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| Infografía: Casos de violencia sexual escolar en La Paz. Fuente: DDE La Paz y OMS |
Al menos existen seis causas que llevan a que los maestros agresores gocen de impunidad, según la DNA, Defensor del Pueblo, e instituciones y ONGs que trabajan con las menores de edad. Se trata de la retardación de justicia ; la falta de personal y equipamiento para la investigación en regiones alejadas ; los “acuerdos económicos” entre el agresor y la familia de la víctima, y la protección que recibe el acusado; la falta de pruebas para comprobar las denuncias de tentativas de violación y toques impúdicos; la huida del profesor y la falta de seguimiento a las denuncias ; y la falta de dinero y de conocimiento sobre leyes de la familia de la víctima .
En la primera traba, a pesar de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal —30 de octubre de 2014—, Cámara afirma que el proceso para enjuiciar y sancionar a un agresor sexual tarda hasta seis años normalmente, desde la denuncia de violación hasta la sentencia final. El Código de Procedimiento Penal establece cumplir varias etapas investigativas, dice además el abogado de la DDE.
La primera es la etapa preliminar en la que se acumulan todos los indicios (examen médico forense, examen pericial sicológico y otros) para establecer si el maestro tiene responsabilidad. En caso de ser así, es aprehendido y el fiscal ordena alguna medida cautelar, como detención preventiva, domiciliaria y otros. Con la etapa preparatoria,y la imputación formal, se realiza la reconstrucción de los hechos, la inspección ocular, declaración de los testigos y otros, para comprobar si tuvo culpabilidad o no.
En la etapa intermedia se revisa la documentación obtenida para comprobar la veracidad. Posteriormente se inicia el juicio oral y luego se emite la sentencia final condenatoria o absolutoria. Existe la posibilidad de que en el transcurso de las etapas judiciales no se cumplan los plazos establecidos, por lo que el Ministerio Público pide una prolongación. “Este proceso judicial debería llevarse lo más pronto posible, pero en la Dirección Departamental hay casos desde 2011, 2012 y 2013 (que no tienen sentencia). Hay retardación de justicia y ello evita que haya la celeridad correspondiente”, explica el abogado Cortez.
“La etapa preliminar debe durar de 20 a 40 días y la etapa preparatoria seis meses, pero duran más tiempo. Por otro lado, la etapa intermedia para la audiencia conclusiva lleva hasta 10 meses, incluso hay casos que llevamos cuatro años sin poder llegar a esta audiencia conclusiva”, dice Cámara. La retardación también se presenta cuando el acusado acude al derecho a una apelación que puede tardar de seis meses a un año. Con el recurso de casación y al ser enviado el caso al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, se suma más tiempo.
Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la reforma del Código Penal para acelerar los procesos de sentencia. “La idea es acortar todos esos plazos incidentales, apelaciones suspensiones y demás”, declara a este diario el viceministro de Justicia, Diego Jiménez.
Un caso de violación con muerte y que tardó 15 años en el sistema penal, fue el de la niña Patricia Flores, cuando tenía 10 años, en 1999. El 20 de agosto de 2014, por tercera vez fue hallado culpable Odón Mendoza, exregente de la escuela Vicenta Juaristi Eguino, donde estudiaba la menor y fue hallada sin vida. En todo ese tiempo, diez jueces conocieron el proceso.
A la retardación procesal, en las comunidades del área rural se suma la falta de un fiscal para cada municipio y otro para las unidades policiales, como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) —en el país hay 84 oficinas de la FELCV distribuidas en las ciudades capitales y provincias—, además de equipamiento para recabar pruebas contundentes y buscar a las víctimas como a los acusados, lo que constituye en el segundo obstáculo que dificulta la defensa de las víctimas .
En Achacachi, Informe La Razón evidenció que mientras en la DNA se contaba con una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para atender los casos, el personal gasta de sus recursos para trasladarse hasta las comunidades para realizar la investigación. En otro de los casos, una adolescente de 15 años, de la comunidad Carmen Belén, también en Achacachi, denunció a su profesor de abuso sexual. Sin embargo, cuando se la citó no se apersonó. Raúl Quinchaca, abogado de la Defensoría, señala que esto dejó el caso impune.
“Le pedimos que vuelva para entrevistarla, porque en un principio manejó la versión de que fue secuestrada y abusada por cuatro jóvenes y luego acusó al profesor. No vino más, tampoco creo que haya ido al médico forense”, dice por su parte la trabajadora social Beatriz Chamaca. La psicóloga manifiesta que si la Defensoría contara con un vehículo, podría ir hasta la comunidad a buscar a la joven. Un taxi les cobraría más de Bs 100 por el viaje de ida y vuelta.
En la FELCV de Achacachi se informa que hace falta personal, ya que actualmente trabajan dos policías por turno (por cada semana), con un motorizado, porque los casos que mayormente investigan suceden en las comunidades o cantones alejados del municipio.
El alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, señala que no recibió ningún informe al respecto y gestionará la compra de otro vehículo. Sobre los casos de abuso, pedirá un informe a la DDE y trabajará en la prevención y seguridad de los estudiantes con la implementación de cámaras de vigilancia. Además, conformará una guardia municipal.
En el municipio de Caranavi (en la región de los Yungas) no hay sicólogo hace más de ocho meses; y el único fiscal que existe atiende, además, casos de Mapiri, Palos Blancos, Guanay y Tipuani. Esto impide que se actúe con celeridad y es difícil ubicarlo. “Estamos sin valoraciones sicológicas. Es una situación muy grave porque es prueba consistente para lo que es el proceso legal. Tenemos bastante carga procesal, necesitamos por lo menos dos fiscales. el que tenemos viaja hasta estos lugares y cuando estamos en juicios orales no hay quien lo supla”, reclama Francisco Rodríguez, abogado de la Defensoría de la Niñez.
El tercer impedimento para procesar y sancionar a los agresores sexuales es el “acuerdo económico” entre la familia de la víctima y el acusado, así se evita el proceso judicial. No existe un registro de los acuerdos extralegales entre ambas partes en La Paz. Cuando los padres de la estudiante firman el desistimiento, se niegan a declarar, no se procede a la reconstrucción del hecho, ni a la inspección ocular por parte de la Fiscalía y al no haber elementos suficientes no se determina la autoría del agresor.
“Se ha intentado hacer acuerdos, de dinero y terrenos, pero eso no ha prosperado”, asegura Basilio Pérez, director Departamental de Educación. “Generalmente estos acuerdos se presentan en el área rural . Tuve noticias de que se paga de Bs 2.000 a Bs 3.000. Lastimosamente hay padres que consideran que el daño está hecho y quieren algún resarcimiento. Alguna vez un agresor ofreció una motocicleta a un padre de familia. Al no conocerse la denuncia, no nos enteramos en el Ministerio”, señala además Carlos Echazú, jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación.
Misión Internacional de Justicia (IJM) trabajó en un caso en La Paz, en el que el agresor sexual estaba en proceso judicial, sin embargo la adolescente, que quedó en gestación no se presentó más ante la Fiscalía, porque el acusado le ofreció dinero y manutención para el bebé. En Caranavi, un violador ofreció Bs 35.000 a una familia como resarcimiento del daño. La víctima tenía 14 años y la violación sucedió en febrero de este año, ella iba de regreso de su escuela a su casa junto a un amigo. Tras la imputación, la justicia ordenó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero el caso fue abandonado por la familia.
“Estamos en juicio oral y no podemos notificar ni a la madre ni a la hija, porque sin víctima no hay sentencia. Mi temor es que él salga en libertad con sentencia absolutoria. La noche de la violación, el agresor la amenazó con un arma blanca”, dice Rodríguez, del IJM.
La agresión sexual no solo comprende la violación, también es considerado un delito los toques indebidos a una estudiante, aunque la verificación se constituye en el cuarto obstáculo para hacer valer los derechos de los escolares. Echazú señala que es difícil demostrar dicha agresión con el examen médico forense. En la comunidad de Irama Belén, en Achacachi, la madre de una niña de 11 años, denunció a la DNA que el profesor Juan Ch., de 27 años, intentó abusarla en el mismo colegio en más de cinco oportunidades. La psicóloga María Eugenia Conde contó que el sujeto la llevaba a un lugar donde había aulas abandonadas. “Tu mamá te está esperando por allá, vamos”, le decía.
“El Ministerio Público nos ha rechazado (el caso), supuestamente porque no hay pruebas. Hemos hecho un informe pericial, y el informe sicológico. Según el forense, como no hubo violación, no hubo acceso carnal, y la Fiscalía se basó en eso. Me parece que el profesor continúa trabajando”, dice. La niña se retiró de esa escuela.
Para evitar la confrontación con la familia de la víctima, con autoridades de la unidad educativa y, principalmente, para no recibir sanciones penales, el agresor sexual fuga del lugar, lo que supone la quinta causa que genera la impunidad.
El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez, contó a Informe La Razón que en 2010, una estudiante de 15 años denunció que fue violada por el director de su colegio en la zona Sur. El acusado escapó al saber que fue denunciado. Ahora, da clases en tres colegios de El Alto. La estudiante estaba bajo el cuidado de sus tías, porque sus papás radicaban en Argentina.
El sexto factor que impide proteger a las víctimas y sancionar a los agresores se presenta principalmente en el área rural y se debe a que los padres de las menores que sufrieron abuso sexual, viven en comunidades muy alejadas o no conocen ni entienden sobre las normativas sancionadoras y abandonan los procesos. En otras situaciones, la falta de recursos económicos les impiden continuar, según informan Anni y la ONG Estudios para la Participación Ciudadana en Democracia (Sepamos).
PROCESOS
Cuando un profesor es denunciado por violencia sexual, se le siguen dos procesos, uno disciplinario y/o administrativo y otro ordinario. Según el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio 212414, se considera “falta muy grave” a la violencia sexual hacia los estudiantes.
Los procesos administrativos son realizados por tribunales conformados por un presidente, un fiscal promotor, un secretario y un actuario, que pueden ser los padres de familia, el director distrital o personal administrativo. En la vía penal, cuando el profesor es imputado por un fiscal, es suspendido sin goce de haberes, y en caso de una sentencia se lo retira definitivamente.
“Por faltas muy graves y al tener pruebas fehacientes del médico forense, se lo puede destituir definitivamente del magisterio”, dice Cortez, de la Unidad de Transparencia.
Esta cartera de Estado también cuenta con el Registro Docente Administrativo (RDA) que observa al acusado. Los colegios deben basarse en este informe para evitar su contratación.
Los menores de edad no solo son víctimas de los profesores de escuelas, también de instituciones de enseñanza deportiva. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de La Paz informa sobre procesos penales contra dos profesores, uno de artes marciales, por estupro contra una alumna; y otro contra un profesor de una escuela de fútbol. Manuel Rojas, encargado de la unidad jurídica, informa que en el primer caso, el instructor, de 35 años, enamoró a su víctima de 15 años para tener relaciones sexuales. El hombre se encuentra detenido preventivamente. En la segunda denuncia, un niño de nueve años fue agredido sexualmente en una conocida institución deportiva.
La abogada Cámara, del IJM, señala además que atienden casos en los que las estudiantes se convierten en víctimas de sus compañeros de curso o colegio, fuera del establecimiento educativo y cuando existe el consumo de bebidas alcohólicas.
Luz Mendoza
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