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lunes, 27 de abril de 2020

Las respuestas a la pandemia de COVID-19 no deben descartar a las mujeres y niñas


Declaración del Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas*


Mientras los gobiernos intentan abordar las crisis económicas y de salud pública sin precedentes causadas por la pandemia de COVID-19, nos preocupa profundamente que las mujeres y las niñas sufran violaciones aún más graves de sus derechos humanos. En ausencia de respuestas interseccionales sensibles al género, se exacerbarán las diferentes formas de discriminación sistémica que ya enfrentaban las mujeres y niñas.

El dramático aumento de las responsabilidades de cuidado de las mujeres, la profundización de lo que ya era una epidemia de violencia sexual y doméstica, la continua feminización de la pobreza, la proliferación de barreras a la atención médica, especialmente aquella relacionada con la reproducción, pondrán en grave peligro la seguridad y el bienestar de las mujeres, su seguridad económica y su participación en la vida política y pública, tanto durante como después de la pandemia. Las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los riesgos para la salud y la vida generados por el COVID-19 deben tener en cuenta las características y circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y niñas. Estos incluyen, pero no se limitan a su sexo, género, edad, discapacidad, origen étnico y estado de inmigración o residencia. Los Estados deben abstenerse de cualquier acción que exacerbe el impacto económico y social ya desproporcionado de esta pandemia en las mujeres y niñas.

Las mujeres se encuentran actualmente en primera línea, brindando servicios médicos y otros servicios esenciales y manteniendo a las comunidades en funcionamiento mientras se aplican las medidas de confinamiento. Como resultado, enfrentan un gran aumento en su carga de trabajo y corren mayor riesgo de estar directamente expuestas al COVID-19. Hay relatos de enfermeras, doctoras, parteras y encargadas de limpieza en los hospitales quienes han contraído el virus mientras cumplían con sus funciones, debido a la falta de provisión de un equipo adecuado de protección personal. En algunos países, las trabajadoras de la salud han sido despedidas o arrestadas por quejarse de la inadecuada protección que les brindan. Otras han sido desalojadas por propietarios por temor al contagio.

Las restricciones a la prestación de servicios de salud esenciales para las mujeres y niñas, como la atención pre y posnatal, la interrupción del embarazo y la disponibilidad de anticonceptivos, impuestas en muchos países para manejar la sobrecarga de los servicios de salud causada por la pandemia, también afectan la salud de las mujeres y niñas desproporcionadamente. En algunos países, se violan los derechos humanos de las mujeres durante y después del parto en un supuesto intento de acelerar el proceso o prevenir el contagio (por ejemplo, cesáreas y parto con fórceps realizados sin indicación médica, negación de la epidural, prohibición de la presencia de la pareja, y separación de los recién nacidos de sus madres). Algunos gobiernos están creando nuevas barreras de acceso a los servicios de aborto, al considerarlo como un procedimiento médico no esencial. Las mujeres de edad también son discriminadas en su acceso a la atención médica, en particular con respecto a la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores en unidades de cuidados intensivos.

Además, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia doméstica y abuso sexual, sin tener ningún recurso durante la pandemia. El aislamiento en el hogar las hace más vulnerables al abuso por parte de sus parejas y familiares, mientras que su acceso al asesoramiento y otros servicios de emergencia, incluida la vivienda alternativa y la asistencia legal, así como el acceso a los tribunales se ha reducido drásticamente. En algunos países, los reportes de violencia doméstica se han casi triplicado, al tiempo s que no hay refugios, o los refugios no tienen la capacidad suficiente para todas las víctimas que necesitan protección, y muchos ya no son accesibles debido al confinamiento. Se ha reportado un número alarmante de feminicidios por parte de parejas íntimas. Las mujeres con discapacidad o ancianas que viven en instituciones o en hogares de ancianos y en centros psiquiátricos y de otro tipo, así como las mujeres de edad en hogares de cuidado residencial también corren mayor riesgo de violencia debido a la falta de supervisión externa.

La responsabilidad de cuidado que ya recaía de manera desproporcionada sobre las mujeres se ha vuelto particularmente pesada durante esta crisis, con riesgo de graves consecuencias en su salud física y mental. Los mandatos de género, que imponen ciertos roles  a las mujeres y niñas dentro de la familia, como el cuidado de los menores y otros familiares dependientes, y la atención de las necesidades básicas de la vida familiar, como el trabajo doméstico, la alimentación, la higiene y la educación, han causado un aumento significativo en la sobrecarga de estas labores en ellas. Las mujeres que trabajan en servicios esenciales y las solteras cabezas de familia están particularmente sobrecargadas. A pesar de esto, su trabajo de cuidado no remunerado sigue infravalorado y no reconocido, sin ningún medio para garantizar su distribución justa o alivio a través de la expansión de la protección social.

Las mujeres están representadas de manera desproporcionada en el trabajo precario, informal y mal pagado, incluido el trabajo doméstico. Debido a la falta de paquetes de protección social adecuados, corren un mayor riesgo de daños por las perturbaciones sociales y económicas vinculadas a las medidas tomadas para frenar la pandemia. La pérdida de ingresos tiene consecuencias directas para la capacidad de las mujeres de pagar vivienda, alimentos y agua para ellas y sus hogares. La brecha digital entre mujeres y hombres también coloca a las mujeres en una posición desfavorable, afecta su capacidad para trabajar o estudiar desde casa, y para proporcionar educación en casa a sus hijos.

Muchas mujeres y niñas enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación y corren un riesgo de mayor marginalización, incluidas, entre otras, las que pertenecen a minorías, a comunidades indígenas, las mujeres y niñas migrantes, rurales, con discapacidad y las mujeres de edad, quienes están particular y negativamente afectadas por la crisis. Por ejemplo, las mujeres indígenas carecen de información en su idioma sobre estrategias de prevención y sobre cómo y dónde obtener servicios de salud. Las mujeres rurales y pobres que carecen de acceso a agua limpia en sus hogares enfrentan una mayor carga en la recolección de agua en espacios públicos abarrotados para cubrir sus necesidades básicas. Esto está relacionado con un mayor riesgo de exposición al virus. Debido a las medidas de emergencia, muchas mujeres y niñas con discapacidad han experimentado la interrupción de las redes de apoyo esenciales para su supervivencia, se encuentran en situaciones extremas, y carecen de acceso a información accesible e inclusiva, incluso en lenguaje de señas, formatos de fácil lectura y braille. Las mujeres de edad están sujetas al envejecimiento y a los estereotipos, tienen acceso limitado a información sobre cómo protegerse y están excluidas de los programas de recuperación económica.

A pesar de los efectos negativos desproporcionados de la crisis en las mujeres, así como su presencia en los roles de primera línea y su papel crítico en mantener a las comunidades en funcionamiento, las mujeres están en gran medida ausentes de los equipos de respuesta locales, nacionales y globales sobre el COVID-19, de los espacios políticos y de toma de decisión. Sin embargo, en unos pocos  países donde las mujeres lideran las respuestas nacionales, se  han registrado mejores resultados y avances en la lucha contra el virus.

En este momento crítico, los Estados deben garantizar que las decisiones de política se tomen con la participación igualitaria y significativa de las mujeres de diversos grupos y tener en cuenta los riesgos y las realidades de género que se ven exacerbados por otras circunstancias, como la pobreza, la ubicación en un área rural o " desierto alimentario ", e identidades como el origen étnico, la discapacidad y la edad, así como los déficits estructurales preexistentes. Un punto de referencia clave de cualquier nueva política debe ser que no profundice las desigualdades estructurales existentes, o cree nuevas vulnerabilidades, sino que mejore y cree nuevas oportunidades justas y equitativas.

Observamos que algunos Estados han tomado medidas específicas para limitar el impacto de género de la pandemia, tales como: establecer arreglos creativos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, como líneas directas, servicios en línea o recepción de alertas en tiendas de alimentos; incluir los refugios para mujeres sobrevivientes en la lista de los que se consideran servicios esenciales; autorizar el uso de la telemedicina para la atención en salud reproductiva; brindar apoyo económico a las trabajadoras domésticas y de bajos ingresos que ya no trabajan; otorgar licencias adicionales pagadas para que cualquiera de los padres cuide de niño/as o personas con discapacidades que se quedan en casa; proporcionar cuidado infantil gratuito; o proporcionar vivienda temporal y alimentos para mujeres en situación de pobreza.

Sin embargo, hacen falta más medidas. Hacemos un llamado a los Estados para que adopten un enfoque interseccional sensible al género en sus respuestas al COVID-19 e implementen las siguientes medidas:

Proporcionar pruebas universales y gratuitas y dar seguimiento con estrategias de contención que no pongan a las mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia y abuso.

Garantizar el acceso al tratamiento sin discriminación por cualquier motivo para todas las personas que resulten positivas, independientemente de la cobertura del seguro, y proporcionar licencia por enfermedad remunerada para las trabajadoras de los sectores formal e informal, para garantizar la efectividad de las estrategias de contención sin crear daños específicos para las mujeres.

Proporcionar equipos funcionales de protección personal para todas las mujeres que trabajan en primera línea en servicios esenciales.
Garantizar el acceso continuo y seguro a servicios de apoyo, medidas de emergencia, incluida la asistencia legal y el acceso a recursos judiciales para mujeres y niñas en riesgo o sometidas a violencia doméstica y sexual, acoso y abuso.

Revisar y ampliar significativamente los sistemas de protección social para tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres, que incluyen, entre otras, la licencia por enfermedad remunerada, mayor apoyo para el cuidado de la niñez y de las personas de edad, subsidios de vivienda y alimentos.

Brindar atención médica universal para todas las mujeres y niñas, incluido el acceso ininterrumpido a una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto también requiere garantizar que no haya interrupciones en la cadena de suministro de productos de salud sexual y reproductiva, y priorizar su producción, envío y distribución continuos.

Reconocer a las mujeres cabezas de familia en igualdad de condiciones con los hombres para que puedan disfrutar de los mismos beneficios financieros o sociales, como las transferencias de efectivo.

Prestar especial atención a las mujeres y niñas de los grupos marginados y sus necesidades específicas en términos de accesibilidad y adecuación de la información sobre la pandemia, la capacidad de mantener la distancia social y el acceso a pruebas y tratamiento, así como otras necesidades, como alimentos, vivienda, saneamiento y servicios de apoyo esenciales.

Asegurar que las decisiones médicas relativas a las mujeres de edad  se basen en la necesidad médica, criterios éticos y la mejor evidencia científica disponible, y no principalmente en su edad.

Proteger a las trabajadoras domésticas, muchas de los cuales son trabajadoras migrantes, contra la discriminación, incluido apoyarles con ingresos y medidas para limitar su riesgo de exposición en el lugar de trabajo, así como el acceso oportuno a pruebas y tratamiento.

Recopilar sistemáticamente datos desglosados relacionados con la pandemia, para examinar e informar sobre los efectos género específicos en la salud del COVID-19, tanto directos como indirectos, así como sobre el impacto género específico del COVID-19 y utilizar estos datos en la formulación de respuestas.

Además de las medidas específicas a corto plazo, la crisis es una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y los déficits que han frenado constantemente a las mujeres, y re-imaginar y transformar los sistemas y las sociedades. Para comprender plenamente el impacto de género de la crisis, es crucial comprender la discriminación estructural subyacente a esta emergencia, que no solo está causando sino exacerbando las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
Las feministas de todo el mundo se están uniendo más allá de los movimientos y fronteras para dar una respuesta colectiva e inclusiva a estas circunstancias sin precedentes. A pesar de la restricción de los espacios para incidir e involucrarse con los gobiernos debido a las medidas de confinamiento, recomendamos encarecidamente que se escuchen las voces de las feministas y se reconozca su liderazgo, para que se puedan implementar las soluciones que recomiendan.

(*)El Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. Está compuesto por cinco expertas independientes: Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), Sra. Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Sra. Alda Facio, Sra. Ivana Radačić y Sra. Melissa Upreti.

La Declaración ha sido respaldada por: Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
Imagen del trabajo de Sue Stone ( Reino Unido )
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jueves, 23 de abril de 2020

Violencia sexual en España: 13.782 denuncias en 2018



Según la Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 1.447.687 mujeres, el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España, han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, de ellas 120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual.

Pese a que la Memoria de la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial venían reconocían las agresiones sexuales como una asignatura pendiente, y a que era una de las reivindicaciones de la Marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas, no ha sido hasta la movilización feminista y social con motivo de la violación de La Manada en los sanfermines de 2016 cuando ha cambiado la percepción social, policial y judicial.
En 6 años, de 2012 a 2018, han aumentado un 53% (de 9.008 a 13.782) las denuncias por delitos contra la libertad sexual, según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2018 del Ministerio del Interior. La mitad de ese aumento se ha producido en 2017 (7,8%) y 2018 (17,9%), después de La Manada.
De los 11 delitos contra la libertad sexual de la estadística policial, hay 4 que concentran el 78% de las denuncias: abuso sexual (44% de las denuncias), agresión sexual (13,9%), abuso sexual con penetración (12%) y agresión sexual con penetración (7,6%), comúnmente llamado violación.
Las denuncias por violación se han duplicado de 2012 a 2017 (de 351 a 731) y han sido 1.044 en 2018, lo que representa 42,8% de aumento en un solo año, se intensifican en los meses de mayo a septiembre y ocurren en viviendas (40%), espacios abiertos (23%) y vías de comunicación (18%). El abuso sexual (relación sexual no consentida pero sin violencia o intimidación probadas) es el delito más frecuente, y también ha tenido un aumento significativo, del 26,6% en el año 2018 y del 45% desde 2012.

En seis años han bajado a menos de la mitad las denuncias por exhibicionismo y un 42% las de delitos relativos a la prostitución. Hay mucha fluctuación en las denuncias de delitos sexuales contra menores: pornografía (+57%), corrupción (-2.2% desde 2012, -33% en 2018) y contacto ilícito a través de medios tecnológicos (-2%).



La policía esclareció en 2018 el 77% de los delitos denunciados, y detuvo o investigó al 60,8% de sus autores, con oscilaciones en los esclarecimientos desde el 94% en prostitución al 42% en contactos ilícitos por tecnología con menores de 16 años, y en las detenciones o identificaciones desde el 135% (¿) en corrupción de menores o incapacitados al 41% en acoso sexual.
Son mujeres el 85% de las 14.026 víctimas, con una oscilación desde el 90% en los delitos de abuso y agresión sexual, con o sin penetración y de prostitución, al 73% en delitos cibernéticos, 61% en corrupción de menores y 54% en pornografía de menores. La franja mayoritaria de edad es de menos de 13 años en víctimas de sexo masculino y de 18 a 30 años en las del sexo femenino. El 78% de las víctimas tienen nacionalidad española, y el 22% extranjera, principalmente de Rumanía o Marruecos.

Son hombres el 96% de las 8.379 personas detenidas o investigadas por estos delitos, superando el 95% en todos los delitos, excepto en corrupción de menores (89%) y prostitución (56%). El 67% de los responsables son de nacionalidad española, seguidos por los de Marruecos (6,7%) y Rumanía (3,1%).

3 de cada 4 denuncias por violencia sexual no terminan en condena judicial. La última Estadística de Condenados por delitos sexuales es de 2017, elaborada por el INE sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. En ese año hubo 11.692 denuncias por delitos sexuales, por los que fueron detenidas 6.796 personas y condenadas 2.816. No hay una correspondencia temporal exacta, ya que entre la denuncia y la celebración del juicio transcurren 9 meses de media (epData). Tampoco hay, como vemos, una clasificación estadística idéntica de los delitos en los Ministerios de Interior y Justicia, pese a basarse ambas en el Código Penal. El Ministerio de Justicia añade la Trata, y agrupa prostitución y corrupción de menores.
¿Quedan impunes el 96% de las violaciones, o se condenan como delitos menos graves? Frente a 731 denuncias por violación (o agresión sexual con penetración empleando violencia o intimidación), el más grave delito sexual, sólo hubo 27 condenas en 2017, el 3,7%. El propio juicio de los sanfermines 2016 sirve de ejemplo de cómo por la denuncia de violación, el 26.04.18, cinco meses después del juicio, la Audiencia provincial condenó a los cinco de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual, con un voto particular de absolución por apreciar que hubo consentimiento de la víctima y el Tribunal Supremo el 21.06.19  les condenó a 15 años por violación.






El 95,7% de las personas condenadas por delitos sexuales en 2017 fueron hombres. Llama la atención el escaso número de condenas por trata (52), y que el 44% de ellos fueran de mujeres.



El 75% de las personas condenadas tienen nacionalidad española, igual que en el delito más frecuente, abusos sexuales, y más del 80% de los condenados por acoso, exhibicionismo y prostitución y corrupción de menores, el 44% en los condenados por violación y el 7% en los condenados por trata.
Por Comunidad Autónoma en la que se ha dictado la condena judicial, están por encima de la media de 6 personas condenadas por cada 100.000 habitantes, Navarra (10,8), Baleares (8,3), C. Valenciana (7,1), Canarias (6,8), Murcia y Aragón, ambas con 6,6. Y por debajo destacan Melilla (3,4),  Castilla y León (3,6) y Asturias, Cantabria y País Vasco, que no superan 4,3.


Datos extraídos de los publicados por el Ministerio de Justicia.

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viernes, 10 de abril de 2020

Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra




En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres.

A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido[1] y los Estados Unidos[2], las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia[3,4,5]. Las líneas de atención de Singapur[6] y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30 por ciento[7]. En Australia, el 40 por ciento de quienes trabajan en primera línea comunicó en una encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia[8].

El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID.

Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella.

Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres; uno de cuatro países no tiene leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica.

Si no se aborda debidamente, esta pandemia en la sombra se añadirá al impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra sólo puede aumentar en este momento que crece la violencia, y seguir aumentando una vez superada la pandemia.

El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente con medidas integradas en el apoyo económico y paquetes de estímulo acordes con la gravedad y la magnitud del reto que reflejen las necesidades de las mujeres que se enfrentan a diversas formas de discriminación. El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad.

Las comunidades y las organizaciones de base y de defensa de las mujeres han sido clave a la hora de prevenir y acometer crisis anteriores, y la función que actualmente desempeñan en primera línea debe respaldarse con financiación que se mantenga a más largo plazo. Se deben potenciar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea, empleando soluciones tecnológicas como, por ejemplo, los SMS, herramientas y redes digitales para ampliar el apoyo social y llegar a las mujeres que no tienen acceso a teléfonos o Internet. Los servicios policiales y judiciales se deben movilizar a fin de garantizar que se otorgue la mayor prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. También el sector privado tiene un papel importante que desempeñar, ya que puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas como el reparto de tareas de cuidado en casa.

El COVID-19 ya nos está poniendo a prueba de maneras que la mayoría de personas nunca habíamos experimentado con anterioridad. Provoca tensiones emocionales y económicas que nos esforzamos por combatir. La violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro mismo de la recuperación.

Declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
Fecha: lunes, 6 de abril de 2020


Notas
[1] “Coronavirus: I'm in lockdown with my abuser” https://www.bbc.com/news/world-52063755, acceso: 3 de abril de 2020

[2] “Domestic violence cases escalating quicker in time of COVID-19” https://missionlocal.org/2020/03/for-victims-of-domestic-violence-sheltering-in-place-can-mean-more-abuse, acceso: 3 de abril de 2020

[3] Lockdowns around the world bring rise in domestic violence” https://www.theguardian. com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence, acceso: 3 de abril de 2020

[4] “Domestic violence cases jump 30% during lockdown in France” https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france, acceso: 3 de abril de 2020

[5] “Durante la cuarentena, aumentaron un 25% los llamados al 144 por violencia de género” http://www.diario21.tv/notix2/movil2/?seccion=desarrollo_nota&id_nota=132124), acceso: 2 de abril de 2020

[6] “Commentary: Isolated with your abuser? Why family violence seems to be on the rise during COVID-19 outbreak”, https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-family-violence-abuse-women-self-isolation-12575026, acceso: 2 de abril de 2020

[7] “Lockdowns around the world bring rise in domestic violence” https://www.theguardian. com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence, acceso: 3 de abril de 2020

[8] “Domestic Violence Spikes During Coronavirus As Families Trapped At Home”  https://10daily.com.au/news/australia/a200326zyjkh/domestic-violence-spikes-during-coronavirus-as-families-trapped-at-home-20200327, acceso: 2 de abril de 2020


UN Women Executive Director Statement:

Direct Link to UN Women Infographic:
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viernes, 3 de abril de 2020

Tewhida Ben Sheikh es reconocida por Túnez



Nuestro aplauso al reconocimiento del aporte de Tawhida Ben Cheikh  gran mujer comprometida con las mujeres y con su país Túnez donde han emitido un billete  de diez dinares dedicado a ella.

Tewhida Ben Sheikh (también conocida como Tawhida Ben Cheikh o Taouhida Ben Cheikh) (2 de enero de 1909 en Túnez – 6 de diciembre de 2010)​ fue la primera mujer musulmana moderna en el norte de África en convertirse en médica. Fue una pionera en salud sexual, en particular facilitando el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto.


Médica, pediatra y ginecóloga, Ben Cheikh es conocida principalmente por su trabajo en medicina femenina, ginecología y por su trabajo desinteresado con organizaciones sin fines de lucro. 

Ella había sido vicepresidenta de la Media Luna Roja Tunecina y después de que la planificación familiar se legalizara en Túnez en 1973, se convirtió en la fundadora de la primera clínica de planificación familiar del país. Sin embargo, el camino hacia la cima de su exitosa carrera no fue fácil. Incluso después de haberse graduado como médico en 1936 a la edad de 27 años, Ben Cheikh tuvo que esperar hasta 1955 para dirigir el departamento de maternidad del hospital Charles-Nicolle en Túnez.

En 1959, Ben Cheikh se convirtió en la primera mujer en formar parte del Consejo Nacional de la Orden de Médicos de Túnez.

Tawhida Ben Cheikh en el billete de diez dinares de Túnez. Foto: Banco Central de Túnez

https://es.wikipedia.org/wiki/Tewhida_Ben_Sheikh
https://en.vogue.me/culture/tunisia-honors-tawhida-ben-cheikh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tewhida_Ben_Sheikh
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