Desde la década de los 80, activistas por la justicia económica han generado un importante tipo de conocimiento en cuanto al impacto perjudicial de las políticas neoliberales sobre la población pobre del mundo (cuya vasta mayoría son mujeres). De la misma manera, el movimiento global de mujeres contribuyó a la comprensión de formas específi cas en las que el neoliberalismo amenaza los derechos de las mujeres. Por ejemplo, MADRE, organización internacional de mujeres pro derechos humanos, indica que si bien los gobiernos han renunciado a la responsabilidad de proveer servicios básicos, las instituciones religiosas han asumido la tarea de proporcionar servicios de salud que violan los derechos humanos al oponerse a brindar una variedad de servicios de salud reproductiva.
Las preocupaciones de las Mujeres Indígenas en cuanto al neoliberalismo no han sido refl ejadas en las iniciativas para avanzar ni en el tema de la justicia económica, ni en los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, el impacto devastador de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) sobre la provisión de servicios a la población más desfavorecida (especialmente las mujeres) que ha recibido bastante atención, se concentra en poder satisfacer las necesidades básicas de los servicios de salud, educación, agua y otras necesidades. Las Mujeres Indígenas comparten este problema y se han organizado para demandar a los gobiernos la responsabilidad de satisfacer las necesidades básicas de la población según lo indica, por ejemplo, el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.48 Sin embargo, las Mujeres Indígenas también enfatizan que incluso antes que fueran impuestos los programas de ajuste estructural, las comunidades indígenas no tenían acceso a servicios estatales como educación, servicios de salud, infraestructura o programas de empleo.
De la misma manera, las Mujeres Indígenas resaltan que para que las políticas económicas y de medio ambiente sean efectivas en lo que refi ere a proteger a las Mujeres Indígenas de las múltiples formas de violencia inherentes a las políticas neoliberales, éstas deben ser diseñadas abordando las realidades de la vida indígena. Por ejemplo, las regulaciones del medio ambiente deben ser coherentes en todos los territorios indígenas y no solo circunscritas a las fronteras nacionales que muchas veces no corresponden con los límites de los territorios indígenas. De la misma manera,
“las iniciativas de “ecoturismo” deben operar en cumplimiento con estándares diseñados para proteger los derechos indígenas. Concebidos en principio como una iniciativa sostenible para las economías basadas en ecosistemas frágiles, el ecoturismo ha provocado que investigadores y turistas visiten los territorios indígenas y que tomen parte en la piratería biológica removiendo plantas, suelos, insectos y otros materiales orgánicos. 49
En muchos casos, las iniciativas de ecoturismo han provocado la degradación del medio ambiente, la intrusión, apropiación y comercialización explotadora de la herencia, identidad cultural y rituales sagrados de los Pueblos Indígenas.
En consecuencia, las Mujeres Indígenas expresan una serie específi ca de problemas con las iniciativas por la justicia económica y ambiental. Estas incluyen la necesidad de salvaguardar los sistemas tradicionales de alimentación, el conocimiento y las formas de vida locales frente a las amenazas de la producción de monocultivo de cosechas remunerables para la exportación, la extracción minera, la contaminación ambiental y la introducción de semillas genéticamente modifi cadas y tecnologías riesgosas.
A pesar de esta tremenda diversidad, los Pueblos Indígenas han logrado cierto consenso en cuanto a los elementos básicos de un modelo de desarrollo económico basado en la amplia participación política y principios de la justicia social:
1. Libre determinación entendida como la posibilidad de una administración independiente de los territorios y recursos naturales a través de sus propias instituciones, ejerciendo el derecho de autogobierno.
2. Recuperación de la cultura de la sostenibilidad como base de las economías locales para fortalecer sus capacidades y
garantizar la seguridad alimentaria, así como las oportunidades para participar en las economías de mercado.
3. La recuperación y el fortalecimiento del conocimiento local, el sistema espiritual y el sistema de derechos.
4. El acceso al uso y al beneficio de la propiedad colectiva comunal como territorios, recursos naturales, biodiversidad y el conocimiento intelectual colectivo.
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