Los Estados deben asumir seriamente la defensa de los derechos de las mujeres

Con todas las consecuencias como lo hacen con las victimas de terrorismo, los Estados deben asumir la defensa de los derechos de las mujeres.

37 asociaciones de mujeres piden que el Estado asuma la responsabilidad patrimonial en un caso de una niña asesinada por su padre

Los tribunales decidieron conceder el régimen de visitas al padre, pese a que la madre presentó 47 denuncias por diversos delitos

Madrid, 09 mayo 2011. A través de un comunicado de prensa, 37 asociaciones firmantes, han informado que piden el apoyo de la fiscalía para que el Tribunal Constitucional admita el Recurso de Amparo presentado por una madre que perdió a su hija, asesinada a manos de su padre cuando cumplía el régimen de visitas en abril de 2003.

Este hecho según señalan las asociaciones firmantes de este petitorio, ha sucedido como consecuencia de que un juzgado determinó que no existía riesgo de que se cumplieran las constantes amenazas del padre, “no teniendo en cuenta la percepción de la madre que reiteradamente expresaba que este hecho lamentable podría suceder, como finalmente ocurrió” precisan.

La afectada considera que al menos tiene derecho a que el Estado reconozca su responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Justicia, “ya que no adoptó las debidas garantías para que este asesinato no se produjera, existiendo una falta de diligencia por los distintos operadores jurídicos, causando un daño irreparable”.

Los tribunales decidieron conceder el régimen de visitas al padre, que se suicidó tras asesinar a su hija, pese a que la madre presentó 47 denuncias por diversos delitos: amenazas de secuestro, agresión psíquica y física a la madre y la hija, amenazas de muerte a ambas, entre otras causas.Cabe señalar que en todas estas denuncias siempre se demandaba que se mantuviera el régimen de visitas supervisadas hacia la menor.

No obstante, pese a estos hechos, los juzgados consideraron prioritario restablecer las relaciones del padre con la niña, “anteponiéndolas a los derechos fundamentales de ésta: su seguridad, su integridad y su vida”. En este sentido, se pone de manifiesto que “tampoco se tuvo en cuenta los antecedentes existentes en individuos con trastornos mentales similares al que padecía el padre. Por tanto, no se adoptaron las medidas necesarias ni suficientes para que la menor no sufriera ningún daño” añadieron.

Los colectivos firmantes destacan que en ningún momento se tuvo en consideración que la madre era víctima de violencia de género y que la labor de defender a su hija conllevó un gran agotamiento psíquico al no sentirse creída, “llegándose a hablar en alguna resolución de la posibilidad de manipulación de la menor por parte de los padres”.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han rechazado que el Estado tenga responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Por ello, se presentó un Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, salvo que el Ministerio Fiscal emita su opinión favorable a su admisión, el Recurso se inadmitirá de forma automática.

Algunas de las organizaciones firmantes son: Asociación de mujeres juristas Themis, Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas, Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida (APRAMP), Federación de Mujeres Progresistas, Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, Unión de mujeres por Europa, Fundación Mujeres, Enclave Feminista, Forum de política feminista, Federación de Asociaciones de mujeres rurales (FADEMUR) y Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO).

http://www.amecopress.net/spip.php?article6820