Ante la movilización feminista, lo requerido por el Comité CEDAW y el Convenio de Estambul, y la demanda social (la preocupación por la violencia machista creció del 1,8% al 4,6% en 2017 según el barómetro del CIS), el 15.11.16, el Congreso de los Diputados acordó por unanimidad la creación de una Subcomisión para elaborar una propuesta de Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En julio de 2017, tras 66 comparecencias y un intenso debate, aprobó 214 medidas, muy apoyadas en un aumento presupuestario de 200 millones de euros anuales durante los años 2018 al 2022, que en septiembre fueron ratificadas por el Pleno del Congreso. También el Senado creó una Ponencia con similares resultados. La Conferencia Sectorial de Igualdad reunió en diciembre a las Comunidades Autónomas y la FEMP y ratificó también el acuerdo, pero al cerrar estas páginas al final de febrero de 2018, el Gobierno no ha dispuesto aún el crédito presupuestario para su aplicación.
En las páginas de este libro dedicadas a Manifiestos Feministas en 2017 se refieren las acciones de incidencia de la Plataforma 7N a lo largo del año: los actos con los Grupos Parlamentarios el 24 de febrero y el 3 de noviembre, con más de 200 activistas participantes cada vez, la manifestación del 25 de mayo con el lema ‘sin presupuestos ni participación, las violencias machistas no serán Cuestión de Estado’, la sucesión de reuniones, actos de explicación y debate, los escritos a la Delegada del Gobierno para la violencia de género, al Consejo del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, al GREVIO, a Naciones Unidas, las concentraciones por cada asesinato y ante los casos de Juana Rivas y otros… y el Gobierno no responde, el aumento presupuestario y las otras 213 medidas no se aplican.
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