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miércoles, 22 de mayo de 2019

FÓRUM FEMINISTA DE MADRID: PROPUESTAS DE UN PROGRAMA ELECTORAL FEMINISTA 2/3


2.- EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA de Madrid

Sanidad Publica Universal
·      Aumentar el gasto sanitario público a la media europea 7,2% del Pib . En el año 2017 el % del Pib en Madrid era de 3,7%, inferior a la media nacional del 5,9%.Adecuar el presupuesto en Atención Primaria para alcanzar el 20% del presupuesto sanitario, frente al 10% actual, inferior  a la media de las otras CCAA.

·      Evaluar, con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto en la sociedad de tener un gasto sanitario público inferior a la media europea, y en consecuencia aumentar el presupuesto destinado a ello.

·    Revertir la privatización de los servicios sanitarios a los servicios públicos.

·    Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, gitanas, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas.

·    Evaluar el incremento injustificado de la cirugía estética debido a  la tiranía de la moda y los estereotipos de belleza.

 ·Evaluación de la efectividad de los programas de Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico, así como de la Vacunación de papiloma Virus Humano atendiendo al criterio epidemiológico.

· Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos, incluidos los de barrera. Anticoncepción de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias.

·    Atención aembarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985.

·    Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública.

·  Eliminación de la violencia obstétrica: Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Adecuación de mobiliario obstétrico y otros a mujeres con discapacidad

·    Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del EmbarazoSustitución del personal objetor.
 Evaluar la atención, pública o privada, de la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.

·    Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias, malestares, endometriosis y violencia sexual.

·    Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.

·    Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o. Dotación adecuada de matronas y fisioterapeutas en Atención primaria.  Una Trabajadora Social por Centro de Salud y por cada programa especial hospitalario.

·    Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres con perspectiva de género.

   Educación

·    Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, (como Asturias y Cataluña), que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.

·    Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.

·    Plan obligatorio sobre la igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.

·    Educación afectivo sexual durante toda la etapa educativa, incluida la etapa 0-3 años


Atención a las personas en situación de dependencia

   · A 31 de marzo de 2019 en la CAM han solicitado atención por la Ley 39/2006 (dependencia) el 3,29% de su población (216.327). De ellas el 75% ha obtenido el reconocimiento como personas en situación de dependencia. El 25% han sido clasificadas como grandes dependientes (grado 3) y el 26% como dependientes severos (grado 2). A pesar de ello, y teniendo una situación demostrada de gran necesidad de atención como demuestra la pertenencia a uno de estos grados, 9.840 personas estaban en lista de espera, es decir no recibían ninguna prestación.  

·    Es prioritario que se recorte el tiempo de tramitación en 3 meses y que las prestaciones lleguen mucha más pronto a las personas que las necesitan.

·    Queremos que la paga a la cuidadora familiar sea excepcional, como reconoce el art.18 de la Ley, no una de las que más se adjudican (19%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia. Es evidente que la retirada de esta paga estaría sujeta a la oferta adecuada de la atención institucional que exigimos.

·    Exigimos la eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.

·    Reivindicamos la reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
·    La participación de las asociaciones de mujeres en el seguimiento de estas políticas públicas es fundamental, para asegurar que cumplen el objetivo de avanzar en cuidados dentro de un sistema igualitario.



Políticas activas de reparto igualitario del empleo

·    En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.

·    Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.

·    Lucha contra la pobreza y la exclusión social.


Democracia paritaria y participativaTransversalidad

·    Equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres. Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.

·    Incluir el equilibrio electoral de sexos en ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes

·      Fortalecimiento del organismo autonómico de la Mujer (al menos Instituto o Dirección General)

·      Planes de Igualdad entre hombres y mujeres continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y participativa.

·      Participación del Consejo de la Mujer en el seguimiento de estas políticas.


Lucha contra la Violencia machista.

·    Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

·    Un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando de los derechos de las mujeres en sus relaciones sentimentales, laborales y de ciudadanía con los hombres, y en la separación o divorcio.

·    Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.

·    Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.

·   Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.

· Formación planificada sobre Violencia machista dirigida al personal sociosanitario, con el compromiso efectivo institucional de monitorizar las actuaciones e implementar las mejoras necesarias con medidas organizativas adecuadas.

·    Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario lectivo.

·    Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.

·    Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.

·    Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.

·    Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.

·    Cambiar la legislación foral sobre derecho civil, aquellas Comunidades que sean competentes para establecer que la custodia compartida únicamente se podrá establecer

·    cuando los progenitores del menor estén de acuerdo en ella y no exista ningún proceso abierto de violencia machista contra el padre.
·    Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución. 
. Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución. 


FÓRUM FEMINISTA DE MADRID
FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA


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QUEREMOS UNA EUROPA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES




Nuestras demandas a Europa: 

Ratificar e implementar el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y garantizar la plena integración del Convenio en la legislación y el marco político de la UE; 

 Un sólido marco legal de la UE sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que introduzca normas obligatorias y estandarizadas en todos los países de la UE. Tras la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,  se introduzca una Directiva sobre la violencia contra las mujeres,  que adopte una estrategia global de la UE y la plena aplicación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas de la UE; 

 Asegurar la transposición efectiva de la Directiva 2011/36 / UE para combatir el tráfico de seres humanos, con un enfoque especial en el análisis de género y el tráfico para la explotación sexual.

Nuestros demandas  a los Estados miembros: 
 Todos los Estados miembros de la UE  ratifiquen y apliquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica sin demora y sin reservas; 
 Asegurar una protección adecuada contra la violencia para todas las mujeres y niñas, utilizando el marco de cuatro P: Prevención, políticas integradas, protección y enjuiciamiento (poner fin a la impunidad); 
Adoptar el modelo nórdico o de "igualdad" en la prostitución; despenalizando a las mujeres en la prostitución y brindar servicios de salud, apoyo y salida a las personas afectadas, al tiempo que se garantice la criminalización y el procesamiento de traficantes, proxenetas y compradores.





“Creemos en una Europa verdaderamente feminista que se basa en nuestros valores fundamentales: igualdad entre mujeres y hombres, diversidad, paz, dignidad, justicia y respeto. Todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr este objetivo: el progreso hacia la igualdad de género se ha estancado, lo que hace que las mujeres enfrenten barreras significativas y duraderas en muchos aspectos de la vida, incluidos la salud, la seguridad, la educación, el empleo, el equilibrio trabajo-vida, el poder y la economía. . El Índice EIGE de Igualdad de Género de 2015 muestra que hemos dejado de avanzar para reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en los 28 Estados miembros de la UE. La austeridad ha sido un desastre para las mujeres, afectando particularmente a aquellas que experimentan múltiples desigualdades, como el racismo, el nivel de capacitacitación, el envejecimiento, situación migratoria, y la homofobia. Como resultado, las mujeres han sido empujadas a la pobreza a un ritmo mayor que los hombres. Responder a estos desafíos requiere un enfoque colectivo entre los movimientos sociales, la sociedad civil y quienes tienen el poder de hacer que se produzcan cambios positivos en nuestras comunidades ".
Joanna Maycock, Secretaria General del Lobby Europeo de Mujeres



https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/european_women_s_lobby_manifesto_2019_final_.pdf


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martes, 21 de mayo de 2019

FÓRUM FEMINISTA DE MADRID: PROPUESTAS DE UN PROGRAMA ELECTORAL FEMINISTA 1/3


El próximo 26 de mayo de 2019, se elegirán más de 64.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 CCAA (Ni Valencia, Pais Vasco, Cataluña, Andalucia) y 54 o 59 europeos (depende si hay o no Brexit). Ante el avance de la extrema derecha que amenaza los derechos de las mujeres conseguidos con gran esfuerzo y sabiendo que estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal, autonómica y europea que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derrotando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras que se ha implantado en nuestro país y en la UE en los últimos años.
Con nuestro voto feminista podemos modificar sustancialmente las desigualdades que nos afectan por el hecho de ser mujeres y al mismo tiempo beneficiosas para toda la ciudadanía, incluidas las personas refugiadas y migrantes.
Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% del gasto público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios sociales. Los Ayuntamientos gestionan hasta ahora el 13% del gasto público, y tienen el 95% de los cargos de elección directa, lo que significa que vienen a suplir las carencias en estos servicios que padecen las Comunidades. 
             Las políticas de igualdad entre hombres y mujeres del Presupuesto del Estado central, las autonómicos y de los ayuntamientos, son claramente insuficientes para eliminar las desigualdades de género.
         Las organizaciones feministas exigimos a todos los partidos y candidaturas que se presentan a las elecciones del próximo 26 de mayo que incluyan en sus programas electorales las siguientes medidas:

1.- EN LAS ELECCIONES LOCALES:

Municipios activos en el reparto igualitario del empleo y los cuidados
·    En su política de personal, con plan de igualdad; en sus contratas y en la atención a sus vecinas y vecinos: políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres.
·    Servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico.
·    Atención a la Dependencia: servicios públicos suficientes de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas, con la elaboración de un Plan que valore las necesidades reales existentes y la presupuestación para implementarlo. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
·    Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Democracia paritaria y participativa
·    Selección de candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad de condiciones, sin estereotipos de género.
·    Equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios con menos de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50% por mujeres.
·    Paridad en el reparto post electoral de cargos: alcaldías, juntas de gobierno, concejalías delegadas y direcciones de servicios.
·    Acceso general, efectivo y no manipulado de las y los inmigrantes al derecho al voto local.
·    Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
·    Presupuestos participativos con perspectiva de género.
·    Comisión de la Mujer de la FEMP que impulse las políticas locales de igualdad y las represente en la Conferencia Sectorial de Igualdad, junto al Estado y las CCAA.


Compromiso político con la promoción de la igualdad, transversalidad
·    Aplicar la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006.
·    Concejalía de Igualdad de la Mujer, Agentes de Igualdad, y Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.
·    Promoción transversal de la igualdad en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales.
·    Fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y ancianas

Lucha contra la Violencia Machista:
Seguimiento de fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista: realización de campañas de sensibilización y prevención; Elaboración y difusión de material didáctico; Creación y mejora de las unidades de apoyo y Mesas de Coordinación local y con consejos locales de igualdad; reforzar y ampliar los servicios de atención  a víctimas con plantillas de personal estable en sus contratos con la administración, incluida la policía local; formación especializada  continuada en materia de igualdad y todas las formas de violencia de genero incluida la sexual al personal que atiende a las víctimas y sus hijas e hijos; creación y refuerzo de puntos de encuentro familiar; puntos morados/violetas de información a víctimas y ciudadanía, especialmente a la juventud. Participación de las asociaciones de mujeres en la evaluación y seguimiento del Pacto de Estado
·     Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
·           Que se reponga la participación municipal en los Consejos escolares de Centro eliminada por la Ley 27/2013 y contribuya a su plan de prevención de la violencia (art.8 Ley 1/2004).

· Efectividad de las medidas de empleo (art. 22) ayudas sociales (art. 27) y de vivienda (art. 28 Ley 1/2004).
·                Combatir la precariedad laboral, jurídica y social de inmigrantes y nacionales, que incrementa la vulnerabilidad. Puesta en marcha y aplicación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa que España ha suscrito.
·                Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.  Prohibición de locales proxenetas, propaganda.
·  Derogación de las medidas sancionadoras habilitadas a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la normativa autonómica o municipal que contemplan sanciones administrativas a las supervivientes de la prostitución.

Urbanismo, vivienda, gestión de lo público y de los recursos naturales
Las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y marginando la vivienda en alquiler. La cifra de 35.666 familias desahuciadas en 2018 más que las 22.330 del 2017, aunque no está desglosada por sexo,  la percepción es que las mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos llevan la peor parte. Pedimos:
 · Convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social. Solicitar al gobierno y al Parlamento que apruebe una ley que establezca por ley la dación en pago y que la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de la persona o familia, ni tenga una duración mayor de 20 años.
·  Fomentar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de los jóvenes.
·  Eliminar barreras arquitectónicas: cumplir la Ley 51/2003 de accesibilidad de las personas con discapacidad.
Aplicar la normativa sobre implementación de ascensores en las viviendas que no disponen de ellos, para disminuir la discriminación y aumento de la dependencia que afecta sobre todo a población mayor, en la que predominan las mujeres.
· Ordenar la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomento de los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejora del sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.
·Servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral.
·Gestión pública, participativa, con perspectiva de género y criterios de sostenibilidad del agua y el abastecimiento de alimentos, el territorio y el patrimonio, preservando los bienes públicos; la recogida de basuras, la limpieza viaria y el transporte.
· Creación y mantenimiento de jardines de infancia públicos para niños y niñas de 0 a 3 años a los que puedan servirse tanto las madres que trabajen fuera de su casa como las que se dediquen al trabajo doméstico.
·Garantizar la accesibilidad a Servicios sociales tales como atención a la dependencia, , de salud y educación  a través de movilidad especialmente en áreas rurales con el fin de evitar la despoblación.
· Garantizar Banda ancha de internet en poblaciones rurales

 Promoción y prevención en salud comunitaria
·     Desarrollo en el municipio de Madrid de los actuales Centros Municipales de Salud Comunitaria, manteniendo y ampliando sus programas actuales, y asegurando la dotación de recursos profesionales y materiales necesarios, de forma complementaria a los servicios sanitarios asistenciales.
·                Desarrollo en todos los municipios de los recursos municipales que ofrecen atención a la salud de las mujeres con perspectiva de género.
·            Apoyo activo a las iniciativas de participación comunitaria intersectoriales basadas en la promoción e información de los activos en salud existentes en cada territorio, y en la intervención coordinada sobre los determinantes de la salud.


FÓRUM FEMINISTA DE MADRID
FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA







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QUEREMOS UNA EUROPA QUE GARANTIZA A TODAS LAS MUJERES IGUAL INDEPENDENCIA ECONÓMICA



Nuestras demandas a Europa:

 Garantizar la independencia económica de todas las mujeres, incluidos los derechos individuales a la protección social a traves de los impuestos , y confrontar la pobreza en espacios de trabajo, elcaumento el trabajo precario; valorar y mejorar las condiciones de trabajo en los sectores donde predominan las trabajadoras mediante el fortalecimiento, la supervisión y la revisión de la legislación vigente de la UE;

 Adoptar una "garantía de cuidado" para abordar las necesidades de cuidado a lo largo del ciclo de vida, como una parte valiosa del funcionamiento de la sociedad e invertir en la economía del cuidado dirigiendo las inversiones en el presupuesto de la UE en esta área. Implementar el presupuesto de género como una herramienta para la incorporación de la perspectiva de género para garantizar que todo el dinero de la UE esté logrando la igualdad entre mujeres y hombres;

 Asegurarse de que el marco macroeconómico, incluida la estrategia posterior a Europa 2020 y la arquitectura del Semestre Europeo, busque específicamente avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y, en particular, la independencia económica de las mujeres, en la realización de evaluaciones de impacto de género de las políticas macroeconómicas antes del país emisor. -priorizando recomendaciones específicas ;

 Adoptar objetivos europeos para la infraestructuras de atención a personas dependientes, ancianos y discapacitados; 

Todas las medidas deben abordar la discriminación múltiple e interseccional que enfrentan las mujeres con discapacidades, provenientes de minorías étnicas, de diferentes antecedentes socioeconómicos y educativos y mujeres jóvenes o ancianas, cuyo acceso a servicios, trabajo decente y financiamiento son especialmente limitados y cuyas contribuciones se pasan por alto demasiado a menudo.


Nuestras demandas a los Estados Miembros:


 Garantizar la seguridad financiera y la independencia de las mujeres y los hombres mientras cuidan de otra persona, incluidas las licencias legales pagadas y las disposiciones legales que protegen a las mujeres y los hombres contra cualquier forma de discriminación basada en la licencia por maternidad / paternidad / padres / cuidadores;

 Acelerar la implementación de los objetivos de Barcelona para la disponibilidad de cuidado infantil asequible, accesible y de alta calidad;

 Introducir  un objetivo anual de 5-10% para reducir la brecha salarial de género y abordar la brecha actual de pensiones por género, a saber, introduciendo 'créditos por cuidados' para tener en cuenta la contribución de las mujeres a la economía y garantizar que, para  que en las generaciones y futuras, también se otorgan créditos a los hombres;

 Adoptar iguales permisos no transferibles para los padres, salvaguardando la licencia de maternidad a la que tienen derecho las mujeres;

 Asignar fondos suficientes para garantizar la calidad de los servicios de atención y la dignidad del trabajo de los cuidadores en su capacidad profesional y como cuidadores informales.

https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/european_women_s_lobby_manifesto_2019_final_.pdf
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lunes, 20 de mayo de 2019

Resolución 2467 (2019) relativa a las mujeres, la paz y la seguridad 4/6



14. Exhorta a los Estados Miembros a que, en el contexto de las iniciativas de reforma del sector de la justicia, refuercen la legislación y mejoren la investigación y el enjuiciamiento de los actos de violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto conforme a las garantías de un juicio imparcial con arreglo al derecho internacional, lo que podría implicar promulgar, si aún no existen, leyes de protección de las víctimas y los testigos y, cuando proceda, prestar asistencia jurídica a los supervivientes y establecer unidades de policía y tribunales especializados para que se ocupen de esos delitos, eliminando los obstáculos procesales que impiden que se haga justicia a las víctimas, como los plazos restrictivos para presentar denuncias, los requisitos de corroboración que discriminan a las víctimas como testigos y denunciantes, la exclusión o desacreditación del testimonio de las víctimas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y en el marco de procedimientos judiciales y de otro tipo, y la falta de instalaciones para celebrar audiencias a puerta cerrada, y alienta a los Estados Miembros interesados a que utilicen los conocimientos especializados del equipo de expertos de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1888 (2009), bajo la dirección estratégica de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, según proceda, a fin de fortalecer el estado de derecho y la capacidad de los sistemas de justicia civil y militar para hacer frente a la violencia sexual en situaciones de conflicto armado y posconflicto como parte de una labor más general destinada a reforzar las salvaguardias institucionales contra la impunidad;

15. Insta a los Estados Miembros a que mejoren el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, incluidas las mujeres y las niñas, que suelen ser blanco de esa violencia en particular, investigando, enjuiciando y castigando con prontitud a quienes perpetren actos de violencia sexual y de género, y ofreciendo reparación a las víctimas según proceda, reconoce que los delitos sexuales y relacionados con el género se incluyen entre los delitos más graves de trascendencia internacional en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, observa que la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional cometidos contra las mujeres y las niñas se ha fortalecido gracias a la labor de los tribunales internacionales y mixtos, y de las salas especializadas de los tribunales nacionales, y reitera su intención de seguir combatiendo enérgicamente la impunidad y de obligar a rendir cuentas por los medios apropiados;

16. Alienta a los Estados Miembros a que adopten un enfoque centrado en los supervivientes para prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto y responder a ella, velando por que la prevención y la respuesta no discriminen y sean específicas, respeten los derechos de esas personas y den prioridad a sus necesidades, sobre todo los grupos que son particularmente vulnerables o que pueden ser blanco de ataques específicos, especialmente en el contexto de su salud, educación y participación, y a ese respecto:

a) Exhorta a todos los Estados miembros a que garanticen que las personas que han sobrevivido a la violencia sexual y de género en los conflictos de los respectivos países reciban la atención que requieren sus necesidades específicas sin ningún tipo de discriminación;

 b) Observa que el vínculo entre la violencia sexual en situaciones de conflicto armado y posconflicto y la infección por el VIH, y la carga desproporcionada que el VIH y el sida suponen para las mujeres y las niñas siguen siendo un obstáculo y un desafío para la igualdad de género;

 c) Alienta a los dirigentes nacionales y locales, incluidos los dirigentes comunitarios, religiosos y tradicionales, según corresponda y donde los haya, a que desempeñen una función más activa de sensibilización de las comunidades contra la violencia sexual en los conflictos para evitar que se margine o estigmatice a los supervivientes y sus familias, ayudar a su reintegración social y económica y la de sus hijas e hijos, y abordar la impunidad de esos delitos;

 d) Alienta a los Estados Miembros interesados a que velen por que quienes han sobrevivido a la violencia sexual y de género tengan la oportunidad de participar plena y significativamente en todas las etapas de los procesos de justicia de transición, incluso en funciones decisorias, y reconoce que el liderazgo y la participación de las mujeres aumentarán las probabilidades de que la justicia de transición dé como resultado una reparación efectiva en opinión de las víctimas y responda a factores contextuales importantes; 

17. Recuerda las disposiciones aplicables del derecho internacional sobre el derecho a una reparación efectiva en caso de violación de los derechos humanos, exhorta a los Estados Miembros a que pongan la reparación y la asistencia efectivas a disposición de las víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto, y alienta a los Estados Miembros y a otras instancias pertinentes a que consideren debidamente la posibilidad de crear un fondo para supervivientes;

18. Reconoce que las mujeres y las niñas que quedan embarazadas como resultado de la violencia sexual en los conflictos armados, en particular las que deciden ser madres, pueden tener necesidades diferentes y específicas, y observa que esas mujeres y niñas y sus hijas o hijos nacidos como consecuencia de la violencia sexual en los conflictos a menudo sufren riesgos y daños interrelacionados, diferenciados y persistentes que a veces amenazan su vida, como la marginación económica y social, las lesiones físicas y psicológicas, la apatridia, la discriminación y la falta de acceso a reparaciones, e instando a los Estados a que reconozcan la igualdad de derechos de todas las personas afectadas por la violencia sexual en los conflictos armados, incluidas las mujeres, las niñas y los hijos e hijas nacidos a raíz de la violencia sexual en los conflictos armados, en la legislación nacional, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, según proceda, solicita al Secretario General que lo informe sobre estas cuestiones en un plazo de dos años y a más tardar a finales de 2021, y solicita a la Representante Especial del Secretario General sobre la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados que coopere con la Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos y otras entidades competentes de las Naciones Unidas a ese respecto; 

19. Reconoce la importancia de apoyar, proteger y promover a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones locales, de base y dirigidas por mujeres, y a los dirigentes religiosos y comunitarios y las organizaciones lideradas por niñas y jóvenes, para todas las actividades de prevención y respuesta, pero apoyando al mismo tiempo las campañas de movilización comunitaria para ayudar a desplazar el estigma de la violencia sexual de las víctimas a los perpetradores, y a promover la cohesión entre los miembros de la comunidad en los lugares donde la presencia de la seguridad del Estado es débil;

https://undocs.org/es/S/RES/2467(2019)
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