13. Es necesario llevar a cabo reformas legales para garantizar un sistema de justicia independiente, efectivo e inclusivo, y para mantener los progresos logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad. La aprobación por el Congreso, en septiembre, de la reforma de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto núm. 32-2016) (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 16), ordenada por la Corte de Constitucionalidad (expediente núm. 5911-2016), resolvió un vacío legal existente en relación con la elección de los miembros del Consejo de la Carrera Judicial, asegurando un mayor grado de separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las reformas para despolitizar la selección de funcionarios judiciales claves no avanzaron (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 15). La necesidad de reformar el marco normativo de las comisiones de postulación se puso de manifiesto en un caso, presentado en enero por el Ministerio Público y la CICIG, en el que se denunciaba que un magistrado habría recibido una retribución económica para que apoyase la elección de algunos magistrados de las Altas Cortes14.
14. En los casos que entrañan crímenes de alto impacto o crímenes cometidos durante el conflicto armado interno se observaron prácticas dilatorias, como el uso excesivo de recursos judiciales, que dificultaron la adopción de una resolución final. Entre enero y octubre se presentaron 2.957 amparos ante la Corte de Constitucionalidad, de los cuales el 72% fue declarado sin lugar. La reforma a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad sigue siendo clave para contar con un procedimiento ágil que asegure una tutela judicial efectiva (véanse A/HRC/31/3/Add.1, párrs. 12 y 16 y A/HRC/34/3/Add.1, párr. 16).
15. La independencia judicial se vio afectada por presiones internas y externas al sistema de justicia15. Algunos jueces y juezas que denunciaron presiones de sus propios colegas fueron objeto de denuncias espurias ante los órganos disciplinarios internos16, como el juez Carlos Ruano, que fue sujeto a un procedimiento disciplinario en marzo por presuntas faltas éticas tras haber denunciado las presiones recibidas de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (a quien posteriormente se le retiró la inmunidad). Finalmente, el procedimiento fue desestimado17. Magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad que habían dictado resoluciones cruciales para preservar el orden constitucional también denunciaron haber recibido presiones, incluidas solicitudes de antejuicio en su contra y campañas para desprestigiarlos. También se vieron afectados jueces, fiscales y abogados involucrados en varios casos de alto impacto, al igual que las víctimas y sus familiares y algunas organizaciones de apoyo.
16. Se llevaron a cabo campañas de cabildeo para influir en la opinión pública y presionar a las Altas Cortes. En el caso de dos proyectos (los proyectos hidroeléctricos de Oxec y la mina San Rafael), que supuestamente fueron aprobados a pesar de que no se había consultado a los pueblos indígenas afectados, ciertos actores del sector privado pagaron campañas publicitarias en las que se pedía a los tribunales que no suspendieran las licencias de proyectos, argumentando que la suspensión tendría repercusiones negativas en el desarrollo económico.
17. Se han logrado ciertos avances en los procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto interno. En julio de 2017, un tribunal de apelación (expediente núm. 01076-2012-00021) confirmó la histórica sentencia sobre el caso Sepur Zarco, por la que se condenaba a dos exmilitares por crímenes de lesa humanidad (violación y esclavitud sexual) contra mujeres q’eqchi' (A/HRC/34/3/Add.1, párr. 7)18. En marzo, un juez llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes para enjuiciar a cinco exmilitares por crímenes de lesa humanidad en relación con la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, en 1981, y por violencia sexual contra su hermana Emma Molina Theissen (A/HRC/34/3/Add.1, párr. 19). En octubre, el caso del genocidio ixil se reanudó tras varios años de estancamiento (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 20) posterior a la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad en 2013 de revocar la sentencia contra Ríos Montt. En mayo, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos interpuso una denuncia por prevaricato contra tres exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad por dejar sin efecto la sentencia referida.
18. La mayoría de los casos de justicia de transición sufrieron demoras, entre ellos el caso Dos Erres (véase A/HRC/22/17/Add.1, párr. 37) y el caso del genocidio ixil, en los que se presentaron 42 y 37 amparos, respectivamente. Estos retrasos aumentan el riesgo de privar de justicia a las víctimas, especialmente si se tiene en cuenta la avanzada edad de los acusados y sobrevivientes. En el caso CREOMPAZ (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 6), se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en septiembre para dejar sin efecto el auto de apertura de juicio presentado en 2016, en el que se había excluido a 94 presuntas víctimas, privándolas potencialmente de acceso a la justicia. En marzo se retiró la inmunidad a uno de los acusados en este caso, diputado y fundador del partido oficial, quien eludió la justicia y se encuentra desde entonces prófugo.
19. Sigue siendo esencial adoptar medidas efectivas para garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado y la no repetición, entre otras cosas mediante el fortalecimiento del presupuesto y la efectividad del Programa Nacional de Resarcimiento. El Gobierno está ultimando el proceso de reparaciones individuales en el caso Chixoy, si bien las medidas de reparación colectiva han sufrido demoras (A/HRC/34/3/Add.1, párr. 21).
20. Continuaron los esfuerzos para eliminar las barreras culturales en el acceso a la justicia (véase A/HRC/34/3/Add.1, párr. 24). En particular, la Corte de Constitucionalidad siguió consolidando su jurisprudencia en lo relativo al reconocimiento de la jurisdicción indígena; así, por ejemplo, en junio confirmó la decisión de una autoridad indígena por la que se reconocían los derechos de propiedad colectiva de una mujer indígena en Nebaj (expediente núm. 943-2017). Además, en mayo, el Ministerio Público adoptó una política sobre acceso de los pueblos indígenas a la justicia y estableció una Secretaría de Pueblos Indígenas encargada de su implementación, monitoreo y evaluación. La Unidad de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial se fortaleció, alcanzando el nivel de Secretaría.
21. En julio se eligió al nuevo director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). La importante labor de esta institución en la recopilación de pruebas científicas para los procesos judiciales se ha visto obstaculizada por la insuficiencia de recursos financieros y humanos, frente a una demanda creciente de servicios especializados.
Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/3/Add.1
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