Las y los presentes firmantes, vemos con profunda preocupación que la Universidad del Azuay, y particularmente la Prefectura del Azuay, instancias que públicamente promueven los derechos humanos de las mujeres y que han pronunciado su compromiso para eliminar y erradicar la violencia hacia las mujeres, avalan el evento “I Congreso Nacional REDESVIDA, XIV Congreso Internacional De la Defensa de la Vida”
La Universidad, al prestar un servicio público impropio y el Gobierno Provincial, el ser una entidad pública, al igual que todas y todos los ecuatorianos, está llamada a respetar la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos, que entre otras normas se encuentra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, los derechos sexuales y reproductivos así como la salud integral.
Entre los mensajes publicitarios del evento mencionado en líneas anteriores, se encuentran alusiones específicas y directas en contra del feminismo, doctrina que promueve la equidad de género además, estos mensajes refuerzan estereotipos negativos hacia las mujeres en relación con el derecho humano a decidir, al cual realizaremos breves puntualizaciones en torno a la temática del Congreso.
De conformidad con el artículo 150 del COIP, en Ecuador el aborto no es punible, es decir es legal, en dos circunstancias: 1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios y 2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. El resaltado nos corresponde.
En este sentido, los organizadores del evento manifiestan lo siguiente: "Los embarazos no ponen a ninguna mujer al borde de la muerte, y aunque la ideología de género y el feminismo se esfuercen en hacernos creer lo contrario, un embarazo NO es una enfermedad. No existen embarazos mortales" Lo resaltado nos corresponde. Es importante mencionar que los embarazos Si ponen en peligro la vida de las mujeres, de hecho las estadísticas oficiales y acorde al estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y Salud Reproductiva realizado con el auspicio del Ministerio de Salud Pública, SENPLADES, UNFPA y Sendas se demuestra que la Mortalidad Materna es de 55 mujeres por cada 100.000 Nacidos Vivos, lo cual está muy lejos de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible-ODS, más del 80% de las muertes son prevenibles. Ahora mismo y de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública la cuarta parte de las muertes maternas o sea el 25% se deben a patologías preexistentes, estas mujeres deberían haber tenido la oportunidad de elegir la interrupción terapéutica de su embarazo porque su vida o su salud estaban en peligro, no tuvieron esa oportunidad y murieron de la manera más injusta.
El Estado Ecuatoriano obliga a las mujeres a continuar embarazos a costa de su vida pues no permite el ejercicio del derecho a elegir recogido en la Constitución.
En Ecuador, en el año 2016 se registraron 2960 embarazos de niñas menores de 14 años, esto equivale a 10 niñas violadas cada día. Entre 1990 y 2014, se han registrado 31551 embarazos de niñas menores de 14 años. Es innegable que el embarazo infantil o sea de niñas entre 9 y 14 años esconde violación e incesto.
Estas niñas fueron obligadas a continuar con un embarazo que no quisieron y a costa de su vida. La violación y el embarazo les robo su niñez, su adolescencia al no ser permitido el aborto por cuestiones religiosas, conservadoras y de cualquier orden.
Estas niñas pasaron de aprender a leer y escribir a ser señoras, madres y adultas.
Por otro lado, los y las organizadores del evento manifiestan que “el aborto por violación es discriminación”, es pertinente mencionar que el Ecuador ha sido observado por cinco comités de expertos de Naciones Unidas respecto del altísimo índice de violencia sexual, y vulneraciones al derecho a decidir al no permitir el aborto en caso de violación, por lo cual han recomendado por cinco ocasiones despenalizar el aborto en estos casos, pues la maternidad forzada es una violación a derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, libertad, y derecho a la vida,
La legislación internacional además considera que la maternidad forzada es una forma de tortura.
Los y las organizadores del evento señalan que:
“los anticonceptivos (DIU, píldora anticonceptiva, píldora del día después o anticonceptivos de emergencia, etc.) en realidad no evitan la concepción sino que son abortivos”.
Es inconcebible tal nivel de desinformación e ignorancia de los beneficios de los anticonceptivos. La planificación familiar, en su componente de anticoncepción, así como la educación sexual y el aborto legal, son parte de la estrategia más efectiva para disminuir morbilidad y mortalidad materna, embarazos no deseados, y abortos en condiciones de riesgo.
Respecto del método de anticoncepción de emergencia la ciencia ha demostrado en múltiples ocasiones que no tiene ningún efecto “antiimplantatorio”, ya que la evidencia científica demuestra que impide la ovulación y/o el encuentro del espermatozoide con el ovulo por el espesamiento de las secreciones uterinas.
Este efecto se lo constata hasta 120 horas después de la relación sexual, no se genera ningún producto gestacional. Si la fecundación y la implantación se han realizado la Anticoncepción de Emergencia no tiene ningún efecto.
Resulta irresponsable difundir esas afirmaciones en un país que presenta índices de violencia sexual (violación) altísimos, en donde suministrar anticoncepción de emergencia es un derecho; y en donde, además, Ecuador, es el segundo país en la región con altos índices de embarazo adolescente.
Quienes suscribimos la presente misiva, vemos con preocupación que la Universidad, centro del pluralismo ideológico, de pensamiento, de ciencia, facilita espacios para el retroceso de derechos. Es sorprendente además que permita este evento en el mismo campus universitario en donde hace un par de meses atrás trabajamos en el Primer Programa de Derechos Humanos y Género.
Preocupa el apoyo que brinda una institución pública como es la Prefectura del Azuay, que cuenta con normativa provincial para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas, incluyendo el derecho a decidir a la interrupción del embarazo en caso de violación y el matrimonio igualitario.
Así mismo mencionamos, que la libertad de expresión, la libertad de credo, no pueden ni deben ser usados como medios para vulnerar derechos difundiendo mensajes discriminatorios hacia las mujeres en donde entre líneas se insinúa una imagen de mujer que aborta por deporte y peor aún se reniega de métodos anticonceptivos generando contextos que criminalizan a las mujeres por tomar decisiones en su cuerpo y en su vida, lo cual está garantizado en la Constitución ecuatoriana.
Finalmente, en virtud del artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, que regula el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas; y en concordancia con el artículo 10 literal e) de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; denunciamos a la opinión pública y rechazamos enfáticamente el apoyo brindado por parte de la Universidad del Azuay y la Prefectura del Azuay al evento “I Congreso Nacional REDESVIDA, XIV Congreso Internacional De la Defensa de la Vida”
Sin otro particular, suscribimos,
• Asociación Aequitas.
Nos adherimos:
• Fundación Desafío.
• Fundación Surkuna.
• Fundación SENDAS.
• Colectivo PRODH.
• Frente de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
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