De acuerdo con informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el segundo lugar después de Siria como el país más riesgoso en el mundo para ejercer el periodismo, de igual manera es catalogado como uno de los sitios más peligrosos y letales para la vida de las mujeres en general, teniendo una de las cifras más altas de feminicidios por día a nivel global.
Cabe mencionar que tanto el periodismo como el activismo representan un riesgo igual para ambos sexos, sin embargo, este artículo se aboca únicamente a la situación de la violencia ejercida en contra del oficio, la labor y la vida de las mujeres; respecto a esto en materia de seguridad, prevención y aplicación de la ley en el de acoso, amenaza, secuestro, desaparición u homicidio de profesionales de la comunicación y activistas diversas, México da un paso para adelante y muchos pasos para atrás.
Entre enero y febrero del presente año, dos activistas han sido asesinadas por su actividad en la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos de las personas desaparecidas, Verónica Patricia Guerrero y Ana Luisa Garduño respectivamente.
Uno de los poquísimos avances se dió el pasado 19 de enero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decretó la sentencia en contra del estado mexicano por su total responsabilidad en la fallida investigación del asesinato en 2001 de la abogada y activista social Digna Ochoa, algo muy significativo después de más de dos décadas de impunidad, en las cuales el gobierno de diferentes administraciones había logrado lavarse las manos, escudándose en el manipulado veredicto que transformó impunemente un claro homicidio en un supuesto suicidio.
En cuanto a los retrocesos hay mucha tela de donde cortar; a escasos cuatro días de este importante logro el 23 de enero para ser precisa, fue asesinada en Tijuana la periodista Lourdes Maldonado quien a penas unos cuantos días atrás, acababa de ganar la demanda en contra de una televisora de la localidad propiedad del gobernador estatal Jaime Bonilla, ya tres años antes Lourdes se había presentado frente al presidente López Obrador para manifestarle que su vida corría peligro; en el ejercicio de su profesión se dedicó principalmente a temas de política y de la corrupción en México.
La democracia en el derecho a la libertad de prensa y de expresión ciudadana en contra del poder (llámese gobierno, autoridades policiales, crimen organizado, corrupción empresarial o institucional etc.) tiene la “extraña” dualidad de ser y no ser, la teoría y la práctica en el ejercicio de estas parecieran dos realidades paralelas imposibles de juntar en la gran mayoría de los casos.
Sin embargo esta “rareza” no es algo nuevo en el deficiente sistema operativo mexicano, la profesora, escritora y biógrafa Patricia Rosas Lopategui ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación-documentación y denuncia, sobre el asesinato simbólico de la periodista y escritora Elena Garro (1916-1998), quien fuera acallada en 1968 por mandato del entonces presidente Díaz Ordaz, y por la amafiada clase intelectual de la época encabezada por el ex esposo de esta: Octavio Paz, siendo ella víctima del silenciamiento absoluto a través del descrédito social, el exilio, y de la censura total de su obra durante décadas, por haberse atrevido a contraponerse al represivo gobierno, y por supuestamente delatar la responsabilidad de los anteriormente mencionados en la masacre estudiantil, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, Ciudad de México.
El delito de la trata de personas, explotación sexual de niños-niñas, pornografía infantil y feminicidios en México y Latinoamérica, son problemáticas sobre las que la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho ha investigado y denunciando la entramada culpabilidad de líderes religiosos, políticos, militares, empresarios y policías , motivo por el cual ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales pero también amenazas, agresiones, persecuciones y encarcelamiento a lo que ella suele nombrar “secuestro legal”.
El activismo feminista ha sido y es uno de los más atacados sino es que el más, y si alguien sabe de eso es la artista plástica mexicana Sonia Félix Cherit, tallerista, feminista y fundadora de Casa de Engracia espacio cultural libre de violencia en el estado de Zacatecas, quien constantemente es agredida de diversas formas por su labor activista a favor de las mujeres y las niñas.
Otra muestra de la supuesta libertad de prensa que “existe”en México es el caso de Carmen Aristegui, una de las más reconocidas periodistas en el país y a nivel internacional por su profesionalismo y veracidad, misma a la que el actual presidente López Obrador ha venido calificando de mentirosa y acusando de realizar un trabajo periodístico de investigación deshonesto y falso, con el único objetivo de desacreditar a su persona, a su familia y a su gobierno como parte de una conspiración política.
No es la primera vez ni la primera administración en la que Carmen Aristegui es difamada y agredida, ya en sexenios pasados ha sido criticada, censurada y vetada de algunos de sus programas informativos por sacar a la luz, asuntos como la red de prostitución existente durante diez años dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la que la periodista evidenció en el 2014, el abuso sexual a menores a manos de sacerdotes católicos, o la dudosa compra de la llamada casa blanca que efectuó Angélica Rivera durante el sexenio de su esposo (2012-2018) el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, entre muchas otras investigaciones.
Así las cosas en el país azteca, en donde la tan alardeada cuarta transformación del actual gobierno no ha logrado hasta el momento transformar nada, México sigue siendo el imperio de la violencia, la corrupción y la impunidad en el que la justicia continúa en calidad de mercancía a la venta del mejor postor!
Galilea Libertad Fausto
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