos  de  crisis. Además, se verifican cambios en la composición de hogares y diversificación de patrones familiares, con una proporción  cada  vez  mayor  de  mujeres  económicamente  responsables de sus hogares, por un lado, y un aumento de los flujos migratorios que impacta en las cadenas globales de cuidados por otro. Por lo tanto, el modelo del “hombre ganador de pan” (único proveedor del ingreso económico de  los  hogares)  y  “mujer  cuidadora”,  tal  y  como  se  contemplaba en la división sexual del trabajo, no sólo deja de ser representativo de las estructuras familiares, sino que no  es  sostenible  frente  a  las  realidades  socioeconómicas  de los países de la región.

Las  implicancias  de  esta  situación  se  reflejan,  entre  otros  elementos, en una importante brecha de género en las tasas de  actividad  de  mujeres  y  hombres  que,  aunque  se  han  acortado en los últimos años, sigue siendo muy importante. Si bien desde principios de los años 90 la tasa de actividad femenina promedio en América Latina y el Caribe (ALC) ha pasado del 41% al 52% en 2018, aún se mantiene 25 puntos por  debajo  de  la  tasa  de  actividad  masculina9.  Además  de  ser  insuficientes,  los  avances  logrados  podrían  estar  amenazados  por  las  consecuencias  económicas  que  ha  tenido la pandemia y la pérdida de empleos asociada a ella.9 CEPAL-OIT (2019). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina. 

La mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral ha tenido como contrapartida el que las mujeres se han vuelto más pobres en términos de tiempo: mientras incrementan su tiempo de trabajo remunerado, la carga de cuidados en sus hogares no disminuye. En ausencia de prácticas de corresponsabilidad, se mantiene la brecha en el tiempo que mujeres y hombres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado10. De hecho, en la región, las mujeres todavía dedican más del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres11. Estas diferencias son incluso mayores para las mujeres de menores ingresos, las denominadas “mujeres de los pisos pegajosos”, quienes dedican en promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a las mujeres de los denominados “techos de cristal”, con mayores ingresos, que dedican en promedio 33 horas semanales

La sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado y la pobreza  de  tiempo  de  las  mujeres  impiden  la  igualdad  de  oportunidades, derechos y resultados frente a los hombres, en relación con la participación no sólo en el mercado laboral, sino  también  en  la  participación  social  y  política  y  en  el  disfrute de tiempo libre. En definitiva, la sobrecarga de este tipo de trabajo sobre las mujeres limita sus oportunidades y  se  erige  como  un  obstáculo  para  su  empoderamiento  económico  y  para  el  disfrute  de  sus  derechos  en  igualdad  de condiciones con los hombres.13    ONU Mujeres (2018). Reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados: experiencias inspiradoras en América Latina y el Caribe. 

Los cambios precedentes hacen imperativa una revisión del actual contrato social que incorpore a las políticas de  cuidados  como  el  cuarto  pilar  del  bienestar,  de  manera  que  se  comiencen  a  crear  las  condiciones  materiales, institucionales y simbólicas para romper con la división sexual tradicional del trabajo y se construya una  nueva,  acorde  con  las  demandas  de  sociedades  justas y sostenible

 9-CEPAL-OIT (2019). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe: Evolución y perspectivas de la participación laboral femenina en América Latina. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44916

10   ONU MUJERES (2018). Reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados. Prácticas inspiradoras en América Latina y el Caribe https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2018/

11/estudio-reconocer-redistribuir-y-reducir-el-trabajo-de-cuidados11ONU Mujeres (2017). El Progreso de las Mujeres en América Latin y el Caribe. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/

12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-201712    Para  una  descripción  completa  de  los  escenarios  de  empoderamiento  económico  de  las  mujeres  (Techos  de  Cristal,  escaleras  rotas  y  pisos pegajosos), ver: ONU Mujeres (2017). El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947

La relevancia de los cuidados para el desarrollo sostenible y el bienestar en América Latina y el Caribe 1/2

Los sistemas de bienestar de los países de la región se basan en tres pilares y derechos fundamentales: la educación, la salud, y la seguridad social. A estos servicios se accede, en muchos casos y particularmente en los dos últimos, mediante el trabajo remunerado formal. La integración del cuidado como cuarto pilar se justifica en la medida que es un componente de desarrollo personal pero también un componente clave para la reproducción de la sociedad, ya que, como se mencionó anteriormente, todas las personas en algún momento de sus vidas requieren cuidados, y muchas de ellas, se dedican a cuidar. Las políticas de cuidados emergen cada vez más como un pilar central orientado a alcanzar una justa organización social de los cuidados que contribuya a lograr la igualdad de género.

Pese a su relevancia, el cuidado no ha tenido la visibilización ni se le ha dado un rol central en las políticas públicas de la región. Esto se explica por la existencia de una prescripción cultural que establece una división de roles sociales donde la responsabilidad del cuidado se asigna a las mujeres en el ámbito familiar, consolidando una división sexual del trabajo inequitativa8.

Al considerar el cuidado como parte fundamental para el funcionamiento de las sociedades y el sustento para que las personas puedan ingresar al mercado del trabajo, es evidente que los sistemas de bienestar fueron sustentados en esta desigualdad de género que sigue vigente. Sin embargo, los cambios económicos, sociales, demográficos y culturales, como por ejemplo el progresivo envejecimiento de la población, la diversificación de los patrones familiares, el ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral y en otras esferas de la vida social, comenzaron a generar una crisis en la actual organización social de los cuidados que hoy se hace insostenible y que demanda, de manera urgente, una revisión de las políticas económicas y de protección social.

 Informe:  El  impacto  del  COVID-19  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Julio  2020.  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947

Nasrin Sotoudeh en estado crítico ha sido trasladado a la clínica de la prisión de Evin

Nasrin Sotoudeh en estado crítico ha sido trasladado a la clínica de la prisión de Evin, dijo el Sr. Reza Khandan, esposo de la abogada de derechos humanos y preso político.

Nasrin Sotoudeh comenzó su huelga de hambre ilimitada el 11 de agosto de 2020, después de enviar una carta abierta en la que decía que protestaba por la negativa del régimen a liberar a los presos políticos durante la pandemia y las "condiciones crueles" en las cárceles del régimen iraní.

Nasrin Sotoudeh en estado crítico fue llevada a la clínica de la prisión de Evin a las 7 p.m. el miércoles 19 de agosto de 2020, escribió Khandan en su cuenta de Facebook citando a uno de los compañeros de celda de su esposa que acababa de salir de licencia ese día.

La compañera de celda de la Sra. Sotoudeh dijo: "Nasrin tenía la intención de abstenerse de beber agua y líquidos en protesta por la detención de su hija, Mehraveh Khandan".

El Sr. Khandan dijo además que no tendrían noticias sobre Nasrin Sotoudeh hasta el sábado por la noche, debido a las restricciones sobre el uso de teléfonos en el pabellón de mujeres de Evin ".

Anteriormente, el abogado de la Sra. Sotoudeh, Mohammad Moghimi, escribió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, pidiendo la liberación de su cliente y otros presos políticos en Irán.

La carta se publicó el lunes 17 de agosto, después del arresto de Mehraveh Khandan, la hija de la Sra. Sotoudeh, durante varias horas. En esta carta, el Sr. Moghimi expresó su preocupación por la vida de su cliente debido a su huelga de hambre.

Además, enfatizó que el régimen iraní ha ignorado todos los principios internacionales de derechos humanos y las leyes internas propias a pesar de la pandemia de Covid-19 en las cárceles iraníes, poniendo en grave riesgo la vida de los prisioneros.

Instó al Sr. Guterres a utilizar todos los medios disponibles y tomar medidas urgentes para convencer al régimen iraní de que se adhiera a sus obligaciones internacionales y leyes internas, y libere incondicionalmente a Nasrin Sotoudeh y otros presos políticos.

Para ejercer más presión sobre la Sra. Sotoudeh, el poder judicial iraní también condenó a su esposo, Reza Khandan, a seis años de prisión.

https://women.ncr-iran.org/2020/08/20/nasrin-sotoudeh-in-critical-condition-is-taken-to-evin-prison-clinic/

COMPROMISO DE SANTIAGO Adoptado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en enero 2020

Las  políticas  de  cuidado  deben  sostenerse  sobre  la  base  de los principios de universalidad, solidaridad, autonomía y  corresponsabilidad  social,  es  decir,  con  intervención  de  las  familias,  el  Estado,  el  mercado  y  la  sociedad,  y  corresponsabilidad en términos de género entre hombres y   mujeres,   pudiéndose   articularse   en   torno   a   cinco   componentes principales: 
i. los servicios que se proveen; 
ii. las regulaciones que se establecen; 
iii. la formación de las personas que cuidan; 
iv. las acciones de gestión de la información y generación de conocimiento público sobre los cuidados; y
v.  las  acciones  de  comunicación  dirigidas  a  la  difusión  de  los  derechos  y  la  transformación  de  los  patrones  culturales patriarcales.7 

La   crisis   provocada   por   la   pandemia   del   COVID-19   ha  puesto  de  manifiesto  la  centralidad  del  trabajo  de  cuidados.  Un  trabajo  que  en  los  sistemas  de  salud  y  en  los  hogares  permite  salvar  vidas  y  sostener  los  hogares  convertidos   en   el   centro   neurálgico   de   las   medidas   de  confinamiento.  Sin  embargo,  la  crisis  también  ha  demostrado  la  insostenibilidad  de  la  actual  organización  social  de  los  cuidados  intensificando  las  desigualdades  económicas  y  de  género  existentes,  puesto  que  son  las  mujeres   más   pobres   quienes   más   carga   de   cuidados   soportan y a quienes, la sobrecarga de cuidados condiciona, en  mayor  medida,  sus  oportunidades  de  conseguir  sus  medios  para  la  subsistencia.  Como  señala  el  Secretario  General  en  su  reciente  Informe  sobre  el  Impacto  del  COVID-19 en América Latina y el Caribe7, en la recuperación, se necesita urgentemente una economía del cuidado para reducir  la  carga  del  trabajo  de  cuidados  no  remunerado,  que recae desproporcionadamente en las mujeres.

Por lo tanto, la crisis debe transformarse en una oportunidad para  fortalecer  las  políticas  de  cuidados  en  la  región,  desde  un  enfoque  sistémico  e  integral,  incorporando  a  todas las poblaciones que requieren cuidados, a la vez que se articulan con las políticas económicas, de empleo, salud, 8 Así fue reconocido por los gobiernos de la región, quienes en la  Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de  Género,  en  el  Marco  del  Desarrollo  Sostenible  hacia  2030,  señalan  que  la  división  sexual  del  trabajo  e  injusta  organización  social  de  los  cuidados  es  uno  de  los  nudos  constitutivos  de  la  desigualdad  de  género  en  América  Latina  y  el  Caribe    

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41011/1/S1700035_es.pdfeducación y protección social sobre la base de la promoción de  la  corresponsabilidad  social  y  de  género.  Sólo  así  será  posible sortear con éxito las devastadoras consecuencias económicas y sociales desencadenadas por la pandemia y reconstruir mejor con igualdad

 Informe:  El  impacto  del  COVID-19  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Julio  2020.  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados?

Los  cuidados  son  las  actividades  que  regeneran  diaria  y  generacionalmente  el  bienestar  físico  y  emocional  de  las  personas.  Incluye  las  tareas  cotidianas  de  gestión  y  sostenimiento  de  la  vida,  como  el  mantenimiento  de  los  espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación y formación de las personas, el mantenimiento de  las  relaciones  sociales  o  el  apoyo  psicológico  a  los  miembros de la familia. Hace, por lo tanto, referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el cuidado a las personas dependientes y a las personas que cuidan o el autocuidado. En  la  actualidad  y  a  nivel  mundial,  la  mayoría  de  las  contribuciones   al   cuidado   son  realizadas   desde   el   ámbito  doméstico,  de  manera  no  remunerada  y  por  las  mujeres. Por  eso,  tradicionalmente,  no  han  sido  visibles  para la economía ni para el desarrollo. El tiempo dedicado al   trabajo   doméstico   y   de   cuidados   no  remunerado   constituye  casi  la  mitad  del  tiempo  total  de  trabajo2, resultando fundamental para mantener las condiciones de sostenibilidad del sistema en su conjunto, ya que todas las personas, en todos los momentos del ciclo vital necesitan cuidados.  Sin  los  cuidados,  el  resto  de  las  actividades  no  pueden funcionar.

Sin  embargo,  el  rol  de  cuidadoras  “naturales”  que  las  sociedades  asignan  casi  en  exclusividad  a  mujeres  y  niñas, genera una sobrecarga de trabajo. Esto limita sus oportunidades  y  elecciones,  socavando  sus  derechos  y  convirtiéndose  en  un  obstáculo  fundamental  para  la  igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de  las  mujeres.  Por  ello,  se  habla  de  la  necesidad  de  Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados no  remunerado  asumido  por  las  mujeres3  para  permitir  que  la  responsabilidad  sobre  este  trabajo  fundamental  sea valorada y asumida entre el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares y entre hombres y mujeres.

En términos de política pública, se busca acotar el concepto, considerándose   políticas   de   cuidado   aquellas   acciones  públicas orientadas a la organización del trabajo de atención y  asistencia  de  las  personas  en  situación  de  dependencia4-para    que    puedan    realizar    las    actividades    básicas,  instrumentales y avanzadas de la vida diaria- siendo también las personas que cuidan sujetos de estas políticas. Bajo este concepto  se  incluyen  medidas  que  garanticen  el  acceso  a  servicios,  tiempo  y  recursos  para  que  las  personas  puedan  cuidar y ser cuidadas en condiciones de calidad e igualdad. 

El cuidado ha sido reconocido, por los gobiernos de la región en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, como un derecho de las personas, destacando la función social clave que los cuidados tienen para la producción y reproducción de  la  vida  y  el  bienestar  de  las  sociedades.  En  ese  sentido,   la   Estrategia   de   Montevideo  insta   a   los   gobiernos   a   impulsar   la   adopción   de   políticas  de   cuidado y de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres  y  hombres  que  contribuyan  a  la  autonomía  de  las  mujeres  y  a  una  justa  organización  social  de  los   cuidados”5.  

 Este   compromiso   quedó   ratificado   recientemente  en  la  XIV  Conferencia  Regional  sobre  la  Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en enero de 2020 en Santiago de Chile, a través del Compromiso de  Santiago  en  el  que  se  hace  mención  explícita  de  la  necesidad  de  “implementar  políticas  contracíclicas  sensibles  a  las  desigualdades  de  género  para  mitigar  los  efectos  de  crisis  y  recesiones  económicas  en  la  vida  de  las  mujeres,  y  promover  marcos  normativos  y  políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado”.

  Tiempo  de  trabajo  total  es  la  suma  del  tiempo  de  trabajo  remunerado  y  el  tiempo  de  trabajo  no  remunerado.  El  trabajo  remunerado  se  refiere  al  trabajo  que  se  realiza  para  la  producción  de  bienes  o  prestación  de  servicios  para  el  mercado  y  se  calcula  como  la  suma  del  tiempo dedicado al empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo. El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares. 

Los  sistemas  integrales  de  cuidados  pueden  convertirse  en  un  verdadero  motor  de  una  recuperación  socioeconómica que no deje a nadie atrás.

3 Elson, D. (2017). Recognize, Reduce, and Redistribute Unpaid Care Work: How to Close the Gender Gap. New Labor Forum. Volume: 26 issue: 2, page(s): 52-61.

4 Las personas en situación de dependencia son tanto aquellas que aún no han logrado su autonomía (niños y niñas) como las que por alguna razón la han perdido total o parcialmente (personas adultas mayores o personas con discapacidad).

5  Así  fue  acordado  por  los  Gobiernos  de  la  región  en  la  Agenda  Regional  de  Género,  reconociendo  los  cuidados  como  un  derecho  y  comprometiéndose a través de la Estrategia de Montevideo a hacer todos los esfuerzos para superar la rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado a fin de alcanzar los ODS al 2030.

6  CEPAL  -  Compromiso  de  Santiago  -  Conferencia  Regional  sobre  la  Mujer  de  América  Latina  y  el  Caribe  -  https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/files/20-00089_crm.14_compromiso_de_santiago.pdf

 Informe:  El  impacto  del  COVID-19  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Julio  2020.  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947

CUIDADOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TIEMPOS DE COVID-19. HACIA SISTEMAS INTEGRALES PARA FORTALECER LA RESPUESTA Y LA RECUPERACIÓN

     

Los   cuidados   son   las   actividades   que   regeneran   diaria   y   generacionalmente   el   bienestar   físico   y   emocional  de  las  personas.  Es  un  trabajo  esencial  para  el  sostenimiento  de  la  vida,  la  reproducción  de  la  fuerza  de  trabajo  y  de  las  sociedades,  generando  una   contribución   fundamental   para   la   producción   económica, el desarrollo y el bienestar. 

La  actual  distribución  de  las  responsabilidades  de  los  cuidados   es   sumamente   desequilibrada,   recayendo  principalmente   en   los   hogares   y   siendo   realizada  mayoritariamente  de  manera  no  remunerada  por  las  mujeres.  A  pesar  de  su  importancia,  este  trabajo  sigue  siendo  invisibilizado,  subestimado  y  desatendido  en  el  diseño  de  políticas  económicas  y  sociales  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Como  reflejo  del  estereotipo  de  la  feminización  del  cuidado,  en  el  ámbito  del  trabajo  de  cuidados   remunerados,   las   mujeres   también   están sobrerrepresentadas  en  estos  empleos  caracterizados  en  general  por  una  baja  remuneración  y  condiciones  laborales precarias.

La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la insostenibilidad de su actual organización. En América Latina y el Caribe, desde  antes  de  la  pandemia,  las  mujeres  dedicaban  el  triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no  remunerado,  esta  situación  se  ha  visto  agravada  por  la  creciente  demanda  de  cuidados  y  la  reducción  de  la  oferta  de  servicios  causada  por  las  medidas  de  confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar  la  crisis  sanitaria.  Más  aún,  la  llamada   ̈nueva  normalidad ̈ implicará cambios importantes en la forma de escolarización y trabajo, dado que la infraestructura social  no  es  acorde  a  las  recientes  necesidades  de  distanciamiento,     generando     nuevos  desafíos     de     reorganización del trabajo productivo y reproductivo de mediano plazo, y mayores presiones sobre los sistemas nacionales  de  educación  pública,  salud  y  protección  social más allá de la crisis. 

La  construcción  de  sistemas  integrales  de  cuidados  es  un  factor  fundamental  para  el  logro  del  empoderamiento  de  las  mujeres  y  la  igualdad  de  género,  y  un  elemento  clave  para  la  recuperación  socioeconómica  al  convertirse  en  un  generador  directo  e  indirecto  de  empleo  y  un  facilitador de que otros sectores de la economía funcionen adecuadamente. Por ello, ONU MUJERES y CEPAL llaman a  los  gobiernos  de  la  región  a  colocar  los  cuidados  en  el  centro de sus respuestas al COVID-19, creando paquetes de incentivos y recuperación, promoviendo sistemas integrales que aseguren el acceso al cuidado de las personas que lo requieren y garantizando los derechos a las personas que  los brindan. Los sistemas integrales de cuidados pueden convertirse en un verdadero motor de una recuperación socioeconómica que no deje a nadie atrás.

Este  documento  fundamenta  la  relevancia  que  tienen  los  cuidados  para  las  sociedades,  caracteriza  la  situación  actual  de  los  cuidados  en  América  Latina  y  el  Caribe  y   describe  los   impactos   generados   por   la   crisis   del   COVID-19,  así  como  las  medidas  de  contingencia  que  se  vienen implementado en varios de los países de la región para  hacer  frente  a  la  crisis,  y  concluye  con  una  serie  de  recomendaciones de políticas para abordar la crisis de los cuidados como parte de la salida de la crisis del COVID-19.


https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20brief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947

 Informe:  El  impacto  del  COVID-19  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Julio  2020.  https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.

Elaborado por Julio Bango, consultor de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres con datos disponibles a 9 de Julio de 2020. Coordinación: Raquel Coello, Especialista Regional de Empoderamiento Económico ONU Mujeres y Lucía Scuro, Oficial de Asuntos Sociales, División de Asuntos de Género de CEPAL. Equipo de Producción: Beatriz García y Denize Santana (ONU Mujeres) e Iliana Vaca Trigo (CEPAL). Agradecimientos a Ana Guezmes, Diana Espinosa, Juliette Bonaffe, Alison Vasconez, Lorena Barba, Ximena Loza (ONU Mujeres) y a Nicole Bidegain, Catalina de la Cruz y Belén Villegas (CEPAL) por todos los aportes y contribuciones al documento.

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

 140. Reforzar las alianzas mundiales y mejorar los medios de implementación de los Objetivos ha seguido siendo un reto por la escasez de recursos financieros, las tensiones comerciales, los obstáculos tecnológicos y la falta de datos. La pandemia está haciendo más penoso el cumplimiento de los Objetivos. A medida que la COVID-19 sigue propagándose, los mercados financieros mundiales han experimentado grandes pérdidas y una intensa volatilidad, y más de 100.000 millones de dólares de capital han abandonado los mercados emergentes desde que se produjo el brote en lo que constituye la mayor salida de capital jamás registrada. Se prevé un  desplome del comercio mundial de entre el 13 % y el 32 % en 2020. El fortalecimiento del multilateralismo y de las alianzas mundiales reviste ahora mayor importancia que nunca. El carácter mundial de la pandemia requiere la participación de todos los gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los particulares de todo el mundo. Finanzas

141. Los flujos netos de AOD ascendieron a 147.000 millones de dólares en 2019, casi el mismo nivel de 2018, pero hubo un aumento de la proporción destinada a los países más necesitados. La AOD bilateral a los países menos adelantados aumentó un 3 % en valores reales respecto a 2018, y la destinada a África creció un 1 %, pero la asistencia humanitaria cayó un 3 %.

142. Las corrientes mundiales de inversión extranjera directa (IED) siguieron en declive, y se redujeron un 13 %, desde una cifra revisada de 1,5 billones de dólares en 2017 a 1,3 billones de dólares en 2018. La disminución, que es el tercer descenso anual consecutivo, se debió principalmente a la repatriación a gran escala de las ganancias acumuladas en el extranjero por empresas multinacionales tras las reformas fiscales introducidas a finales de 2017. Según las proyecciones, la pandemia puede hacer que la IED se contraiga entre un 30 % y un 40 % en el período 2020–2022.

143. Se estima que las corrientes de remesas a los países de ingresos bajos y medianos han alcanzado los 554.000 millones de dólares en 2019, cifra que triplica la asistencia oficial desde mediados de la década de 1990. Según las estimaciones, en 2019 las remesas superaron las corrientes de IED hacia los países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, el crecimiento de las corrientes de remesas se ralentizó al 4,7 % en 2019, en comparación con el pujante 8,6 % de 2018. Con arreglo a las proyecciones, las remesas destinadas a países de ingresos bajos y medianos disminuirán a 445.000 millones de dólares (un 20 %) en 2020 debido a la pandemia.

144. A nivel mundial, los ingresos públicos representaron aproximadamente el 30 % del PIB en 2018 y permanecían estables respecto a los años anteriores, si bien con grandes variaciones entre los países. Como promedio, el volumen total de carga impositiva (ingresos en forma de impuestos) representaba el 25 % del PIB en las economías avanzadas y el 17 % del PIB en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La proporción media general del gasto público financiado por impuestos estaba en torno al 65 % en las economías avanzadas y el 60 % en las economías de los mercados emergentes. Tecnología de la información y las comunicaciones

145. Más de la mitad de la población mundial está ahora conectada en línea. A finales de 2019 el 53,6 % de la población (4.100 millones de personas) estaba utilizando Internet y los porcentajes iban desde tan solo el 20 % en Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelandia) y el 26 % en África Subsahariana hasta el 84 % en Europa y América del Norte y el 87 % en Australia y Nueva Zelandia.

146. Las suscripciones a la banda ancha fija no dejan de crecer. En todo el mundo, había casi 15 suscripciones de este tipo por cada 100 habitantes en 2019 y los porcentajes fluctuaban entre el 33,6 % en los países desarrollados y solo el 11,2 % en los países en desarrollo. En los países menos adelantados apenas había conexiones de banda ancha fija, debido al elevado costo y a la falta de infraestructura. Desde la perspectiva sanitaria, económica y social, los países en desarrollo y su población están pagando muy cara esta brecha digital durante la pandemia.

Creación de capacidad 

147. El total de la AOD destinado a creación de capacidad y planificación nacional ascendía a 33.500 millones de dólares en 2017 y representaba el 14 % de la ayuda total asignada a sectores, porcentaje que se ha mantenido estable desde 2010. Los principales sectores que recibieron asistencia fueron la administración pública, la energía y las finanzas, que percibieron en total 13.000 millones de dólares. Comercio

148. Los aranceles ponderados con arreglo al comercio exterior disminuyeron en todo el mundo, del 2,2 % en 2017 a un promedio del 2,1 % en 2018 .

149. La parte del comercio mundial de mercancías correspondiente a las exportaciones de los países menos adelantados siguió siendo reducidísima y estaba apenas por encima del 1 % en 2018. El crecimiento de las exportaciones mundiales de los países menos adelantados se ha estancado durante el último decenio, por lo que no se ha alcanzado la meta de duplicar la proporción de las exportaciones mundiales de los países menos adelantados para 2020 a partir de 2011. En 2018, los países menos adelantados registraron un importante crecimiento interanual de las exportaciones de servicios, que alcanzaron una proporción mundial del 0,8 %. La proporción de las exportaciones mundiales de servicios correspondiente a las regiones en desarrollo se ha mantenido sin fluctuaciones en los últimos años y ascendía a finales de 2018 a un 30 %. Datos, seguimiento y rendición de cuentas


150. En 2019, 132 países dijeron contar con legislación nacional en materia de estadística que se ajustaba a los Principios Fundamentales de las Estadístic as Oficiales de las Naciones Unidas, lo que representa un aumento respecto a 111 países en 2018.

151. En 2019, 141 países comunicaron que habían implantado un plan nacional de estadística, frente a 129 países en 2018. Pese a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de países (36) que habían implantado planes nacionales de estadística, África Subsahariana tenía el porcentaje más bajo de planes plenamente financiados, con tan solo el 25 %, en comparación con el 95 % en América del Norte y Europa.

152. En 2017, los países recibieron 689 millones de dólares de asistencia de donantes multilaterales y bilaterales para todas las esferas de la estadística, cifra que supone un aumento respecto de los 623 millones de dólares recibidos en 2016. Sin embargo, esta suma representaba solo el 0,34 % del total de la AOD. La financiación internacional para cuestiones relativas a datos y estadísticas solo alcanzaba más o menos la mitad del volumen que necesitaría tener.

153. En el período comprendido entre 2014 y 2018, 147 países tenían datos de registro de nacimientos completos como mínimo en un 90 % y 153 países tenían datos de registro de defunciones completos como mínimo en un 75 %. En África Subsahariana, 28 de 53 países disponían de datos de registro de nacimientos y sólo 23 de 53 países contaban con datos de registro de defunciones.

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Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

 130. Los conflictos, la inseguridad, la debilidad de las instituciones y el acceso limitado a la justicia siguen constituyendo una gran amenaza para el desarrollo sostenible. Millones de personas se han visto privadas de su seguridad, de sus derechos humanos y de acceso a la justicia. En 2018, el número de personas que huían de la guerra, la persecución y los conflictos superó los 70 millones, cifra más alta registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en casi 70 años. La pandemia puede acarrear un aumento del malestar social y de la violencia, lo que mermaría en gran medida la capacidad del mundo para alcanzar las metas del Objetivo 16.

131. La tasa mundial de homicidios por cada 100.000 personas descendió lentamente, del 6,8 % en 2000 al 5,9 % en 2015 y el 5,8 % en 2018, porcentaje que representa aproximadamente 440.000 víctimas de homicidio, de las que el 81 % eran hombres y el 19 % mujeres. Más de dos tercios de las víctimas de homicidio a nivel mundial correspondían a América Latina y el Caribe (un 33 %) y África Subsahariana (un 36 %).

132. Las formas violentas de disciplina contra los niños estaban muy extendidas. En 69 países (la mayoría de ellos de ingresos bajos y medianos) para los que se disponía de datos de 2012 a 2019, casi 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años habían sido objeto de algún tipo de agresión psicológica o castigo corporal en el hogar el mes anterior.

133. La violencia sexual constituye una de las violaciones más preocupantes de los derechos de la infancia. En poco más de 1 de cada 4 países con datos comparables entre 2012 y 2019 (45 países), al menos el 5 % de las mujeres de 18 a 29 años declararon haber sido objeto de violencia sexual en la infancia.

134. Los datos registrados de 2016 a 2018 muestran que la proporción de reclusos detenidos sin haber sido condenados por un delito es del 31 %, la misma que en 2005. En los últimos tres años se registraron aumentos significativos en Asia y Oceanía.

135. Los datos de 38 países correspondientes al último decenio indican que en los países de altos ingresos es menos frecuente el soborno (un promedio del 3,7 %), mientras que en los países de ingresos más bajos se registra el mayor volumen de sobornos al acceder a los servicios públicos (un 22,3 %).

136. Mediante la implantación del registro de nacimientos junto con la expedición de documentos acreditativos de la identidad jurídica se puede proteger los derechos de los niños y permitir el acceso universal a la justicia y los servicios sociales. Sin embargo, según datos del período comprendido entre 2010 y 2019, no se había registrado oficialmente el nacimiento de aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de 5 años. En África Subsahariana, se había registrado el nacimiento de menos de la mitad (un 44 %) del total de los menores de 5 años.

137. En 2019, las Naciones Unidas detectaron 357 asesinatos (una disminución con respecto a los 476 de 2018) y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países.

138. El número de países que disponen de legislación y políticas vinculantes que otorgan a las personas el derecho a acceder a la información en poder de las autoridades (derecho a la información) ha seguido aumentando y alcanzó los 127 en 2019. Al menos 43 países han adoptado ese tipo de salvaguardias en los últimos diez años, el 40 % de ellos en África.

139. En 2019, el 40 % de los países disponían de instituciones nacionales de derechos humanos que habían logrado estar en conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Sin embargo, el acceso a instituciones de derechos humanos reconocidas internacionalmente sigue pendiente en 78 países, en particular en el Asia Oriental y Sudoriental, América Latina y el Caribe, Oceanía y África Subsahariana.

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Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

 123. Las zonas forestales siguieron disminuyendo, las zonas protegidas no se concentraban en zonas de biodiversidad clave y las especies continuaron estando amenazadas de extinción. Sin embargo, algunas iniciativas están cobrando fuerza y teniendo efectos positivos que podrían contribuir a invertir esa situación, como los progresos hacia la gestión forestal sostenible, los avances en la cobertura de zonas protegidas en áreas terrestres, de agua dulce y montañosas y las mejoras en la aplicación de programas, legislación y principios contables para proteger la diversidad biológica y los ecosistemas.

124. La proporción de la superficie forestal disminuyó del 31,9 % de la superficie terrestre total en el año 2000 al 31,2 % en 2020, lo que representa una pérdida neta de casi 100 millones de hectáreas de bosque en el mundo. De 2000 a 2020, la superficie forestal aumentó en Asia, Europa y América del Norte, mientras que disminuyó considerablemente en América Latina, África Subsahariana y Asia Sudoriental, debido a la conversión de tierras para fines agrícolas. A pesar de la pérdida general, los datos de 2017 mostraban que la proporción de bosque en zonas protegidas y bajo planes de ordenación a largo plazo, así como de superficie forestal certificada, aumentó o se mantuvo estable a nivel mundial y en la mayoría de las regiones del mundo.  

125. En 2020, la proporción media de cada tipo de zona clave para la diversidad biológica comprendida en zonas protegidas era del 44 % para las zonas terrestres, el 41 % para las zonas de agua dulce y el 41 % para las zonas de montaña, cifras que suponen un aumento aproximado de entre 12 y 13 puntos porcentuales desde el año 2000. Sin embargo, la mayoría de las zonas clave para la biodiversidad siguen sin estar cubiertas por zonas protegidas o teniendo una cobertura parcial.

126. En 2019, 123 países se habían comprometido a fijarse metas voluntarias para neutralizar la degradación de las tierras y, en 60 países, los gobiernos ya habían hecho suyas esas metas de manera oficial. 

127. La extinción de especies, que amenaza el desarrollo sostenible y hace peligrar el patrimonio global, se debe, principalmente, a la pérdida de hábitats que ocasionan los sistemas agrícolas, de cosecha y comerciales insostenibles, a la deforestación y a las especies invasivas. En todo el mundo, el riesgo de extinción de especies empeoró en torno a un 10 % en las tres décadas pasadas y el Índice de la Lista Roja (que mide el riesgo de extinción y en el que un valor de 1 indica que no hay amenaza de extinción y un valor de 0 señala que todas las especies se han extinguido) bajó de 0,82 en 1990 a 0,75 en 2015 y 0,73 en 2020.

128. A 1 de febrero de 2020, 122 países y la Unión Europea habían ratificado el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (un aumento de 53 desde 2019) y 63 países y la Unión Europea habían facilitado información sobre sus marcos de acceso y distribución de beneficios. En lo que respecta al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el instrumento cuenta en la actualidad con 146 partes contratantes y 56 países han presentado información sobre sus medidas de acceso y distribución de beneficios. 129. Tan solo alrededor de un tercio de las partes informantes están en vías de alcanzar sus metas nacionales de diversidad biológica, según los informes nacionales presentados en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En enero de 2020,  

129 partes, incluida la Unión Europea, habían presentado su sexto informe nacional y 113 partes habían evaluado los progresos realizados en la consecución de sus metas nacionales relacionados con la segunda de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Aproximadamente la mitad de las partes habían progresado hacia sus metas, pero no a un ritmo que les permita cumplir sus objetivos.


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Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

117. Los océanos y las pesquerías siguen sustentando las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población mundial, mientras sufren un grado insostenible de agotamiento, deterioro ambiental, y saturación y acidificación por el dióxido de carbono. Los esfuerzos que se están llevando a cabo para proteger los principales entornos marinos y la actividad pesquera a pequeña escala e invertir en ciencias oceánicas aún no cubren las necesidades urgentes de protección de este vasto y frágil entorno.

118. El océano absorbe alrededor del 23 % de las emisiones anuales a la atmósfera de dióxido de carbono antropógeno, lo cual contribuye a mitigar los efectos del cambio climático en el planeta, pero acarrea, no obstante, la acidificación del océano y una disminución de su pa. En un nuevo portal de datos sobre la acidificación oceánica se muestra un aumento de la variación del pa y la acidez de los océanos de entre el 10 % y el 30 % en el período comprendido entre 2015 y 2019. 

119. La sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales sigue en declive, si bien a un ritmo reducido, y la proporción de la población piscícola que se encuentra dentro de niveles biológicamente sostenibles era del 65,8 % en 2017, cifra inferior al 90 % de 1974 y 0,8 puntos porcentuales por debajo de los niveles de 2015. 

120. En diciembre de 2019, más de 24 millones de km2 (el 17 %) de las aguas bajo jurisdicción nacional (hasta 200 millas náuticas desde la costa) estaban cubiertos por zonas protegidas, cifra que representa más del doble de extensión desde 2010. Gran parte de la cobertura se concentra en Oceanía y América Latina y el Caribe.

121. En febrero de 2020, el número de partes en el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, primer acuerdo internacional vinculante expresamente centrado en esas modalidades de pesca, aumentó a 66 (incluida la Unión Europea), de 58 el año anterior, y casi el 70 % de los países declararon haber obtenido una elevada puntuación en lo que respecta a la aplicación de este instrumento.

122. La contribución de la pesca sostenible de captura marina se mantiene estable a nivel mundial, con ciertas variaciones regionales, y representa la mayor aportación al PIB en los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico y los países menos adelantados, donde el promedio fue del 1,55 % y el 1,15 %, respectivamente, en el período comprendido de 2011 a 2017. 

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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

112. El año 2019 fue el segundo más caluroso registrado y el final de la década más cálida (2010 a 2019). Además, dado que la temperatura media mundial está 1,1°C por encima de los niveles preindustriales estimados, la comunidad mundial tiene muy pocas perspectivas de alcanzar tanto la meta de 1,5°C como la de 2°C que se piden en el Acuerdo de París. Aunque se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan un 6 % en 2020 y la calidad del aire ha mejorado a causa de la prohibición de los viajes y la desaceleración económica que ha acarreado la pandemia, esta mejora es sólo temporal. Los Gobiernos y las empresas deberían aprovechar las lecciones aprendidas a fin de acelerar los procesos de transición necesarios para cumplir el Acuerdo de París, replantear la relación con el medio ambiente y realizar cambios sistémicos que puedan obrar la transformación en economías y sociedades con emisiones más bajas de gases de efecto invernadero y resilientes al clima.

113. Un total de 85 países declararon tener una estrategia nacional de reducción del riesgo de desastres acorde en diverso grado con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, desde su adopción en 2015. En 2018, 55 países informaron de que al menos algunos de sus gobiernos locales contaban con una estrategia local de reducción del riesgo de desastres encaminada a contribuir al desarrollo sostenible y mejorar el bienestar socioeconómico y la resiliencia ambiental, centrándose en la erradicación de la pobreza, la resiliencia urbana y la adaptación al cambio climático.

114. Al 31 de marzo de 2020, 186 partes (185 países más la Unión Europea) habían notificado su 1ª contribución determinada a nivel nacional y varias partes habían comunicado su 2ª contribución determinada a nivel nacional o actualizada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se ha pedido a las partes que actualicen las contribuciones determinadas a nivel nacional existentes o notifiquen nuevas contribuciones para el año 2020, lo que les brinda una excelente oportunidad de fijarse objetivos más ambiciosos en lo que respecta a la acción climática.

115. En 2019, al menos 120 de 153 países en desarrollo habían emprendido actividades para formular y aplicar planes nacionales de adaptación, lo que representa un aumento de 29 países respecto a 2018. Los planes ayudarán a los países a alcanzar el objetivo mundial de adaptación previsto en el Acuerdo de París.

116. En lo que respecta a la financiación climática mundial, se produjo un aumento de 584.000 millones de dólares (un 17 %) de 2013 a 2014 y de 681.000 millones de dólares de 2015 a 2016. El elevado volumen de nuevas inversiones privadas en energía renovable explica el fuerte crecimiento y representa el mayor segmento del total mundial. Estas corrientes financieras, que sin duda son considerables, son relativamente pequeñas cuando se comparan con la escala de la inversión anual necesaria para hacer la transición hacia las bajas emisiones de carbono y la resiliencia climática. Además, las inversiones en actividades climáticas registradas en todos los sectores seguían siendo inferiores a las relacionadas con los combustibles fósiles tan solo en el sector de la energía (781.000 millones de dólares en 2016).

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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

105. El consumo y la producción mundiales, que son uno de los motores de la economía global, dependen de que se utilice el medio ambiente y los recursos naturales con arreglo a un modelo que sigue teniendo consecuencias destructivas para el planeta. La pandemia de COVID-19 brinda a los países la oportunidad de crear un plan de recuperación que invierta las tendencias actuales y cambie las pautas de consumo y producción para lograr un futuro sostenible.

106. En 2019, 79 países y la Unión Europea informaron de que contaban al menos con un instrumento de política nacional de fomento del consumo y la producción sostenibles en sus iniciativas para aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. 

107. A nivel mundial, el consumo interno de material per cápita creció un 7 %, de 10,8 toneladas métricas per cápita en 2010 a 11,7 toneladas métricas en 2017, y se observó un ascenso en todas las regiones, salvo América del Norte y África. Sin embargo, el consumo interno de material per cápita en Europa y América del Norte sigue estando un 40 % por encima del promedio mundial, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la eficiencia de los recursos y las prácticas para reducir el consumo en el futuro.  

108. En el mundo, la huella material aumentó de 73.200 millones de toneladas métricas en 2010 a 85.900 millones de toneladas métricas en 2017, lo que supone un aumento del 17,4 % desde 2010 y del 66,5 % desde 2000. La dependencia del mundo de los recursos naturales continuó acelerándose en las dos última s décadas.

109. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono ha sido ratificado de manera universal por 198 partes. Como resultado de su aplicación, el volumen general de sustancias que agotan la capa de ozono en la atmósfera ha disminuido en las dos últimas décadas y volverá, según las predicciones, a los valores de 1980 en la década de 2030 en lo que respecta al ozono de la latitud media del hemisferio norte.

110. De 2010 a 2019, la generación global de desechos electrónicos aumentó de forma constante, de 5,3 kg per cápita a 7,3 kg per cápita, mientras que el reciclaje responsable desde la perspectiva ambiental de los desechos electrónicos aumentó a un ritmo más lento, de 0,8 kg per cápita a 1,3 kg per cápita.

111. Las subvenciones mundiales a los combustibles fósiles se cifraban en más de 400.000 millones de dólares en 2018. La persistencia de esas subvenciones, equivalentes a más del doble de los subsidios estimados para energías renovables, complica en gran medida la tarea de lograr que las emisiones mundiales de dióxido de carbono alcancen su punto máximo lo antes posible. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

 

100. La rápida urbanización ha dado lugar a un crecimiento del número de habitantes de barrios marginales, así como de la infraestructura inadecuada y sobrecargada y de los servicios que agravan la contaminación atmosférica. La pandemia afectará con mayor virulencia a los más de 1.000 millones de habitantes de barrios marginales del mundo, quienes sufren la falta de una vivienda adecuada y de agua corriente en casa, utilizan retretes compartidos, no disponen de sistemas de gestión de desechos, o su número es sumamente escaso, padecen el hacinamiento del transporte público y tienen limitado acceso a servicios oficiales de atención sanitaria. Gran parte de esa población trabaja en el sector informal y corre un alto riesgo de perder sus medios de subsistencia cuando las ciudades suspenden la actividad. Se necesitan planes urgentes de respuesta a fin de prepararse para los brotes epidémicos en los asentamientos informales y los barrios marginales y combatirlos debidamente.

101. El número de habitantes de barrios marginales superaba los 1.000 millones de personas en 2018, cifra que representa el 24 % de la población urbana y supone un ligero aumento respecto al 23 % de 2014. El número de personas que viven en barrios marginales urbanos es mayor en Asia Oriental y Sudoriental (370 millones), África Subsahariana (238 millones) y Asia Central y Meridional (226 millones).

102. El acceso a un transporte público adecuado, fiable y seguro constituye una necesidad urbana básica. Según datos reunidos en 2019 de una muestra de 610 ciudades de 95 países, solo la mitad de la población urbana mundial tenía un acceso conveniente al transporte público, definido como menos de 500 metros de distancia a pie desde la vivienda a un sistema de transporte de baja capacidad (como una parada de autobús) y menos de 1.000 metros de distancia a un sistema de transporte de elevada capacidad (como una terminal de ferrocarril o de transbordadores).

103. Los datos reunidos en 2019 a partir de una muestra de 755 ciudades de 95 países muestran que, en el período comprendido entre 1990 y 2015, la mayoría de las zonas urbanas registraron un aumento general de la superficie construida (definida como aquella en la que hay edificios) por persona. Como promedio, en todas las regiones, excepto África Subsahariana y Asia Oriental y Sudoriental, se produjo un aumento uniforme de la superficie construida per cápita, y Australia y Nueva Zelandia registraron las cotas más elevadas.

104. Según datos de 2019 correspondientes a 610 ciudades de 95 países, la proporción de terreno dedicado a calles y espacios abiertos, que resultan vitales para la productividad de las ciudades y las dimensiones sociales y relativas a la salud de su población, sólo representaba una media del 16 % a nivel mundial. Dentro de ese porcentaje, las calles ocupaban casi tres veces más terreno urbano que los espacios públicos abiertos, como los parques y los paseos fluviales. El porcentaje de la población que podía acceder a espacios públicos abiertos en un radio de 400 metros de distancia a pie a lo largo de una red de calles era, como promedio, del 46,7 %.

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