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domingo, 24 de mayo de 2020

DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME


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sábado, 23 de mayo de 2020

El Parlamento húngaro se negó a ratificar el Convenio de Estambul de la UE sobre la violencia contra la mujer






El Parlamento húngaro se negó a ratificar el Convenio de Estambul. Dirigido por el Consejo de Europa y presentado por primera vez en 2011, el Convenio de Estambul de la UE es el primer acuerdo internacional vinculante para prevenir la violencia de género como la mutilación genital femenina y la violación conyugal.

Las y los defensores de los derechos humanos están condenando la decisión del país.


"La Convención de Estambul es el mecanismo fundamental del Consejo de Europa, que estandariza y establece obligaciones estatales concretas en términos de violencia doméstica", dijo a Global Citizen Daniel Balson, director de defensa de Europa y Asia Central en Amnistía Internacional.


Hungría se unió a la convención con la mayoría de los estados miembros de la UE en 2014, pero la Asamblea de Budapest impidió la ratificación. El gobierno húngaro confirmó una declaración que decía que la convención promovía "ideologías destructivas de género" e "inmigración ilegal", según The Guardian.


El partido gobernante de Hungría, Fidesz, dijo que el país está de acuerdo con el tratado, pero la ley húngara ya protege contra la violencia de género. La parte también se opuso a los usos de la palabra "género" en el tratado y al compromiso de aceptar refugiados perseguidos por orientación sexual o género.


"Esto es parte de este patrón creciente para establecer el tono general del país, el discurso público contra los derechos de las mujeres", dijo Balson. "Fundamentalmente, sus objeciones se basan en gran medida en mentiras simples y fácilmente verificables sobre la convención: que de alguna manera estructura las relaciones de género o el formato de la familia. Nada de esto [es] verdadero. Simplemente se mueve para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica ".


Las mujeres políticas protestaron con signos de citas sexistas que los hombres políticos hicieron durante la votación contra la ratificación el martes, según Business Insider.


Lorinc Nacsa, miembro de los demócratas cristianos, dijo que el tratado hará que el proceso de inmigración sea más rápido o más fácil, según The Guardian.


La decisión de Hungría pone a las mujeres especialmente en riesgo durante la pandemia de COVID-19, dijo Balson. Los incidentes de violencia doméstica se han duplicado en el país desde el comienzo de la crisis, según la organización

El gobierno húngaro anunció que la policía puede ordenar a los perpetradores de violencia de género que se mantengan alejados de las víctimas y les proporcionen viviendas alternativas. Amnistía Internacional advierte que la disposición no ofrece mucha ayuda para las mujeres cuyos casos de violencia aún no se han investigado.

Hungría es uno de los países europeos con menos representación femenina en el gobierno y ha sido objeto de investigación por cómo aborda los problemas de género. Cuando el primer ministro, Viktor Orban, asumió el cargo por primera vez, redujo la unidad de igualdad de género del país. Orban también prohibió los estudios de género de las universidades en 2018 y el gobierno intentó aprobar una ley para poner fin al reconocimiento legal de las personas transgénero en abril.


"La decisión del gobierno de Orban de no firmar la convención se corresponde estrechamente con la voluntad del gobierno de organizar la hostilidad hacia la igualdad de género y utilizar esta cuestión del papel de las mujeres y las niñas en la sociedad con fines políticos y con fines políticos", dijo Balson.

Amnistía Internacional insta a Hungría a revocar esta declaración y ratificar el Convenio de Estambul, y tomar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres y las niñas contra la violencia.
Por Leah Rodriguez - 7 de mayo de 2020



https://www.globalcitizen.org/en/content/hungary-rejects-istanbul-convention/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=US_May_10_2020_Content_Digest
Sitio web del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres del Consejo de Europa: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
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domingo, 17 de mayo de 2020

El Banco Central de Japón tardó 138 años en nombrar a su Primera Directora Ejecutiva



El banco central de Japón acaba de dar un ejemplo positivo para las instituciones financieras de todo el país. 

 El Banco de Japón promovió a Tokiko Shimizuto, convirtiéndola en su primera directora ejecutiva en 138 años, según CNN. Shimizuto, empleada del banco desde 1987, se convirtió en la primera gerente de sucursal femenina en 2010. Se unió a un equipo de seis ejecutivos responsables de las operaciones diarias el lunes.


Si bien las empresas con más diversidad se desempeñan mejor, lograr una representación equitativa de género en el liderazgo sigue siendo un desafío. En muchos países, las mujeres representan la mitad de la industria de servicios financieros, pero es menos probable que cuenten con el apoyo de gerentes y patrocinadores para avanzar en sus carreras. En las 20 principales empresas de servicios financieros mundiales de todo el mundo, las mujeres representaron el 18% de los comités ejecutivos en 2014, según el informe de Global Gender Balance Scorecard.


Estas disparidades también son visibles en el Banco de Japón, donde las mujeres representan el 47% de la fuerza laboral pero solo el 13% de los altos cargos, según el banco.


En los últimos años, Japón ha realizado un esfuerzo concertado para abordar la desigualdad en la fuerza laboral, pero ocupó el puesto 121 entre 153 países en el Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial en 2019. Solo 1 de cada 10 mujeres ocupa posiciones de liderazgo en el país.

Entre la cantidad desproporcionada de trabajo no remunerado que hacen las mujeres en Japón, cuatro veces más que sus contrapartes masculinas, y las actitudes negativas sobre las mujeres en el liderazgo, el progreso para abordar el desequilibrio de género en el país ha sido lento.

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se comprometió a garantizar que las mujeres representen el 30% de los roles de liderazgo para 2020 en 2013 a través de una "estrategia de mujeresomáticas", pero aún no ha alcanzado su objetivo. El país aún carece de una representación política igual y ha luchado para reducir su brecha económica de género.


Según el Foro Económico Mundial, para continuar empoderando a mujeres como Shimizuto para que asuman roles de liderazgo, se necesita más representación política, políticas para promover la equidad económica y esfuerzos para crear lugares de trabajo inclusivo.


https://www.globalcitizen.org/en/content/bank-of-japan-first-female-executive-shimizuto/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=US_May_15_2020_Content_Digest


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sábado, 2 de mayo de 2020

Consejos de la Abuela doctorcita



Cúrate mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna.
Con el sonido del río y la cascada.
Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves.

Cúrate mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto.

Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla.
Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela.
Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas.

Cúrate mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia.
Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace.

Vuélvete cada día más lista haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente.
Salta, baila, canta para que vivas más feliz.

Cúrate mijita, con amor bonito, y recuerda siempre... tú eres la medicina.

Autor: Anónimo

 Imagén de Raija Jokinen
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lunes, 27 de abril de 2020

Las respuestas a la pandemia de COVID-19 no deben descartar a las mujeres y niñas


Declaración del Grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas*


Mientras los gobiernos intentan abordar las crisis económicas y de salud pública sin precedentes causadas por la pandemia de COVID-19, nos preocupa profundamente que las mujeres y las niñas sufran violaciones aún más graves de sus derechos humanos. En ausencia de respuestas interseccionales sensibles al género, se exacerbarán las diferentes formas de discriminación sistémica que ya enfrentaban las mujeres y niñas.

El dramático aumento de las responsabilidades de cuidado de las mujeres, la profundización de lo que ya era una epidemia de violencia sexual y doméstica, la continua feminización de la pobreza, la proliferación de barreras a la atención médica, especialmente aquella relacionada con la reproducción, pondrán en grave peligro la seguridad y el bienestar de las mujeres, su seguridad económica y su participación en la vida política y pública, tanto durante como después de la pandemia. Las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los riesgos para la salud y la vida generados por el COVID-19 deben tener en cuenta las características y circunstancias específicas que enfrentan las mujeres y niñas. Estos incluyen, pero no se limitan a su sexo, género, edad, discapacidad, origen étnico y estado de inmigración o residencia. Los Estados deben abstenerse de cualquier acción que exacerbe el impacto económico y social ya desproporcionado de esta pandemia en las mujeres y niñas.

Las mujeres se encuentran actualmente en primera línea, brindando servicios médicos y otros servicios esenciales y manteniendo a las comunidades en funcionamiento mientras se aplican las medidas de confinamiento. Como resultado, enfrentan un gran aumento en su carga de trabajo y corren mayor riesgo de estar directamente expuestas al COVID-19. Hay relatos de enfermeras, doctoras, parteras y encargadas de limpieza en los hospitales quienes han contraído el virus mientras cumplían con sus funciones, debido a la falta de provisión de un equipo adecuado de protección personal. En algunos países, las trabajadoras de la salud han sido despedidas o arrestadas por quejarse de la inadecuada protección que les brindan. Otras han sido desalojadas por propietarios por temor al contagio.

Las restricciones a la prestación de servicios de salud esenciales para las mujeres y niñas, como la atención pre y posnatal, la interrupción del embarazo y la disponibilidad de anticonceptivos, impuestas en muchos países para manejar la sobrecarga de los servicios de salud causada por la pandemia, también afectan la salud de las mujeres y niñas desproporcionadamente. En algunos países, se violan los derechos humanos de las mujeres durante y después del parto en un supuesto intento de acelerar el proceso o prevenir el contagio (por ejemplo, cesáreas y parto con fórceps realizados sin indicación médica, negación de la epidural, prohibición de la presencia de la pareja, y separación de los recién nacidos de sus madres). Algunos gobiernos están creando nuevas barreras de acceso a los servicios de aborto, al considerarlo como un procedimiento médico no esencial. Las mujeres de edad también son discriminadas en su acceso a la atención médica, en particular con respecto a la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores en unidades de cuidados intensivos.

Además, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia doméstica y abuso sexual, sin tener ningún recurso durante la pandemia. El aislamiento en el hogar las hace más vulnerables al abuso por parte de sus parejas y familiares, mientras que su acceso al asesoramiento y otros servicios de emergencia, incluida la vivienda alternativa y la asistencia legal, así como el acceso a los tribunales se ha reducido drásticamente. En algunos países, los reportes de violencia doméstica se han casi triplicado, al tiempo s que no hay refugios, o los refugios no tienen la capacidad suficiente para todas las víctimas que necesitan protección, y muchos ya no son accesibles debido al confinamiento. Se ha reportado un número alarmante de feminicidios por parte de parejas íntimas. Las mujeres con discapacidad o ancianas que viven en instituciones o en hogares de ancianos y en centros psiquiátricos y de otro tipo, así como las mujeres de edad en hogares de cuidado residencial también corren mayor riesgo de violencia debido a la falta de supervisión externa.

La responsabilidad de cuidado que ya recaía de manera desproporcionada sobre las mujeres se ha vuelto particularmente pesada durante esta crisis, con riesgo de graves consecuencias en su salud física y mental. Los mandatos de género, que imponen ciertos roles  a las mujeres y niñas dentro de la familia, como el cuidado de los menores y otros familiares dependientes, y la atención de las necesidades básicas de la vida familiar, como el trabajo doméstico, la alimentación, la higiene y la educación, han causado un aumento significativo en la sobrecarga de estas labores en ellas. Las mujeres que trabajan en servicios esenciales y las solteras cabezas de familia están particularmente sobrecargadas. A pesar de esto, su trabajo de cuidado no remunerado sigue infravalorado y no reconocido, sin ningún medio para garantizar su distribución justa o alivio a través de la expansión de la protección social.

Las mujeres están representadas de manera desproporcionada en el trabajo precario, informal y mal pagado, incluido el trabajo doméstico. Debido a la falta de paquetes de protección social adecuados, corren un mayor riesgo de daños por las perturbaciones sociales y económicas vinculadas a las medidas tomadas para frenar la pandemia. La pérdida de ingresos tiene consecuencias directas para la capacidad de las mujeres de pagar vivienda, alimentos y agua para ellas y sus hogares. La brecha digital entre mujeres y hombres también coloca a las mujeres en una posición desfavorable, afecta su capacidad para trabajar o estudiar desde casa, y para proporcionar educación en casa a sus hijos.

Muchas mujeres y niñas enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación y corren un riesgo de mayor marginalización, incluidas, entre otras, las que pertenecen a minorías, a comunidades indígenas, las mujeres y niñas migrantes, rurales, con discapacidad y las mujeres de edad, quienes están particular y negativamente afectadas por la crisis. Por ejemplo, las mujeres indígenas carecen de información en su idioma sobre estrategias de prevención y sobre cómo y dónde obtener servicios de salud. Las mujeres rurales y pobres que carecen de acceso a agua limpia en sus hogares enfrentan una mayor carga en la recolección de agua en espacios públicos abarrotados para cubrir sus necesidades básicas. Esto está relacionado con un mayor riesgo de exposición al virus. Debido a las medidas de emergencia, muchas mujeres y niñas con discapacidad han experimentado la interrupción de las redes de apoyo esenciales para su supervivencia, se encuentran en situaciones extremas, y carecen de acceso a información accesible e inclusiva, incluso en lenguaje de señas, formatos de fácil lectura y braille. Las mujeres de edad están sujetas al envejecimiento y a los estereotipos, tienen acceso limitado a información sobre cómo protegerse y están excluidas de los programas de recuperación económica.

A pesar de los efectos negativos desproporcionados de la crisis en las mujeres, así como su presencia en los roles de primera línea y su papel crítico en mantener a las comunidades en funcionamiento, las mujeres están en gran medida ausentes de los equipos de respuesta locales, nacionales y globales sobre el COVID-19, de los espacios políticos y de toma de decisión. Sin embargo, en unos pocos  países donde las mujeres lideran las respuestas nacionales, se  han registrado mejores resultados y avances en la lucha contra el virus.

En este momento crítico, los Estados deben garantizar que las decisiones de política se tomen con la participación igualitaria y significativa de las mujeres de diversos grupos y tener en cuenta los riesgos y las realidades de género que se ven exacerbados por otras circunstancias, como la pobreza, la ubicación en un área rural o " desierto alimentario ", e identidades como el origen étnico, la discapacidad y la edad, así como los déficits estructurales preexistentes. Un punto de referencia clave de cualquier nueva política debe ser que no profundice las desigualdades estructurales existentes, o cree nuevas vulnerabilidades, sino que mejore y cree nuevas oportunidades justas y equitativas.

Observamos que algunos Estados han tomado medidas específicas para limitar el impacto de género de la pandemia, tales como: establecer arreglos creativos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, como líneas directas, servicios en línea o recepción de alertas en tiendas de alimentos; incluir los refugios para mujeres sobrevivientes en la lista de los que se consideran servicios esenciales; autorizar el uso de la telemedicina para la atención en salud reproductiva; brindar apoyo económico a las trabajadoras domésticas y de bajos ingresos que ya no trabajan; otorgar licencias adicionales pagadas para que cualquiera de los padres cuide de niño/as o personas con discapacidades que se quedan en casa; proporcionar cuidado infantil gratuito; o proporcionar vivienda temporal y alimentos para mujeres en situación de pobreza.

Sin embargo, hacen falta más medidas. Hacemos un llamado a los Estados para que adopten un enfoque interseccional sensible al género en sus respuestas al COVID-19 e implementen las siguientes medidas:

Proporcionar pruebas universales y gratuitas y dar seguimiento con estrategias de contención que no pongan a las mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia y abuso.

Garantizar el acceso al tratamiento sin discriminación por cualquier motivo para todas las personas que resulten positivas, independientemente de la cobertura del seguro, y proporcionar licencia por enfermedad remunerada para las trabajadoras de los sectores formal e informal, para garantizar la efectividad de las estrategias de contención sin crear daños específicos para las mujeres.

Proporcionar equipos funcionales de protección personal para todas las mujeres que trabajan en primera línea en servicios esenciales.
Garantizar el acceso continuo y seguro a servicios de apoyo, medidas de emergencia, incluida la asistencia legal y el acceso a recursos judiciales para mujeres y niñas en riesgo o sometidas a violencia doméstica y sexual, acoso y abuso.

Revisar y ampliar significativamente los sistemas de protección social para tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres, que incluyen, entre otras, la licencia por enfermedad remunerada, mayor apoyo para el cuidado de la niñez y de las personas de edad, subsidios de vivienda y alimentos.

Brindar atención médica universal para todas las mujeres y niñas, incluido el acceso ininterrumpido a una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto también requiere garantizar que no haya interrupciones en la cadena de suministro de productos de salud sexual y reproductiva, y priorizar su producción, envío y distribución continuos.

Reconocer a las mujeres cabezas de familia en igualdad de condiciones con los hombres para que puedan disfrutar de los mismos beneficios financieros o sociales, como las transferencias de efectivo.

Prestar especial atención a las mujeres y niñas de los grupos marginados y sus necesidades específicas en términos de accesibilidad y adecuación de la información sobre la pandemia, la capacidad de mantener la distancia social y el acceso a pruebas y tratamiento, así como otras necesidades, como alimentos, vivienda, saneamiento y servicios de apoyo esenciales.

Asegurar que las decisiones médicas relativas a las mujeres de edad  se basen en la necesidad médica, criterios éticos y la mejor evidencia científica disponible, y no principalmente en su edad.

Proteger a las trabajadoras domésticas, muchas de los cuales son trabajadoras migrantes, contra la discriminación, incluido apoyarles con ingresos y medidas para limitar su riesgo de exposición en el lugar de trabajo, así como el acceso oportuno a pruebas y tratamiento.

Recopilar sistemáticamente datos desglosados relacionados con la pandemia, para examinar e informar sobre los efectos género específicos en la salud del COVID-19, tanto directos como indirectos, así como sobre el impacto género específico del COVID-19 y utilizar estos datos en la formulación de respuestas.

Además de las medidas específicas a corto plazo, la crisis es una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y los déficits que han frenado constantemente a las mujeres, y re-imaginar y transformar los sistemas y las sociedades. Para comprender plenamente el impacto de género de la crisis, es crucial comprender la discriminación estructural subyacente a esta emergencia, que no solo está causando sino exacerbando las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y niñas. 
Las feministas de todo el mundo se están uniendo más allá de los movimientos y fronteras para dar una respuesta colectiva e inclusiva a estas circunstancias sin precedentes. A pesar de la restricción de los espacios para incidir e involucrarse con los gobiernos debido a las medidas de confinamiento, recomendamos encarecidamente que se escuchen las voces de las feministas y se reconozca su liderazgo, para que se puedan implementar las soluciones que recomiendan.

(*)El Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. Está compuesto por cinco expertas independientes: Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), Sra. Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Sra. Alda Facio, Sra. Ivana Radačić y Sra. Melissa Upreti.

La Declaración ha sido respaldada por: Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías y Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada
Imagen del trabajo de Sue Stone ( Reino Unido )
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jueves, 23 de abril de 2020

Violencia sexual en España: 13.782 denuncias en 2018



Según la Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 1.447.687 mujeres, el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España, han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, de ellas 120.641 en el último año, el 40% violación y el 60% otras formas de violencia sexual.

Pese a que la Memoria de la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial venían reconocían las agresiones sexuales como una asignatura pendiente, y a que era una de las reivindicaciones de la Marcha del 7N 2015 contra las violencias machistas, no ha sido hasta la movilización feminista y social con motivo de la violación de La Manada en los sanfermines de 2016 cuando ha cambiado la percepción social, policial y judicial.
En 6 años, de 2012 a 2018, han aumentado un 53% (de 9.008 a 13.782) las denuncias por delitos contra la libertad sexual, según el Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual 2018 del Ministerio del Interior. La mitad de ese aumento se ha producido en 2017 (7,8%) y 2018 (17,9%), después de La Manada.
De los 11 delitos contra la libertad sexual de la estadística policial, hay 4 que concentran el 78% de las denuncias: abuso sexual (44% de las denuncias), agresión sexual (13,9%), abuso sexual con penetración (12%) y agresión sexual con penetración (7,6%), comúnmente llamado violación.
Las denuncias por violación se han duplicado de 2012 a 2017 (de 351 a 731) y han sido 1.044 en 2018, lo que representa 42,8% de aumento en un solo año, se intensifican en los meses de mayo a septiembre y ocurren en viviendas (40%), espacios abiertos (23%) y vías de comunicación (18%). El abuso sexual (relación sexual no consentida pero sin violencia o intimidación probadas) es el delito más frecuente, y también ha tenido un aumento significativo, del 26,6% en el año 2018 y del 45% desde 2012.

En seis años han bajado a menos de la mitad las denuncias por exhibicionismo y un 42% las de delitos relativos a la prostitución. Hay mucha fluctuación en las denuncias de delitos sexuales contra menores: pornografía (+57%), corrupción (-2.2% desde 2012, -33% en 2018) y contacto ilícito a través de medios tecnológicos (-2%).



La policía esclareció en 2018 el 77% de los delitos denunciados, y detuvo o investigó al 60,8% de sus autores, con oscilaciones en los esclarecimientos desde el 94% en prostitución al 42% en contactos ilícitos por tecnología con menores de 16 años, y en las detenciones o identificaciones desde el 135% (¿) en corrupción de menores o incapacitados al 41% en acoso sexual.
Son mujeres el 85% de las 14.026 víctimas, con una oscilación desde el 90% en los delitos de abuso y agresión sexual, con o sin penetración y de prostitución, al 73% en delitos cibernéticos, 61% en corrupción de menores y 54% en pornografía de menores. La franja mayoritaria de edad es de menos de 13 años en víctimas de sexo masculino y de 18 a 30 años en las del sexo femenino. El 78% de las víctimas tienen nacionalidad española, y el 22% extranjera, principalmente de Rumanía o Marruecos.

Son hombres el 96% de las 8.379 personas detenidas o investigadas por estos delitos, superando el 95% en todos los delitos, excepto en corrupción de menores (89%) y prostitución (56%). El 67% de los responsables son de nacionalidad española, seguidos por los de Marruecos (6,7%) y Rumanía (3,1%).

3 de cada 4 denuncias por violencia sexual no terminan en condena judicial. La última Estadística de Condenados por delitos sexuales es de 2017, elaborada por el INE sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia. En ese año hubo 11.692 denuncias por delitos sexuales, por los que fueron detenidas 6.796 personas y condenadas 2.816. No hay una correspondencia temporal exacta, ya que entre la denuncia y la celebración del juicio transcurren 9 meses de media (epData). Tampoco hay, como vemos, una clasificación estadística idéntica de los delitos en los Ministerios de Interior y Justicia, pese a basarse ambas en el Código Penal. El Ministerio de Justicia añade la Trata, y agrupa prostitución y corrupción de menores.
¿Quedan impunes el 96% de las violaciones, o se condenan como delitos menos graves? Frente a 731 denuncias por violación (o agresión sexual con penetración empleando violencia o intimidación), el más grave delito sexual, sólo hubo 27 condenas en 2017, el 3,7%. El propio juicio de los sanfermines 2016 sirve de ejemplo de cómo por la denuncia de violación, el 26.04.18, cinco meses después del juicio, la Audiencia provincial condenó a los cinco de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual, con un voto particular de absolución por apreciar que hubo consentimiento de la víctima y el Tribunal Supremo el 21.06.19  les condenó a 15 años por violación.






El 95,7% de las personas condenadas por delitos sexuales en 2017 fueron hombres. Llama la atención el escaso número de condenas por trata (52), y que el 44% de ellos fueran de mujeres.



El 75% de las personas condenadas tienen nacionalidad española, igual que en el delito más frecuente, abusos sexuales, y más del 80% de los condenados por acoso, exhibicionismo y prostitución y corrupción de menores, el 44% en los condenados por violación y el 7% en los condenados por trata.
Por Comunidad Autónoma en la que se ha dictado la condena judicial, están por encima de la media de 6 personas condenadas por cada 100.000 habitantes, Navarra (10,8), Baleares (8,3), C. Valenciana (7,1), Canarias (6,8), Murcia y Aragón, ambas con 6,6. Y por debajo destacan Melilla (3,4),  Castilla y León (3,6) y Asturias, Cantabria y País Vasco, que no superan 4,3.


Datos extraídos de los publicados por el Ministerio de Justicia.

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viernes, 10 de abril de 2020

Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra




En este momento en el que 90 países están en situación de confinamiento, 4000 millones de personas se refugian en casa ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero conlleva otro peligro mortal. Vemos cómo aumenta otra pandemia en la sombra: la violencia contra las mujeres.

A medida que los países informan sobre la infección y el confinamiento, cada vez son más las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica de todo el mundo que notifican un incremento de llamadas en busca de ayuda. En Argentina, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido[1] y los Estados Unidos[2], las autoridades gubernamentales, las personas que defienden los derechos de las mujeres y aliados de la sociedad civil han señalado un aumento de las denuncias de violencia doméstica durante la crisis y mayor necesidad de protección de emergencia[3,4,5]. Las líneas de atención de Singapur[6] y Chipre han registrado un aumento de las llamadas de más del 30 por ciento[7]. En Australia, el 40 por ciento de quienes trabajan en primera línea comunicó en una encuesta realizada en Nueva Gales del Sur un incremento de las peticiones de ayuda como consecuencia de una escalada en la intensidad de la violencia[8].

El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID.

Incluso antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella.

Tradicionalmente, los bajos índices de denuncia generalizados respecto a la violencia doméstica y de otro tipo han dificultado las medidas de respuesta y la recopilación de datos. De hecho, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Menos del 10 por ciento de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. Las circunstancias actuales complican todavía más la posibilidad de denunciar, lo cual incluye las limitaciones de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención y la alteración de servicios públicos como la policía, la justicia y los servicios sociales. Es posible que dicha alteración también ponga en riesgo la atención y el apoyo que necesitan las sobrevivientes, como la gestión clínica de las violaciones, y el apoyo psicosocial y para la salud mental. Además, se fortalece la impunidad de los agresores. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres; uno de cuatro países no tiene leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica.

Si no se aborda debidamente, esta pandemia en la sombra se añadirá al impacto económico del COVID-19. En el pasado, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en aproximadamente 1,5 billones de dólares estadounidenses. Esta cifra sólo puede aumentar en este momento que crece la violencia, y seguir aumentando una vez superada la pandemia.

El aumento de la violencia contra las mujeres se debe solucionar de manera urgente con medidas integradas en el apoyo económico y paquetes de estímulo acordes con la gravedad y la magnitud del reto que reflejen las necesidades de las mujeres que se enfrentan a diversas formas de discriminación. El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante el COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad.

Las comunidades y las organizaciones de base y de defensa de las mujeres han sido clave a la hora de prevenir y acometer crisis anteriores, y la función que actualmente desempeñan en primera línea debe respaldarse con financiación que se mantenga a más largo plazo. Se deben potenciar las líneas de atención, el apoyo psicosocial y el asesoramiento en línea, empleando soluciones tecnológicas como, por ejemplo, los SMS, herramientas y redes digitales para ampliar el apoyo social y llegar a las mujeres que no tienen acceso a teléfonos o Internet. Los servicios policiales y judiciales se deben movilizar a fin de garantizar que se otorgue la mayor prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres y las niñas, evitando que los agresores queden impunes. También el sector privado tiene un papel importante que desempeñar, ya que puede compartir información, alertar al personal de hechos y peligros relacionados con la violencia doméstica y fomentar iniciativas positivas como el reparto de tareas de cuidado en casa.

El COVID-19 ya nos está poniendo a prueba de maneras que la mayoría de personas nunca habíamos experimentado con anterioridad. Provoca tensiones emocionales y económicas que nos esforzamos por combatir. La violencia que actualmente aparece como una mancha negra de esta pandemia es un reflejo de nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida, que se ven ahora amenazados. Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro mismo de la recuperación.

Declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
Fecha: lunes, 6 de abril de 2020


Notas
[1] “Coronavirus: I'm in lockdown with my abuser” https://www.bbc.com/news/world-52063755, acceso: 3 de abril de 2020

[2] “Domestic violence cases escalating quicker in time of COVID-19” https://missionlocal.org/2020/03/for-victims-of-domestic-violence-sheltering-in-place-can-mean-more-abuse, acceso: 3 de abril de 2020

[3] Lockdowns around the world bring rise in domestic violence” https://www.theguardian. com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence, acceso: 3 de abril de 2020

[4] “Domestic violence cases jump 30% during lockdown in France” https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france, acceso: 3 de abril de 2020

[5] “Durante la cuarentena, aumentaron un 25% los llamados al 144 por violencia de género” http://www.diario21.tv/notix2/movil2/?seccion=desarrollo_nota&id_nota=132124), acceso: 2 de abril de 2020

[6] “Commentary: Isolated with your abuser? Why family violence seems to be on the rise during COVID-19 outbreak”, https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/coronavirus-covid-19-family-violence-abuse-women-self-isolation-12575026, acceso: 2 de abril de 2020

[7] “Lockdowns around the world bring rise in domestic violence” https://www.theguardian. com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence, acceso: 3 de abril de 2020

[8] “Domestic Violence Spikes During Coronavirus As Families Trapped At Home”  https://10daily.com.au/news/australia/a200326zyjkh/domestic-violence-spikes-during-coronavirus-as-families-trapped-at-home-20200327, acceso: 2 de abril de 2020


UN Women Executive Director Statement:

Direct Link to UN Women Infographic:
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viernes, 3 de abril de 2020

Tewhida Ben Sheikh es reconocida por Túnez



Nuestro aplauso al reconocimiento del aporte de Tawhida Ben Cheikh  gran mujer comprometida con las mujeres y con su país Túnez donde han emitido un billete  de diez dinares dedicado a ella.

Tewhida Ben Sheikh (también conocida como Tawhida Ben Cheikh o Taouhida Ben Cheikh) (2 de enero de 1909 en Túnez – 6 de diciembre de 2010)​ fue la primera mujer musulmana moderna en el norte de África en convertirse en médica. Fue una pionera en salud sexual, en particular facilitando el acceso a métodos anticonceptivos y al aborto.


Médica, pediatra y ginecóloga, Ben Cheikh es conocida principalmente por su trabajo en medicina femenina, ginecología y por su trabajo desinteresado con organizaciones sin fines de lucro. 

Ella había sido vicepresidenta de la Media Luna Roja Tunecina y después de que la planificación familiar se legalizara en Túnez en 1973, se convirtió en la fundadora de la primera clínica de planificación familiar del país. Sin embargo, el camino hacia la cima de su exitosa carrera no fue fácil. Incluso después de haberse graduado como médico en 1936 a la edad de 27 años, Ben Cheikh tuvo que esperar hasta 1955 para dirigir el departamento de maternidad del hospital Charles-Nicolle en Túnez.

En 1959, Ben Cheikh se convirtió en la primera mujer en formar parte del Consejo Nacional de la Orden de Médicos de Túnez.

Tawhida Ben Cheikh en el billete de diez dinares de Túnez. Foto: Banco Central de Túnez

https://es.wikipedia.org/wiki/Tewhida_Ben_Sheikh
https://en.vogue.me/culture/tunisia-honors-tawhida-ben-cheikh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tewhida_Ben_Sheikh
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sábado, 28 de marzo de 2020

ONU insta a una mejor protección de las personas mayores que enfrentan el mayor riesgo de la pandemia de COVID-19

“Inaceptable”: un experto de la ONU insta a una mejor protección de las personas mayores que enfrentan el mayor riesgo de la pandemia de COVID-19 

GINEBRA (27 de marzo de 2020) - La sociedad tiene el deber de ejercer la solidaridad y proteger mejor a las personas mayores que tienen la mayor parte de la pandemia de COVID-19, dijo un experto en derechos humanos de la ONU.

"Los informes de personas mayores abandonadas en hogares de cuidado o de cadáveres muertos encontrados en hogares de ancianos son alarmantes. Esto es inaceptable", dijo Rosa Kornfeld-Matte, experta independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores. "Todos tenemos la obligación de ejercer la solidaridad y proteger a las personas mayores de tal daño".

Las personas mayores no solo enfrentan un riesgo desproporcionado de muerte, sino que además se ven amenazadas por COVID-19 debido a sus necesidades de apoyo de atención o al vivir en entornos de alto riesgo como las instituciones, dijo el experto.

Kornfeld-Matte expresó preocupaciones particulares sobre las personas mayores con afecciones de salud subyacentes y aquellos que ya están socialmente excluidos, que viven en la pobreza, que tienen acceso limitado a los servicios de salud o que viven en espacios confinados, como cárceles y residencias residenciales.

"Esta exclusión social se ve exacerbada por las medidas de distanciamiento 'social', como negar a los visitantes a hogares de cuidado residencial. El distanciamiento social no debe convertirse en exclusión social", dijo el experto.

"La distancia física es crucial, pero se deben encontrar formas creativas y seguras para aumentar las conexiones sociales. A las personas mayores se les debe proporcionar formas de mantenerse en contacto en línea, incluidas aquellas en residencias y áreas remotas", instó.

El experto independiente señaló que las personas mayores ya se enfrentan a una discriminación particular de la vejez ("ageism") y, por lo tanto, requieren protección de derechos específicos. Destacó la necesidad urgente de un enfoque holístico de los derechos humanos para las personas mayores que garantice la realización equitativa de todos sus derechos, incluido el acceso a la atención médica.

"Estoy profundamente preocupado de que las decisiones sobre la asignación de recursos médicos escasos, como los ventiladores en las unidades de cuidados intensivos, se puedan tomar únicamente en función de la edad, negando a las personas mayores su derecho a la salud y la vida en igualdad de condiciones con los demás.

"Los protocolos de clasificación deben desarrollarse y seguirse para garantizar que tales decisiones se tomen en función de las necesidades médicas, la mejor evidencia científica disponible y no en criterios no médicos, como la edad o la discapacidad.

"Las personas mayores se han vuelto muy visibles en el brote de COVID 19, pero sus voces, opiniones y preocupaciones no se han escuchado. En cambio, el envejecimiento arraigado en nuestras sociedades se ha vuelto aún más evidente. Lo hemos visto en un lenguaje cruel y deshumanizante. en las redes sociales y en el énfasis exclusivo en la vulnerabilidad de las personas mayores ignorando su autonomía ", dijo Kornfeld-Matte.

Finalmente pidió a todos los interesados ​​que se aseguren de que los servicios de apoyo esenciales en el hogar en las comunidades puedan continuar sin poner en riesgo a las personas mayores y sus proveedores de atención. "Las comunidades y las generaciones deben unirse para superar esta crisis en solidaridad", concluyó el experto de la ONU.



La Sra. Rosa Kornfeld-Matte (Chile) fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos como la primera experta independiente en el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores en mayo de 2014. La Sra. Kornfeld-Matte se desempeñó como Directora Nacional del Servicio Nacional de Envejecimiento de Chile, donde diseñó e implementó la Política Nacional de Envejecimiento. Tiene una larga carrera como académica y es la fundadora del programa para personas mayores en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=E
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jueves, 26 de marzo de 2020

10 cosas que debes saber sobre las mujeres en prisión



  1. Aunque las mujeres constituyen una proporción muy pequeña de la población carcelaria total en Europa, un 4–5% en promedio, el número de mujeres en prisión está aumentando rápidamente.
  2. En Europa, hay alrededor de 100 000 mujeres en prisión en un día determinado.
  3. La mayoría de los delitos por los cuales las mujeres son encarceladas no son violentos, están relacionados con la propiedad o las drogas.
  4. Muchas mujeres en prisión son madres y generalmente las cuidadoras principales o únicas de sus hijos. Se estima que alrededor de 10 000 bebés y niños o niñas en Europa se ven afectados por el encarcelamiento de su madre.
  5. En la mayoría de los países europeos, los bebés y los niños o niñas pequeñas pueden permanecer en prisión con sus madres: 3 años es el límite de edad más común. Las instalaciones varían ampliamente entre países.
  6. Las enfermedades mentales están sobrerrepresentadas entre las reclusas; El 80% de las mujeres en prisión tienen una enfermedad mental identificable y dos tercios sufren de un trastorno relacionado con sustancias.
  7. Se estima que al menos el 75% de las mujeres que ingresan a las cárceles europeas tienen problemas con el consumo de drogas y alcohol. Además, las reclusas son más propensas que los reclusos a inyectarse drogas.
  8. La prevalencia del VIH y otras enfermedades infecciosas es a menudo mayor entre las reclusas.
  9. Las mujeres presas tienen más probabilidades de hacerse daño y suicidarse.
  10. Las mujeres prisioneras tienen tres veces más probabilidades de reportar haber sufrido abuso físico o sexual antes de su encarcelamiento.


http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/focus-areas/womens-health/10-things-to-know-about-women-in-prison
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miércoles, 25 de marzo de 2020

La cultura de la violación sigue perpetuándose con sentencias como la del caso Arandina



Críticas a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por dudar de la credibilidad de la víctima y los sorprendentes y estereotipados cambios interpretativos



25 de marzo de 2019.- Las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestro más profundo malestar por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictada el pasado 18 de marzo de 2020 sobre el llamado “Caso Arandina” con la que se considera que hubo abusos y no agresión sexual a una menor de 15 años, atenuando las penas a dos de los jugadores y absolviendo uno de ellos. 

En estos difíciles momentos que atraviesa el país con el coronavirus, las entidades adheridas consideramos que la repercusión sobre esta nueva y sorprendente decisión del alto tribunal castellano leonés ha sido mínima, por lo que es necesaria hacer entender la trascendencia de un fallo de esta envergadura que únicamente viene a demostrar que continúa perpetuándose la cultura de la violación en nuestro país. 

La sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Burgos definió lo ocurrido como agresión sexual, al apreciar “intimidación ambiental”, teniendo en cuenta la diferencia de edad y complexión física de ellos; y  condenó a los tres jóvenes a 38 años de prisión en diciembre pasado. Ahora la Sala Civil-Penal del  TSJCyL absuelve a uno de los condenados y atenúa las penas hasta los cuatro y tres años de prisión para los otros dos al apreciar, entre otras causas, “la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor”. 

“No entendemos el giro interpretativo que ha tomado este caso y las diferencias tan sustanciales entre ambas decisiones judiciales; pero lo que está claro es que vuelve a ponerse en duda la credibilidad de la víctima y además el último fallo no tiene en cuenta en absoluto el Código Penal que elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años en 2015; ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo para absolver a uno de ellos como si no hubiera existido delito alguno”. 

También consideramos que se están desoyendo argumentaciones prohibidas en tratados firmados y ratificados por España como el Convenio de Estambul o el propio Consejo de Europa, que prohíben centrarse en las actuaciones anteriores y posteriores de la víctima, como en esta ocasión, con el único propósito de descreditarla. 

“Volvemos a experimentar un retroceso claro en los derechos de las mujeres y nuevamente en materia de violencia sexual, lo que nos lleva a preguntarnos cómo decirles a las mujeres que confíen en el sistema judicial. El mensaje que lanza esta sentencia es terrible, de nuevo, se desplaza el foco de la culpabilidad en la víctima y los agresores salen prácticamente indemnes”.



CONTACTO PRENSA
   663911094
      
Indicar que además de este comunicado con todas las adhesiones de las organizaciones que nos están aún llegando, hay abierta desde hace unos días una recogida de firmas al respecto para amplificar la queja: https://bit.ly/3af9Hn7
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viernes, 13 de marzo de 2020

Hay mujeres....machistas y de la Alternativa



Hay mujeres que por citar a nuestras ancestras se creen con su legado, aunque nuestras ancestras quisieran nuestros avances y ellas nuestros retrocesos.  Por supuesto nos sentimos orgullosas de  Clara Campoamor, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán,  que conectadas  con movimientos sociales internacionales quisieron visiblizar nuestras capacidades y competencias hasta entonces ocultas bajo la incultura a la que forzosamente se nos ha sometido y la carencia de derechos políticos y sociales.

Hay mujeres que por no celebrar el 8 de marzo se escudan en que luchan cada día y nuestra pregunta es: ¿ dónde ?,¿ desde cuándo ?.
 Hablan de que odiamos a los hombres olvidando que también somos esposas y madres de hijas e hijos y que juntos, pero no detrás como hasta ahora queremos avanzar hacia un futuro igualitario desde el principio hasta el final de nuestros días, sin pendientes en las orejas, ni estereotipos de género, ni triples jornadas...

Hay mujeres que dicen que somos victimas y puede que ellas no lo sean pero nosotras desde aquí nos sentimos victimas como la mujer a la que hoy acaba de matar su compañero junto a su hija y desde luego nos interesa subvertir este orden asesino que mata más que el terrorismo.

Hay mujeres que hablan de que se colectiviza a la mujer presentándonos como un movimiento social, palabras  y más palabras que vemos bien dirigidas a mantener las desigualdades ya existentes y a negarnos la capacidad de decidir nuestro destino.

 Hay mujeres a las que le preocupan los velos de mujeres lejanas, sin cuestionarse los propios y las obligaciones de vestimenta de otros países sin ver como afecta la talla 38 a nuestras vidas y las de nuestras hijas con anorexias y bulimias.

En la España de hoy, en la que hombres y mujeres no tenemos los mismos derechos reales,  nos representa una ministra como Irene Montero que ha salido de las urnas, que ha sentido y sufrido el machismo social y que pretende mejorar la realidad para todas nosotras incluso para estas victimas de la violencia simbolica a las que le recomendamos lean a Pierre Bourdieu, que es un hombre y quizá su discurso las convenza más que el de su propias hermanas.
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jueves, 12 de marzo de 2020

Nuestro recuerdo y agradecimiento a Françoise d'Eaubonne a los cien años de su nacimiento



Hoy 12 de marzo de 2020 la sabia feminista y comprometida trasformadora social Françoise d'Eaubonne cumpliría 100 años. 
Ella nos regaló los términos ecofeminismo, sexocidio o falólacrata entre otros en su continuo trabajo de reflexión e investigación sin darse importancia y sin seguramente conseguir el suficiente reconocimiento .
Felizmente la editorial "incorporte" ha publicado el pasado año su libro  El Sexocidio de las brujas  que nos la recuerda con toda su fuerza activista resaltando  el genocido del que por sexo las mujeres fuimos victimas en Europa durante tres siglos.  Se nos mataba por mujeres no por brujas.  En el libro nos aporta datos de como las brujas asesinadas  eramos nosotras mayoritariamente.
En este libro  se incluye la carta  abierta que en noviembre de 1998 firmó junto con otras mujeres  dirigida a Juan Pablo II solicitando disculpas por parte de la Iglesia del sexocidio que contra las mujeres entre 1450 y 1650 tuvo lugar, entendiendo la existencia de una responsabilidad eclesial en esa misoginia recurrente "manifestada al mas alto nivel desde los primeros siglos de la Iglesia triunfante" .
 A pesar de  que ella  nos dice  que el Evangelio, sobre el que Pedro "edifico su Iglesia" es,  de todos los libros sagrados del mundo, el único  que es feminista.  
Ella indica : En consecuencia  la peste misógena y la masacre de las brujas es fruto de la perversión de la doctrina religiosa que las mujeres del siglo xx tienen derecho a ver condenada. 


Nuestra querida Françoise d'Eaubonne  tuvo una infancia en Toulouse  marcada por la decadencia física de su padre, debida a los efectos de los gases en las trincheras durante la guerra de 1914. Cuando tenía 16 años estalló la Guerra Civil en España y a los 19 fue testigo de la llegada de los republicanos exiliados.  Por su madre estaba unida a España ya quera  era hija de un revolucionario  carlista. 

Entre los 20 y los 25 años sufrió las penurias propias de la época y tuvo contacto, al fin de la segunda guerra mundial, con los convictos judíos que volvían de los campos, en una de las grandes estaciones de tren parisinas. Más tarde trató sus sentimientos sobre este periodo de su vida bajo el evocador título Chienne de Jeunesse (lit, juventud perra).

 Todas estas vivencias de la infancia junto con su personalidad hipersensible fueron las bases de su forma crítica de explorar el mundo, que la llevaron a convertirse en una militante feminista radical. Durante un tiempo formó parte del Partido Comunista francés, y más tarde co-fundó  el primer movimiento revolucionario gay de Francia, el FHAR (Front homosexuel d'action révolutionnaire), Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, en 1971. 

Fue ademas madre de dos hijos, aunque nunca adquirió compromiso matrimonial. Murió en París el 3 de agosto de 2005.

 Françoise d'Eaubonne escribió más de 50 obras, desde Colonnes de l'âme (poesía, 1942) a L'Évangile de Véronique (ensayo, 2003). También fue autora de novelas de ciencia ficción, como L'échiquier du temps y Rêve de feu.

También escribió algunas novelas infantiles y otras actividades literarias como los panfletos (20 ans de mensonges, contra Longo Maï), traducciones (Poemas de Emily Brontë), una edición crítica de las cartas de Gustave Flaubert, numerosos prefacios, etc.




Agradezco a Meritxell Martínez que me ha ayudado a conocer mejor a esta grandísima mujer a la que todas debemos estar agradecidas y celebro estos cien años de presencia física y espiritual de Françoise en el mundo.
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miércoles, 11 de marzo de 2020

Cambio climático


Traemos la Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, en su visita a España, 27 de enero - 7 de febrero de 2020 en lo que toca al cambio climático  ;

El cambio climático tendrá un impacto dramático en la vida de las personas en situación de pobreza y las políticas vigentes para apoyarlos. 76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más afectadas por el daño, así como aquellos que serán empujados a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado estarán cada vez más en riesgo. 77

En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47 mil millones de euros para hacer frente al cambio climático en 10 años, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050. 78 El mes pasado declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón. 80 Pero aún no se ha aprobado una ley tan esperada sobre el cambio climático, y el Congreso debe actuar sin demora. 81
Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la OIT para implementar una Transición Justa, 82 y será crucial que el nuevo gobierno trabaje para garantizar que los trabajadores desplazados durante la transición lejos de los combustibles fósiles tengan un apoyo social adecuado y acceso a capacitación. programas La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que este será un gran desafío.

76 Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, “Cambio climático y pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.
77 Estudio de AEMET con el Ministerio de Transición Ecológica, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Asi nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR. pdf p. 43)
78 "España propone un plan de inversión pública de $ 53 mil millones en cambio climático", Reuters, 20 de febrero de 2019 https://www.reuters.com/article/us-spain-climatechange/spain-proposes-53-billion-public-investment- en-clima-cambio-plan-idUSKCN1Q91LU.
79 "España declara la emergencia climática, prepara el plan climático", AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.
80 "Las emisiones de gases de efecto invernadero caen en España a medida que las centrales eléctricas abandonan el carbón", El País, 6 de enero de 2020 https://english.elpais.com/elpais/2020/01/06/inenglish/1578314036_180989.html.
81 Congreso de los Diputados "Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética", http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.
82 Ministerio de Transición Ecológica, "La Estrategia de Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima".

https://gsia.blogspot.com/2020/02/declaracion-del-profesor-philip-alston.html?m=1
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martes, 10 de marzo de 2020

Manifiesto de mujeres magrebíes

Somos mujeres magrebíes procedentes de contextos islámicos, somos feministas por un 8 de Marzo sin velos.

Nos dirigimos a todas las plataformas del 8M para hacer constar que nosotras, mujeres nacidas en el Magreb, en España u otros países, en familias musulmanas, vivimos y reclamamos un feminismo laico, un feminismo opuesto a la represión patriarcal que se ejerce en nombre de la religión.

Creemos en un feminismo universal que lucha a favor de una sociedad con iguales derechos y libertades para mujeres y hombres. Rechazamos todo intento de aceptar normas patriarcales basadas en la religión bajo la excusa de que es “nuestra cultura”. No reconocemos ninguna norma, sea religiosa o cultural, que vaya en contra de la igualdad y libertad de las mujeres.

Denunciamos el discurso a favor del “multiculturalismo” que pretende mantenernos a nosotras, mujeres de contextos islámicos, apartadas de los derechos y libertades que se reivindican para las demás. Pretenden crear parcelas aparte para nosotros, categorizándonos como “colectivo musulmán”, sometido a las normas dictados por “nuestros” teólogos.

Exigimos un feminismo laico que rechace toda imposición religiosa. Rechazamos ser tratadas como un colectivo aparte. Rechazamos el uso del velo islamista (hiyab) para marcarnos como personas distintas a las demás ciudadanas y como reivindicación en nombre del feminismo.
Esta lucha contra el patriarcado es universal y se debe dar a la vez en nuestra sociedad de origen y en el país en el que residimos y en el que muchas ya hemos nacido, sin por eso poder sustraernos a las normas patriarcales de nuestra cultura de origen. Normas justificadas cada vez más con la religión bajo el disfraz de una “identidad” que se nos impone como obligatoria.

No queremos ser clasificadas como parte de un “colectivo”, ni religioso, ni cultural, ni étnico y mucho menos “racializado”. Queremos igualdad.

Es nuestra convicción que esa igualdad en derechos y libertades sólo se puede dar en un Estado laico, en el que las religiones pertenecen a la esfera privada y no se instrumentalizan para dividir la ciudadanía en colectivos o grupos diferenciados.

Por ello exigimos un Estado laico y, especialmente:

Educación laica

— Sin asignaturas de religión. La asignatura de historia comparada de las religiones debe ser la misma para todos los alumnos y no debe favorecer un dogma sobre otro.

— Sin presencia de símbolos religiosos en el aula. No puede haber crucifijos ni símbolos equivalentes, ni tampoco puede exhibirlos el profesorado. Las profesoras no podrán llevar hiyab.

— Alumnas sin hiyab. Las niñas no deben ser visualmente categorizadas y segregadas por la religión de sus padres. No se admitirá el hiyab en los colegios (ni tampoco la kipá en los niños judíos ni símbolos equivalentes que marquen expresamente la religión de la persona que los porta). El colegio debe ser un espacio que enseña la igualdad de todos los ciudadanos, sin importar su procedencia, y especialmente la igualdad de todas las ciudadanas, sin símbolos sexistas.

—Aprendizaje para todas. No se admitirán exenciones de los alumnas de ciertas asignaturas con pretexto de su religión. Debe haber sesiones deportivas obligatorias, incluyendo la natación, fundamental no solo para el desarrollo motriz, el disfrute y el conocimiento del propio cuerpo, sino también para la supervivencia.

—Educación en valores. Deben aumentarse las charlas sobre igualdad, feminismo y racismo en centros educativos de primaria, secundaria y la universidad, siempre desde una perspectiva laica y antropológica, basada en la igualdad de derechos de mujeres y hombres, sin importar su procedencia étnica, su cultura o su religión, y opuesta a los estereotipos sexistas.

Integración laica

—Proyectos de formación. Necesitamos más talleres de alfabetización, formación profesional y conocimiento del entorno para mujeres migrantes. Estos talleres no deben darse nunca ni en las mezquitas ni en las asociaciones islámicas o centros culturales religiosos, sino en espacios sin connotación religiosa.

—No más dinero divino. La Administración pública debe dejar de subvencionar mezquitas, asociaciones o fundaciones cuya finalidad sea crear una “identidad” islámica que permita mantener una comunidad musulmana segregada. Tampoco debe aliarse con centros establecidos por otros Estados que intentan mantener control sobre “sus” emigrantes en España, ni con proyectos financiados por teocracias que utilizan la religión como fuente de negocios (sello halal, peregrinaje...)

— Protocolo de Seguridad. Es imprescindible contar con centros específicamente preparados para acoger o aconsejar a mujeres y niñas de trasfondo migratorio que hayan sufrido violencia dentro de su propia comunidad y no están en condiciones de enfrentarse a su propia familia mediante una denuncia policial.

— Observatorio. Necesitamos una institución que observe el cumplimiento de los derechos humanos en la población inmigrante, tanto para protegerla contra el racismo cotidiano que experimenta como para evitar que sea manipulada por quienes usan la religión como herramienta política y patriarcal.

Esperamos que todas estas reclamaciones sean tenidas en cuenta por quien corresponda. Estamos convencidas de que redundará en beneficio de toda la sociedad.

Te pedimos tu firma del manifiesto aqui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuvKe4NwXwFuCGQfSubNh0l8_LzGwFUpEJN0nwVrvO-tlESw/viewform

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