Acerca de nosotras ·

sábado, 17 de noviembre de 2018

Igualdad de género para sociedades pacíficas e inclusivas 10 /13





54. En la presente sección se ofrece información actualizada en esferas interrelacionadas relacionadas con la mujer, la paz y la seguridad, en particular: el acceso a la educación y los servicios de salud en situaciones de emergencia, la violencia sexual y de género, la recuperación económica, el desarme, la prevención y la lucha contra el extremismo violento y contra el terrorismo, la gobernanza y el estado de derecho y el acceso a la justicia.


            A.    Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la acción humanitaria, entre otras cosas, garantizando el acceso a los servicios esenciales


55.       Las mujeres y las niñas siguen tropezando con obstáculos evidentes e importantes en el acceso a la educación; la atención de la salud física y mental y los servicios conexos, incluidos los relacionados con el VIH y la salud sexual y reproductiva; y la atención materna en situaciones de conflicto y de emergencia humanitaria. En 2018, aproximadamente 136 millones de personas necesitarán protección y asistencia humanitaria, cifra que incluye a unos 5 millones de mujeres embarazadas, mujeres jóvenes y niñas, y 34 millones de mujeres en edad de procrear[1]. En muchos de esos contextos, son más las niñas a las que se niega el acceso a la educación que los niños. La tasa de no escolarización de las niñas en edad de asistir a la escuela primaria es 1,5 veces mayor que la de los niños, por ejemplo, en Côte dIvoire, Sri Lanka y el Yemen. Sin embargo, tan sólo el 2,7% de la financiación humanitaria se dedica a la educación en situaciones de emergencia[2]. Los obstáculos no se deben solo a unos servicios y sistemas de atención de la salud colapsados y deficientes, la dependencia económica, y la violencia experimentada durante las situaciones de crisis, sino también a una limitada capacidad de decisión sobre la propia vida sexual y reproductiva y una desigualdad de género y un clima de discriminación que son anteriores a los conflictos o crisis. Las cifras se mueven exactamente en sentido contrario a los compromisos de los Estados Miembros para mejorar la calidad de los servicios y no dejar a nadie atrás, que están específicamente relacionados con los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5 y 16.
56.       Los datos siguen mostrando deficiencias preocupantes en el ámbito de la salud, en particular en las tasas de mortalidad materna, que en los países en conflicto o que salen de un conflicto casi duplican la tasa mundial[3]. De las 830 mujeres y niñas adolescentes que mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo y el parto, 507 mueren en países que se consideran frágiles a causa de conflictos o catástrofes —aproximadamente tres quintos de todas las muertes maternas en el mundo[4]. Las cifras correspondientes al matrimonio precoz, forzado e infantil también han aumentado en varios contextos humanitarios y de conflicto, a menudo en respuesta a unas condiciones en que las familias y las comunidades no pueden hacer frente a las cargas financieras o a los problemas de seguridad, o por la preservación del honor familiar[5]. En el Yemen, las tasas de matrimonio infantil aumentaron hasta un punto en que, en 2017, el 66% de las niñas contrajeron matrimonio antes de los 18 años; en las provincias con un gran número de personas desplazadas, el 44% de las mujeres que contraían matrimonio eran niñas menores de 15 años[6].
57.       Durante el período sobre el que se informa, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) proporcionó vitales servicios de emergencia en el ámbito de la salud sexual y reproductiva a 10,8 millones de personas en 53 países, utilizando para ello el paquete de servicios iniciales mínimos para la salud reproductiva[7]. La demanda del UNFPA de conocimientos técnicos especializados en materia de salud sexual y reproductiva ha aumentado a pesar de la escasez de fondos (90 millones de dólares en 2017), que solo cubren el 20% de las necesidades actuales. Además, en 2017 el UNFPA proporcionó servicios de salud sexual y reproductiva a 1,5 millones de adolescentes en 36 países en contextos humanitarios e impartió capacitación a 20.815 facilitadores juveniles, colegas y voluntarios sobre cuestiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva y la forma de abordar la violencia de género en 47 países[8].
58.       Reitero las recomendaciones anteriores sobre la prestación a las niñas y adolescentes de servicios de atención de la salud y de otro tipo de carácter amistoso, no discriminatorio e integral, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva, en particular el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo y apoyo de salud mental y psicosocial, que deben prestarse de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Vuelvo a reconocer el liderazgo del Reino Unido y los Países Bajos en lo que se refiere a dar prioridad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en situaciones de crisis humanitaria y exhorto a otros Estados Miembros a que contribuyan a esos esfuerzos.


            B.    Violencia sexual y de género: un obstáculo fundamental para lograr una paz inclusiva y duradera


59.       Como se destaca en la sección II, las pruebas siguen vinculando la desigualdad entre los géneros y la violencia de género con la mayor vulnerabilidad de una sociedad a la guerra civil y la guerra entre Estados y con el ejercicio de formas más graves de violencia durante los conflictos[9]. Además, los resultados de las investigaciones indican que existe una relación significativa entre la violencia política y la violencia contra la pareja después de un conflicto[10]. Debemos comenzar a prestar una mayor atención de forma global a la violencia contra las mujeres, incluidas las jóvenes, y las niñas y toda la gama de ataques y daños relacionados con el género que se producen durante los conflictos, incluso contra las mujeres y niñas con discapacidad, así como la violencia de género contra los hombres y los niños. Para ello es necesario también evaluar y hacer frente a la expresión violenta de la masculinidad y los efectos específicos para cada género, como la muerte en combate, la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales.
60.       En mi último informe sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, señalé a la atención del Consejo 19 situaciones que suscitaban preocupación y una lista actualizada de 47 partes en conflictos sobre las que había sospechas fundadas de que habían cometido o instigado violaciones y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto. En el informe se destaca que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas marginadas política y económicamente (véase S/2018/250, párr. 11) y que entre las preocupantes tendencias emergentes se encontraba, por ejemplo, el uso de la violencia sexual por las partes en el conflicto para atacar y alterar la identidad colectiva de los grupos perseguidos y controlar la tierra y los recursos. Las pautas señaladas en informes anteriores, incluida la trata, prevalecen, y siguen cometiéndose delitos con impunidad[11]. En varias situaciones, los supervivientes siguen esperando justicia por delitos cometidos hace más de un decenio, y la estigmatización sigue teniendo efectos específicos de género en los supervivientes, así como en los niños concebidos como consecuencia de una violación. Hago un llamamiento a todas las partes interesadas pertinentes para que apliquen las recomendaciones generales y específicas por países que se formulan en el mencionado informe.
61.       Las mujeres defensoras de los derechos humanos; las dirigentes políticas, periodistas, agentes de la justicia y miembros del personal de seguridad; las jóvenes activistas; y las dirigentes de la sociedad civil siguen siendo objeto de ataques a un ritmo alarmante, a menudo por poner en evidencia las causas profundas de los conflictos, como la corrupción, las deficiencias en materia de gobernanza, el acceso a la tierra o los recursos, y las visiones tradicionales de los papeles asignados a cada género en la familia y en la sociedad. Eso incluye a quienes pertenecen, o se considera que pertenecen, al colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales o a quienes abogan por los derechos de ese colectivo. Como recordatorio aleccionador, más de la mitad de las mujeres a las que se rindió tributo en el acto anual que la Asociación para la Mujer en el Desarrollo celebró en 2017, habían sido asesinadas por su labor en países afectados por conflictos, como Colombia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo y el Yemen[12]. Sigo haciendo un llamamiento para que se establezcan mecanismos de protección específicos dedicados a quienes se encuentran amenazados, como las mujeres que se enfrentan a formas entrecruzadas de discriminación por motivos de raza, origen étnico, capacidad, orientación sexual e identidad de género, condición económica y otros factores.
62.       Resultan alentadores los esfuerzos realizados por el UNFPA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos para institucionalizar las intervenciones iniciadas en situaciones de emergencia. En Ucrania, por ejemplo, los servicios de acogida y los espacios seguros para las mujeres que se pusieron en marcha como parte de la respuesta humanitaria, se están transformando en un gran centro de crisis que se entregará al gobierno local para su gestión, lo que supone un nuevo enfoque continuo de la programación. Además, el establecimiento de centros “todo en uno” que ofrecen paquetes de asistencia integral para las supervivientes han seguido demostrando su eficacia en las zonas afectadas por conflictos, en particular en Malí y el Estado de Palestina. Expreso mi reconocimiento a los esfuerzos de todos los agentes que forman parte del Llamado a la Acción en la Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia para que se refuercen la rendición de cuentas, la acción colectiva y la programación por iniciativa local, así como el liderazgo del UNFPA en la coordinación de la esfera de responsabilidad sobre la violencia de género a nivel mundial. Aliento a todas las entidades competentes a que sigan trabajando con los Estados Miembros para fortalecer aún más la prevención de la violencia de género, la mitigación de los riesgos y las medidas de respuesta.


            C.    Recuperación económica y acceso de las mujeres a los recursos


63.       En el caso de las mujeres, la imposibilidad de acceder a los bienes y recursos productivos las hace vulnerables a la pobreza y la violencia e impide que se hagan realidad sus derechos, como los derechos a la salud, la educación, el empleo y la participación en los esfuerzos en favor de la recuperación y la consolidación de la paz después de los conflictos. Abordar las cuestiones relacionadas con el empoderamiento económico durante las fases de conflicto y posteriores a los conflictos es una estrategia de prevención, ya que las controversias por el acceso a los recursos económicos son uno de los factores que con mayor frecuencia impulsan el conflicto. Tanto en países que atraviesan una situación de conflicto como en los que no, los derechos y el nivel de acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra son extremadamente débiles a causa tanto del derecho consuetudinario como del derecho escrito, lo que da lugar a que las mujeres representen tan solo el 11,5% de la propiedad de la tierra en los países que están afectados por conflictos y el 13,4% que no lo están, respectivamente[13]. Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de desempeñar un empleo remunerado.
64.       La desigualdad de género en el acceso a los recursos y la marginación de las mujeres, las jóvenes y las niñas no se deben simplemente a la existencia de conflictos y disturbios, sino que, como señalaba en mi anterior informe sobre la cuestión, son también un reflejo del hecho de que las economías que salen de un conflicto fijan las prioridades de la inversión a gran escala en la infraestructura, las industrias extractivas y la agricultura comercial, y de la relegación de la mujer a las iniciativas en pequeña escala y de ámbito local (S/2016/861, párr. 50). El promedio del porcentaje de los beneficios recibidos por las mujeres y las niñas a través de los programas de recuperación temprana ha caído, en equivalente monetario, hasta el 38%[14], a pesar del aumento de los beneficios que reciben las mujeres y las niñas por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) gracias al empleo temporal en el contexto de esos programas en 13 países[15], que alcanzaron una cifra aproximada a los 183 millones de dólares en 2017, un aumento del 144% en comparación con el año anterior. Esos programas son esenciales, ya que existe una alta correlación entre el acceso de la mujer a los medios de vida y el bienestar de los hogares y de la comunidad en general[16]. Aliento a otras entidades de las Naciones Unidas a que adopten ese indicador a fin de ampliar la base empírica y valorar mejor la evolución de las disparidades entre los géneros en lo que se refiere al acceso a los recursos, por ejemplo, con respecto a los recursos naturales, el cambio climático y la paz, emprendida recientemente por ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz.
65.       Debe darse prioridad al derecho de la mujer a participar en la economía en pie de igualdad y a los derechos que contribuyen a sentar las condiciones previas para dicha participación, como los derechos a la propiedad de la tierra, a la herencia y al trabajo. Es fundamental que los Estados Miembros incorporen la perspectiva de género en los marcos y actuaciones en las esferas de la financiación y el desarrollo de conformidad con los compromisos contraídos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba, y la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Para ello, serán esenciales la creación y el fortalecimiento de la capacidad para comprender y analizar los factores políticos, sociales y económicos interrelacionados que conducen a la desigualdad y los conflictos. Muchos de los problemas que destaqué en mi informe anterior, en particular en lo relativo a la economía política, están aún por resolver.
66.       Después de haber expuesto más arriba los próximos pasos en lo que respecta a la participación significativa de la mujer, reconozco la necesidad de prestar mayor atención a la recuperación económica y el acceso de las mujeres a los recursos para la prevención y el sostenimiento de la paz, en particular en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Aliento a las entidades de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros a que adopten enfoques innovadores, en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género, para acelerar los avances hacia el empoderamiento económico de la mujer en los contextos de la consolidación de la paz y la recuperación después de los conflictos, determinando a qué inversiones se está dando precedencia sobre la recuperación económica de las mujeres y reinvirtiendo en actividades a mayor escala a ese respecto. En términos económicos, la transparencia en la presupuestación, las corrientes financieras, y la asignación de recursos son esenciales para que los Estados Miembros, las organizaciones regionales y las Naciones Unidas dispongan de los instrumentos necesarios para redistribuir y reinvertir en el acceso a los recursos y la recuperación económica de la mujer. No es solo la ceguera en cuanto al género que muestran esos ámbitos y parámetros lo que nos impulsa a hacer más y a hacerlo mejor, sino la violencia cotidiana que experimentan las mujeres a causa de la privación, la disparidad y la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Además, si no se invierte en el empoderamiento económico de la mujer no se invierte en la paz, cuando tenemos ante nosotros pruebas cada vez más claras de la relación entre el empoderamiento de la mujer y la prevención de los conflictos y la resiliencia.


            D.    Promoción del papel de la mujer en el desarme, la no proliferación y el control de armamentos


67.       El desarme y el control de armamentos desempeñan un papel clave a la hora de prevenir y poner fin a un conflicto violento, sin embargo, el mundo avanza hacia el aumento de la militarización, la continua proliferación de las armas pequeñas y el aumento de las tensiones entre Estados. En respuesta a esas tendencias negativas a nivel mundial, en mayo puse en marcha una nueva agenda para el desarme, que se expone en el documento, Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament, en la que se abordan cuestiones relativas a las armas de destrucción en masa, las armas convencionales y los nuevos medios y métodos de guerra[17] cuyo propósito es encontrar una armonía plena con el objetivo básico de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, incluso mediante la participación significativa de la mujer.
68.       En la actualidad, hay unos 857 millones de armas pequeñas en manos de civiles[18], que a menudo se utilizan en la comisión de distintas formas de violencia, como en el contexto del desplazamiento forzado y la violencia sexual y de género, incluidos los asesinatos de mujeres por sus propias parejas. En la tercera Conferencia de las Naciones Unidas para la Examinar los Progresos Alcanzados en la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada en junio, los países reafirmaron su compromiso de prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. De los 77 países que presentaron sus informes nacionales durante el período 2016-2017, 33 comunicaron que habían incorporado una perspectiva de género en la formulación de políticas, la planificación y la ejecución del Programa de Acción, y 11 informaron de que estaban recopilando datos desglosados por sexo que permitirían comprender mejor la dinámica de género de la recolección y la propiedad de las armas y los efectos conexos[19]. Acojo con beneplácito esas iniciativas e insto a otros países a que fomenten esa capacidad de análisis y recopilación de datos.
69.       A pesar de su papel histórico en los movimientos en favor del desarme, las mujeres siguen estando muy insuficientemente representadas en todas las iniciativas en esa esfera. En 2017, solo una cuarta parte de los participantes en las reuniones multilaterales sobre desarme celebradas en las Naciones Unidas eran mujeres. En el documento final de la tercera Conferencia de Examen del Programa de Acción (A/CONF.192/2018/RC/3, anexo), los Estados alentaron la plena participación, representación y liderazgo de las mujeres en los procesos de formulación de políticas, planificación y ejecución relativos al Programa de Acción, como las comisiones y los programas nacionales sobre las armas pequeñas relacionados con la seguridad de las comunidades, la reducción de la violencia, la recolección y destrucción de armas pequeñas y armas ligeras, y la prevención y solución de conflictos.
70.       Los datos de las iniciativas de desarme que las Naciones Unidas llevan a cabo en las misiones sobre el terreno también muestran progresos desiguales en ese ámbito. En 2017 las mujeres representaban solo el 7% y el 12% del total de casos desmovilizados con apoyo de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, respectivamente. Aunque, en promedio, las mujeres constituyen un pequeño porcentaje de los combatientes desmovilizados, su participación como beneficiarias directas en proyectos de base comunitaria, como los de reducción de la violencia comunitaria, sigue aumentando. En los proyectos ejecutados por cinco misiones de mantenimiento de la paz en 2017, la participación de las mujeres iba del 25% al 52%. Mediante los proyectos dirigidos directamente a las mujeres se trataba de prestar apoyo a las organizaciones de mujeres, hacer frente a las disparidades en materia de educación, promover el desarrollo de las aptitudes profesionales y prestar apoyo para los medios de subsistencia.


            E.    Prevención y oposición al extremismo violento y lucha contra el terrorismo


71.       La violencia perpetrada por grupos terroristas o extremistas violentos incluidos en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad siguen teniendo consecuencias devastadoras, como los actos de violencia indiscriminada contra la población civil y los ataques contra bienes de carácter civil, la discriminación contra las mujeres y las niñas como fuerza estratégica, y la manipulación estratégica de las normas y los estereotipos de género (véase S/2017/861). Muchos grupos, como el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) y Boko Haram, utilizan la promesa de matrimonio y el acceso al sexo para incentivar el reclutamiento de hombres y muchachos, dedicarse a la trata y otras prácticas basadas en el género que promueven y refuerzan la expresión violenta de la masculinidad violenta y perpetúan la violencia sexual y de género y la persecución de las personas a causa de su orientación sexual[20] o su identidad de género (S/2018/250, para. 13). Otros grupos terroristas o extremistas violentos siguen abrazando también postulados basados en ideologías y culturas asentadas en la misoginia violenta.
72.       Los enfoques del terrorismo y el extremismo violento que son sensibles desde el punto de vista del género exigen el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; la incorporación generalizada del análisis de género; y la inversión en investigación para comprender la dinámica y los efectos específicos de género del extremismo violento y el terrorismo. También requiere la representación y la participación significativa de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil que las representan en la concepción y la aplicación de medidas encaminadas a prevenir y combatir el extremismo violento y el terrorismo[21]. También se debe tener en cuenta la perspectiva de género en las contramedidas conexas, incluidos los programas integrales y adaptados de enjuiciamiento, rehabilitación y reintegración, así como todas las políticas y estrategias en materia de seguridad, incluidas las de desarme y desmovilización. El aumento de la disponibilidad de datos desglosados por sexo y edad y la investigación sobre las perspectivas de la mujer y su experiencia con los grupos terroristas o extremistas violentos seguirán guiando el éxito en esa esfera[22].
73.       Las vulneraciones de los derechos que sufren las mujeres y las niñas en los contextos afectados por el terrorismo y el extremismo violento son amplias y múltiples, y la violencia personal a menudo desemboca en la estigmatización social, las dificultades económicas y la discriminación[23]. Insto a los Estados Miembros y a las entidades competentes a que adapten sus respuestas para reflejar esas experiencias y me felicito por sus esfuerzos a ese respecto.
74.       Las políticas de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo tienen repercusiones específicas de género, incluso sobre las organizaciones juveniles y de mujeres, y sobre las mujeres sospechosas o condenadas por su afiliación con grupos considerados terroristas o extremistas violentos a nivel nacional. Los Estados Miembros, así como el Consejo de Seguridad y todo el sistema de las Naciones Unidas, tienen la obligación de velar por que las iniciativas para prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento respondan a la totalidad de los compromisos contraídos en el contexto de la agenda de las mujeres y la paz y la seguridad y sean inclusivas, coordinadas, basadas en los derechos humanos y sensibles desde el punto de vista del género[24]. Me preocupa cada vez más el alcance de la rehabilitación, con una escasa supervisión de los programas de rehabilitación y reinserción y las violaciones de los derechos humanos, incluido el uso indebido de la declaración de estados de excepción (A/HRC/37/52, párr. 72). Me siento alentado por los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por identificar y responder a las dimensiones de género de las respuestas al terrorismo basadas en la justicia penal.
75.       Aliento a todos los Estados Miembros a que se mantengan firmes en su compromiso de respetar el derecho internacional en todas sus iniciativas, como se recoge en la Estrategia Global contra el Terrorismo y en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Aliento a la UNODC, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el ACNUDH, ONU-Mujeres y demás entidades competentes a que sigan trabajando con los Estados Miembros para incorporar el análisis de género como componente básico de sus iniciativas. Por último, aliento a los Estados Miembros a que examinen sus políticas de lucha contra el terrorismo para detectar efectos específicos de género, teniendo en cuenta los ejemplos existentes de buenas prácticas.
76.       Con miras a incrementar la representación y la participación significativa de las mujeres en las actividades de lucha contra el terrorismo, me complace informar del nombramiento en 2017 de la primera mujer en desempeñar el cargo de Subsecretaria General y Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Teniendo en cuenta que la lucha contra el terrorismo ha sido tradicionalmente un terreno dominado por los hombres, estoy decidido a prestar especial atención a la paridad de género en ese ámbito. A principios de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo se comprometió a mejorar las estrategias orientadas a alcanzar la paridad de género en todos los niveles de dotación de personal. Insto a los Estados Miembros a que consideren también la posibilidad de adoptar estrategias de paridad de género en esa esfera en los planos nacional y regional[25].
77.       La participación significativa de la mujer incluye su participación y la de las organizaciones de la sociedad civil que las representan en la configuración de las prioridades en materia de seguridad y las iniciativas tendientes a abordar las causas profundas (resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad, párr. 39). Sin embargo, me preocupan los datos de las últimas investigaciones, que muestran que el 90% de las organizaciones populares de mujeres que trabajan en las zonas directamente afectadas por el terrorismo y el extremismo violento afirmaron que las medidas de lucha contra el terrorismo habían tenido en general un impacto negativo en la labor en pro de la paz, los derechos de la mujer y la igualdad de género[26]. Eso indica la clara necesidad de mejorar las consultas y el apoyo a las organizaciones de mujeres para influir y controlar la programación en esa esfera, incluso a través de la financiación.
78.       Insto a los Estados Miembros y a las entidades de las Naciones Unidas encargadas de la aplicación de la resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad y de la Estrategia Global contra el Terrorismo a que den prioridad a la prevención y a la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres. Expreso mi reconocimiento y acojo con agrado el apoyo constante de los Estados Miembros, como Australia, el Japón, Jordania, Noruega, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, por la investigación y la programación, incluso en colaboración con agentes de la sociedad civil, como Hedayah, el programa de supervisión de elecciones del Al-Hayat Center for Civil Society Development y WO=MEN Dutch Gender Platform
79.       La asociación entre ONU-Mujeres y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo desembocó en la organización de la primera reunión conjunta para informar al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001), relativa a la lucha contra el terrorismo, la inclusión de expertos en cuestiones de género de ONU‑Mujeres en todas las misiones de evaluación realizadas en 2017, y una mayor colaboración sobre nuevas investigaciones con perspectiva de género[27]. Acojo con beneplácito la constante colaboración entre ONU-Mujeres. la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo con miras al examen global de la estrategia que habrá de realizarse en 2020 y espero con interés la ampliación de las asociaciones entre ONU-Mujeres y la UNODC y otras entidades de las Naciones Unidas que trabajan en esa esfera. Aliento a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo a que siga incorporando en su labor una perspectiva de género, en particular mediante la promoción de mecanismos que favorezcan un diálogo coherente y significativo con las organizaciones de la sociedad civil que representan a las mujeres.


            F.    Gobernanza y participación política de la mujer


80.       Han sido pocos los progresos logrados en cuanto a la representación política de la mujer en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos desde mi anterior informe. En julio de 2018, solo había 17 países que tuvieran a una mujer al frente de la Jefatura del Estado o del Gobierno, ninguno de los cuales era un país en situación de conflicto o posterior a un conflicto. A nivel mundial, la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres era del 23,8% en junio de 2018[28]. En el caso de los países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos[29], los datos disponibles siguen mostrando cifras más bajas de mujeres parlamentarias que en el conjunto del resto del mundo, con un promedio que se ha estancado en torno al 16%. Una tendencia preocupante es que la proporción de mujeres parlamentarias disminuyó en varios países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos. En el Líbano, mientras que la representación de la mujer en el Parlamento aumentó del 3,1% al 4,69% cuando dos mujeres obtuvieron escaños, el nivel general de la representación sigue siendo inferior a la media de los países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos[30]. Los datos sobre la aplicación de cuotas de género en las listas de candidatos o de representantes electos en los distintos países, una forma de aplicar medidas especiales de carácter temporal, siguen demostrando su eficacia en el aumento de la representación de las mujeres. En junio de 2018, en los países en situación de conflicto o posterior a un conflicto que utilizaban un sistema de cuotas, las mujeres ocupaban el 19,82% de los escaños parlamentarios, en comparación con el 12,1% en los que no lo hacían.
81.       Los obstáculos que dificultan la participación plena y efectiva de la mujer y su liderazgo en la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública son de sobra conocidos. Por tanto, es necesario intensificar y mejorar los esfuerzos para asegurar el apoyo a la participación de las mujeres, y que los Estados Miembros apliquen medidas especiales de carácter temporal para cumplir los compromisos contraídos en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, teniendo en cuenta la recomendación general núm. 25 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También será necesario disponer de mejores datos e informes conexos en todas las esferas de la participación política. Me siento alentado por los avances metodológicos conseguidos en la reunión y el análisis de datos para el indicador 5.5.1 b) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre la proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobierno local, y acojo con beneplácito los esfuerzos realizados por los países como Uganda que ya recopilan esos datos[31]. Confío en que esos ejemplos contribuirán a mejorar la capacidad analítica y estadística en esferas conexas, como los datos y análisis sobre la inscripción de las mujeres que se presenten como candidatas y la participación de los votantes.
82.       Acojo con beneplácito la mayor atención que se viene prestando a la lucha contra la violencia contra la mujer en la política[32], que está íntimamente relacionada con el progreso de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. En situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, las amenazas y los problemas de protección que rodean a la participación política de las mujeres suelen ser mayores, y les impiden participar en la transición política y la consolidación de la paz.


           G.    El estado de derecho y el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad


83.       Las leyes y prácticas discriminatorias impiden que las mujeres, las jóvenes y las niñas puedan gozar de la protección plena e igual ante la ley y lograr resultados justos cuando se vulneran sus derechos humanos. Reitero que el mejoramiento del acceso de las mujeres y las niñas a la justicia es fundamental para alcanzar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los Objetivos 5, 10 y 16. La desigualdad, la pobreza y la discriminación estructurales en contextos con y sin conflicto reducen las posibilidades de que las mujeres, las jóvenes y las niñas sean informadas de sus derechos y dificultan su acceso a la justicia antes, durante y después de los conflictos.
84.       Las mujeres también siguen estando desigualmente representadas en las instituciones relacionadas con la justicia de transición y el estado de derecho. El 1 de julio de 2018, las mujeres representaban el 30% de los miembros de las comisiones de la verdad que contaban con el apoyo de las Naciones Unidas; en Colombia, 5 de 11 comisionados (el 45,5%) eran mujeres; en Gambia, eran mujeres 4 de los 11 comisionados (el 36,4%); en Túnez, 4 de 9 (el 44,4%); en Malí, eran mujeres 5 de los 25 (el 20%) comisionados. Solo 3 de los 11 magistrados del Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana, (el 27,3%) eran mujeres. Acojo con beneplácito el nombramiento por el Gobierno de Colombia de mujeres para ocupar altos cargos en el ámbito de la justicia de transición, incluidas la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde las mujeres constituyen también el 54,9% del cuerpo judicial. En Gambia, los esfuerzos del Gobierno, la sociedad civil y las Naciones Unidas ya han desembocado en el establecimiento de un mecanismo de coordinación de la sociedad civil y se ha previsto la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de justicia de transición.
85.       Los Estados Miembros han asumido reiterados compromisos de hacer un mayor uso de los mecanismos de supervisión y presentación de informes en materia de derechos humanos, incluido el mecanismo del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, para abordar la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluso en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos (S/2017/861, párr. 72). En 2017, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, enviaron un total de 497 comunicaciones, 36 de las cuales se referían a violaciones de los derechos humanos de la mujer, ocurridas en 21 países en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos72. Los autores de las comunicaciones formulaban alegaciones de asesinatos; esclavitud; trata de personas; violencia sexual; trabajo forzoso; desplazamientos; acoso y amenazas contra las defensoras de los derechos humanos y las juezas; discriminación en la propiedad de la tierra; denegación del acceso a los alimentos y a la atención sanitaria, el agua potable y el saneamiento; persecución por motivos políticos y secuestros de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
86.       Al 31 de julio de 2018, el Consejo de Derechos Humanos también había recibido informes de investigaciones independientes sobre los derechos humanos en Burundi (A/HRC/36/54), la región de Kasai de la República Democrática del Congo (A/HRC/38/31), Myanmar (A/HRC/39/64), Sudán del Sur (A/HRC/37/71), la República Árabe Siria (A/HRC/37/72) y el Yemen (A/HRC/39/43). En esos informes se documentaban violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y se exponía el carácter endémico de la violencia sexual y de género, en particular la tortura sexualizada en Burundi (véase A/HRC/36/54), la violación colectiva en presencia de miembros de la familia en la República Democrática del Congo (véase A/HRC/38/31), y las violaciones y la mutilación de los órganos sexuales en Sudán del Sur (véase A/HRC/37/71). La misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar, establecida por el Consejo de Derechos Humanos, llegó a la conclusión de que la violencia sexual era una “característica propia” de la estrategia deliberada del Tatmadaw para intimidar, aterrorizar o castigar a la población civil, y los actos de ese tipo de violencia debían ser investigados y enjuiciados como parte de un presunto genocidio (véase A/HRC/39/64). La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria publicó su primer documento temático sobre los delitos relacionados con la violencia sexual y de género que contenía relatos desgarradores de actos de violencia sexual en los puestos de control, en los lugares de detención, y en las calles y dentro de las viviendas en todo el territorio de la República Árabe Siria, pudiéndose atribuir la mayor parte de los casos documentados a las fuerzas gubernamentales sirias y sus milicias asociadas. Es esencial disponer de conocimientos especializados en cuestiones de género para documentar toda la gama de violaciones de los derechos humanos que se cometen, y para recoger las pruebas de una manera ética y profesionalmente apropiada para que puedan utilizarse para exigir responsabilidades a los autores de delitos relacionados con la violencia sexual y de género. ONU-Mujeres, la iniciativa Justice Rapid Response y el ACNUDH colaboraron estrechamente en todas las misiones del Consejo de Derechos Humanos en 2017 y 2018, incluso mediante el despliegue de asesores en materia de género e investigadores de la violencia sexual.
87.       En 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer siguió cooperando con los Estados en la aplicación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad y de su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos (CEDAW/C/GC/30) y su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia contra la mujer por motivos de género, que actualizaba la recomendación general número 19 (CEDAW/C/GC/35). En 2017, el Comité examinó la situación de 28 Estados partes en la Convención y abordó cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad en las observaciones finales sobre 18 de esos Estados Partes, 6 de los cuales se examinan en el presente informe[33]. En las observaciones finales del Comité sobre 11 países que no se encontraban en situación de conflicto en 2017 se hacía referencia a la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad[34].
88.       Los mecanismos de justicia de transición y las instituciones dedicadas a instaurar el estado de derecho en contextos de transición a la salida de un conflicto son instrumentos esenciales para garantizar que los autores de actos de discriminación y de vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas rindan cuentas, los delitos se castiguen y, de ese modo, los contextos puedan transformarse. Entre esas instituciones figuran las iniciativas de carácter integral, centradas en las supervivientes y dirigidas por la comunidad, que son las principales contribuyentes a la mejora del acceso a la justicia. Me sigo sintiendo alentado por la colaboración entre los Estados Miembros, las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia de transición y promover procesos centrados en las supervivientes. En 2018, en Kosovo, por ejemplo, el Gobierno estableció una comisión encargada de proporcionar reparación a las supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto trabajando en estrecha colaboración con las asociaciones de víctimas; la comisión es el resultado de años de activismo de la sociedad civil y del apoyo de una asociación innovadora entre ONU-Mujeres y la Unión Europea para promover una justicia de transición que tenga en cuenta la perspectiva de género (véase S/2017/861).
89.       La justicia es un aspecto fundamental de la paz y la reconciliación. Los delitos de violencia sexual y de género y otras violaciones graves del derecho penal internacional, deben ser investigados y enjuiciados. Veo con agrado el nombramiento del Asesor Especial del Equipo de Investigaciones establecido en virtud de la resolución 2379 (2017) del Consejo de Seguridad y la labor permanente del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011 (véase la resolución 71/248 de la Asamblea General) para llevar adelante la investigación eficaz de los delitos sexuales y de género (véase A/72/764), de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo, mediante la integración general de una perspectiva de género y la utilización de conocimientos especializados en esa materia.
90.       El punto focal mundial para los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios del estado de derecho en situaciones posteriores a conflictos y otras situaciones de crisis, dirigido por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el PNUD, en colaboración con el ACNUDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ONU-Mujeres y la UNODC, siguió avanzando en las intervenciones relacionadas con el acceso de las mujeres a la justicia y la protección contra la violencia sexual y de género (véase S/2017/861). En Haití, esa entidad prestó apoyo al proceso de transición, a fin de garantizar la sólida integración de los compromisos de género con miras a fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia y la participación política y el liderazgo de las mujeres en las instituciones relacionadas con la justicia y la seguridad, reforzar la seguridad de las mujeres y prestar apoyo a la redacción de leyes, planes y marcos de rendición de cuentas de ámbito nacional en los que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Un examen independiente de ese mecanismo brindaría una oportunidad para que el punto focal mundial para los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios ampliase la asistencia en relación con la instauración del estado de derecho.



      [1] Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Humanitarian action: 2018 overview” (Nueva York, 2018). Puede consultarse en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_HumanitAction_18_20180124_ONLINE.pdf.
      [2] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “Aid to education is stagnating and not going to countries most in need”, documento de política núm. 31, mayo de 2017.
      [3] Según datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, en 2015 la tasa mundial de mortalidad materna permaneció en 216 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, la tasa de mortalidad materna es 1.6 veces superior a la tasa mundial.
      [4] Estado de la Población Mundial 2015: Refugio en la Tormenta (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.15.III.H.1), prólogo.
      [5] Véase S/2018/250; véase también Girls Not Brides, “Child marriage in humanitarian settings”, sesión informativa temática, agosto de 2018. Puede consultarse en: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/05/Child-marriage-in-humanitarian-settings.pdf.
      [6] Datos proporcionados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
      [7] Puede consultarse en: http://iawg.net/minimum-initial-service-package/
      [8] UNFPA, “Humanitarian action: 2018 overview”.
      [9] Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways to Peace.
     [10] Véase, por ejemplo, Monica McWilliams y Jessica Doyle, “Violent conflict, political settlement and intimate partner violence: lessons from Northern Ireland” (Edimburgo, (Reino Unido), Political Settlements Research Programme, 2017); y Jocelyn Kelly, “Intimate Partner Violence and Conflict: Understanding the Links between Political Violence and Personal Violence”. Citado como documento de antecedentes de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, Pathways to Peace.
     [11] Global Report on Trafficking in Persons 2016 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.16.IV.6).
     [12]  Nana Darkoa, Sekyiamah, Lejla Medanhodzic y Liz Ford, “Remembering women killed fighting for human rights in 2017”, The Guardian, 29 de noviembre de 2017; y Asociación para la Mujer en el Desarrollo, “Remembering: A Tribute to women’s human rights defenders who are no longer with us”.
     [13] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), base de datos Género y Derecho a la Tierra. Puede consultarse en: http://www.fao.org/gender-landrights-database/data-map/statistics/es/. Cifra consolidada con conflictos basada en 15 países sobre los que se dispone de datos. Cifra consolidada sin conflictos basada en 89 países.
     [14] En comparación con el 47% en 2016, el 46% en 2015 y el 38% en 2014. La disminución del 9% en 2017 en comparación con el año anterior se explica por el aumento del peso del programa en del Yemen, donde se han multiplicado por más de 10 y donde el indicador alcanza el 30%, una ejecución relativamente buena para ese país. Si se excluye el Yemen del conjunto de datos, el indicador alcanza el 50%.
     [15] Burundi, el Iraq, Jordania, Malí, Mauritania, el Pakistán, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, el Sudán, Sudán del Sur, Ucrania, Uganda y el Yemen.
     [16] ONU‑Mujeres, “Mujeres que trabajan por la recuperación: impacto del empleo femenino sobre el bienestar familiar y comunitario después de un conflicto”, (Nueva York, 2012).
     [17] Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: E.18.IX.6). Puede consultarse en: https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/es/.
     [18] De los aproximadamente 1.013 millones de armas pequeñas que hay en el mundo, casi el 85% están en manos de civiles —la mayoría sin licencia. Véase Aaron Karp, “Estimated global civilian-held firearms numbers”, Small Arms Survey Briefing Paper, junio de 2018. Puede consultarse en: www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf; véase también www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/stockpiles/civilian-inventories.html.
     [19] Los informes nacionales pueden consultarse en http://smallarms.un-arm.org/national-reports/.
     [20] Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, documento de sesión sobre los abusos de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario en la República Árabe Siria, 21 de julio de 2016 a 28 de febrero de 2017, párr. 110. Se puede consultar en www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regularsessions/session34/pages/listreports.aspx.
     [21] Coomaraswamy, Preventing Conflict. Véase también, Fionnuala Ní Aoláin y Jayne Huckerby, “Gendering Counterterrorism: How to, and How Not to – Part II”, Just Security, 3 de mayo de 2018. Se puede consultar en www.justsecurity.org/55670/gendering-counterterrorism-to-part-ii/.
     [22] S/2017/861, párrs. 44 y 45. Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y ONU-Mujeres, informe resumido del simposio de investigación celebrado en Nueva York el 18 de julio de 2018. Se puede consultar en www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Summary-report_final.pdf.
     [23] Joanne Neenan, Closing the Protection Gap for Children Born of War, The London School of Economics y Political Science Centre for Women, Peace and Security, junio de 2018. Se puede consultar en www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2018/LSE-WPS-Children-Born-of-War.pdf.
     [24] Arun Kundnani y Ben Hayes, “The globalisation of countering violent extremism policies: undermining human rights, instrumentalising civil society”, Transnational Institute, febrero de 2018. Puede consultarse en: http://www.tni.org/files/publication-downloads/the_globalisation_of_countering_violent_extremism_policies.pdf.
     [25] El 14 de agosto de 2018, las mujeres representaban el 53% del personal de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo; véase www.un.org/gender/content/united-nations-secretariat-data. En agosto de 2018, la Oficina de Lucha contra el Terrorismo solo había logrado la paridad de género en las categorías P-4 y P-3, y las mujeres tan solo representaban el 39% de su plantilla.
     [26] Duke Law International Human Rights Clinic y Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings: What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security, Marzo de 2017. Puede consultarse en https://law.duke.edu/sites/default/files/humanrights/tighteningpursestrings.pdf.
     [27] Naciones Unidas, “UN-Women and CTED jointly brief Security Council Committee on gender dimension in counter-terrorism efforts”, 31 de marzo de 2017. Puede consultarse en https://www.un.org/sc/ctc/news/2017/03/31/un-women-cted-jointly-brief-security-council-committee-gender-dimension-counter-terrorism-efforts/.
     [28] Unión Interparlamentaria, base de datos sobre las mujeres en los parlamentos nacionales, datos al 1 de junio de 2018. Puede consultarse en http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/world010618.htm.
     [29] Países con misiones de mantenimiento de la paz o misiones políticas especiales en 2017 y países que recibieron fondos programáticos del Fondo para la Consolidación de la Paz en 2017.
     [30] Unión Interparlamentaria base de datos PARLINE sobre los parlamentos nacionales. Pueden consultarse en: http://archive.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp.
     [31] ONU- Mujeres, Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2018), recuadro 3.2, pág. 97.
     [32] A/73/301; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU-Mujeres, Prevenir la violencia contra las mujeres en las elecciones: Una guía de programación (2017).
     [33] Burkina Faso (CEDAW/C/BFA/CO/7), El Salvador (CEDAW/C/SLV/CO/8-9), Guatemala CEDAW/C/GTM/CO/8-9), Níger (CEDAW/C/NER/CO/3-4), Sri Lanka (CEDAW/C/LKC/CO/8), Ucrania (CEDAW/C/UKR/CO/8).
     [34] Además, en julio de 2018, el Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos firmó un marco de cooperación con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para hacer frente a las causas estructurales y profundas de la violencia sexual relacionada con los conflictos.

https://undocs.org/es/S/2018/900
http://whitecube.com/artists/artist/rachel_kneebone

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...