Mediante el presente escrito queremos hacer llegar a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19, propuestas feministas en materia laboral; servicios públicos de educación, sanidad, servicios sociales, dependencia; cuidados; violencias machistas; abolición de la prostitución; cuidado del Planeta; fiscalidad y modelo productivo,... que han sido objeto de un largo debate, tanto en el FÓRUM de Política Feminista, como dentro del movimiento feminista.
A/A Patxi López Álvarez,
Presidente de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19
1.- Situación actual: política, económica y social.
El escenario al que nos enfrentamos es incierto y plantea muchos interrogantes de los que, al menos nosotras, no tenemos respuesta sobre el qué pasará. La información está dosificada, en parte por el propio desconocimiento de cuál será el comportamiento del virus y la pandemia. Su afectación a la población dependerá (aunque no totalmente, del grado de cumplimiento de las medidas de protección es el principal remedio por el momento, por tanto, hay que ocuparse de facilitar las condiciones para que se cumplan por parte de la población mediante acciones de sensibilización y de control del cumplimiento, particularmente en establecimientos comerciales, mercados, centros de trabajo, edificios de las Administraciones Públicas, etc.) de que se encuentre una vacuna eficaz. Que además debe ser gratuita para a toda la población.
Durante el estado de alarma y confinamiento ha quedado patente sobre quién se sustenta la sociedad. Con la parálisis de la actividad no fundamental, ha sido la clase trabajadora, los servicios públicos y en gran medida las profesiones de cuidado, más feminizadas y más precarias quienes han hecho posible que lo básico siguiera funcionando. Lo esencial para el sostenimiento de la vida.
Mientras, el capital intenta aprovechar esta medida de encierro para reconfigurar nuevas formas de trabajo y modos de consumo. Estamos ante una reconfiguración del capitalismo y el liberalismo en la cuarentena, una oportunidad del capital que busca aprovechar esta crisis hiperexplotando el espacio doméstico. El imperativo que nos muestran como feliz y de superación es la casa-oficina-escuela donde se da la máxima productividad de puertas para adentro, todos los días de la semana y sin horario. ¿Quién puede asegurar que una vez pasada la emergencia sanitaria esos avances en la flexibilización laboral que atomizan a las personas trabajadoras, las despoja de la colectividad y que las precarizan aún más, vayan a retroceder y cambiar? Es un escenario perfecto, ahorro total de costes (luz, espacio, ponemos las herramientas, pagamos el alquiler) mientras cuidamos de hijos e hijas, personas dependientes y libramos al estado de servicios públicos básicos (educación infantil, cuidado a dependientes), incluido el transporte. Este escenario social, laboral y de cuidados tiene una cara perdedora: la de las mujeres, por lo que la perspectiva feminista aquí es clara y necesaria para no salir de esta crisis con más desigualdad con la que entramos.
El escenario político mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde el Poder Ejecutivo ejerce un poder absoluto legal y constitucionalmente otorgado por convalidación en el Congreso. El Mando Único. Con una oposición destructiva, peleando no ya solo por el desgaste del Gobierno, radicalizando su discurso al extremo, sino también trabajando en favor del Capital y del Neoliberalismo, haciendo de portavoces de Empresas y Capital y manipulando para que la opción del futuro posible sea el totalitarismo y el capitalismo controlador. Y ellos al mando de la nave.
En el plano económico es una crisis brutal, y más para el modelo económico que se nos ha implantado basado en los servicios, la explotación de los recursos naturales, consumismo al menor coste posible, incluidos claro está los costes laborales y eliminando casi en su totalidad la industria. Una economía neoliberal que ha hecho de los servicios, la educación, los cuidados de personas mayores y la sanidad su negocio más lucrativo, como tristemente hemos comprobado con las residencias de personas mayores y la avaricia empresarial que ha llevado su gestión y que ha costado miles de vidas humanas, mientras sus beneficios no paran de crecer. Y por otro lado, como vemos, los hospitales privados cerrados y presentando ERTES mientras los hospitales públicos se encuentran colapsados con una merma de camas, la atención primaria desbordada y el permanente déficit de los servicios de Salud Pública, falta de profesionales, todo ello generado en años anteriores con un déficit de financiación.
La UE tacañea recursos mientras los países más sacudidos le exigimos ayuda solidaria para las necesidades a corto plazo y también para hacer frente a las repercusiones estructurales que va a conllevar la pandemia a corto, medio y largo plazo sobre la sociedad, el empleo y la economía.
La respuesta no está siendo como se esperaba del reparto de la deuda, sino un Plan de Rescate para asistir a estados, empresas y trabajadoras/es. Otro Plan de Rescate o Préstamo que gravarán más las finanzas del país
Estos son los Pronósticos según el FMI para España:
• La deuda alcanzará hasta el 113,4 % de su producto interior bruto (PIB) este año y el 114,6 % en 2021, como consecuencia de las medidas fiscales que el país tendrá que tomar para luchar contra la pandemia.
• El déficit público español casi se cuadruplicará, al pasar del 2,6 % del PIB en 2019 al 9,5 % 2020, para bajar en el próximo ejercicio hasta el 6,7 %.
• La economía española caerá un 8 % y la tasa de desempleo aumentará seis puntos, hasta el 20,8 %, este año.
• Según informe de la OIT, en nuestro país, en el mes de marzo, los efectos directos del COVID-19, sobre el mercado de trabajo han sido de 4.2 millones de personas, de las cuales 900.000 personas han perdido su empleo, 2.6 millones de trabajadoras/es han sido afectados/as por ERTES. Medio millón de autónomos/as han solicitado acogerse a la ayuda estatal por caída de ingresos y 250.000 asalariadas/os se encuentran en situación de IT por cuarentena o contagio.
Toda esta situación se suma al ya de por si mercado de trabajo precarizado y desregularizado. Los empleos que más van a tardar en recuperarse (de seguir con este modelo productivo), serán los del sector turístico, sector que representa el 14,6% del PIB con más de 2,8 millones de empleos, lo que representa el 12% del empleo total. El 56% de la mano de obra del sector servicios es femenina y con unas condiciones laborales basadas en la discriminación y precariedad tal y como vienen denunciando, por ejemplo, el colectivo de las Kellys.
Con este escenario de crisis sanitaria, política y económica, la sociedad se plantea el futuro, una inquietud que todo el mundo tiene mientras se intenta acabar con la pandemia.
Sobre la mesa está el trabajar por un Acuerdo de Recuperación del País, un gran acuerdo, el más amplio posible para el que se quiere contar con todas las Administraciones, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde estén presentes todos los grupos políticos del Congreso, agentes sociales y entendemos que ahí debe estar el movimiento Feminista, que debe intervenir en las iniciativas encaminadas a la recuperación y que esta nos ponga en pie de igualdad a toda la sociedad incorporando la necesaria y obligada perspectiva feminista. A tenor de las personas y entidades que van a comparecer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, volvemos a constatar la ausencia del movimiento feminista, con lo cual no se va a garantizar la perspectiva de género que visibiliza las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, es decir a más de la mitad de la población española.
El enfoque feminista en este acuerdo de recuperación de país, se hace más necesario que nunca, ya que esta crisis ha puesto de manifiesto las situaciones de desigualdad estructural entre mujeres y hombres que desde hace décadas viene denunciando el movimiento feminista, en momentos de crisis como la actual, se ha puesto de manifiesto no solo cuales son los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad y, estos, tienen que ver con el sostenimiento de la vida, con poner la vida de las personas y del planeta en el centro de las políticas públicas sino como, los trabajos de cuidados dentro de los hogares que durante el confinamiento han aumentado con los colegios cerrados, las abuelas y los abuelos sin poder hacerse cargo de las criaturas, etc. sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. La salida de esta situación de crisis sanitaria, social, económica y medioambiental, debe contar con las propuestas feministas, porque no puede haber recuperación sin contar con la mitad de la población que son las mujeres.
Hay mucho en juego. El capital intentará aprovechar esta medida de encierro para reconfigurar nuevas formas de trabajo, los modos de consumo, y los parámetros de ingreso. Y el pacto debe servir para frenar los deseos neoliberales de una vuelta más de tuerca al modelo y llevar al país a un estado social y de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
El modelo actual estaba ya puesto en cuestión y varias han sido las luchas que han puesto en entredicho la legitimidad del modelo neoliberal actual. ¿Cómo hubiésemos enfrentado la pandemia sin la politización previa por parte del movimiento feminista de los cuidados, el trabajo invisibilizado, las tareas reproductivas, la feminización de determinadas profesiones y su precariedad?
Y ahora estamos en alerta porque el fin de la pandemia nos puede traer una situación de mayor vulnerabilidad, con posibles aumentos de las violencias machistas, de impagos de alquileres e hipotecas de vivienda, de bienes y servicios, unido a más desempleo, pobreza, exclusión y una deuda de Estado sin precedentes. Endeudamiento público y privado. Crisis que golpea más fuerte a quienes menos recursos tienen y a quien está en situación de mayor desprotección y desigualdad. Y las mujeres no partimos de situación de igualdad.
Pero, el fin de la pandemia, nos puede traer un nuevo modelo social que tenga en cuenta las necesidades de las personas y del planeta, poniendo la vida en el centro, con un reparto de la riqueza, y mayor igualdad entre mujeres y hombres. La pandemia, ha puesto de manifiesto los límites del sistema económico neoliberal que no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de la población y menos aún de las mujeres, están más centrados en sus beneficios empresariales como ha quedado puesto de manifiesto por ejemplo con la gestión de las residencias de personas mayores. Todas las crisis, pueden suponer también nuevas oportunidades, ha llegado el momento de un nuevo modelo social, basado en las necesidades de las personas, respetuoso con el planeta y con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
2.- Cómo afecta esta crisis a las mujeres.
Mujeres y hombres no partimos de la misma casilla de salida y por ello nos afectarán de forma desigual las medidas y/o acuerdos que se vayan implementando. En este sentido, es pertinente traer aquí las recomendaciones de ONU MUJERES:
Una respuesta efectiva frente al COVID19 requiere reflejar las dinámicas por sexo.
Asegurando la disponibilidad de datos por sexo y el análisis feminista de estos.
Datos por sexo, edad, discapacidad, para conocer cómo evoluciona la situación incluidas las tasas diferenciadas de infección, los impactos económicos y la carga de cuidados diferenciado.
Y la incidencia de violencia machista y sexual.
A lo que debemos añadir la necesidad de conocer con datos desagregados la evolución durante la pandemia de los datos por sexo, unidad familiar (señalando también las familias monomarentales)
- Necesidad de incluir a más mujeres en la toma de decisiones como ya ha sido puesta de manifiesto por diversos organismos internacionales.
- Datos de empleo tanto de trabajadores/as asalariados/as como de autónomos/as.
- Número de prestaciones por desempleo y seguridad social.
- Número de personas beneficiarias de las prestaciones especiales puestas en marcha.
- Número de mujeres acogidas y las prestaciones derivadas de una situación de violencia machista, al igual que por violencia sexual, incluyendo las mujeres en prostitución.
- Datos desagregados de las personas que han hecho uso de la reducción de jornada, adaptación del horario o permiso por cuidados de menores o dependientes a cargo.
- El uso de los aplazamientos del pago de los gastos relacionados con la vivienda y otros servicios básicos.
Es necesario realizar estudio de impacto de género de todas las medidas que se han puesto en marcha así como de las que se tendrán que implementar para la salida de la crisis, para conocer cómo afectan a las mujeres en cuanto a la deuda, la vivienda, el empleo, las cargas de cuidados y la salud, en definitiva, sobre sus vidas.
3.- Acciones y Propuestas
INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)
Hay más de un millón de hogares sin ningún tipo de ingresos.
El IMV siempre ha constituido para el Movimiento Feminista una herramienta para modificar el orden de género establecido, teniendo en cuenta la segregación laboral, la realidad social y del mundo del trabajo. Es imprescindible tener una perspectiva feminista. Pero no puede ser sustitutivo de nada. Son los servicios públicos los que deben trabajar para el sostenimiento de la vida y la recuperación social. Reorganizando y redefiniendo los servicios públicos, repensando la sociedad como un espacio sin roles. La renta básica no debe sustituir a lo público, pero sí dar suficiencia económica que aleje a las mujeres de situaciones de dependencia/ y/o vulnerabilidad frente a todo tipo de violencias, y de abusos empresariales en el entorno laboral. El Ingreso Mínimo Vital es un instrumento, no es único ni un milagro, sólo una herramienta para la igualdad.
En estos momentos el debate se centra en aprobar una Renta vital permanente o una renta mínima temporal. La situación es excepcional y en este contexto:
- La renta debe ser de emergencia, que aporte liquidez de subsistencia y aborde una situación de crisis por urgente necesidad social y no universal.
- Que perdure como puente hasta la aprobación del IMV definitivo.
- Se debe considerar un derecho subjetivo, por lo tanto, es Individual y no por unidad familiar.
- Detraído de los ingresos por impuestos en los Presupuestos Generales del Estado y no de la Seguridad Social.
“El IMV sería un punto de partida interesante para ampliar el foco pro-positivo integrando otras propuestas complementarias en un Plan de Acción y Emergencia Social orientado al cambio estructural, teniendo en cuenta que será necesario abordar la eliminación de la división sexual del trabajo y los mecanismos y estructuras que sostienen la desigualdad de género.” Carmen Castro.
TRABAJO Y EMPLEO
¿Quiénes y qué sostienen a la sociedad en la cuarentena? Los cuidados, las tareas de limpieza y mantenimiento, los múltiples trabajos del sistema de salud y de agricultura. Son la infraestructura imprescindible. Es aquello de lo que no podemos prescindir para que la vida y la sociedad continúen.
Estos trabajos que se han demostrados irreemplazables y esenciales tienen una tasa de feminización que alcanza el 90% en algunos sectores como las residencias de personas mayores, la ayuda a domicilio, el comercio de alimentación, los servicios salud, los servicios sociales… Trabajos que soportan la máxima precariedad y el abuso empresarial.
Estas ocupaciones esenciales deben tener un tratamiento diferenciado en el orden laboral, con garantías de dignidad en las condiciones de empleo.
- Catalogar normativamente estos trabajos y profesiones como esenciales otorgándoles seguridad jurídica en cuanto a unas condiciones mínimas: especial protección legal ante el fraude en la contratación o en las condiciones de abuso patronal. (Especial sanción a patronales abusadoras).
- La reducción general de la jornada de trabajo, trabajar menos horas, para trabajar más personas.
- Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en estos servicios declarados esenciales.
- Ratificación del Convenio 189 de la OIT referido a la protección del Trabajo en el Hogar.
- Ratificación del convenio 190 de la OIT relativo a la lucha contra la violencia en el mundo del trabajo.
- Destapar y considerar como trabajos por cuenta ajena todos aquellos trabajos realizados a través de plataformas desarrollados por falsos autónomos.
- Acelerar la igualdad en los salarios, reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2019.
- Sustituir el trabajo de cuidados no pagado por trabajo remunerado y servicios públicos.
- En España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes al 15% del PIB y a 16 millones de personas trabajando 8 horas/día (OIT, 2018). El cumplimiento del Objetivo 5.4 de Desarrollo Sostenible en 2030 y la aplicación de las recomendaciones del Informe Trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significaría incluir en las estadísticas el trabajo no pagado de cuidados e invertir 40.800 millones de euros para sustituirlo por un millón de empleos decentes en la educación -particularmente en la etapa de 0 a 3 años- y la atención a la dependencia.
- Reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida.
- Reforzar la Inspección de Trabajo aumentando su plantilla y seguimiento y cumplimiento de la normativa laboral con perspectiva feminista. Especial atención a las empresas de servicios múltiples, centros que signifiquen cuidados, trabajos a la comunidad, salud y empleo doméstico.
- Reforzar el emprendimiento femenino, el fomento del cooperativismo de mujeres, el apoyo a las mujeres rurales emprendedoras quitando trabas burocráticas para iniciar actividades.
- Apoyo con un programa de consolidación a las empresarias existentes para que, a causa de esta crisis no tengan que cerrar y caigan con ellas sus economías familiares, tanto apoyándolas con ayudas económicas como con formación y mentoring y acompañamiento para adaptar sus negocios a la situación y salir adelante gracias a la transferencia de conocimiento e innovación.
Uno de los mayores problemas del trabajo de los cuidados es la economía sumergida. Las medidas gubernamentales para las empleadas de hogar, muchas de ellas cuidadoras de niños y niñas y personas mayores no han tenido la repercusión necesaria por ejercer sus trabajos sin estar dadas de alta, y, en muchos casos estar en situación administrativa irregular.
La regularización de situaciones de personas migrantes hoy en día irregulares, que se podía haber hecho y creemos se puede hacer con suma facilidad y evitaría que, o se queden sin trabajar o lo hagan en la economía sumergida. La regularización de estas/os trabajadores/as en situación administrativa irregular, vendrá a dar respuesta a las demandas de los empresarios/as del sector agrícola con la falta de mano de obra nacional. Proponemos:
- Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en servicios y ocupaciones declarados esenciales
- Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la empleadora (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo
- Refuerzo del empleo público. Tasas de reposición, agilidad OPE, acabar con la precariedad en el empleo público, bolsas en el sistema público de salud en todas las Comunidades Autónomas, contratos por horas y sustituciones.
SERVICIOS Y GASTOS PÚBLICOS
Los servicios públicos son esenciales para la igualdad social y la democracia. Deben estar suficientemente dotados, ser eficaces y eficientes, mantenidos con empleo en condiciones laborales que supongan estabilidad. En tiempos de crisis se presentan como los garantes de otorgar una cobertura a la ciudadanía golpeada por la misma y deben tener la robustez suficiente para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo.
También en las administraciones públicas la segregación laboral existe y son las mujeres las encargadas en un alto porcentaje, de realizar las tareas de servicios a la comunidad, limpieza y cuidados sufriendo las peores condiciones laborales y un índice de temporalidad muy elevado. También en lo referente a las trabajadoras de la Salud y Servicios Sociales.
Las tasas de reposición deben ser eliminadas y sustituidas por un estudio racional de cobertura de necesidades de empleo, reestructuración de plantillas desviando los recursos a lo más necesario para cubrir la necesaria atención a la salida de la crisis y la cobertura necesaria de vacantes. (Ej: el colapso en el SEPE, la Seguridad Social y el SAE por los ERTES. Deberían haberse entendido como servicios esenciales, desviando efectivos de otras dependencias administrativas a la tramitación de la prestación por desempleo).
En la tremenda realidad vivida de la situación de las residencias de mayores, la alta mortandad por COVId19 de las personas usuarias de las mismas y la ocultación y la mala praxis de las empresas concesionarias del servicio, movidas por la avaricia empresarial, se esconde también explotación laboral en la mayoría de los casos. La situación que ha levantado la epidemia no se debía de haber producido si los poderes públicos hubiesen actuado firmemente con sus servicios de inspección, tanto de servicios sociales como de la Inspección de Trabajo. Por consiguiente, proponemos:
- Refuerzo de la Inspección por parte de las administraciones sobre las actividades privadas que conlleven cuidados. guarderías, ludotecas o residencias de mayores y dependientes. .
- Plantillas adecuadas en los servicios que cubran la necesaria atención a la sociedad para la salida de la recuperación social.
- Ampliación de estos servicios a la comunidad y de cuidados con gestión pública.
- Desviación de los presupuestos y gastos armamentísticos no comprometidos a paliar las consecuencias de la COVID-19.
- Bonos europeos como prioridad de para hacer frente al desgaste de las arcas públicas ante la deuda que pueda generar el Plan de Rescate aprobado por la UE.
- Aumento del apoyo económico en I+D+I
SISTEMAS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA.
Los Sistemas Públicos de Educación, Salud, Servicios Sociales, Dependencia, pilares del Estado del Bienestar, se han visto irremediablemente afectados por los impactos de la pandemia y la situación Post-COVID. Esta crisis ha demostrado su importancia para la supervivencia de la vida humana, para la calidad de vida de la población, para la redistribución de los bienes y para la equidad. De ello se infiere que la sociedad precisa de un refuerzo extraordinario que disminuya los riesgos para la salud y para la equidad que se han hecho visibles en este caso. Un importante refuerzo de presupuestos, políticas, programas, medios materiales y profesionales.
Pero ese refuerzo y adaptación, no puede hacerse sin perspectiva de género. Sustituir la educación presencial por educación completamente online sin más, es obviar la sobrecarga que supone la enseñanza en casa para las familias, en especial para las mujeres, y las severas dificultades para la vida profesional ello puede suponer, además de aumentar la brecha entre la población con y sin recursos económicos. Y así con todos los servicios de cuidado.
En lo referido al sistema educativo, es esencial que se contemple esta perspectiva de servicio de cuidado, pero, además, es preciso que, en el marco de un modelo educativo basado en la equidad como valor máximo, se refuerce la presencia en el currículo de la perspectiva coeducativa y la educación en valores, en los materiales, en la formación del profesorado, familias y alumnado, y que se implementen políticas activas y programas para lograrlo. O sea, llevar a la práctica lo previsto en la Legislación de Igualdad para la Educación, para lo cual es necesario sustituir la LOMCE y elaborar una ley inclusiva e igualitaria, con participación y consenso de la Comunidad Educativa, sin que falte la aportación experta de las personas especialistas en Educación para la Igualdad.
CUIDADOS
Debemos construir una nueva normalidad con una nueva política. No queremos volver a la “normalidad” anterior, esa que nos ha conducido a esta situación. Hacer de la cultura del cuidado un principio político que proteja todas las vidas. Partimos de la consideración de los cuidados como una necesidad social, asumida colectivamente y del trabajo del Movimiento Feminista por hacer visible esta realidad señalando la carga que supone para las mujeres la falta de corresponsabilidad y la insuficiente apuesta de los poderes públicos por desmontar los mecanismos que generan la desigualdad de los sexos en este sentido.
La situación que provoca la crisis sanitaria ha supuesto un cambio en las condiciones en las que se atiende a las y los menores y personas dependientes, al estar cerrados los centros de día y los centros educativos. Esto puede suponer un importante retroceso en el papel de cuidadoras de las mujeres que se adjudica de manera natural y contra el que estábamos ganando pequeños avances.
Los cuidados en nuestro país necesitan de una Reorganización y de unas Políticas Públicas con dotación económica suficiente. Este estudio del Instituto de Estudios Fiscales demuestra que es posible establecer el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos.
Pero el momento es de emergencia y la necesidad ahora es paliar de forma urgente las consecuencias de la crisis, pero debemos sentar las bases para un futuro de reconocimiento de derecho a la atención.
Deben implementarse medidas de políticas públicas para que los cuidados no se queden en el ámbito de lo doméstico y dejen de recaer mayoritariamente en las mujeres. Por ello proponemos:
- Medidas de dignificación del empleo de las trabajadoras del hogar. Régimen fiscal específico a para las personas empleadoras.
- Especial protección a las profesiones de cuidados demostradas esenciales en la crisis.
- Servicios de cuidados profesionales y públicos como garantía de la calidad de la atención y a su vez de empleo en condiciones decentes, directo y no deslocalizable.
- Plan especial y continuo de atención a la salud de las personas cuidadoras y del ámbito sanitario, potenciando y evaluando los ya existentes en los ámbitos de servicios sociales y sanitarios para prevenir las consecuencias físicas y psíquicas que implica el rol de cuidados.
Las comunidades autónomas y corporaciones locales deben centrar esfuerzos en la situación de las personas mayores y dependientes en las residencias de gestión privada teniendo especial celo en la inspección de las mismas, máxime cuando el régimen sea de concertación pública.
La concertación de estos servicios o la proliferación del negocio puramente privado en el “sector servicios” ha sido ejecutado por empresas que centran su actividad sólo basadas en la economía de mercado, hemos podido comprobar cómo el triunfo de sus ganancias ha supuesto un fracaso social cobrándose muchas vidas, debemos aprender para evitar que vuela a suceder. Por ello, proponemos:
- Aumentar los centros de gestión pública directa.
- Rescate del servicio por la administración pública de aquellas residencias donde se compruebe negligencia, falta de atención a las personas ingresadas o abusos laborales.
VIOLENCIAS MACHISTAS
La pandemia he dejado en evidencia que las violencias machistas se agudiza con la crisis, las mujeres y las niñas y niños menores quedan encerradas al haberse quedadas confinadas con sus maltratadores que se han sentido más impunes, por la mayor dificultad de ellas para abandonar el domicilio, romper la relación y dificultades para e interponer denuncia. El confinamiento, en muchos casos, ha encerrado a las víctimas de violencia machista con sus maltratadores, en el tiempo del distanciamiento social, muchas mujeres se ven obligadas a convivir las 24 horas con su maltratador, bajo el mismo techo sin la posibilidad de que esa convivencia pueda ser interrumpida por otra actividad que no sea la de permanecer en casa, por lo que podemos decir que están afrontando dos pandemias: el COVID-19 y la violencia machista.
El número de llamadas al 016 durante el pasado mes de marzo se incrementó hasta convertirse en el más alto de los últimos tres años.
Por las distintas administraciones se han tomado algunas medidas para facilitar la denuncia y ayuda a las mujeres víctimas: Considerar esenciales los servicios de apoyo a las víctimas, aplicaciones para móviles como AlertCop, teléfonos de atención por WhatssApp y la contraseña Mascarilla 19 en las farmacias. Además proponemos que:
- Las medidas que se implementen, deberían cambiar la mirada y no ponerla tanto en las mujeres sino en los maltratadores visibilizándolos, para no caer en la doble victimización de las mujeres.
- Seguimiento continuo de las mujeres que durante el periodo de confinamiento se han puesto en contacto con las distintas administraciones solicitando asistencia.
- Poner en marcha una red de alquileres sociales para las mujeres y sus hijas e hijos.
- Recuperación integral de las mujeres y sus hijas e hijos.
- Realización de estudios longitudinales para ver la evolución de las mujeres supervivientes de las violencias machistas.
- Ampliar el número de las viviendas y servicios destinados a la de protección y acogida de las mujeres víctimas de violencia.
- Implementar los servicios jurídicos y de asesoramiento gratuito. Se preste Atención Integral obligatoria por parte de las Comunidades Autónomas, los Cabildos y los Ayuntamientos.
- Reforma de la Ley 1/2004 para que todos los tipos de violencia se vean reflejados y tengan el mismo grado de protección.
- Aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de CEDAW.
- En el plan de empleo que se implemente contemplar medidas de acción positiva para mujeres supervivientes de las violencias machistas.
- En un excesivo número de casos, se dictan sentencias desde los órganos judiciales que se alejan de una posición de protección a la mujer víctima, llegando a culpabilizarla o cuestionarla y aplicando laxamente las penas en las sentencias por violencia sexual o asesinato machista. Es necesario que exista un órgano en el seno del CGPJ que revise las sentencias judiciales patriarcales con clara perspectiva feminista, con formación adecuada. Es necesario garantizar que se juzgue con perspectiva de género para evitar el sesgo patriarcal en las sentencias judiciales, para lo cual es preciso mejorar el nivel de formación de los operadores jurídicos que intervienen en todo el proceso judicial, impulsando las medidas que desde el Consejo General del Poder Judicial se puedan tomar para garantizar que la igualdad y la justicia como valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico consagrados en el Artículo 1 de la Constitución Española sean una realidad.
ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
El movimiento feminista es abolicionista de la prostitución. Hemos mostrado la necesidad de una ley Integral abolicionista que debe ser aprobada cuanto antes. La situación de emergencia sanitaria ha puesto en escena un recrudecimiento de la situación de explotación y violencia que sufren las mujeres. Por ello es necesario tomar medidas puente, provisionales y urgentes.
La crisis sanitaria a causa de la COVID-19 ha agudizado aún más la situación de las mujeres en situación de prostitución y de trata con fines de explotación sexual. Aunque se han puesto en marcha algunas medidas, éstas se han manifestado ser insuficientes.
Las mujeres en situación de prostitución Están siendo obligadas por sus proxenetas a seguir manteniendo sexo con los “clientes”, a pesar de la pandemia y la prohibición que esta conlleva de las prohibiciones que la situación de alarma conllevaba. Otras mujeres se encuentran sin ningún tipo de ingreso al no recibir ayuda alguna.
Muchas otras son obligadas a pagar alojamiento y manutención a sus explotadores por lo que su situación empeora en estado de confinamiento, aumentando la deuda que ellos les imponen. Dadas estas circunstancias, proponemos:
- Recursos para las mujeres prostituidas. Ingreso Mínimo Vital.
- Cierre total de todos los locales de explotación sexual.
- Alojamientos/Refugios seguros para mujeres para las mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual. Garantizar el cumplimiento del Convenio de Varsovia, ratificado y por tanto de aplicación directa en nuestro Ordenamiento Jurídico. Por consiguiente, crear los recursos alojativos que faltan en aquellas provincias que carecen de ellos o resultan insuficientes para acoger a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como los centros y sus respectivos servicios de atención integral que garanticen el respeto a sus derechos, su inclusión y el ejercicio de la ciudadanía plena.
- Planes de empleo específicos para mujeres que abandonan el sistema prostitucional.
- Inclusión a las mujeres prostituidas en las medidas contra las violencias machistas.
- Acceso al sistema público de salud de aquellas que lo tengan, asesoramiento legal y jurídico.
- Regularización de las mujeres migrantes en situación prostitucional que se encuentren en situación irregular garantizando su residencia en España y evitando su deportación.
CUIDADO DEL PLANETA
El distanciamiento social es un elemento fundamental para parar la epidemia y por ello los espacios que comúnmente muestra aglomeraciones se muestran como un peligro sanitario.
Uno de esos espacios es el transporte público que sufre de aglomeraciones en horas punta y espacios cerrados.
Las ciudades deben anteponer y fomentar otros tipos de medios de movilidad individual y facilitar que el uso de la bicicleta y otros medios de transporte ecológicos se muestre como la mejor opción como alternativas no ya sólo para proteger la salud pública sino para el medio ambiente, eliminando contaminación que hace padecer afecciones respiratorias, factores de riesgo para el COVID19.
Debemos adoptar un nuevo modelo productivo que implique un modelo de consumo más local y/o nacional, esto implica menos emisiones de CO2 de dióxido de carbono y otros contaminantes a la atmósfera. Las ayudas económicas que se implementen para la reactivación de la economía, deben tener en cuenta el impacto medioambiental previniendo la tentación de volver a un modelo desarrollista que ofrezca soluciones rápidas pero comprometa el futuro de la vida y el planeta.
Implementación de la Agenda 2030 impulsando decididamente el diseño y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Urge la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que tiene como objetivo la descarbonización de la economía española para 2050 cumpliendo así los compromisos adquiridos frente a la UE y en el Acuerdo de París. Urge aplicar las medidas y desarrollar las leyes que garanticen la descarbonización de la economía española cumpliendo los plazos y los compromisos adquiridos frente en el Acuerdo de París.
En la nueva situación mundial donde la movilidad de mercancías entre países se restringe y nos ha hecho reconocer la necesidad de promover la soberanía alimentaria y el refuerzo del sector agrícola que genera riqueza y empleo, debiendo promover la innovación para garantizar la productividad y competitividad del mismo impulsando su transformación así como su sostenibilidad.
FISCALIDAD
Los elementos económicos de la crisis pandémica traen consigo un esfuerzo del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria y social, tomando medidas de desviación de recursos hacia el objetivo principal de la recuperación social y económica del país tras la caída tan brusca que estamos sufriendo y que tanta repercusión está teniendo en las condiciones y calidad de vida de la gente.
Este aumento de los gastos del Estado debe ser paliado en el menor tiempo posible con aumento de ingresos, más allá de las aportaciones de la UE, que a la larga conllevará un aumento de la deuda del Estado, la fiscalidad debe ser un factor principal clave para este objetivo.
Es necesaria, una nueva política fiscal para aumentar los ingresos públicos. Para ello proponemos:
- Eliminación de la casilla de la aportación a la Iglesia en la Declaración de la Renta y la correspondiente al 2019 desviarla a la recuperación del país y las medidas que se vayan tomando.
- Obligación de pago de impuestos de la Iglesia Católica y de todos aquellos estamentos que tengan reducida/condonadas/bonificadas sus aportaciones fiscales.
- Una fiscalidad de IRPF progresiva y que sea destapada en sus niveles altos. En la actualidad se encuentra en los 45.000€.
- Deducción fiscal a las familias monomarentales.
- Aumento significativo de la tributación, actualmente al 1%, de los rendimientos que la SICAV, que deberán tributar al igual que rentas individuales.
- Aumento de la tributación de los rendimientos del capital de grandes fortunas. (Actualmente tributa al 19% para importes de hasta 6.000 euros. A partir de 6.000 y hasta los 50.000 euros ganados se paga el 21%, y a partir de 50.000 euros, hay que tributar por el 23% a Hacienda)
- Deducciones fiscales especiales a empleadoras y empleadores de trabajadoras/es del hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la/el empleadora/or (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo.
- Que el Rey emérito rinda cuentas y proceda al ingreso de las comisiones obtenidas en la arcas públicas y se tomen las medidas para ingresar en las arcas públicas lo indebidamente percibido.
- Que se ajuste el presupuesto de la Casa Real adaptándose al contexto de crisis dando muestras de ejemplaridad en su gestión económica.
- Perseguir y poner fin a los paraísos fiscales.
- Que aquellas empresas que dispongan de fondos en paraísos fiscales no puedan ser beneficiarias de ayudas y bonificaciones procedentes de las administraciones públicas españolas.
MODELO PRODUCTIVO
Es necesario en este momento hacer también una reflexión sobre el cambio de modelo productivo apostando por un modelo empresarial más local y/o nacional que rebaje la dependencia de las importaciones en bienes y servicios imprescindibles en situaciones de emergencia y necesidad, hecho que se ha demostrado con esta crisis sanitaria muy grave (mascarillas, respiradores, productos farmacéuticos o de higiene... etc).
Es necesario no solo recuperar la actividad industrial deslocalizada, sino también apostar por una industria transformadora que permita que el valor creado con los productos del sector primario se incremente mediante su transformación dentro de nuestro país
El tejido productivo de España es tan débil que no tiene garantizado los suministros básicos. La economía basada en los servicios y el turismo y la destrucción masiva de nuestras industrias nos ha hecho dependientes de otros países y economías más industrializadas, situación que ahora nos abre a un necesario cambio de paradigma y de modelo productivo después de décadas de deslocalización de las industrias con el fenómeno de la globalización. Debemos buscar un equilibrio entre la seguridad y la libertad económicas para garantizar la satisfacción de las necesidades y el ejercicio de los derechos de todas y todos.
La crisis económica de 2008 y la actual crisis sanitaria están demostrando que la economía de nuestro país es frágil por causa de su deslocalización y desindustrialización. También por la privatización sistemática del tejido empresarial con la pérdida de soberanía que ello conlleva, dificultando la toma de decisiones al depender casi por completo de terceros para la supervivencia del tejido empresarial.
Es necesaria una reinvención de nuestro modelo económico sobre nuevos pilares que garanticen la supervivencia del tejido productivo y nos protejan frente a los riesgos de los que desde hace mucho tiempo nos vienen advirtiendo las mujeres y hombres de la Ciencia. Esta crisis no es un cisne negro, no nos engañemos. Era previsible y debemos asumir que no hemos hecho los deberes como demuestra el incumplimiento de los Objetivos del Milenio y el retraso en la implementación de la Agenda 2030, la cual sin el compromiso decidido de todas y todos tampoco se cumplirá. Para lograrlo es preciso asumir responsabilidades a todos los niveles, desde el individual, pasando por el colectivo hasta el institucional. Las personas y el planeta no pueden esperar más.
Manifestamos nuestra voluntad y compromiso de cumplir con la parte que nos toca, pero al mismo tiempo esperamos de los poderes públicos la altura de miras para abordar con la responsabilidad que les corresponde el cumplimiento de sus obligaciones que permita superar esta crisis de la mejor forma posible por el bien de todas y todos. Los poderes del Estado emanan del pueblo español en el cual reside la soberanía nacional. El Estado de Derecho es la garantía de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, por lo que seguiremos trabajando por su fortalecimiento y por la construcción de una sociedad democrática avanzada que asegure un orden económico y social justo y una digna calidad de vida a todas y todos, en lo que no permitiremos Ni Un Paso Atrás.
FÓRUM de Política Feminista, 2 de Junio 2020.
Reseñas para un Pacto de Reconstrucción
• XXIX Taller del FÓRUM de Política Feminista 2019.: Dependencia y Cuidados.
• Agenda Feminista 18/19: Violencias Machistas y Pacto de Estado. El trabajo de los cuidados. Reparto social de los cuidados.
• XXV Taller del FÓRUM de Política Feminista 2015: Ecologismo. Política Social. Ingreso Mínimo Vital.
• XXIV Taller del FÓRUM de Política Feminista 2014: Fiscalidad
• Carmen Castro: Algunas reflexiones feministas sobre la Renta Básica: ¿una buena idea para la transformación social?
A/A Patxi López Álvarez,
Presidente de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19
1.- Situación actual: política, económica y social.
El escenario al que nos enfrentamos es incierto y plantea muchos interrogantes de los que, al menos nosotras, no tenemos respuesta sobre el qué pasará. La información está dosificada, en parte por el propio desconocimiento de cuál será el comportamiento del virus y la pandemia. Su afectación a la población dependerá (aunque no totalmente, del grado de cumplimiento de las medidas de protección es el principal remedio por el momento, por tanto, hay que ocuparse de facilitar las condiciones para que se cumplan por parte de la población mediante acciones de sensibilización y de control del cumplimiento, particularmente en establecimientos comerciales, mercados, centros de trabajo, edificios de las Administraciones Públicas, etc.) de que se encuentre una vacuna eficaz. Que además debe ser gratuita para a toda la población.
Durante el estado de alarma y confinamiento ha quedado patente sobre quién se sustenta la sociedad. Con la parálisis de la actividad no fundamental, ha sido la clase trabajadora, los servicios públicos y en gran medida las profesiones de cuidado, más feminizadas y más precarias quienes han hecho posible que lo básico siguiera funcionando. Lo esencial para el sostenimiento de la vida.
Mientras, el capital intenta aprovechar esta medida de encierro para reconfigurar nuevas formas de trabajo y modos de consumo. Estamos ante una reconfiguración del capitalismo y el liberalismo en la cuarentena, una oportunidad del capital que busca aprovechar esta crisis hiperexplotando el espacio doméstico. El imperativo que nos muestran como feliz y de superación es la casa-oficina-escuela donde se da la máxima productividad de puertas para adentro, todos los días de la semana y sin horario. ¿Quién puede asegurar que una vez pasada la emergencia sanitaria esos avances en la flexibilización laboral que atomizan a las personas trabajadoras, las despoja de la colectividad y que las precarizan aún más, vayan a retroceder y cambiar? Es un escenario perfecto, ahorro total de costes (luz, espacio, ponemos las herramientas, pagamos el alquiler) mientras cuidamos de hijos e hijas, personas dependientes y libramos al estado de servicios públicos básicos (educación infantil, cuidado a dependientes), incluido el transporte. Este escenario social, laboral y de cuidados tiene una cara perdedora: la de las mujeres, por lo que la perspectiva feminista aquí es clara y necesaria para no salir de esta crisis con más desigualdad con la que entramos.
El escenario político mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, donde el Poder Ejecutivo ejerce un poder absoluto legal y constitucionalmente otorgado por convalidación en el Congreso. El Mando Único. Con una oposición destructiva, peleando no ya solo por el desgaste del Gobierno, radicalizando su discurso al extremo, sino también trabajando en favor del Capital y del Neoliberalismo, haciendo de portavoces de Empresas y Capital y manipulando para que la opción del futuro posible sea el totalitarismo y el capitalismo controlador. Y ellos al mando de la nave.
En el plano económico es una crisis brutal, y más para el modelo económico que se nos ha implantado basado en los servicios, la explotación de los recursos naturales, consumismo al menor coste posible, incluidos claro está los costes laborales y eliminando casi en su totalidad la industria. Una economía neoliberal que ha hecho de los servicios, la educación, los cuidados de personas mayores y la sanidad su negocio más lucrativo, como tristemente hemos comprobado con las residencias de personas mayores y la avaricia empresarial que ha llevado su gestión y que ha costado miles de vidas humanas, mientras sus beneficios no paran de crecer. Y por otro lado, como vemos, los hospitales privados cerrados y presentando ERTES mientras los hospitales públicos se encuentran colapsados con una merma de camas, la atención primaria desbordada y el permanente déficit de los servicios de Salud Pública, falta de profesionales, todo ello generado en años anteriores con un déficit de financiación.
La UE tacañea recursos mientras los países más sacudidos le exigimos ayuda solidaria para las necesidades a corto plazo y también para hacer frente a las repercusiones estructurales que va a conllevar la pandemia a corto, medio y largo plazo sobre la sociedad, el empleo y la economía.
La respuesta no está siendo como se esperaba del reparto de la deuda, sino un Plan de Rescate para asistir a estados, empresas y trabajadoras/es. Otro Plan de Rescate o Préstamo que gravarán más las finanzas del país
Estos son los Pronósticos según el FMI para España:
• La deuda alcanzará hasta el 113,4 % de su producto interior bruto (PIB) este año y el 114,6 % en 2021, como consecuencia de las medidas fiscales que el país tendrá que tomar para luchar contra la pandemia.
• El déficit público español casi se cuadruplicará, al pasar del 2,6 % del PIB en 2019 al 9,5 % 2020, para bajar en el próximo ejercicio hasta el 6,7 %.
• La economía española caerá un 8 % y la tasa de desempleo aumentará seis puntos, hasta el 20,8 %, este año.
• Según informe de la OIT, en nuestro país, en el mes de marzo, los efectos directos del COVID-19, sobre el mercado de trabajo han sido de 4.2 millones de personas, de las cuales 900.000 personas han perdido su empleo, 2.6 millones de trabajadoras/es han sido afectados/as por ERTES. Medio millón de autónomos/as han solicitado acogerse a la ayuda estatal por caída de ingresos y 250.000 asalariadas/os se encuentran en situación de IT por cuarentena o contagio.
Toda esta situación se suma al ya de por si mercado de trabajo precarizado y desregularizado. Los empleos que más van a tardar en recuperarse (de seguir con este modelo productivo), serán los del sector turístico, sector que representa el 14,6% del PIB con más de 2,8 millones de empleos, lo que representa el 12% del empleo total. El 56% de la mano de obra del sector servicios es femenina y con unas condiciones laborales basadas en la discriminación y precariedad tal y como vienen denunciando, por ejemplo, el colectivo de las Kellys.
Con este escenario de crisis sanitaria, política y económica, la sociedad se plantea el futuro, una inquietud que todo el mundo tiene mientras se intenta acabar con la pandemia.
Sobre la mesa está el trabajar por un Acuerdo de Recuperación del País, un gran acuerdo, el más amplio posible para el que se quiere contar con todas las Administraciones, Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde estén presentes todos los grupos políticos del Congreso, agentes sociales y entendemos que ahí debe estar el movimiento Feminista, que debe intervenir en las iniciativas encaminadas a la recuperación y que esta nos ponga en pie de igualdad a toda la sociedad incorporando la necesaria y obligada perspectiva feminista. A tenor de las personas y entidades que van a comparecer ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, volvemos a constatar la ausencia del movimiento feminista, con lo cual no se va a garantizar la perspectiva de género que visibiliza las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, es decir a más de la mitad de la población española.
El enfoque feminista en este acuerdo de recuperación de país, se hace más necesario que nunca, ya que esta crisis ha puesto de manifiesto las situaciones de desigualdad estructural entre mujeres y hombres que desde hace décadas viene denunciando el movimiento feminista, en momentos de crisis como la actual, se ha puesto de manifiesto no solo cuales son los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad y, estos, tienen que ver con el sostenimiento de la vida, con poner la vida de las personas y del planeta en el centro de las políticas públicas sino como, los trabajos de cuidados dentro de los hogares que durante el confinamiento han aumentado con los colegios cerrados, las abuelas y los abuelos sin poder hacerse cargo de las criaturas, etc. sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. La salida de esta situación de crisis sanitaria, social, económica y medioambiental, debe contar con las propuestas feministas, porque no puede haber recuperación sin contar con la mitad de la población que son las mujeres.
Hay mucho en juego. El capital intentará aprovechar esta medida de encierro para reconfigurar nuevas formas de trabajo, los modos de consumo, y los parámetros de ingreso. Y el pacto debe servir para frenar los deseos neoliberales de una vuelta más de tuerca al modelo y llevar al país a un estado social y de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
El modelo actual estaba ya puesto en cuestión y varias han sido las luchas que han puesto en entredicho la legitimidad del modelo neoliberal actual. ¿Cómo hubiésemos enfrentado la pandemia sin la politización previa por parte del movimiento feminista de los cuidados, el trabajo invisibilizado, las tareas reproductivas, la feminización de determinadas profesiones y su precariedad?
Y ahora estamos en alerta porque el fin de la pandemia nos puede traer una situación de mayor vulnerabilidad, con posibles aumentos de las violencias machistas, de impagos de alquileres e hipotecas de vivienda, de bienes y servicios, unido a más desempleo, pobreza, exclusión y una deuda de Estado sin precedentes. Endeudamiento público y privado. Crisis que golpea más fuerte a quienes menos recursos tienen y a quien está en situación de mayor desprotección y desigualdad. Y las mujeres no partimos de situación de igualdad.
Pero, el fin de la pandemia, nos puede traer un nuevo modelo social que tenga en cuenta las necesidades de las personas y del planeta, poniendo la vida en el centro, con un reparto de la riqueza, y mayor igualdad entre mujeres y hombres. La pandemia, ha puesto de manifiesto los límites del sistema económico neoliberal que no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades de la población y menos aún de las mujeres, están más centrados en sus beneficios empresariales como ha quedado puesto de manifiesto por ejemplo con la gestión de las residencias de personas mayores. Todas las crisis, pueden suponer también nuevas oportunidades, ha llegado el momento de un nuevo modelo social, basado en las necesidades de las personas, respetuoso con el planeta y con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
2.- Cómo afecta esta crisis a las mujeres.
Mujeres y hombres no partimos de la misma casilla de salida y por ello nos afectarán de forma desigual las medidas y/o acuerdos que se vayan implementando. En este sentido, es pertinente traer aquí las recomendaciones de ONU MUJERES:
Una respuesta efectiva frente al COVID19 requiere reflejar las dinámicas por sexo.
Asegurando la disponibilidad de datos por sexo y el análisis feminista de estos.
Datos por sexo, edad, discapacidad, para conocer cómo evoluciona la situación incluidas las tasas diferenciadas de infección, los impactos económicos y la carga de cuidados diferenciado.
Y la incidencia de violencia machista y sexual.
A lo que debemos añadir la necesidad de conocer con datos desagregados la evolución durante la pandemia de los datos por sexo, unidad familiar (señalando también las familias monomarentales)
- Necesidad de incluir a más mujeres en la toma de decisiones como ya ha sido puesta de manifiesto por diversos organismos internacionales.
- Datos de empleo tanto de trabajadores/as asalariados/as como de autónomos/as.
- Número de prestaciones por desempleo y seguridad social.
- Número de personas beneficiarias de las prestaciones especiales puestas en marcha.
- Número de mujeres acogidas y las prestaciones derivadas de una situación de violencia machista, al igual que por violencia sexual, incluyendo las mujeres en prostitución.
- Datos desagregados de las personas que han hecho uso de la reducción de jornada, adaptación del horario o permiso por cuidados de menores o dependientes a cargo.
- El uso de los aplazamientos del pago de los gastos relacionados con la vivienda y otros servicios básicos.
Es necesario realizar estudio de impacto de género de todas las medidas que se han puesto en marcha así como de las que se tendrán que implementar para la salida de la crisis, para conocer cómo afectan a las mujeres en cuanto a la deuda, la vivienda, el empleo, las cargas de cuidados y la salud, en definitiva, sobre sus vidas.
3.- Acciones y Propuestas
INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)
Hay más de un millón de hogares sin ningún tipo de ingresos.
El IMV siempre ha constituido para el Movimiento Feminista una herramienta para modificar el orden de género establecido, teniendo en cuenta la segregación laboral, la realidad social y del mundo del trabajo. Es imprescindible tener una perspectiva feminista. Pero no puede ser sustitutivo de nada. Son los servicios públicos los que deben trabajar para el sostenimiento de la vida y la recuperación social. Reorganizando y redefiniendo los servicios públicos, repensando la sociedad como un espacio sin roles. La renta básica no debe sustituir a lo público, pero sí dar suficiencia económica que aleje a las mujeres de situaciones de dependencia/ y/o vulnerabilidad frente a todo tipo de violencias, y de abusos empresariales en el entorno laboral. El Ingreso Mínimo Vital es un instrumento, no es único ni un milagro, sólo una herramienta para la igualdad.
En estos momentos el debate se centra en aprobar una Renta vital permanente o una renta mínima temporal. La situación es excepcional y en este contexto:
- La renta debe ser de emergencia, que aporte liquidez de subsistencia y aborde una situación de crisis por urgente necesidad social y no universal.
- Que perdure como puente hasta la aprobación del IMV definitivo.
- Se debe considerar un derecho subjetivo, por lo tanto, es Individual y no por unidad familiar.
- Detraído de los ingresos por impuestos en los Presupuestos Generales del Estado y no de la Seguridad Social.
“El IMV sería un punto de partida interesante para ampliar el foco pro-positivo integrando otras propuestas complementarias en un Plan de Acción y Emergencia Social orientado al cambio estructural, teniendo en cuenta que será necesario abordar la eliminación de la división sexual del trabajo y los mecanismos y estructuras que sostienen la desigualdad de género.” Carmen Castro.
TRABAJO Y EMPLEO
¿Quiénes y qué sostienen a la sociedad en la cuarentena? Los cuidados, las tareas de limpieza y mantenimiento, los múltiples trabajos del sistema de salud y de agricultura. Son la infraestructura imprescindible. Es aquello de lo que no podemos prescindir para que la vida y la sociedad continúen.
Estos trabajos que se han demostrados irreemplazables y esenciales tienen una tasa de feminización que alcanza el 90% en algunos sectores como las residencias de personas mayores, la ayuda a domicilio, el comercio de alimentación, los servicios salud, los servicios sociales… Trabajos que soportan la máxima precariedad y el abuso empresarial.
Estas ocupaciones esenciales deben tener un tratamiento diferenciado en el orden laboral, con garantías de dignidad en las condiciones de empleo.
- Catalogar normativamente estos trabajos y profesiones como esenciales otorgándoles seguridad jurídica en cuanto a unas condiciones mínimas: especial protección legal ante el fraude en la contratación o en las condiciones de abuso patronal. (Especial sanción a patronales abusadoras).
- La reducción general de la jornada de trabajo, trabajar menos horas, para trabajar más personas.
- Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en estos servicios declarados esenciales.
- Ratificación del Convenio 189 de la OIT referido a la protección del Trabajo en el Hogar.
- Ratificación del convenio 190 de la OIT relativo a la lucha contra la violencia en el mundo del trabajo.
- Destapar y considerar como trabajos por cuenta ajena todos aquellos trabajos realizados a través de plataformas desarrollados por falsos autónomos.
- Acelerar la igualdad en los salarios, reforzar el papel de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento del Real Decreto-Ley 6/2019.
- Sustituir el trabajo de cuidados no pagado por trabajo remunerado y servicios públicos.
- En España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes al 15% del PIB y a 16 millones de personas trabajando 8 horas/día (OIT, 2018). El cumplimiento del Objetivo 5.4 de Desarrollo Sostenible en 2030 y la aplicación de las recomendaciones del Informe Trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significaría incluir en las estadísticas el trabajo no pagado de cuidados e invertir 40.800 millones de euros para sustituirlo por un millón de empleos decentes en la educación -particularmente en la etapa de 0 a 3 años- y la atención a la dependencia.
- Reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida.
- Reforzar la Inspección de Trabajo aumentando su plantilla y seguimiento y cumplimiento de la normativa laboral con perspectiva feminista. Especial atención a las empresas de servicios múltiples, centros que signifiquen cuidados, trabajos a la comunidad, salud y empleo doméstico.
- Reforzar el emprendimiento femenino, el fomento del cooperativismo de mujeres, el apoyo a las mujeres rurales emprendedoras quitando trabas burocráticas para iniciar actividades.
- Apoyo con un programa de consolidación a las empresarias existentes para que, a causa de esta crisis no tengan que cerrar y caigan con ellas sus economías familiares, tanto apoyándolas con ayudas económicas como con formación y mentoring y acompañamiento para adaptar sus negocios a la situación y salir adelante gracias a la transferencia de conocimiento e innovación.
Uno de los mayores problemas del trabajo de los cuidados es la economía sumergida. Las medidas gubernamentales para las empleadas de hogar, muchas de ellas cuidadoras de niños y niñas y personas mayores no han tenido la repercusión necesaria por ejercer sus trabajos sin estar dadas de alta, y, en muchos casos estar en situación administrativa irregular.
La regularización de situaciones de personas migrantes hoy en día irregulares, que se podía haber hecho y creemos se puede hacer con suma facilidad y evitaría que, o se queden sin trabajar o lo hagan en la economía sumergida. La regularización de estas/os trabajadores/as en situación administrativa irregular, vendrá a dar respuesta a las demandas de los empresarios/as del sector agrícola con la falta de mano de obra nacional. Proponemos:
- Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en servicios y ocupaciones declarados esenciales
- Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la empleadora (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo
- Refuerzo del empleo público. Tasas de reposición, agilidad OPE, acabar con la precariedad en el empleo público, bolsas en el sistema público de salud en todas las Comunidades Autónomas, contratos por horas y sustituciones.
SERVICIOS Y GASTOS PÚBLICOS
Los servicios públicos son esenciales para la igualdad social y la democracia. Deben estar suficientemente dotados, ser eficaces y eficientes, mantenidos con empleo en condiciones laborales que supongan estabilidad. En tiempos de crisis se presentan como los garantes de otorgar una cobertura a la ciudadanía golpeada por la misma y deben tener la robustez suficiente para hacer frente a situaciones como la que estamos viviendo.
También en las administraciones públicas la segregación laboral existe y son las mujeres las encargadas en un alto porcentaje, de realizar las tareas de servicios a la comunidad, limpieza y cuidados sufriendo las peores condiciones laborales y un índice de temporalidad muy elevado. También en lo referente a las trabajadoras de la Salud y Servicios Sociales.
Las tasas de reposición deben ser eliminadas y sustituidas por un estudio racional de cobertura de necesidades de empleo, reestructuración de plantillas desviando los recursos a lo más necesario para cubrir la necesaria atención a la salida de la crisis y la cobertura necesaria de vacantes. (Ej: el colapso en el SEPE, la Seguridad Social y el SAE por los ERTES. Deberían haberse entendido como servicios esenciales, desviando efectivos de otras dependencias administrativas a la tramitación de la prestación por desempleo).
En la tremenda realidad vivida de la situación de las residencias de mayores, la alta mortandad por COVId19 de las personas usuarias de las mismas y la ocultación y la mala praxis de las empresas concesionarias del servicio, movidas por la avaricia empresarial, se esconde también explotación laboral en la mayoría de los casos. La situación que ha levantado la epidemia no se debía de haber producido si los poderes públicos hubiesen actuado firmemente con sus servicios de inspección, tanto de servicios sociales como de la Inspección de Trabajo. Por consiguiente, proponemos:
- Refuerzo de la Inspección por parte de las administraciones sobre las actividades privadas que conlleven cuidados. guarderías, ludotecas o residencias de mayores y dependientes. .
- Plantillas adecuadas en los servicios que cubran la necesaria atención a la sociedad para la salida de la recuperación social.
- Ampliación de estos servicios a la comunidad y de cuidados con gestión pública.
- Desviación de los presupuestos y gastos armamentísticos no comprometidos a paliar las consecuencias de la COVID-19.
- Bonos europeos como prioridad de para hacer frente al desgaste de las arcas públicas ante la deuda que pueda generar el Plan de Rescate aprobado por la UE.
- Aumento del apoyo económico en I+D+I
SISTEMAS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA.
Los Sistemas Públicos de Educación, Salud, Servicios Sociales, Dependencia, pilares del Estado del Bienestar, se han visto irremediablemente afectados por los impactos de la pandemia y la situación Post-COVID. Esta crisis ha demostrado su importancia para la supervivencia de la vida humana, para la calidad de vida de la población, para la redistribución de los bienes y para la equidad. De ello se infiere que la sociedad precisa de un refuerzo extraordinario que disminuya los riesgos para la salud y para la equidad que se han hecho visibles en este caso. Un importante refuerzo de presupuestos, políticas, programas, medios materiales y profesionales.
Pero ese refuerzo y adaptación, no puede hacerse sin perspectiva de género. Sustituir la educación presencial por educación completamente online sin más, es obviar la sobrecarga que supone la enseñanza en casa para las familias, en especial para las mujeres, y las severas dificultades para la vida profesional ello puede suponer, además de aumentar la brecha entre la población con y sin recursos económicos. Y así con todos los servicios de cuidado.
En lo referido al sistema educativo, es esencial que se contemple esta perspectiva de servicio de cuidado, pero, además, es preciso que, en el marco de un modelo educativo basado en la equidad como valor máximo, se refuerce la presencia en el currículo de la perspectiva coeducativa y la educación en valores, en los materiales, en la formación del profesorado, familias y alumnado, y que se implementen políticas activas y programas para lograrlo. O sea, llevar a la práctica lo previsto en la Legislación de Igualdad para la Educación, para lo cual es necesario sustituir la LOMCE y elaborar una ley inclusiva e igualitaria, con participación y consenso de la Comunidad Educativa, sin que falte la aportación experta de las personas especialistas en Educación para la Igualdad.
CUIDADOS
Debemos construir una nueva normalidad con una nueva política. No queremos volver a la “normalidad” anterior, esa que nos ha conducido a esta situación. Hacer de la cultura del cuidado un principio político que proteja todas las vidas. Partimos de la consideración de los cuidados como una necesidad social, asumida colectivamente y del trabajo del Movimiento Feminista por hacer visible esta realidad señalando la carga que supone para las mujeres la falta de corresponsabilidad y la insuficiente apuesta de los poderes públicos por desmontar los mecanismos que generan la desigualdad de los sexos en este sentido.
La situación que provoca la crisis sanitaria ha supuesto un cambio en las condiciones en las que se atiende a las y los menores y personas dependientes, al estar cerrados los centros de día y los centros educativos. Esto puede suponer un importante retroceso en el papel de cuidadoras de las mujeres que se adjudica de manera natural y contra el que estábamos ganando pequeños avances.
Los cuidados en nuestro país necesitan de una Reorganización y de unas Políticas Públicas con dotación económica suficiente. Este estudio del Instituto de Estudios Fiscales demuestra que es posible establecer el derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos.
Pero el momento es de emergencia y la necesidad ahora es paliar de forma urgente las consecuencias de la crisis, pero debemos sentar las bases para un futuro de reconocimiento de derecho a la atención.
Deben implementarse medidas de políticas públicas para que los cuidados no se queden en el ámbito de lo doméstico y dejen de recaer mayoritariamente en las mujeres. Por ello proponemos:
- Medidas de dignificación del empleo de las trabajadoras del hogar. Régimen fiscal específico a para las personas empleadoras.
- Especial protección a las profesiones de cuidados demostradas esenciales en la crisis.
- Servicios de cuidados profesionales y públicos como garantía de la calidad de la atención y a su vez de empleo en condiciones decentes, directo y no deslocalizable.
- Plan especial y continuo de atención a la salud de las personas cuidadoras y del ámbito sanitario, potenciando y evaluando los ya existentes en los ámbitos de servicios sociales y sanitarios para prevenir las consecuencias físicas y psíquicas que implica el rol de cuidados.
Las comunidades autónomas y corporaciones locales deben centrar esfuerzos en la situación de las personas mayores y dependientes en las residencias de gestión privada teniendo especial celo en la inspección de las mismas, máxime cuando el régimen sea de concertación pública.
La concertación de estos servicios o la proliferación del negocio puramente privado en el “sector servicios” ha sido ejecutado por empresas que centran su actividad sólo basadas en la economía de mercado, hemos podido comprobar cómo el triunfo de sus ganancias ha supuesto un fracaso social cobrándose muchas vidas, debemos aprender para evitar que vuela a suceder. Por ello, proponemos:
- Aumentar los centros de gestión pública directa.
- Rescate del servicio por la administración pública de aquellas residencias donde se compruebe negligencia, falta de atención a las personas ingresadas o abusos laborales.
VIOLENCIAS MACHISTAS
La pandemia he dejado en evidencia que las violencias machistas se agudiza con la crisis, las mujeres y las niñas y niños menores quedan encerradas al haberse quedadas confinadas con sus maltratadores que se han sentido más impunes, por la mayor dificultad de ellas para abandonar el domicilio, romper la relación y dificultades para e interponer denuncia. El confinamiento, en muchos casos, ha encerrado a las víctimas de violencia machista con sus maltratadores, en el tiempo del distanciamiento social, muchas mujeres se ven obligadas a convivir las 24 horas con su maltratador, bajo el mismo techo sin la posibilidad de que esa convivencia pueda ser interrumpida por otra actividad que no sea la de permanecer en casa, por lo que podemos decir que están afrontando dos pandemias: el COVID-19 y la violencia machista.
El número de llamadas al 016 durante el pasado mes de marzo se incrementó hasta convertirse en el más alto de los últimos tres años.
Por las distintas administraciones se han tomado algunas medidas para facilitar la denuncia y ayuda a las mujeres víctimas: Considerar esenciales los servicios de apoyo a las víctimas, aplicaciones para móviles como AlertCop, teléfonos de atención por WhatssApp y la contraseña Mascarilla 19 en las farmacias. Además proponemos que:
- Las medidas que se implementen, deberían cambiar la mirada y no ponerla tanto en las mujeres sino en los maltratadores visibilizándolos, para no caer en la doble victimización de las mujeres.
- Seguimiento continuo de las mujeres que durante el periodo de confinamiento se han puesto en contacto con las distintas administraciones solicitando asistencia.
- Poner en marcha una red de alquileres sociales para las mujeres y sus hijas e hijos.
- Recuperación integral de las mujeres y sus hijas e hijos.
- Realización de estudios longitudinales para ver la evolución de las mujeres supervivientes de las violencias machistas.
- Ampliar el número de las viviendas y servicios destinados a la de protección y acogida de las mujeres víctimas de violencia.
- Implementar los servicios jurídicos y de asesoramiento gratuito. Se preste Atención Integral obligatoria por parte de las Comunidades Autónomas, los Cabildos y los Ayuntamientos.
- Reforma de la Ley 1/2004 para que todos los tipos de violencia se vean reflejados y tengan el mismo grado de protección.
- Aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de CEDAW.
- En el plan de empleo que se implemente contemplar medidas de acción positiva para mujeres supervivientes de las violencias machistas.
- En un excesivo número de casos, se dictan sentencias desde los órganos judiciales que se alejan de una posición de protección a la mujer víctima, llegando a culpabilizarla o cuestionarla y aplicando laxamente las penas en las sentencias por violencia sexual o asesinato machista. Es necesario que exista un órgano en el seno del CGPJ que revise las sentencias judiciales patriarcales con clara perspectiva feminista, con formación adecuada. Es necesario garantizar que se juzgue con perspectiva de género para evitar el sesgo patriarcal en las sentencias judiciales, para lo cual es preciso mejorar el nivel de formación de los operadores jurídicos que intervienen en todo el proceso judicial, impulsando las medidas que desde el Consejo General del Poder Judicial se puedan tomar para garantizar que la igualdad y la justicia como valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico consagrados en el Artículo 1 de la Constitución Española sean una realidad.
ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN
El movimiento feminista es abolicionista de la prostitución. Hemos mostrado la necesidad de una ley Integral abolicionista que debe ser aprobada cuanto antes. La situación de emergencia sanitaria ha puesto en escena un recrudecimiento de la situación de explotación y violencia que sufren las mujeres. Por ello es necesario tomar medidas puente, provisionales y urgentes.
La crisis sanitaria a causa de la COVID-19 ha agudizado aún más la situación de las mujeres en situación de prostitución y de trata con fines de explotación sexual. Aunque se han puesto en marcha algunas medidas, éstas se han manifestado ser insuficientes.
Las mujeres en situación de prostitución Están siendo obligadas por sus proxenetas a seguir manteniendo sexo con los “clientes”, a pesar de la pandemia y la prohibición que esta conlleva de las prohibiciones que la situación de alarma conllevaba. Otras mujeres se encuentran sin ningún tipo de ingreso al no recibir ayuda alguna.
Muchas otras son obligadas a pagar alojamiento y manutención a sus explotadores por lo que su situación empeora en estado de confinamiento, aumentando la deuda que ellos les imponen. Dadas estas circunstancias, proponemos:
- Recursos para las mujeres prostituidas. Ingreso Mínimo Vital.
- Cierre total de todos los locales de explotación sexual.
- Alojamientos/Refugios seguros para mujeres para las mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual. Garantizar el cumplimiento del Convenio de Varsovia, ratificado y por tanto de aplicación directa en nuestro Ordenamiento Jurídico. Por consiguiente, crear los recursos alojativos que faltan en aquellas provincias que carecen de ellos o resultan insuficientes para acoger a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como los centros y sus respectivos servicios de atención integral que garanticen el respeto a sus derechos, su inclusión y el ejercicio de la ciudadanía plena.
- Planes de empleo específicos para mujeres que abandonan el sistema prostitucional.
- Inclusión a las mujeres prostituidas en las medidas contra las violencias machistas.
- Acceso al sistema público de salud de aquellas que lo tengan, asesoramiento legal y jurídico.
- Regularización de las mujeres migrantes en situación prostitucional que se encuentren en situación irregular garantizando su residencia en España y evitando su deportación.
CUIDADO DEL PLANETA
El distanciamiento social es un elemento fundamental para parar la epidemia y por ello los espacios que comúnmente muestra aglomeraciones se muestran como un peligro sanitario.
Uno de esos espacios es el transporte público que sufre de aglomeraciones en horas punta y espacios cerrados.
Las ciudades deben anteponer y fomentar otros tipos de medios de movilidad individual y facilitar que el uso de la bicicleta y otros medios de transporte ecológicos se muestre como la mejor opción como alternativas no ya sólo para proteger la salud pública sino para el medio ambiente, eliminando contaminación que hace padecer afecciones respiratorias, factores de riesgo para el COVID19.
Debemos adoptar un nuevo modelo productivo que implique un modelo de consumo más local y/o nacional, esto implica menos emisiones de CO2 de dióxido de carbono y otros contaminantes a la atmósfera. Las ayudas económicas que se implementen para la reactivación de la economía, deben tener en cuenta el impacto medioambiental previniendo la tentación de volver a un modelo desarrollista que ofrezca soluciones rápidas pero comprometa el futuro de la vida y el planeta.
Implementación de la Agenda 2030 impulsando decididamente el diseño y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Urge la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que tiene como objetivo la descarbonización de la economía española para 2050 cumpliendo así los compromisos adquiridos frente a la UE y en el Acuerdo de París. Urge aplicar las medidas y desarrollar las leyes que garanticen la descarbonización de la economía española cumpliendo los plazos y los compromisos adquiridos frente en el Acuerdo de París.
En la nueva situación mundial donde la movilidad de mercancías entre países se restringe y nos ha hecho reconocer la necesidad de promover la soberanía alimentaria y el refuerzo del sector agrícola que genera riqueza y empleo, debiendo promover la innovación para garantizar la productividad y competitividad del mismo impulsando su transformación así como su sostenibilidad.
FISCALIDAD
Los elementos económicos de la crisis pandémica traen consigo un esfuerzo del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria y social, tomando medidas de desviación de recursos hacia el objetivo principal de la recuperación social y económica del país tras la caída tan brusca que estamos sufriendo y que tanta repercusión está teniendo en las condiciones y calidad de vida de la gente.
Este aumento de los gastos del Estado debe ser paliado en el menor tiempo posible con aumento de ingresos, más allá de las aportaciones de la UE, que a la larga conllevará un aumento de la deuda del Estado, la fiscalidad debe ser un factor principal clave para este objetivo.
Es necesaria, una nueva política fiscal para aumentar los ingresos públicos. Para ello proponemos:
- Eliminación de la casilla de la aportación a la Iglesia en la Declaración de la Renta y la correspondiente al 2019 desviarla a la recuperación del país y las medidas que se vayan tomando.
- Obligación de pago de impuestos de la Iglesia Católica y de todos aquellos estamentos que tengan reducida/condonadas/bonificadas sus aportaciones fiscales.
- Una fiscalidad de IRPF progresiva y que sea destapada en sus niveles altos. En la actualidad se encuentra en los 45.000€.
- Deducción fiscal a las familias monomarentales.
- Aumento significativo de la tributación, actualmente al 1%, de los rendimientos que la SICAV, que deberán tributar al igual que rentas individuales.
- Aumento de la tributación de los rendimientos del capital de grandes fortunas. (Actualmente tributa al 19% para importes de hasta 6.000 euros. A partir de 6.000 y hasta los 50.000 euros ganados se paga el 21%, y a partir de 50.000 euros, hay que tributar por el 23% a Hacienda)
- Deducciones fiscales especiales a empleadoras y empleadores de trabajadoras/es del hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la/el empleadora/or (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo.
- Que el Rey emérito rinda cuentas y proceda al ingreso de las comisiones obtenidas en la arcas públicas y se tomen las medidas para ingresar en las arcas públicas lo indebidamente percibido.
- Que se ajuste el presupuesto de la Casa Real adaptándose al contexto de crisis dando muestras de ejemplaridad en su gestión económica.
- Perseguir y poner fin a los paraísos fiscales.
- Que aquellas empresas que dispongan de fondos en paraísos fiscales no puedan ser beneficiarias de ayudas y bonificaciones procedentes de las administraciones públicas españolas.
MODELO PRODUCTIVO
Es necesario en este momento hacer también una reflexión sobre el cambio de modelo productivo apostando por un modelo empresarial más local y/o nacional que rebaje la dependencia de las importaciones en bienes y servicios imprescindibles en situaciones de emergencia y necesidad, hecho que se ha demostrado con esta crisis sanitaria muy grave (mascarillas, respiradores, productos farmacéuticos o de higiene... etc).
Es necesario no solo recuperar la actividad industrial deslocalizada, sino también apostar por una industria transformadora que permita que el valor creado con los productos del sector primario se incremente mediante su transformación dentro de nuestro país
El tejido productivo de España es tan débil que no tiene garantizado los suministros básicos. La economía basada en los servicios y el turismo y la destrucción masiva de nuestras industrias nos ha hecho dependientes de otros países y economías más industrializadas, situación que ahora nos abre a un necesario cambio de paradigma y de modelo productivo después de décadas de deslocalización de las industrias con el fenómeno de la globalización. Debemos buscar un equilibrio entre la seguridad y la libertad económicas para garantizar la satisfacción de las necesidades y el ejercicio de los derechos de todas y todos.
La crisis económica de 2008 y la actual crisis sanitaria están demostrando que la economía de nuestro país es frágil por causa de su deslocalización y desindustrialización. También por la privatización sistemática del tejido empresarial con la pérdida de soberanía que ello conlleva, dificultando la toma de decisiones al depender casi por completo de terceros para la supervivencia del tejido empresarial.
Es necesaria una reinvención de nuestro modelo económico sobre nuevos pilares que garanticen la supervivencia del tejido productivo y nos protejan frente a los riesgos de los que desde hace mucho tiempo nos vienen advirtiendo las mujeres y hombres de la Ciencia. Esta crisis no es un cisne negro, no nos engañemos. Era previsible y debemos asumir que no hemos hecho los deberes como demuestra el incumplimiento de los Objetivos del Milenio y el retraso en la implementación de la Agenda 2030, la cual sin el compromiso decidido de todas y todos tampoco se cumplirá. Para lograrlo es preciso asumir responsabilidades a todos los niveles, desde el individual, pasando por el colectivo hasta el institucional. Las personas y el planeta no pueden esperar más.
Manifestamos nuestra voluntad y compromiso de cumplir con la parte que nos toca, pero al mismo tiempo esperamos de los poderes públicos la altura de miras para abordar con la responsabilidad que les corresponde el cumplimiento de sus obligaciones que permita superar esta crisis de la mejor forma posible por el bien de todas y todos. Los poderes del Estado emanan del pueblo español en el cual reside la soberanía nacional. El Estado de Derecho es la garantía de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, por lo que seguiremos trabajando por su fortalecimiento y por la construcción de una sociedad democrática avanzada que asegure un orden económico y social justo y una digna calidad de vida a todas y todos, en lo que no permitiremos Ni Un Paso Atrás.
FÓRUM de Política Feminista, 2 de Junio 2020.
Reseñas para un Pacto de Reconstrucción
• XXIX Taller del FÓRUM de Política Feminista 2019.: Dependencia y Cuidados.
• Agenda Feminista 18/19: Violencias Machistas y Pacto de Estado. El trabajo de los cuidados. Reparto social de los cuidados.
• XXV Taller del FÓRUM de Política Feminista 2015: Ecologismo. Política Social. Ingreso Mínimo Vital.
• XXIV Taller del FÓRUM de Política Feminista 2014: Fiscalidad
• Carmen Castro: Algunas reflexiones feministas sobre la Renta Básica: ¿una buena idea para la transformación social?
