La violencia hacia las mujeres, no es una “patología” identificada por parte del sistema sanitario. El conocimiento acerca de su magnitud e impacto en salud es relativamente reciente, por lo que generalmente, se espera a que se manifiesten los daños para tomar la decisión de intervenir.
Así mismo, existe ausencia de un discurso institucional, situación que se suele producir ante problemáticas socio-sanitarias complejas, como la presente y que requieren un abordaje interdisciplinar, consensuado y coordinado por parte de las diversas instituciones y agentes implicados. Al no estar incorporada en las agendas y objetivos de salud, se vive como un trabajo extra con carencias importantes en el nivel profesional y en las condiciones estructurales desde las que se desarrolla la atención sanitaria (carga asistencial, falta de recursos específicos, falta de protocolos).
Si la institución no introduce explícitamente el “tratamiento” del maltrato en el ámbito de las responsabilidades de sus profesionales es imposible que se pueda avanzar al respecto. El tiempo que se invierte en la atención no es valorado como parte de la actividad asistencial, y esto lleva a afrontar el problema desde el lado personal, más que desde el profesional y este tipo de implicaciones pueden conllevar el riesgo de que termine “quemando” a quien las realiza si la institución persiste en no reconocer esa acción. El riesgo de quemarse -y la consecuente justificación para la inacción- se evidencia más cuanto mayor es el número de casos de maltrato que se identifican y conforme mayor es su gravedad, tal como ocurre en las Urgencias Hospitalarias, ya que si el personal de salud se implica personalmente en cada caso agotaría no sólo su tiempo disponible sino que se agotaría psicológicamente.
El colectivo sanitario no se siente competente ni legitimado institucionalmente sobre cómo abordar el tema de la violencia; aún así emite, en la mayoría de las ocasiones, recomendaciones a la mujer que pueden ser iatrogénicas en la medida que no vienen articuladas técnica y profesionalmente. la formación es clave al respecto ya que el riesgo de equivocarse en un caso de maltrato es elevado.
la atención a las situaciones de violencia implica el conocimiento de los circuitos y recursos existentes para la gestión de los casos. Una cuestión es cómo detectar y tratar precozmente las situaciones de maltrato que son parte del aprendizaje que se ha de incorporar, y otra, saber cuándo, cómo y dónde es recomendable o ineludible realizar la derivación para evitar que las mujeres expuestas a la violencia puedan perderse por una gestión inadecuada. El personal de salud, por tanto, necesita constatar que existe una cobertura adecuada a la naturaleza de los problemas con los que prevé que se puede encontrar.
Así mismo y para que esto sea posible, debe facilitar la competencia profesional, lo que implica asumir espacios de formación y capacitación profesional. Por último, ha de articular recursos y herramientas pertinentes para la gestión de los casos, controlando los efectos derivados de las intervenciones, la victimización secundaria y las intervenciones potencialmente iatrogénicas.
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