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martes, 26 de enero de 2021

Pensamiento feminista




 Hablamos sobre un libro publicado hace mucho y nos preguntamos sobre su difusión . Sin duda para cualquier mujer, ecuatoriana sobre todo, debería ser casi de obligado conocimiento .
Por nuestra parte , que conocemos a una de las autoras y  a la que hace la reseña , nos encanta hablar de este libro tesoro , que estaríamos deseosas de leer

Theuth, el dios egipcio que creó las artes y las letras, para entregarlas al pueblo argumentó ante el rey Thamus sobre la utilidad de la escritura: “Este conocimiento hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y la sabiduría”. Recordé este mito de Platón al leer Pensamiento feminista y escritos de las mujeres en el Ecuador: 1980-1990, libro que acaba de ser publicado por Unifem y Unicef, agencias de Naciones Unidas. Es que se trata aquí de la memoria. No del hecho fisiológico, tan frágil como nuestra condición humana, sino de  aquella creada para contrarrestar esa fragilidad, precisamente ;la memoria que se perenniza con la escritura, que impide olvidar  y permite dimensionar cuanto hicimos y a quienes quisimos o no quisimos.Sus autoras, María Cuvi Sánchez y Laura Buitrón Aguirre, feministas de esa década y actoras del movimiento de mujeres que se forjó entonces, desde sus correspondientes lugares -la academia y la documentación- invirtieron más de un año de investigación, de intercambio de puntos de vista, ideas y recuerdos, para entregarnos un libro que reseña 282artículos periodísticos, ensayos, libros, boletines de 102 ecuatorianas y unas cuantas extrajeras que siguen en nuestro país. Pero más allá del inteligente y cuidadoso trabajo de investigación, catalogación, interpretación desde lo teórico y lo vivencial, hay una intención más sugerente aún: que no se olvide lo que pensamos e hicimos algunas mujeres de esa década, lo que escribimos entorno a cuatro temas: violencia contra las mujeres, cuerpo y sexualidad, organización y participación. Si no, la investigación y el libro habrían sido más grandes, y más archivos habría en el CD que reproduce más de medio centenar de artículos de 29 autoras, y folletos institucionales sobre organización y sobre la primera campaña nacional contra la violencia a las mujeres, que inició los años 90.Por lo mismo, permite descubrir o redescubrir, dimensionar y valorar, pensamientos y acciones, pero sobre todo, saber que hay antecesoras en la construcción de una historia colectiva que aún parece insignificante a los ojos de una sociedad todavía patriarcal y androcéntrica, porque sigue creyendo que el pensamiento y el hecho masculinos son la vara que mide lo humano. Es un libro que implica reconocimiento a lo que escribieron e hicieron las mujeres de una década, aquella sque de una u otra manera fueron arte y parte de la construcción del movimiento que marcó la siguiente y las mostró como nuevas actoras sociales. No hay nostalgia ahí, sino valoración de una historia colectiva, que puede ser punto de partida de otros estudios. Un abre bocas, lo llama María Cuvi, sobre todo para quienes piensan, como las autoras y yo, que “lo nuevo se crea visitando y consumiendo lo antiguo”, según la cita que abre el libro. Por la memoria también se celebra.  
Reseña : Alexandra Ayala Marín 


María Cuvi Sánchez y Laura Buitrón Aguirre  Pensamiento feminista y escrito de mujeres en el Ecuador:1980-1990UNIFEM-UNICEF,Quito Ecuador,2006,165 págs.
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lunes, 25 de enero de 2021

Mujeres

La autora de este poema es JENNY LONDOÑO, una mujer ecuatoriana que ganó el premio Gabriela Mistral en Chile por este poema llamado "Reencarnaciones".



Gracias a Tiemar .
http://tiemarlanzarote.blogspot.com/
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sábado, 23 de enero de 2021

ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES



Nos hacemos eco de la alegría general  de las personas de bien. por la entrada en vigor del Tratado para la prohibición de armas nucleares . Con nuestras hermanas de La Liga International por la Paz y la libertad  (WIPF) recordamos la lacra que para el mundo suponen los gastos en armas frente a las necesidades de millones de seres humanos que están sumidos en la pobreza, que ahora se une a la enfermedad y la muerte


 Ray Acheson, coordinadora del programa de desarme de WILPF, explica  lo qué han significado las armas nucleares  desde su uso en Hiroshima y Nagasaki: “Durante 75 años, hemos vivido bajo la amenaza de una explosión radioactiva, cuyos efectos son inmediatamente devastadores y con impacto en futuras generaciones. Durante setenta y cinco años, desde la producción a los ensayos, al uso, al almacenamiento y a la eliminación, las actividades con armas nucleares han contaminado la tierra y el agua, y seguirán haciéndolo durante miles de años más. Durante setenta y cinco años, corporaciones como Lockheed Martin, Boeing y Bechtel han cosechado increíbles beneficios de los contratos gubernamentales para bombas y bombarderos”.


“Durante 75 años”, sigue Acheson, “se nos ha dicho que estas armas eran absolutamente necesarias para garantizar la “seguridad internacional” y la “estabilidad estratégioca”. El nuclearismo es el mito de que las armas nucleares son esenciales para la seguridad. Es una enorme hazaña de luz de gas que insiste en que las armas que podrían matar a toda la población del planeta son lo único que nos mantiene a salvo”. Es más, Acheson analiza que “el nuclearismo es el patriarcado, es la dominación de una mentalidad que señala que la violencia equivale al poder, que las armas equivalen a seguridad. Es una mentalidad que proviene de la dominación de los hombres sobre las mujeres, de la supremacía blanca y de la riqueza, de la capacidad de cuerpo y de la heteronormatividad. Viene de la prioridad capitalista de la ganancia sobre la gente, y del militarismo que acumula la riqueza a través de la guerra”.


Acheson explica que en 2019 los nueve Estados que disponen de armas nucleares gastaron 73 mil millones de dólares en armas nucleares. “Esto es más que 138.000 dólares por minuto. En medio de una pandemia, Estados Unidos tiene más ojivas nucleares que hospitales“. ICAN de hecho denuncia que “la administración Trump ha presionado directamente a los Estados que han ratificado el Tratado para que retiren su apoyo y se abstengan de animar a otros países a ratificarlo”.


https://wilpf.es/momento-historico-el-tratado-para-la-prohibicion-de-armas-nucleares-entra-en-vigor/

https://www.vozpopuli.com/internacional/tratado-prohibicion-armas-nucleares_0_1430857171.html

https://www.ecologistasenaccion.org/160584/entra-en-vigor-el-tratado-de-prohibicion-de-armas-nucleares/

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viernes, 22 de enero de 2021

Recomendaciones del Foro Social de 2020


De conformidad con la resolución 41/24 del Consejo de Derechos Humanos, el Foro Social se celebró en Ginebra los días 8 y 9 de octubre de 2020. Los participantes examinaron las buenas prácticas, los casos de éxito, las enseñanzas extraídas y las dificultades que obstaculizan actualmente la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

B. Recomendaciones

63. Las medidas urgentes y audaces eran fundamentales en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y sus efectos dominó y en la recuperación conexa. El conjunto de medidas de respuesta y las políticas conexas debían tener por objeto lograr un mundo más resiliente, equitativo y sostenible con justicia en todas las dimensiones, incluidas las económicas, sociales, de género, raciales, fiscales, redistributivas, climáticas y ambientales.

64. Los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, debían ocupar un lugar primordial en la construcción de sociedades mejores, más justas y más ecológicas para las generaciones presentes y futuras, y constituir la base de un nuevo contrato social.

65. Las iniciativas para erradicar la pobreza debían enfrentar las desigualdades dentro de los países y entre ellos mediante enfoques amplios que incluyeran a todos los interesados pertinentes. La respuesta a la COVID-19 debía atacar las asimetrías de poder y los sistemas, instituciones y políticas económicas y sociales excluyentes. Rompiendo con la formulación de políticas ortodoxas, el sistema económico debía estar integrado en objetivos más amplios y guiado por los derechos humanos.

66. Los Estados debían disponer del margen de maniobra fiscal y normativo necesario para invertir en los sistemas de salud, la educación, el trabajo de cuidados, la vivienda, el agua, el saneamiento, la electricidad, la infraestructura y los recursos digitales, con el apoyo de políticas públicas específicas y un sólido sistema multilateral.

67. Las medidas relativas a la suspensión y cancelación de la deuda y a la expansión de la liquidez, entre otras formas mediante derechos especiales de giro, debían ampliarse aún más para que los países en desarrollo dispusieran del margen de maniobra fiscal y normativo necesario para cumplir las metas en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y clima. La comunidad internacional debía considerar alternativas para la arquitectura de la deuda, como, por ejemplo, un mecanismo de reestructuración de la deuda. Los acreedores privados debían ser incluidos en la medida de lo posible en las iniciativas encaminadas a tratar de resolver la sostenibilidad de la deuda.

68. La capacidad productiva debía desarrollarse mediante iniciativas encabezadas por el Estado destinadas a diversificar las economías y promover la transformación estructural, prestando especial atención a los sectores de alta productividad, optimizando el uso de las capacidades existentes y mejorando las economías y cadenas de valor locales.

69. Las políticas para eliminar la pobreza debían incluir la reunión de datos a fin de determinar los más necesitados de asistencia y las esferas a las que se debía dar  prioridad, sin dejar de tener presentes los peligros de la focalización como fuente de inclusión insuficiente que podía socavar un apoyo político más amplio a los planes universales. Las políticas debían tener por objeto eliminar la discriminación, las desigualdades sistémicas y estructurales y el maltrato social e institucional de que eran objeto los pobres.

70. La sociedad civil y los movimientos sociales tenían un papel fundamental que desempeñar en la reducción de la pobreza. Debía garantizarse la participación activa, libre y significativa de las comunidades pobres y marginadas en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales e internacionales de lucha contra la pobreza.

71. La previsión de que la COVID-19 exacerbaría aún más la pobreza infantil debía enfrentarse con planes específicos, que incluyeran metas mensurables y fondos específicos. Los Estados debían considerar la posibilidad de vincular las prestaciones de protección infantil al crecimiento de los salarios para reducir así la transmisión intergeneracional de la pobreza.

72. Para construir mejor, los Estados debían promover la agroecología y los sistemas alimentarios locales, campesinos e indígenas, permitir la participación de los pequeños productores de alimentos en la formulación de políticas y enfrentar la concentración de tierras mediante la reforma agraria.

73. Los Estados debían promover una transición justa hacia empleos verdes y decentes, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y normas laborales. Debían ofrecer niveles mínimos de protección social, prestando especial atención a las personas en situaciones vulnerables y sin protección social, como los trabajadores informales y en empleos precarios.

74. Los Estados debían adoptar un enfoque de la tributación basado en los derechos humanos a fin de recaudar los recursos necesarios para las inversiones públicas en los servicios sociales básicos. Las medidas podían incluir el impuesto progresivo sobre la renta de las personas y las sociedades, el impuesto temporal sobre los beneficios netos relacionados con la COVID-19 y el impuesto sobre el patrimonio. Los Estados debían adoptar medidas concretas para poner freno a los flujos financieros ilícitos y al abuso fiscal por parte de las empresas transnacionales, mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional.

75. Era preciso democratizar el sistema económico, financiero y comercial multilateral, entre otras formas ampliando el derecho de voto a los países en desarrollo y mejorando la reglamentación en materia de finanzas, comercio e inversiones. Se alentó a todos los interesados a que aumentaran su colaboración en el proceso de las Naciones Unidas de financiación para el desarrollo, que constituía un foro para promover un sistema multilateral más equitativo.

76. Todos los interesados debían cooperar para revitalizar la agenda de transferencia de tecnología y superar obstáculos como la ampliación de los derechos de propiedad intelectual, para hacer efectivo el derecho al desarrollo y hacer realidad el desarrollo sostenible en la agricultura, la industria, los servicios y la creación de empleo, y para colaborar con el Banco de Tecnología para los Países Menos Adelantados.

77. Los Estados debían fortalecer la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y la solidaridad y la cooperación triangular. Los países desarrollados debían intensificar su labor para alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 % para el de los países menos adelantados.

78. Los Estados debían garantizar el acceso universal a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19 como bienes públicos mundiales. Todos los interesados debían apoyar la exención a ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en relación con la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19.


79. Los Estados debían retirar las medidas coercitivas unilaterales o abstenerse de imponerlas, especialmente las que agravaban la pobreza y la desigualdad en los países destinatarios.

80. Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos debían seguir proporcionando a los Estados orientación para hacer frente a la pobreza y las desigualdades.

81. Las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y las empresas transnacionales debían llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos y rendir cuentas por las violaciones de dichos derechos.

82. El Foro Social de 2021 —que se celebraría sobre el tema de la lucha contra la pandemia de COVID-19, con especial atención a la cooperación y la solidaridad internacionales y desde un enfoque de derechos humanos— debía tener en cuenta las cuestiones de la pobreza y las desigualdades y las conclusiones y recomendaciones de todos los foros anteriores.


https://undocs.org/es/A/HRC/46/59

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jueves, 21 de enero de 2021

Conclusiones del Foro Social de 2020


De conformidad con la resolución 41/24 del Consejo de Derechos Humanos, el Foro Social se celebró en Ginebra los días 8 y 9 de octubre de 2020. Los participantes examinaron las buenas prácticas, los casos de éxito, las enseñanzas extraídas y las dificultades que obstaculizan actualmente la lucha contra la pobreza y las desigualdades.

 Conclusiones

55. Desde 2002, el Foro Social había tratado diversos temas relacionados con la lucha contra la pobreza y las desigualdades. El Foro de 2020 se había basado en los Foros anteriores y había examinado nuevos problemas, incluidos los derivados de la pandemia de COVID-19.

56. Al referirse a las buenas prácticas, los casos de éxito, las enseñanzas extraídas y  las dificultades que obstaculizaban actualmente la lucha contra la pobreza y las desigualdades, el Foro se había guiado por la matriz sobre la pobreza elaborada por el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y por las contribuciones de otros interesados.

57. Como se reflejaba en la matriz sobre la pobreza y en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la pobreza y las desigualdades se derivaban de causas múltiples, complejas e interrelacionadas en los planos local, nacional y mundial, incluidas las políticas macroeconómicas que socavaban los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

58. La COVID-19 había exacerbado la pobreza y las desigualdades, afectando de manera desproporcionada a los pobres, las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad, los trabajadores informales, las minorías raciales, étnicas y religiosas, las personas afrodescendientes, los dalits, los campesinos, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados.

59. Entre los factores que perpetuaban la pobreza y las desigualdades figuraba la discriminación estructural y sistémica contra los pobres y marginados. El acceso insuficiente de los niños y jóvenes a los alimentos, la educación, los servicios de salud y las tecnologías digitales perpetuaba la pobreza intergeneracional. El trabajo de cuidados no remunerado o infravalorado y el número desproporcionadamente elevado de mujeres en el sector informal aumentaban la feminización de la pobreza.

60. La exacerbación de las desigualdades entre los países como resultado de la COVID-19 había hecho que la cooperación y la solidaridad internacionales fueran urgentes e imperiosas para los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y otros países vulnerables, incluidos varios países de ingresos medios.

61. Observando que las políticas neoliberales, el ajuste estructural y la privatización habían socavado la capacidad de los Estados para prestar servicios públicos, lo que infringía las normas básicas mínimas, el compromiso con el principio de no regresión y la plena efectividad progresiva de los derechos socioeconómicos, los panelistas pidieron un mayor margen de maniobra normativo y fiscal.

62. Los Estados y otros agentes, como las instituciones financieras internacionales, los bancos multilaterales de desarrollo y las empresas transnacionales, tenían un importante papel que desempeñar para asegurar un entorno internacional propicio.

Como tales, tenían la obligación de defender los derechos humanos y contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades.


https://undocs.org/es/A/HRC/46/59

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miércoles, 20 de enero de 2021

RESUMEN DEL INFORME FÓRUM POLÍTICA FEMINISTA A LAS 21 RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO

 

La composición de la XIV Comisión del Pacto de Toledo que ha redactado el informe estaba constituida por 27 mujeres (42%) y 35 hombres.

El Informe de evaluación e impacto del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso de los Diputados contiene 21 medidas consensuadas para afrontar un nuevo modelo de sociedad y asegurar el equilibrio del Sistema.

Analizamos este informe con perspectiva feminista observado en cada recomendación la incidencia que en las mujeres tendrán cada una de ellas para paliar y reducir, hasta su eliminación, la desigual situación que sufrimos en la sociedad, el mercado laboral y como consecuencia en el sistema de pensiones.

La brecha entre sexos que existe tanto en número como en cuantía en el Sistema de Seguridad Social no es debido unicamente al propio sistema, sino que también es consecuencia de la situación de desigualdad que sufren las mujeres en el mercado laboral, agravada aún más por la pandemia. En la actualidad la tasa de paro es 4 puntos superior a la de los hombres ( 18,36%) y la brecha salarial es del 22%.

Las más de dos millones trescientas mil mujeres pensionistas cobran un pensión cuya cuantía media es 893,56€ mientras que la media de la pensión de los hombres es de 1.346,16€. Por lo tanto, habría que incrementar 50,65% la pensión de jubilación contributiva que cobran 2.392.205 mujeres por las rentas de su trabajo para alcanzar la de los casi 4 millones de hombres. Así. También hay 1.327.091 mujeres que no han alcanzado la posibilidad de tener una pensión contributiva. Ninguna cuantía media de las pensiones que perciben las más de 5 millones mujeres con pensión contributiva alcanza el SMI (950€).

Esta situación tiene claros activadores: el menor acceso de la mujer al trabajo asalariado, las peores condiciones laborales y todo ello por el rol social de las mujeres relacionado con la división sexual del trabajo, la maternidad y los cuidados. El sistema empuja a muchas mujeres a la dependencia económica del cónyuge, la precariedad durante su vida laboral y la pobreza en muchos casos durante toda su vida.

La situación de las mujeres mayores es que se sitúan en el importe mínimo en la viudedad y en las contributivas. Por otro lado, una cantidad importante subsiste con la pensión no contributiva. Son pensiones que en cuantía se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Así, el primer principio del sistema, que es el de suficiencia no se cumple porque no proporciona una pensión digna a una parte importante de la población.

Para eliminar esta desigual situación se están tomando medidas normativas de las que aún no podemos analizar su impacto (Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres), aún así hay otras políticas públicas que deben ser tenidas en cuenta. Dos terceras partes de las mujeres con discapacidad son inactivas y se requiere de unas medidas concretas que palien dicha situación, sin embargo el informe se limitan a tener en cuenta a las mujeres pensionistas con discapacidad en lo relativo a su rol de madres y cuidadora.

La Comisión no ha tomado en consideración la corrección de la brecha de género en las pensiones como factor sobre el que incidir de manera prioritaria. El compromiso político con el sistema se antepone al compromiso con las mujeres y con su derecho a tener unos ingresos dignos en la etapa de mayor edad.

Relega el informe a las mujeres a una recomendación concreta, la 17, un apartado especial para a las medidas correctoras para la efectiva equiparación en la cobertura de mujeres y hombres bajo el epígrafe general de Mujeres y Seguridad Social, y lo hace desde la óptica de su rol social de cuidadora y la discriminación laboral que sufrimos, en gran medida, por este papel que la mujer, por serlo, ha tenido en la familia y la sociedad.

Sin embargo carece el informe de una visión transversal en el resto de medidas o recomendaciones propuestas, se desentienden de las realidades de las mujeres y pierden la necesaria perspectiva feminista para que la incidencia de las medidas corrija la brecha de género en las pensiones desde sus orígenes sociales y laborales.

Las propuestas generalistas pueden tener una respuesta positiva igualitaria para todos los colectivos o pueden agravar más la situación de colectivos más desfavorecidos por no tener en cuenta cómo afrontar la eliminación de las desigualdades estructurales, obligación de que deben ser afrontadas por los poderes políticos.

Señalamos en el informe aquellas recomendaciones del Pacto de Toledo, que de no conllevar medidas correctoras para paliar la situación desigual de los sexos en el mercado laboral y el rol social de las mujeres, serán en estos momentos, perjudiciales para las mujeres. Reivindicamos un cambio de perspectiva y que se  abra el objetivo para considerar la realidad en su conjunto en todo momento, porque con estas reglas se retroalimenta la desigualdad.

Se marcan propuestas que creemos pueden conllevar una repercusión negativa en las mujeres, como el incentivo a planes de empleo complementarios y los ahorros personales destinadas a realidades lejanas a la de las personas en riesgo de exclusión, con trabajo precario o no formal y con escasos recursos y sobre todo el aumento de la edad de jubilación.

Por ello nuestras propuestas inciden políticamente en el principio de solidaridad que sostiene al sistema de pensiones, por el cual se apoya a las situaciones menos protegidas desde las aportaciones contributivas, así como en la obligación de atender la suficiencia de las pensiones como principio inspirador de la autonomía personal.

Planteamos un cambio del sistema en su conjunto que se sitúa lejos de fomentar la trampa de la diferencia, de incentivar, motivar y compensar a las mujeres por su mayor dedicación al hogar, el trabajo doméstico o los cuidados. Muy al contrario, se hace necesario un cambio de modelo social que requiere de una condición principal y una visión feminista y es que apostemos por una sociedad donde no haya ninguna diferenciación de roles de género y la hagamos real. Eliminar toda división sexual del trabajo.

Para ello las Políticas Públicas deben ser pensadas coherentemente en su conjunto y enfocadas a este objetivo social común y el Estado tiene que aplicarlas de manera transversal. Lamentablemente este informe del Pacto de Toledo carece de esa necesaria condición.

Fórum de Política Feminista requerimos un cambio estructural social para la desaparición de la diferencia por sexo con medidas que fomenten la corresponsabilidad, la escolarización de 0 a 3 años y un sistema de servicios públicos para los cuidados y suficientemente financiado, dignificar las condiciones de quienes nos cuidan regularizando la situación de las empleadas del hogar y eliminar los incentivos que desincentivan el empleo de calidad de las mujeres y equiparación de las pensiones, también las no contributivas, a un mínimo de suficiencia vital y elevar los indices de referencia para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.

• La reducción de la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres como objetivo transversal para todas las medidas que se adopten para la sostenibilidad del sistema público de pensiones en cumplimiento de los principios de solidaridad social y entre generaciones.

• El Estado debe asumir la financiación de las partidas relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor dentro de las políticas de igualdad.

• Avanzar en la compensación de las lagunas de cotización que presentan las mujeres.

• Diseñar métodos de mejora de las pensiones que tengan como objetivo la equiparación de las pensiones contributivas de las mujeres.

• Las medidas para la recuperación del fondo de Reserva deben contemplar medidas para la equiparación de las pensiones compatibles con su recuperación financiera.

• Destopar las cotizaciones sociales para que contribuyan en función del salario sin un máximo, ayuda a la solidaridad de las pensiones más bajas, ocupadas por mujeres.

• Equiparación de bases medias de cotización Régimen Autónomos y Régimen General.

• El Estado debe asumir los gastos del personal de la administración de la Seguridad Social y liberarde esa carga al sistema de pensiones.

• Convertir los programas de reducciones a la contratación en programas de bonificación.

• Eliminar programas que incentiven la peor calidad de los empleos de las mujeres: Excedencias o parcialidad.

• Luchar contra la Economía sumergida para mayor solidaridad del sistema y salvar de la exclusión a colectivos como las empleadas del hogar y cuidados.

• Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino conmrecursos adicionales para no restar recursos al sistema.

• Cualquier tipo de prestación de servicio profesional, sea como trabajo asalariado o como trabajo por cuenta propia debe dar lugar al alta y al nacimiento de las correspondientes obligaciones de cotización, progresivas conforme a salarios, como presupuesto para el disfrute posterior de prestaciones sociales.

• Potenciar con el sistema de incentivos el retorno al trabajo de mujeres desempleadas e inactivas yla conservación en situación de trabajo activo de las mujeres.

• Medidas positivas transitorias correctoras que compensen las cortas trayectorias laborales de la mujeres al mercado de trabajo y las lagunas de cotización en caso de incrementar el periodo de acceso a la jubilación

• Acrecentar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo y aumentar las bases de cotización, eliminando, por ejemplo, los topes.

• Las políticas activas de empleo no deben financiarse con cargo a la Seguridad Social, sino con recursos adicionales.

• Establecer medidas desde el principio de solidaridad para garantizar que todas las personas tengan acceso, desde el sistema contributivo a una pensión mínima.

• Mantenimiento de los complementos a mínimos, y primando los requisitos de necesidad social por encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes.

• Refrenciar los datos desglosados por sexos: pensiones no contributivas y la tasa de sustitución.

• Sistema de dependencia: políticas públicas con perspectiva feminista: el trabajo de cuidados debe pasar de problema individual a objetivo colectivo. Promover la prevención de la dependencia contemplada pero no desarrollada en la LAPAD. Alcanzar un 2,5% del PIB para atención a la dependencia con carácter universal y suficiente.

• Escolarización de 0 a 3 años.

• Servicios profesionales públicos, con generación suficiente de puestos de trabajo. Progresiva eliminación de la prestación económica individual por cuidados no remunerados. Reforzar los recursos y la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, para disminuir la burocratización. Prevención y atención específica a las personas cuidadoras.

• Revisión del modelo de los cuidados para construir un sistema universal, público y suficientemente financiado, que implique la puesta en marcha de un sector de actividad generador de empleo vinculados a las etapas vitales de mayor necesidad –infancia de 0-3 y mayores

• Corrección de la base de cálculo para el subsidio que se efectúa en base al último contrato quese haya tenido sin coeficiente corrector en caso de parcialidad.

• Incentivos para que las mujeres de salarios bajos coticen más allá de los 15 años que les dan acceso a la pensión mínima.

• Equiparar el sistema especial de empleadas de hogar con el Régimen General para que, además de tener derecho al desempleo, adecúen las cotizaciones a sus ingresos reales para una mejor protección en la etapa pensionista.

• Ratificación del Convenio OIT 189.

• Vigilancia de la proliferación de aplicaciones y plataformas online/Marketplace para realizar contrataciones por horas y que pueden contribuir a eludir la relación laboral.

• Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen estos servicios y ocupaciones declarados esenciales 7

• Deducciones fiscales especiales a empleadoras de empleadas de hogar y ayuda a domicilio. Consideración de esta actividad como generadora de riqueza. El gasto generado por la empleadora (salario y cotización) debe dejar de ser considerado consumo.

• Aumentar las cuantías de los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas.

• Revalorización del IPREM como índice de referencia acercándolo a las cuantías del SMI para la garantía de unas rentas mínimas adecuadas.

• Reducir la tasa de paro registrado del 22,61%, eliminando la brecha entre sexos.

• Ampliar la tasa de empleo en las mujeres menores de 30 años para alcanzar al menos la de 52% masculina, 12 puntos superior a la de las mujeres.

• Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo que combatan modelos de subempleo encubierto.

• Actuaciones dirigidas a combatir los estereotipos y roles de género que condicionan el acceso al empleo a las mujeres a determinados sectores y ocupaciones.

• Impulso para incrementar la presencia de mujeres en estudios en áreas de conocimientos donde estén menos representadas.

• Servicios públicos y medidas de conciliación que posibiliten que las jóvenes no se vean abocadas a los cuidados de familiares y descendientes.

• Impulsar políticas de empleo dirigidas a favorecer la inserción laboral de las mujeres con discapacidad para que se reduzca su exclusión y puedan alcanzar un desarrollo personal que les permita ser autosuficientes.

• Incremento progresivo con referencia al SMI en los Presupuestos Generales del Estado de las pensiones no contributivas.

• Dignificar los importes de las no contributivas, objetivo que debe incorporarse a través de lo presupuestos generales o contra el Fondo de Reserva de las pensiones como política prioritaria para la igualdad de mujeres y hombres de impostergable interés social.

• Equiparación de la pensión no contributiva con el mínimo general de las pensiones.

• Separar la demanda de los derechos laborales de la aplicación de la ley de migración es básico para afrontar la explotación laboral a la que están sometidas estas personas y que no denuncian por miedo a ser expulsadas.

• Investigación de los empleos no declarados de cuidado a las personas, que son realizados básicamente por mujeres y mayoritariamente por mujeres extranjeras, reconocimiento de sus derechos laborales.

• Regularización de la situación administrativa de aquellas personas migrantes que trabajen en servicios de cuidados y declarados esenciales.

• Políticas Públicas con perspectiva feminista dirigidas a la economía digitalizada que rompan la discriminación existente entre mujeres y hombres por algoritmos opacos y con la segregación laboral y la desigualdad retributiva por tarea desempeñada.

• Regularización de este tipo de economía de prestación de servicios con un registro de las existentes y la fórmula real de funcionamiento: empresa o plataforma colaborativa real en las que las comunidades de trabajadores y trabajadoras sean las que decidan los criterios de remuneración del trabajo o los horarios.

http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=20-de-las-21-recomendaciones-del-pacto-de-toledo-se-olvidan-de-las-mujeres

http://www.forumpoliticafeminista.org/sites/default/files/PACTO%20DE%20TOLEDO%204.pdf

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martes, 19 de enero de 2021

Causas de la pobreza y la desigualdad



El alto nivel general de pobreza persistente en la UE sugiere que la pobreza es principalmente la consecuencia de la forma en que se organiza la sociedad y se asignan los recursos. 
Las decisiones sobre cómo erradicar la pobreza al final son decisiones políticas sobre el tipo de sociedad que queremos.

Algunas personas imaginan que en una región rica como la UE nadie puede ser pobre o si lo es debe ser el resultado de algunos problemas o fallas personales. Sin embargo, éste no es el caso.

El alto nivel general de pobreza persistente en la UE sugiere que la pobreza es principalmente la consecuencia de la forma en que se organiza la sociedad y se asignan los recursos, ya sean financieros o de otro tipo, como el acceso a la vivienda, los servicios sociales y de salud, la educación y otros recursos económicos. , servicios sociales y culturales.

En tiempos de austeridad, algunas decisiones políticas tomadas han profundizado la pobreza y las desigualdades (recortes de ingresos y servicios, desregulación del mercado laboral…).

De hecho, el hecho de que existan niveles muy diferentes de pobreza en diferentes Estados miembros demuestra claramente que los diferentes enfoques para asignar recursos y oportunidades conducen a resultados diferentes.

 

Las sociedades menos desiguales de Europa tienden a tener los niveles más bajos de pobreza y a haber sido menos afectadas por la crisis. Esto se debe principalmente a que estos gobiernos optan por dar prioridad a asegurar niveles de ingresos mínimos adecuados y asegurar un buen acceso a los servicios, a través del sistema de protección social y garantizando niveles de salario mínimo. Por lo general, son los más eficaces para redistribuir la riqueza a través de los impuestos y otros sistemas. Esto significa que las decisiones sobre cómo erradicar la pobreza al final son elecciones políticas sobre el tipo de sociedad que queremos.

 

Factores clave

En términos de individuos, se considera que algunos factores clave hacen que una persona esté más "en riesgo" de estar en la pobreza, tales como:

  • desempleo o tener un trabajo de mala calidad (es decir, mal remunerado o precario), ya que esto limita el acceso a un ingreso decente y aleja a las personas de las redes sociales;
  • bajos niveles de educación y habilidades porque esto limita la capacidad de las personas para acceder a trabajos decentes para desarrollarse y participar plenamente en la sociedad;
  • el tamaño y el tipo de familia, es decir, las familias numerosas y las familias monoparentales tienden a correr un mayor riesgo de pobreza porque tienen costos más altos, ingresos más bajos y más dificultades para obtener un empleo bien remunerado;
  • género : las mujeres generalmente corren un mayor riesgo de pobreza que los hombres, ya que tienen menos probabilidades de tener un empleo remunerado, tienden a tener pensiones más bajas, están más involucradas en responsabilidades de cuidado no remuneradas y, cuando están en el trabajo, con frecuencia se les paga menos incluso por el el mismo trabajo ;
  • discapacidad o mala salud porque esto limita la capacidad de acceder al empleo y también conduce a un aumento de los costos diarios;
  • al ser miembro de grupos étnicos minoritarios como los romaníes y los inmigrantes / inmigrantes indocumentados, ya que sufren especialmente de discriminación y racismo y, por lo tanto, tienen menos posibilidades de acceder al empleo, a menudo se ven obligados a vivir en entornos físicos peores y tienen un acceso más deficiente a los servicios esenciales;
  • vivir en una comunidad remota o muy desfavorecida donde el acceso a los servicios es peor.

 

Todos estos factores crean barreras y dificultades adicionales, pero deben considerarse dentro del contexto estructural general de cómo un país en particular elige distribuir la riqueza y abordar la desigualdad .


https://www.expansion.com/economia/2020/10/16/5f897779e5fdea13338b4592.html

https://www.eapn.eu/what-is-poverty/causes-of-poverty-and-inequality/

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lunes, 18 de enero de 2021

VOTA CONSCIENTE ECUADOR

Frente a las elecciones que se avecinan en nuestro querido Ecuador, traemos las recomendaciones de ONU con sus datos claros que invitan a la reflexión antes de decidir a quien votar . 

¿Cuál es su avance en el Ecuador y el mundo? 

Pronto, 13,099,150 personas habilitadas para el voto (según datos del CNE), acudirán a las urnas para elegir el/la presidente de la República, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos.

¿Cuáles son sus propuestas frente a los desafíos del país, como paliar los efectos de la pandemia por COVID-19, poner fin a la pobreza, hacer frente al cambio climático, promover el empleo decente, la igualdad entre hombres y mujeres, instituciones públicas más sólidas y eficaces, reducir la brecha digital y el acceso a servicios de salud y educación de calidad, entre otros?


Desde Naciones Unidas, y ante estos retos, invitamos a la ciudadanía a tomar como referencia la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y a ejercer el derecho al voto de manera consciente, solicitando a las distintas candidaturas que sus propuestas respondan a los problemas de desarrollo del Ecuador.

En el caso de Ecuador, ha habido importantes avances, sin embargo, el país enfrenta actualmente grandes retos, agravados por la pandemia: 


Se estima que más de 700 mil personas en el último año vieron sus condiciones de empleo empeoradas y entre marzo y septiembre. 280 mil personas han dejado de estar afiliadas a la seguridad social.

Ecuador tiene la segunda tasa más alta de desnutrición crónica infantil de la región. Afecta a uno de cada cuatro menores de 5 años. La población indígena es el grupo más vulnerable. Una mala alimentación reduce su rendimiento escolar, así como sus oportunidades de desarrollo y las del país, perpetuando el círculo de la pobreza.

La suspensión de la educación en modalidad presencial limita el acceso y excluye a quienes no tienen Internet ni equipos, dificulta el aprendizaje y duplica la jornada de trabajo de las personas a cargo del cuidado de niñas y niños en edad escolar.  

El 65% de las mujeres en Ecuador han experimentado alguna forma de violencia en algún momento de su vida. Durante el confinamiento obligatorio, las mujeres se encontraron en una situación de aún mayor indefensión. 

Cada día, 7 niñas menores de 14 años y 150 adolescentes son madres, realidad provocada en su mayoría por situaciones de abuso y violencia sexual.

Como consecuencia de nuestro abuso hacia la naturaleza, hemos deteriorado el ambiente y han aparecido enfermedades mortales contra las cuales tenemos poca defensa. 



https://ecuador.un.org/es/107686-votaconsciente-elige-para-el-futuro-elecciones-2021-en-ecuador

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domingo, 17 de enero de 2021

Comunicación de las organizaciones feministas y de mujeres ecuatorianas a las/os Miembros del Comité CEDAW 2/2



 2. Los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en el COS (Código Orgánico de la Salud)


El artículo 358 de la Constitución ecuatoriana establece que el Estado garantizará el derecho a la salud mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.


El debate del Código Orgánico de Salud ha sido deformado por las interpretaciones erróneas de la cúpula de la Iglesia Católica y de los grupos antiderechos autodenominados “provida”. Las mujeres organizadas logramos que se descarte en el proyecto de ley la objeción de conciencia en entrega de anticonceptivos, por su inconstitucionalidad, pero aquello peligra. Los sectores conservadores ya se han movilizado contra los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas, mujeres y personas de las disidencias sexogenéricas en momentos claves como la aprobación de la Constitución de 2008, los debates para la despenalización del aborto por violación, la discusión de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la sentencia para la aprobación del matrimonio igualitario. 


Citamos a continuación los avances del Código Orgánico de la Salud respaldados por las organizaciones de mujeres y de derechos humanos y rechazados por los sectores antiderechos:


1) Art. 9.- Se prohíbe a los profesionales de salud, dilatar la atención de emergencia bajo cualquier pretexto, incluido el planteamiento de objeción de conciencia.

2) Arts. 22 y 115.- Reconoce el derecho de las y los adolescentes a acceder a asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva y a que se garantice la confidencialidad de las mismas difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud reproductiva, a fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente, toda forma de violencia, el VIH-SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, el fomento de la paternidad y maternidad responsables, la erradicación de toda forma de explotación sexual y discriminación.

3) Art. 193.- Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud deberán brindar atención en salud sexual y salud reproductiva con intervenciones integrales y basadas en evidencia científica, resguardando la confidencialidad, con enfoque intergeneracional y pertinencia cultural que contribuyan a erradicar conductas de riesgo, discriminación, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad; con respeto a la identidad de género y la orientación sexual de las personas.

4) Art. 193.-Se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, excepto los casos en los que esté en riesgo inminente su salud o vida. En ningún caso estará permitido realizar acciones que vulneren la integridad personal en estos aspectos. Estos casos deberán recibir acompañamiento y asesoría oportuna y permanente de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud.

5) Artículo 195.- La Autoridad Sanitaria Nacional dictará las normas para garantizar la disponibilidad y acceso a métodos anticonceptivos de calidad, seguros y eficaces cuando las y los usuarios lo soliciten, incluyendo anticoncepción después de eventos obstétricos. Todos los establecimientos prestadores de servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud contarán con el aprovisionamiento adecuado y oportuno de dichos métodos, los proporcionarán de manera gratuita y no podrán  negar información y asesoría acerca de los mismos a los usuarios de sus servicios, conforme lo establecido en la Constitución y lo dispuesto en este Código. Se prohíbe a los profesionales de la salud negarse a prescribir, implantar, aplicar o realizar el procedimiento anticonceptivo elegido por las y los usuarios, a menos que existan razones médicas para ello. Este particular deberá registrarse en la historia clínica.

6) Artículo 201.- Serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud; y, a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional.

7) Art. 208.- Se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género, por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia.


Los sectores conservadores confunden y tergiversan los artículos aprobados, desde sus prejuicios, y así, se oponen a la salud integral de niñas, mujeres y personas LGBTIQ+. La Conferencia Episcopal ecuatoriana  pide al Presidente de la República que vete estos artículos, porque su aprobación atentaría contra:

1) El derecho a la vida desde la concepción al promover el aborto como emergencia obstétrica.

2) El derecho de madres y padres a educar a sus hijos e hijas al aprobar el uso indiscriminado de anticonceptivos como imponer visiones ideológicas de género contrarias a sus convicciones éticas y a la ciencia.

3) El derecho a la objeción de conciencia de los médicos.

4) El derecho a la identidad sexual al permitir la asignación o cambio de sexo en la etapa de pubertad como al impedir la recuperación de una orientación sexual [sic].


Frente a estas afirmaciones, las mujeres organizadas respondemos:


1. Emergencias obstétricas: El aborto ya es legal en dos causales en el Ecuador (terapéutico y por violación a una mujer con discapacidad mental, artículo 150, Código Orgánico Integral Penal, COIP). El Código Orgánico de Salud no puede “legalizar” y mucho menos “promover” el aborto, pues su despenalización requiere de reforma de la ley penal. Un tercio de la mortalidad materna no se relaciona con abortos en curso o sangrados (que es imposible detectar si son provocados, o no, en el caso de abortos inducidos con medicamentos) sino con enfermedades preexistentes de las mujeres. La realidad en el país es que a las mujeres que se presume que tienen abortos provocados en curso se les podría negar atención de emergencia para salvar sus vidas. De hecho, con frecuencia se las presiona para autoinculparse y se las denuncia. Más del 90% de mujeres judicializadas por abortos provocados son denunciadas por personal médico que rompe con la confidencialidad y el secreto profesional. Un 30% de ellas son menores de 18 años. El 69% tienen entre 14 y 19 años. El 100% son empobrecidas y el 40% son afroecuatorianas. Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. 

2. Atención en salud sexual y reproductiva a adolescentes: La Constitución ecuatoriana reconoce a las y los adolescentes y jóvenes el derecho a recibir atención en salud sexual y salud reproductiva. La Corte Constitucional ecuatoriana, asimismo, en sentencia, ha establecido un precedente jurisprudencial obligatorio sobre el papel del estado en el aseguramiento de estos derechos .

3. Objeción de conciencia: La objeción de conciencia de acuerdo con el Art. 66 numeral 12 de la Constitución “no podrá menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza”. Al derecho a la salud no puede oponerse la objeción de conciencia -menos aún con un sistema de salud pauperizado y disperso, con poco personal y presupuesto- sean cuales sean los motivos por los que las mujeres requieren atención médica. En las zonas rurales muchos centros de salud tienen un único profesional, con lo cual, el riesgo para las mujeres sería de muerte de admitirse esta posibilidad.

4. Protección de personas LGBTIQ+: La prohibición de intervenciones quirúrgicas tempranas destinadas a “corregir” la anatomía de las personas intersex, no por razones de salud, sino por el miedo del personal médico o de los padres a la “indeterminación sexual” es un mecanismo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Las cirugías “correctivas” innecesarias desde un punto de vista médico sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas intersex son formas de mutilación genital y esterilización forzada con graves consecuencias emocionales y de salud. La disposición aprobada en el COS de ninguna manera impone “cambios de sexo” en las infancias, sino garantiza los derechos de las personas intersex al consentimiento previo, libre e informado. Asimismo, el estado ecuatoriano ha sido observado por varios Comités de Derechos Humanos por la existencia de las “clínicas de deshomosexualización”; centros de tortura destinados a “curar” la homosexualidad, que no es considerada delito ni enfermedad desde hace varias décadas atrás. El Ministerio de Salud Pública cuenta con protocolos para investigar y clausurar estos centros de tortura, donde se han denunciado golpes, tratos crueles, inhumanos y degradantes y violaciones correctivas, especialmente a mujeres lesbianas y hombres 


[1] En comunicado del 26 de agosto de 2020, https://www.elcomercio.com/actualidad/conferencia-episcopal-ecuatoriana-expresa-preocupacion.html

[1] Wambra.ec, “El rostro de las mujeres criminalizadas por abortar: empobrecidas y jóvenes”. Disponible en: https://wambra.ec/mujeres-criminalizadas-aborto/

[1] Corte Constitucional del Ecuador, 003-18-PJO-CC, precedente jurisprudencial obligatorio que, en su parte pertinente, dice: “123. La autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes, cesa el momento en el que el ejercicio de la obligación de cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un “salvador externo” que imponga medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.” 

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra personas LGBTI, párrafos 182-195.

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sábado, 16 de enero de 2021

Comunicación de las organizaciones feministas y de mujeres ecuatorianas a las/os Miembros del Comité CEDAW 1/2





1. Antecedentes

En el Ecuador, 139 organizaciones de mujeres y de derechos humanos y 186 personas han suscrito una solicitud al Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, para alertar sobre la necesidad de precautelar los avances en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos contenidos en el Código Orgánico de la Salud, norma que después de ocho años de discusión fue aprobada el 25 de agosto de 2020 por la Asamblea Nacional con 75 votos y que se envió al Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de treinta días, que vence el 26 de septiembre próximo. Estos avances están en peligro por la presión de los grupos antiderechos, la cúpula de la Iglesia Católica, servidores de alto rango con posturas conservadoras y actores políticos que miden fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2021.

Las organizaciones de mujeres y las defensoras de derechos humanos han incidido activamente para cumplir con el mandato constitucional de desarrollar de manera progresiva a través de las normas, políticas y jurisprudencia el contenido de los derechos e impedir que estas contravengan lo reconocido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidas las recomendaciones de las instancias del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos  y las sentencias vinculantes de la Corte IDH que han establecido, como medidas de reparación, la necesidad de proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y mujeres ecuatorianas y de las personas LGBTIQ+, vulnerados sistemáticamente por las acciones y omisiones del estado ecuatoriano . La jerarquía normativa impide que las leyes restrinjan el contenido de los derechos y de las garantías constitucionales y es inconstitucional cualquier acción u omisión e carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. (Art. 11 numerales 4 y 8 de la Constitución Política de la República).


De hecho, la Constitución de la República y varias leyes secundarias ya garantizan los derechos de las mujeres y las niñas  y las organizaciones vemos con preocupación que se reabren debates superados sobre derechos humanos inalienables como la atención en salud, la educación sexual integral, la prevención y erradicación de todas las formas de violencia basada en género, incluida la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia niñas, mujeres y personas LGBTIQ+.


En el Ecuador existen 4.450.000 mujeres en edad fértil, sin contar con las niñas entre 10 y 14 años que son madres como consecuencia de la violencia sexual que estarían sujetas a la posibilidad de objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud y a la negativa a entregar anticoncepción y atender emergencias obstétricas. El Ecuador es el segundo país en América Latina con el más alto índice de embarazo adolescente. 178 adolescentes se embarazaron cada día en el año 2018. 1 de cada 2 embarazos en el Ecuador es indeseado.  10.000 casos de complicaciones de aborto se atienden cada año en el sistema de salud. 


El sistema de salud, en especial la atención primaria, se ha debilitado sistemáticamente por recortes presupuestarios y de personal que complican el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de salud sexual y salud reproductiva. Este no garantiza cobertura, cuando la mayoría de la población hace uso del sistema público de salud (75%) y en la zona rural las atenciones en el sistema de salud pública ascienden al 82% . 



[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer-CEDAW, Comité de Derechos del Niño, Comité de Derechos Humanos y Comité contra la Tortura, Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias de las Naciones Unidas; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras.

[1] Caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador; Caso Flor Freire vs. Ecuador; Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, de reciente solución, que ordena medidas de reparación para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar la violencia sexual en el ámbito educativo con la participación de las niñas y niños en la formulación de políticas públicas de prevención.

[1] Constitución Política de la República, Arts. 27, 28, 66 numeral 3, 4, 5, 9, 10, 20, 83,  347, 358; Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Salud, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad, Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional.

[1] Ministerio de Salud Pública del Ecuador, SENPLADES, UNFPA, SENDAS. Estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y Salud Reproductiva en Ecuador. Quito. 2017.

[1] Dra. Virginia Gómez de la Torre B, Posición de la Fundación Desafío y Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador sobre la objeción de conciencia en el COS en la prestación de salud pública (métodos anticonceptivos), 2020.

[1] Margarita Velasco et al., “El acceso geográfico desigual a la salud en Ecuador”. Quito, 2020, Observatorio Social del Ecuador y FES-ILDIS.


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viernes, 15 de enero de 2021

INFORME FÓRUM POLÍTICA FEMINISTA A LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO 2020 13/20

 


13. Prestaciones de Viudedad y Orfandad

Debe llevarse a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia —en especial la de viudedad— manteniendo su carácter contributivo.

Existen 2.349.946 pensiones de viudedad en vigor, a 1 de noviembre de 2020 de las cuales 2.160.871 corresponden a mujeres (91.95%). La cuantía media es de 747€/mes. En cuanto a las pensiones por orfandad 156.607 las perciben mujeres y 177.654, hombres siendo la brecha inexistente en este caso. Mientras que las pensiones por jubilación son 2.393.205 de mujeres y 3.719.296 de hombres. 1

La alta tasa de mujeres con pensión de viudedad nos marca la bolsa de inactividad femenina que implica una componente muy importante de la economía sumergida y la división sexual del trabajo, que está en la base de esta situación.

La propuesta que se hace desde el Informe del Pacto de Toledo es la redistribución de las cuantías, avanzando en las situaciones más desprotegidas poniendo el objetivo en la edad. Así se reforzaría a las recibidas por las mujeres mayores de 65 años, ya que es a partir de esa es donde se concentra la mayor parte de ellas y una menor vida laboral o nula en la mayoría de los casos.

También se considera en la recomendación la reforma de la pensión de viudedad encaminadas a suprimir toda discriminación injustificada que afecte a la persona beneficiaria de la pensión por no existir vínculo matrimonial previo.

Creemos necesario que las medidas planteadas vayan acompañadas de

• Mantenimiento de los complementos a mínimos, y primando los requisitos de necesidad social por encima de los de matrimonio, de manera que, sin desproteger a mujeres mayores, no incentive la dependencia de las casadas jóvenes.

Los ejes de actuación para un nuevo modelo social pasa por un cambio de paradigma que eliminen los estereotipos de género del modelo hombre contribuyente /mujer cuidadora-dependiente-pobre.

1. Pensiones Contributivas de la Seguridad Social 1 noviembre 2020


http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=20-de-las-21-recomendaciones-del-pacto-de-toledo-se-olvidan-de-las-mujeres

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jueves, 14 de enero de 2021

INFORME FÓRUM POLÍTICA FEMINISTA A LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO 2020 12/20


 12. Edad de jubilación

Fomentar la permanencia de los trabajadores en activo.

Atender a las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda generar en determinados colectivos.

Esto supondrá otra vuelta de tuerca que endurecerá aún más las condiciones para jubilarse, ya que uno de los grandes objetivos es retrasar la edad de jubilación. También el Pacto de Toledo apuesta por «conceder una mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador en la determinación de la cuantía de su pensión». Y ampliar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora provoca generalmente una reducción de la pensión media.

Vuelve el Informe a primar el sostenimiento del sistema sin tener en cuanta las situaciones más desfavorables.

Las pensiones contributivas de las mujeres, de media, deberían subir un 50,61% para equipararse a la medique perciben los hombres. Las lagunas en la cotización y en general el rol social asignado a las mujeres propicia esta situación con trayectorias laborales cortas que implica escasa cotización, situación que es estructural, y que mientras se soluciona debe ser remediada con medidas transitorias para las mujeres a la hora de acceder a la edad de jubilación.

Ampliar los años de cotización para el cálculo de las pensiones no haría más que agravar esta brecha, impidiendo que muchas mujeres, a la hora de alcanzar la edad de jubilación no puedan acceder a la situación de pensionistas, debiendo alargar su vida laboral.

  •  Medidas positivas transitorias correctoras para compensar los tardíos accesos de la mujeres al mercado de trabajo y por ende del periodo de cotización.

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miércoles, 13 de enero de 2021

INFORME FÓRUM POLÍTICA FEMINISTA A LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO 2020 11/20



 11. Contributividad.

Es necesario preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema.

En esta recomendación unen dos principios del sistema de pensiones: el principio de contributividad (la relación directa y equilibrada entre las cotizaciones realizadas y la prestación que se reconoce a la persona trabajadora) y el principio de solidaridad, (a través del “complemento a mínimos) para que todas las personas puedan llegar a una pensión mínima.

• Establecer medidas desde el principio de solidaridad para garantizar que todas las personas tenganacceso, desde el sistema contributivo a una pensión mínima.

Desde el punto de vista feminista este principio de solidaridad vendría a compensar la situación de mayor precariedad de las mujeres en el mercado de trabajo, y un reconocimiento y compensación por las interrupciones producidas por la desigualdad en los cuidados familiares.

Este complemento a mínimo (El 30% del total de las prestaciones que perciben las mujeres requieren del complemento a mínimos; 17% en el caso de las pensiones que perciben los hombres) favorece mayoritariamente a mujeres ya que son quienes tienen:

- vidas laborales interrumpidas: A lo largo de 2019, el 86,96%.de las excedencias por cuidado familiar.52.889 corresponden a mujer fueron solicitadas por mujeres

- más contratos parciales: 74% del total de los contratos a tiempo parcial

La medida que plantea el informe de escoger el especifico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión, señalamos que puede beneficiar a las mujeres que a lo largo de su vida laboral hayan optado a la reducción de jornadas para el cuidado de familiares.

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martes, 12 de enero de 2021

INFORME FÓRUM POLÍTICA FEMINISTA A LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO 2020 10/20

 10. Lucha contra el fraude.

Debe favorecerse que todas las Administraciones implicadas puedan cruzar la información existente en sus bases de datos. 

Deben reforzarse los medios de Inspección de Trabajo y el régimen sancionador a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Los objetivos y propuestas de trabajo para el control de la recaudación, el refuerzo de las acciones dirigidas  para el afloramiento de los empleos sumergidos, la actualización de los mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones (sobre todo las referidas a incapacidad temporal) y el refuerzo de los instrumentos y medios materiales y humanos de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social para luchar contra las infracciones laborales, entre otros, ya fueron recogidos en el Informe de 1999 realizado por el CES 1y en el informe sobre recomendaciones al Pacto de Toledo de 20112

.

El actual Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo señala de forma directa y explícita la necesidad de desarrollar “las acciones dirigidas a aflorar empleos sumergidos en ámbitos específicos, como el de los servicios a las personas y a las familias” Para Noviembre 2020 - En el Epígrafe de “Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico informa de un total de: 421,3283

.

• Completar la reforma del sistema de seguridad social de empleadas de hogar. con el objeto de que las cotizaciones den acceso a la prestación por desempleo, ya que la situación de temporalidad de estos empleos es clara y conocida:en buena parte de las ocasiones las empleadas de hogar son contratadas para la atención a menores hasta la edad adolescente, o bien para el cuidado de personas dependientes, lo que también tiene un horizonte temporal limitado.

Esta situación de desprotección en la que se encuentran cuando finaliza el contrato lleva a una desigualdad clara y evidente por razón de sexo del sistema, con menos derechos reforzando el menor valor social y económico del mismo posicionándolas en una mayor vulnerabilidad en cuanto a reclamar derechos laborales, de protección de situaciones de acoso o abuso sexual o por razón de sexo sin protección ante el desempleo, por lo que no perciben lo beneficioso de las cotizaciones a medio plazo.

  •  Investigación de los empleos no declarados de cuidado a las personas, que son realizados básicamente por mujeres y mayoritariamente por mujeres extranjeras, reconocimiento de sus derechos laborales.

Esto supondrá un reconocimiento de sus derechos laborales, garantizar la percepción de salarios regularizados en el momento actual, la contribución obligada al sistema público de pensiones y seguridad social y garantizar el derecho a prestaciones por desempleo a medio plazo y pensión de jubilación a largo plazo.

“En el año 2019, del total de mujeres ocupadas, el porcentaje más alto (29,0%) correspondía a la ocupación

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores”4. Socialmente se conoce que estas ocupaciones no solo están feminizadas sino que además son objeto de fraude en la contratación: jornadas parciales que de forma efectiva son jornadas completas, etc.

Los objetivos anuales y procedimientos de inspección de trabajo de lucha contra el fraude a la seguridad social en el área de lucha contra la economía sumergida tendría que incluir

  •  Procedimientos de inspección continuada a las empresas, sin previo avisar de la realización de estas inspecciones, con sanciones lo suficientemente disuasorias como para que no se vuelva a repetir el fraude, con el objeto de incrementar la presión y desincentivar el efectivo fraude.

1.pia iniciativa sobre la e Informe a proconomía sumergida en relación a la quinta recomendación del Pacto de Toledo. Sesión ordinaria de Pleno de 21 de abril de 1999. CES. Accesible en: http://www.ces.es/documents/INF/1999/02

2Informe de evaluación y reforma del pacto de Toledo. Seguridad Social, 2011. Accesible en: http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/837109f0-e8fa-47fb-b878- 668afc1bca1e/Informe+Pacto+de+Toledo+2011..pdf?MOD=AJPERES&CVID

3Trabajadores afiliados en alta laboral, según división de actividad CNAE-2009 (1) Accesible: https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/AFI/afi4_top_EXCEL.htm

4 Ocupados por ramas de actividad, por tipo de ocupación, por situación profesional y por tipo de puesto laboral. INE. Accesible en: https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param 3=1259924822888

5.La mujer en la Seguridad Social. Breve radiografía de situación. 06/03/2020. Seguridad Social. Accesible en: https://revista.seg-social.es/2020/03/06/la-mujer-en-la-seguridad-socialbreve-radiografia-de-situacion/

http://www.forumpoliticafeminista.org/?q=20-de-las-21-recomendaciones-del-pacto-de-toledo-se-olvidan-de-las-mujeres

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lunes, 11 de enero de 2021

Turquía y los derechos de las mujeres

 

9 diciembre de 2020

Lamentablemente, no ha habido ningún cambio ni desarrollo que pueda considerarse positivo en la violencia machista contra las mujeres en 2020. 260 mujeres fueron asesinadas en los primeros 11 meses de 2020. Al menos 92 mujeres fueron violadas, 136 mujeres fueron acosadas y 731 mujeres fueron sometidas a la violencia

Las condiciones provocadas por la pandemia de COVID-19 que dejó a numerosas personas desempleadas o encerradas en sus hogares han traído consigo condiciones mucho más severas para las mujeres. Bloqueos en  casi todos los países del mundo condujeron a una escalada en la violencia sexual, económica y  física contra la mujer. Los informes de observación publicados en Turquía también apuntan a una situación similar para las mujeres. 

Según los informes de abril y mayo de 2020 publicados por We Will End Femicide Platform, la tasa de mujeres que llamaron a las líneas de apoyo aumentó en un 55% y un 78% en abril y mayo, respectivamente. 

Muchos eventos planificados para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer también enfrentaron prohibiciones e intervenciones este año. La Marcha Nocturna Feminista del 8 de marzo, que se ha celebrado desde 2003 pero intervenida en 2019, también fue prohibida por la Oficina del Gobernador de Estambul en 2020. 

La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra las mujeres que se reunieron en la calle Sıraselviler en Estambul. Al menos 32 mujeres fueron puestas bajo custodia policial. La policía intervino en la protesta celebrada el 15 de mayo de 2020 en Estambul, Kadıköy con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia y detuvo a dos personas con violencia física. 

La policía también intervino en una sentada organizada en el parque Atatürk de Batman para protestar por la agresión sexual de una niña por parte de un sargento especialista en Batman y detuvo a 10 personas, incluidos niños. 

La policía intervino en una marcha después de una conferencia de prensa, para protestar por el asesinato de Pınar Gültekin por un hombre llamado Cemal Metin Avcı, retenido por Women Are Strong Together Platform en İzmir, Alsancak el 21 de julio de 2020, mientras detuvo a 12 personas usando la fuerza física

Además, en febrero de 2020, en una reunión con diputados del AKP y miembros de la junta ejecutiva central, el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró que se revisaría la Convención de Estambul. En las disputas que siguieron, declaraciones como "(la convención) rompe  la estructura familiar turca" y "proporciona bases legales para la homosexualidad" hicieron de la Convención de Estambul un objetivo. El Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como el Convenio de Estambul, que establece los estándares básicos para la prevención y el combate de la violencia de género y doméstica contra las mujeres, junto con las responsabilidades de los estados a tal efecto, había sido ratificado por la GNAT el 24 de noviembre de 2011. 

Numerosas mujeres realizaron protestas masivas afirmando que las normas contra la violencia, que ya se han implementado de manera insuficiente, terminarían en su totalidad si Turquía retira su firma de esta convención. La policía no permitió un foro sobre la Convención de Estambul programada para el 26 de julio de 2020 en Estambul, Beşiktaş Abbasağa Park, por el Colectivo Women Are Strong Together, debido a una decisión de prohibición emitida por la oficina del gobernador. La policía detuvo a 8 personas mediante el uso de violencia física tras el final del foro. La policía intervino en una marcha organizada por la Plataforma de Mujeres de Esmirna para exigir la aplicación de la Convención de Estambul el 5 de agosto de 2020 en Esmirna y detuvo a 16 personas con violencia física y esposando por la espalda a los manifestantes. Se informó que después de la sentada organizada para la liberación de los detenidos, se detuvo a 5 personas más. 

La policía intervino en una conferencia de prensa celebrada el 12 de agosto de 2020 por la Plataforma de Mujeres de Ankara para protestar por la retirada de Turquía de la Convención de Estambul y detuvo a 33 personas utilizando violencia física. 

La policía no permitió una conferencia de prensa ni una marcha programada por los comités de mujeres con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Estambul, Taksim.

 La policía bloqueó a las mujeres que realizaron una sentada ante las barricadas policiales durante aproximadamente 5 horas, luego detuvo a 10 mujeres, esposándolas por la espalda y usando violencia física. Se informó que una mujer resultó herida durante la intervención. 4


https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2021/01/iHD-HRFT_Human-Rights-Day-2020_.pdf

3 https://ihd.org.tr/en/ihd-special-report-on-hate-speech-and-hate-crimes-in-turkey/

4 http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/aciklamalar/2912/nisan-2020-basvuru-karsilama-raporu

Nisan 2020 Başvuru Karşılama Raporu (kadincinayetlerinidurduracagiz.net)

https://observatorioviolencia.org/el-movimiento-feminista-turco-consigue-paralizar-la-propuesta-de-ley-que-evitaria-condenas-a-violadores/

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