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viernes, 22 de abril de 2016

La “discriminación indirecta” en el acceso al crédito de las mujeres en América Latina


La incorporación de la mujer al mundo laboral, donde desempeña nuevos roles y adquiere nuevas responsabilidades, para muchos ha significado un gran logro en materia de equidad de género. Sin embargo si estas nuevas actividades emprendidas por las mujeres no van acompañadas de un adecuado servicio de crédito para financiarlas, aún nos falta mucho para poder decir que efectivamente la mujer se encuentra en una situación de igualdad de condiciones. Es más, para muchas mujeres de América Latina el crédito se ha convertido en una herramienta que perpetúa la marginalidad de sus actividades en lugar de desarrollar autonomía y fomentar el crecimiento de sus negocios. 

El enfoque de género que entregan los diferentes estudios y evaluaciones sobre entidades “formales” es limitado, pues se concentran sólo en difundir información desagregada por sexo sobre niveles de participación y montos otorgados, sin explicar las causas que dejan a las mujeres en posición de desventaja. Sin embargo, la respuesta está en los propios mecanismos de funcionamiento del sistema, en las características propias de los créditos otorgados y en los mecanismos de evaluación utilizados. Los estudios parciales revelan que el menor tamaño de las unidades económicas que conducen las mujeres, sus menores ingresos por ventas, inferiores montos de activos fijos, la no posesión de garantías físicas, la falta de historial crediticio, la falta de documentación financiera y los rubros en los que las mujeres desarrollan sus actividades, las convierte en inversiones de alto riesgo. Cómo no, si mientras se les evalúe por “lo que tienen” siempre quedarán mal calificadas. Sin embargo, si se considerara lo que “representan y aportan” a la sociedad, no se estaría investigando sus dificultades de acceso al crédito. 
Claramente no se puede hablar de una discriminación abierta contra las mujeres, pero sí de una discriminación indirecta, pues las normas por las cuales las instituciones crediticias se rigen para determinar si una determinada persona es o no sujeto de crédito, excluyen deliberadamente a muchas mujeres, especialmente aquellas microempresarias de bajos recursos. Esta visión de riesgo puesta sobre las mujeres lleva a las entidades crediticias a utilizar mecanismos de protección ante el otorgamiento de un crédito con el propósito de respaldar la deuda. 

El problema es que estos mecanismos no han sido adaptados a las realidades de muchas mujeres que hoy trabajan, por lo que generalmente el crédito queda fuera de su alcance. Entre los principales mecanismos que dificultan el acceso al crédito de las mujeres destacan: ™ Las altas tasas de interés: Particularmente las existentes para la microempresa son un factor importante que excluye a las mujeres del sistema en consideración de sus precarios ingresos. Sin embargo, está demostrado que una vez que las mujeres obtienen el crédito, aumentan su carga de trabajo y las horas trabajadas para finalmente efectuar los pagos. Esto, pues saben que el costo de no cumplir con sus obligaciones de pago lo asume directamente su entorno familiar. Y los resultados son evidentes, las ventas aumentan considerablemente, mejora la calidad de los productos, hay más diversificación y enfrentan una mayor demanda. 

 La “discriminación indirecta” es una situación en la que una práctica determinada, aparentemente neutra, ubica a personas de un sexo en desventaja con respecto a personas del otro sexo (Inmujeres, 2003a).  Sin embargo, esta eficiencia en la utilización del crédito trae como consecuencia un importante “costo” económico y social. Con respecto al primero, como gran parte de los flujos de la producción de las mujeres es canalizada hacia los acreedores del crédito, se presenta una disminución de su ingreso disponible y por ende, se traduce en una desventaja para obtener un crédito. Desde un punto de vista social, muchas mujeres no reconocen haber experimentado mayor independencia en sus decisiones, mejores formas de organización, mejor calidad de vida y autoestima. Tampoco reconocen mejorías en sus relaciones familiares, de hecho pasan menos tiempo juntos y destinan gran parte del tiempo a las actividades domésticas. Esto genera repercusiones negativas de productividad laboral, lo que lleva a desequilibrios familiares, aumentando su condición de inestabilidad. De este modo disminuyen también las probabilidades de acceder a un crédito. ™

 La metodología de evaluación de créditos: basado principalmente en los requisitos de garantía demandados, comúnmente citados como una restricción específica de género. Tierras, inmuebles, equipos o efectivo, son el claro reflejo del desconocimiento que se tiene sobre las actividades y condiciones en las que trabajan las mujeres, pues aún muchas no poseen estos bienes. Mientras las instituciones financieras no reconozcan que el principal activo de las mujeres microempresarias de bajos ingresos es “su propio trabajo” y exista desconocimiento acerca de la desigualdad en la distribución de la propiedad, el acceso de las mujeres al crédito formal seguirá siendo limitado. ™ Pequeños montos: que sólo responden a objetivos de corto plazo. Principalmente se utilizan para solucionar problemas puntuales de insumos, mercadería y reparaciones, que claramente no permiten el desarrollo del negocio. Debido a esta regla, las mujeres microempresarias se ven imposibilitadas para tomar decisiones estratégicas de crecimiento de largo plazo porque las instituciones crediticias sólo financian actividades de consumo que no permiten generar flujos futuros. Así, los objetivos de las demandas de crédito por parte de las mujeres seguirán teniendo un enfoque “estabilizador” de su situación marginal y seguirán siendo excluidas del sistema crediticio debido a las condiciones en que desempeñan sus actividades. ¿Porqué los “montos” del crédito se adaptan a los menores ingresos de las mujeres y los “requisitos de garantía” aún no lo hacen adaptándose a las características de sus negocios? Se deja abierta la pregunta. También existen factores externos a las instituciones crediticias que dificultan la relación de la mujer con el crédito. Estos son los mayores costos de oportunidad que enfrentan muchas mujeres respecto al tiempo que necesitan para movilizarse periódicamente hasta una sucursal y luego para enfrentar el exceso de trámites demandados.

 El tiempo es un bien escaso para todos, sin embargo para las mujeres lo es aún más pues enfrentan fuertes cargas de trabajo y responsabilidades tanto en el negocio como en el hogar. Si el costo del tiempo fuera valorado económicamente, podría ascender a varias veces el monto del interés cobrado, por lo que nuevamente el crédito quedaría fuera del alcance de las mujeres. Por todo lo anteriormente expuesto, las mujeres se han ido convirtiendo cada vez más en un grupo clave destinatario de programas de microfinanciamiento “informal”. Las entidades crediticias informales se preocupan de las necesidades particulares de las mujeres microempresarias, promoviendo el fácil acceso y control de los recursos productivos. Se ofrecen servicios que sean compatibles con las actividades de las mujeres, principalmente solicitando garantías grupales o personales y plazos de amortización de acuerdo a la evolución de los ingresos de las microempresarias y atención permanente. Como respuesta a estas condiciones crediticias, la mayor parte de las microempresas son manejadas por mujeres, pues se dan las condiciones para respetar el principio más importantes del microcrédito: el incentivo al pago. Aunque también se exigen altas tasas de interés y se otorgan bajos montos en crédito, las mujeres valoran mucho el hecho que les concedan facilidades y así poder mantener satisfechas sus necesidades básicas y las de su familia. 

El uso frecuente de las mujeres de fuentes de crédito informales, refleja que las diferencias de género en la participación de microcréditos no se explican por una falta de demanda femenina, por lo que las mujeres de escasos recursos necesitan “oportunidades” de acceso al crédito, ya que las capacidades para generar ingresos son reconocidas cuando sus necesidades son atendidas eficazmente, los sistemas se adecuan a sus posibilidades de financiamiento y les permiten una organización flexible del tiempo para compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades y tareas reproductivas.

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