Probablemente la forma más conocida de tortura y los
malos tratos es la infligida por miembros de la policía, del ejército u otros
cuerpos de la seguridad del Estado, con la excusa de obtener información o con
la finalidad de intimidar y atemorizar a personas detenidas bajo custodia.
Aunque son más los casos que se conocen de hombres víctimas de estos abusos,
las mujeres también los sufren.
La violencia contra mujeres bajo custodia policial
muy a menudo incluye la violación y otras formas de violencia sexual como las
amenazas de violación, intentos de caricias, "pruebas de virginidad",
ser desvestidas, el cacheo exagerado, insultos y humillaciones de tipo sexual,
etc. En una resolución de 1997 en un asunto de violación bajo custodia
policial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconocía que "la
violación del detenido por un funcionario público deberá considerarse una forma
especialmente grave y aborrecible de maltrato dada la facilidad con que el
infractor puede explotar la vulnerabilidad y la resistencia disminuida de la
víctima" y que "la violación deja huellas psicológicas profundas en
las víctimas que el correr del tiempo no alivia tan rápidamente como otras
formas de violencia física y mental".
En México el gobierno sigue haciendo caso omiso
de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos
–tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
uso excesivo de la fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por
personal de la marina. Las medidas para prevenir, investigar y castigar la
tortura siguen siendo ineficaces, y en las actuaciones judiciales se han
seguido aceptando declaraciones obtenidas mediante coacción.
En febrero de 2011, una mujer fue
detenida arbitrariamente en Ensenada, Baja California, y, según informes, fue
torturada por miembros del ejército en un cuartel militar de Tijuana mientras
era interrogada por un fiscal federal civil. La detenida fue sometida a
agresiones, semiasfixia, posturas en tensión y amenazas para obligarla a firmar
una confesión. Estuvo en detención preventiva 80 días antes de que se
formularan cargos contra ella. Las autoridades negaron inicialmente todo
conocimiento de su detención. Más tarde la acusación quedó sin base y la mujer
fue puesta en libertad sin cargos.
En Siria, desde que estallaron las manifestaciones se ha
detenido a millares de presuntos partidarios de la oposición al gobierno sirio.
Amnistía Internacional conoce los nombres de más de 380 personas muertas, al
parecer, bajo custodia, en este tiempo, y ha documentado numerosos casos de
tortura u otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad infligen impunemente
tortura y los malos tratos a fin de obtener información, “confesiones” y
castigar y atemorizar a presuntos opositores del gobierno.
Varios miembros de una familia, entre
ellos una mujer embarazada, Malika
al-Khateeb, y sus dos hijos de corta edad, se encuentran recluidos en
régimen de incomunicación desde el 15 de mayo de 2012 en la sección de Al
Mezzeh, Damasco, de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Parecen
ser presos de conciencia, recluidos con objeto de presionar a otro miembro de
la familia buscado por las autoridades. Están expuestos a sufrir tortura y
otros malos tratos.
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