La prevención, protección, investigación y sanción de la violencia de género deben tener prioridad sobre cualquier proceso relativo a la situación migratoria de la víctima. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas siempre que denuncien casos de violencia y, además, facilitar la persecución de los agresores independientemente del estatus de la víctima.
Si un acusado tiene control sobre la situación migratoria de la víctima, esta debería recibir un permiso de residencia o visado independiente. Si el acusado resulta condenado, la víctima debería recibir un permiso de residencia permanente.
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Estrategias%20para%20Combatir%20la%20Doble%20Violencia%20Contra%20las%20Mujeres%20Migrantes%20Irregulares.pdf
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