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viernes, 27 de febrero de 2015

LLamada a apoyar a Nasrin Sotoudeh


 Actua en su apoyo 

Nasrin Sotoudeh,  es una destacada abogada de derechos humanos iraní, ganadora en  2008 y 2012 de los   premio Sajarov  y de las Naciones Unidas  de Derechos Humanos , convirtiendose  en el símbolo del movimiento de la sociedad civil no violenta en Irán.

El 15 de octubre de 2014, con la presión del Ministerio de Información, la Asociación de Abogados Iraníes la privó de ejercer su profesión durante cinco años. Desde el 18 de octubre del 2014, en protesta por esta acción ilegal, que ha llevado a cabo  una sentada delante del Colegio de Abogados de Irán y ha prometido continuar con esto hasta que "El derecho a trabajar y a ejercer una profesión sea reconocida a las personas que piensan libremente de otra manera ".

En reconocimiento a sus demandas a lo dispuesto por los artículos 7, 17, 18, 19 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la que la República Islámica de Irán es signatario, por la presente declaro y apoyar a sus "derechos a la Empleo, Derechos de disentir ".
La conocida abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh  está decidida a continuar protestando frente a  la decisión que le  prohibe su ejercicio de la abogacía.

 Actua en su apoyo 
 Te pedimos que firmes la propuesta de Change : Actua en su apoyo 

https://www.change.org/p/nasrin-sotudeh-call-to-action?recruiter=8464811&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg

miércoles, 25 de febrero de 2015

Actúa : Egipto, violencia contra las mujeres por doquier


Las mujeres y niñas egipcias se enfrentan, tanto en su propio hogar como en espacios públicos, a situaciones de una violencia alarmante. ¡Actúa!

A la policía no le importa, no piensan que es un problema que un marido pegue a una mujer. Si eres pobre, te echan después de insultarte. Mujer de 48 años, superviviente de violencia doméstica.

¡Actúa!  en apoyo a las mujeres  egipcias.

El nuevo presidente de Egipto se ha comprometido a detener la violencia contra las mujeres, PERO:

- En un estudio de ONU Mujeres y del Ministerio de Salud egipcio, el 99% de las mujeres encuestadas dijeron que habían sufrido acoso sexual, y el 47%, alguna forma de violencia en el ámbito familiar. 

- Las agresiones sexuales en espacios públicos se han multiplicado en los últimos años, especialmente durante las manifestaciones celebradas en la plaza Tahrir de El Cairo. Sólo un número muy reducido de hombres han sido encarcelados por estas agresiones.

- En Egipto la legislación relativa al divorcio es profundamente discriminatoria: mientras que los hombres pueden divorciarse unilateralmente sin necesidad de justificación, las mujeres se ven obligadas a renunciar a sus derechos económicos aceptando un divorcio "amistoso" o, en su defecto, disputar una larga y costosa batalla legal para demostrar que su esposo "les causó daño".

- Las mujeres que se encuentran bajo custodia del Estado reciben un trato deplorable. En ocasiones mientras se encuentran arrestadas o encarceladas, sufren torturas y malos tratos – incluida violencia sexual– a manos de las fuerzas de seguridad.

- Los servicios para las mujeres supervivientes de la violencia sexual y de género son casi inexistentes. Las que denuncian este tipo de agresiones se enfrentan a muchas dificultades, como la falta de interés de los fiscales y de las fuerzas de seguridad, así como a las carencias del Código Penal, que no persigue expresamente la violencia en el ámbito familiar ni las violaciones conyugales.

Las autoridades egipcias han anunciado una serie de iniciativas simbólicas, como la adopción de una ley que criminaliza el acoso sexual, pero el compromiso público del presidente Abdel Fatah al Sisi de abordar este problema aún no se ha traducido en una estrategia integral y continuada.

¡Actúa!  en apoyo a las mujeres  egipcias.


https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/egipto-violencia-contra-las-mujeres-por-doquier/

martes, 24 de febrero de 2015

España: Retiren la reforma de la Ley del aborto



Exigir que las mujeres jóvenes y las mujeres con discapacidad cuenten con permisos para acceder al aborto puede poner en riesgo la vida de las mujeres.

Actúa 

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición de Ley para exigir el consentimiento parental para las jóvenes de entre 16 y 18 años y mujeres con discapacidad que deseen acceder a un aborto legal y seguro. El gobierno y el Grupo Parlamentario justifican esta medida en la protección de estos dos grupos de mujeres.

Sin embargo, Naciones Unidas recomienda que para mejorar la protección de las mujeres, los Estados deben eliminar los obstáculos en el acceso a un aborto legal y seguro.

Exigir este consentimiento, implicaría muy probablemente, un aumento del número de adolescentes  que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, bienestar, y hasta su vida. Asimismo, sitúa a las menores que puedan ser objeto de violación por parte de su progenitor o de las personas que ostenten la patria potestad, en una situación de especial indefensión.

La mayoría de edad sanitaria en España es de 16 años. A partir de esa edad, puedes decidir sobre una operación a vida o muerte. Sin embargo, si se aprueba la reforma, las adolescentes no podrán acceder por si mismas a un aborto legal y seguro. Esta diferencia, que no está basada en criterios médicos, constituye un elemento de discriminación, con posibles consecuencias para su salud.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas instó a España a asegurar una atención especial a la situación de las adolescentes en el acceso al aborto legal y seguro.

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que para proteger a las menores, las políticas y las prácticas deben alentar, pero no exigir, el consentimiento de los padres. También ha destacado que el requisito de autorización de los padres viola el derecho a la privacidad y el acceso de las mujeres a la atención médica sobre la base de la igualdad de hombres y mujeres.

Con respecto a las mujeres con discapacidad, los Estados tienen la obligación de velar porque se efectúe la consulta apropiada directamente con la persona con discapacidad y no permitir que el consentimiento sea otorgado por terceras personas que actúen en su nombre.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular deben proteger a las mujeres. Para ello, deben respetar y cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas. 

Actúa 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-aborto-feb15/?utm_source=FBPAGE&utm_medium=social&utm_term=Womens_rights&utm_content=--Spain-20150224&utm_campaign=Online_activism

lunes, 23 de febrero de 2015

Latinoamérica: La desigualdad entre hombres y mujeres sigue en pie

 Los avances para lograr la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos para las mujeres y las niñas en América Latina y Caribe, no se han traducido en mejoras vitales y cotidianas; la desigualdad y el machismo siguen en pie.
Lo más sorprendente es que se han cambiado leyes, hay programas y políticas públicas, avances en los derechos sexuales y reproductivos, pero el tema más atrasado es el que se refiere a la mujer y los medios de comunicación. Por eso es lento el cambio de actitudes y la necesaria revolución cultural.
Así lo da a conocer el informe "A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación", realizado por el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y coordinado por la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer (Argentina), FEIM, Mabel Bianco.
El documento que se distribuirá en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre la Mujeres (marzo 9-19) en Nueva Cork y contó con aportes de casi 100 organizaciones feministas y de mujeres en la región.
El texto explica que la esfera de preocupación menos atendida por los gobiernos de América Latina y el Caribe es "La mujer y los medios de difusión", ya que ellas no tienen acceso a la generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios. Además, la difusión de contenidos estereotipados sigue predominando fuertemente en la región. El informe señala que "en tanto los Estados sean indiferentes a esta situación, la desigualdad estructural en la región no podrá eliminarse".
La esfera de "la niña" tuvo muy pocos avances. Problemas como el aumento de embarazos en adolescentes y el abuso sexual infantil son constantes en la región y no hay políticas claras que ayuden a combatirlos. Además, en algunos países latinoamericanos, la edad de casamiento permitido es menor a 18 años, cuando el Comité de los Derechos del Niño plantea esa edad.
En relación con "la mujer y la salud", persisten grandes problemas de acceso a la salud sexual y reproductiva, sobre todo para mujeres indígenas, afrodescendientes, adolescentes, mujeres con capacidades diferentes, migrantes y las que viven con VIH.
Varios países han implementado planes y programas específicos de salud sexual y salud reproductiva desde el año 2000, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, no se logra una cobertura integral y homogénea al interior de cada país.
La mortalidad materna no ha disminuido, según las metas propuestas, y la mayoría de esas muertes son evitables. En Brasil, Perú y Nicaragua, la tasa continúa alta. En la mayoría de las naciones no disminuyó ni logró reducirse en dos tercios, como era el propósito para 2015. El menor logro se registró en Argentina y México, mientras que Uruguay, Puerto Rico y Chile consiguieron descenderla.
Las restricciones al acceso al aborto permitido por la ley continúan e incluso en algunos países se restringió más el acceso al aborto. En Chile, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida en todas las circunstancias.
En México, en muchas de las entidades federativas, hubo cambios desfavorables después de la legalización en el Distrito Federal en 2007. En algunos países se eliminaron algunas causales de su despenalización, como en Guatemala y Ecuador.
El éxito más importante en la región es el de Uruguay, que en 2012 modificó el marco legal, amplió la exención de la pena hasta las 12 semanas de gestación y generó servicios legales de aborto en el sistema nacional integrado de salud. Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guyana y Barbados son los únicos países de la región donde el aborto está legalizado en todas las circunstancias.
Adicionalmente, han aumento los casos de mujeres que viven con VIH. Las adultas representan el 31 por ciento de las personas viviendo con VIH, indicador que en el Caribe asciende a 53 por ciento.
La "violencia contra mujeres y niñas" persiste como un problema en aumento. La mayoría de los países tiene legislación que reconoce la violencia contra las mujeres. Sin embargo, muchas de las definiciones sobre violencia que establecen no concuerdan con la Convención de Belem do Pará, que define violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
La tipificación y homologación del feminicidio sigue siendo un desafío, pese a que América Latina es la segunda región con índices más altos de muertes de mujeres por violencia, tanto en el ámbito rural como en el urbano.
En Centroamérica y México el feminicidio se ha incrementado: entre 2003 y 2012 hubo 12.178 casos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Tan solo en El Salvador se reportan 194 crímenes de mujeres en 2004 y en México se contabilizaron 1.221 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 12 entidades del país, entre 2007 y 2008.
El acceso a la justicia es una deuda en los países de la región, para las mujeres que viven y padecen violencia. Pese a los avances legislativos, en la realidad no tienen garantizada la reparación y castigo a los culpables. México y Guatemala han sido denunciados por eso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La trata con fines de explotación sexual se ha incrementado. En República Dominicana se estima que en los últimos 20 años se han traficado más de 70.000 mujeres.
En cuanto a la esfera de "mujer y pobreza", si bien ha disminuido en los países de la región, no ocurre lo mismo con la desigualdad. La participación laboral de las mujeres continúa siendo en el sector informal, en trabajos precarios, mal pagados y sin cobertura de la seguridad social, con un gran predominio en el trabajo doméstico. La brecha salarial entre mujeres y hombres persiste.
El documento asegura que, en ningún caso, se advierte una preocupación explícita por la dimensión e impactos de género de las medidas adoptadas y la feminización de la pobreza sigue creciendo.
Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2013, la pobreza se incrementó en los hogares con jefas mujeres: 43 por ciento de los hogares indigentes y 38 por ciento de los hogares pobres en América Latina están a cargo de una mujer.
El reto es instrumentar políticas públicas que apunten a asegurar la autonomía económica de las mujeres y a implementar acciones respecto al tema de la distribución desproporcionada del uso del tiempo y trabajo de cuidado.
Respecto a "educación y capacitación de la mujer" en zonas urbanas y rurales, las indígenas tienen menor porcentaje de finalización de la educación primaria, excepto en Uruguay en las zonas rurales. Hacia 2010, en República Dominicana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas persistían disparidades de género significativas en relación con la menor escolarización primaria de las mujeres.
Si bien se han reducido las tasas de analfabetismo en la región, esta sigue siendo una de las situaciones de exclusión más graves que aún afrontan las sociedades. Bolivia es el país con mayor desigualdad de analfabetismo según género.
Sobre educación terciaria y superior, solo Argentina, República Dominicana y Uruguay aportan datos de los últimos cuatro años sobre la terminación del ciclo superior. En estos tres países las mujeres superan a los hombres en culminación del nivel terciario.
En cuanto al tema "mujer y conflictos armados", hay que recordar que en América Latina surgieron diferentes conflictos armados en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Perú y Colombia. Esto exacerba la violencia de género, amplificando su impacto diferenciado en la mujer y recrudeciendo su situación de discriminación. La violencia sexual como táctica de guerra también ha estado presente en la región, particularmente contra mujeres indígenas.
Además, el contexto regional de inseguridad, militarización y debilitación del Estado, con la protección e impunidad del narcotráfico, las corporaciones y los paramilitares, aumentó la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres, que corren el riesgo de sufrir amenazas y ataques violentos.
En México, la lucha contra el crimen organizado ha incrementado la violencia contra ellas y ha generado desplazamientos internos que las afectan de manera particular.
"La mujer y la economía" es otra esfera de preocupación. En la última década, las mujeres elevaron su participación laboral, pero persisten las brechas de género estructurales en el mercado laboral. La tasa de desocupación sigue siendo mayor. El trabajo de las mujeres aún se concentra en los servicios y el comercio y tienen los menores niveles de productividad, ingresos y protección social.
En materia de servicios de cuidado, ha crecido la discusión sobre su extensión, en particular de cuidado de niños y niñas. Los países más avanzados son Uruguay, Costa Rica y Ecuador.
Respecto a "la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones", la participación femenina en la vida política y en el acceso a los cargos públicos ha aumentado considerablemente en los últimos años.
En el caso de los poderes legislativos, se observa un avance notable en su participación política. Sin embargo, la paridad sigue pendiente por las dificultades para la plena implementación del cupo, debido a diversas barreras culturales, sociopolíticas y regulatorias.
Este principio fue incorporado en la Constitución de Bolivia (2009), en Ecuador (2008), en el Código Electoral de Costa Rica (2009) y en la Constitución de México (2014), donde ya 11 entidades federativas incluyen la paridad en sus marcos electorales estatales.
En lo que se refiere a los "mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer", la realidad en la región muestra que las jerarquías y rangos de estos mecanismos institucionales han sido diversos y no tienen suficiente fuerza para incidir en políticas públicas a favor de la igualdad, además de que cuentan con poco presupuesto para funcionar adecuadamente.
Los avances en la región respecto a "los derechos humanos de la mujer" no se traducen en mejoras en la vida cotidiana. Todos los países de América Latina y el Caribe ratificaron tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como la Convención de Belém do Pará.
Pero los mecanismos de implementación de esos documentos rectores aún son escasos. En general, los avances más notables han sido, sobre todo, las leyes integrales de violencia contra las mujeres y la creación de mecanismos judiciales o extrajudiciales.
La situación de las personas defensoras de derechos humanos muestra que las mujeres son más propensas a sufrir amenazas, muertes y tentativas de muerte, especialmente en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú.
Finalmente, en lo que se refiere a la esfera "la mujer y el medio ambiente" el informe señala que, pese al rol clave que ellas desarrollan en la gestión del agua, la perspectiva de género sigue ausente de las legislaciones, las políticas públicas y los programas relacionados con los recursos hídricos.
En pocos países de la región se han adoptado estrategias nacionales de desarrollo sustentable, en los que la transversalización de género está casi ausente, con excepción de Costa Rica, Uruguay y México.
Este informe refleja lo observado por las organizaciones de mujeres y feministas, que se traducirá en recomendaciones como una contribución para los debates de la sesión de la CSW en marzo de 2015. Allí, además de los problemas visibilizados en Beijing en 1995, se agregarán otros que urge considerar de cara a la agenda de desarrollo posterior a 2015
Ciudad de México, febrero (SEMlac)

Por Sara Lovera y Gabriela Ramírez
(sara.lovera@ymail.com) y
 (gabyramirez03@yahoo.com.mx)

sábado, 21 de febrero de 2015

Escuchamos a las mujeres de Ecuador .


 

El 19 de febrero de 2015, el Comité de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer escuchó a la delegación oficial del gobierno ecuatoriano informar sobre los avances y retrocesos en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres.

LA AGENDA DE LAS MUJERES

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, ratifica a la opinión pública nacional e internacional que las prioridades presentadas ante el Comité de la CEDAW por las organizaciones de la sociedad civil constituyen una agenda estratégica en el camino hacia la igualdad y la no discriminación.
El marco de esta agenda es la imperiosa vigencia de una sociedad democrática e incluyente, basada en el respeto a la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas, el respeto a las libertades de asociación y expresión, el reconocimiento y respeto del rol de las organizaciones autónomas de la sociedad civil y los movimientos sociales; la tolerancia y el diálogo como mecanismos de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

El examen del Comité de la CEDAW y sus recomendaciones constituyen una oportunidad para el Estado ecuatoriano, para re-orientar rumbos y emprender una acción sistemática en la construcción de políticas públicas, con el fin de garantizar la protección integral de los derechos humanos de las mujeres.

Ratificamos nuestra demandas: 

• Es hora de dar por terminada la transición institucional, e impulsar la decisión política de que el Consejo Nacional de Igualdad de Género sea convertido en un mecanismo institucional fuerte, con autoridad y recursos suficientes para garantizar la implementación del marco de políticas de igualdad de género y funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos de las mujeres en todos los niveles de gobierno y en todas las funciones del Estado.
• Es imperativo que la política intersectorial de prevención y erradicación de las violencias y el acceso a la justicia de género rompan con el círculo vicioso de la impunidad y se convierta en realidad: partiendo de la responsabilidad institucional rectora del tema, la formación de nuevas sensibilidades de género de los operadores de la administración de justicia, salud y seguridad; la aplicación de protocolos de atención a las víctimas de violencias (física, sexual, psicológica) y femicidio; el funcionamiento del sistema de protección de víctimas, la red nacional de casas de acogida y centros de apoyo; el acceso de todas las mujeres de todas las nacionalidades y territorios a una justicia justa que las dignifique, así como un trabajo sostenido para la prevención, desde una acción sistemática para el cambio de patrones socioculturales en todos los niveles del sistema educativo, en las políticas de formación del talento humano para la igualdad y la vida digna de las mujeres.
• Estado Plurinacional y derechos de las mujeres indígenas: para las mujeres indígenas y afro ecuatorianas, la violencia continúa en la impunidad; la administración de justicia sólo emplea el castellano, pese a que hay tres lenguas oficiales. Las sanciones son evitadas, ineficaces y son injustas tanto en la justicia ordinaria, como en algunas jurisdicciones de la justicia indígena. 
Las escuelas bilingües interculturales (que existen desde los ochentas) han fortalecido la estructura comunitaria desde su creación, en la actualidad están siendo cerradas y cooptadas por las llamadas escuelas del milenio, bajo el discurso del gobierno de que son “escuelas de pobres”; lo que afecta gravemente la forma de organización propia de pueblos y nacionalidades, genera sobrecarga en el trabajo del cuidado de las mujeres que deben acompañar largas horas a sus hijos e hijas hasta los nuevos centros educativos. El modelo homogenizador instalado solamente en las zonas más pobladas, atenta además contra el derecho al acceso a la educación.
• En el ámbito de derechos sexuales y reproductivos exigimos: despenalizar el aborto, por lo menos en caso de violación sexual, así como el acceso al aborto seguro en casos permitidos por la ley; para ello es urgente la implementación de la Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico,incorporando una interpretación amplia e integral del concepto de salud de la mujer embarazada producto de violación sexual. Garantizar la confidencialidad para mujeres y niñas que reciben atención post-aborto y de emergencia obstétrica garantizando el establecimiento de procedimientos para investigar y sancionar a quienes violen el secreto profesional. Fortalecer el sistema de información pública del aborto, incluyendo el vínculo entre morbimortalidad materna y aborto inseguro. 
• En el ámbito de los derechos económicos de las mujeres diversas exigimos políticas del cuidado que rompan con la división sexual del trabajo y promuevan su autonomía económica a través del acceso al empleo, a igual salario, al acceso a la tierra, el agua, acceso al crédito y asistencia técnica, a través de mecanismos de acción positiva explícitos.
• Exigimos la derogatoria del Decreto 16 y la vigencia plena y garantías del derecho a la asociación autónoma del estado. Queremos un sistema político paritario que no incorpore a las mujeres como trofeo de exhibición, sino que fomente y respete nuestra participación en la construcción de la democracia paritaria.
• Nos ratificamos en la necesidad de que el Gobierno nacional, re-oriente su estrategia nacional para la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME OFICIAL.

La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador considera que las respuestas de la delegación oficial ante las miembros del Comité CEDAW no presentó información suficiente, ni evidencias sobre impactos reales en la vida de las mujeres, precisamente porque se ha debilitado la institucionalidad responsable y las políticas específicas sobre la igualdad de género. Los discursos oficiales parafrasearon textos de leyes y planes de gobierno siguiendo con la línea del mercadeo y la publicidad en lugar de la provisión de información .

Varias expertas del Comité de la Convención señalaron de manera reiterada la necesidad de proteger todos los derechos de todas las mujeres, incluidos aquellos de mujeres en situación de aborto; señalaron explícitamente que penalizar el aborto constituye un trato inhumano, cruel y degradante, equivalente a la tortura.

LLAMADO AL PACTO NACIONAL POR LA IGUALDAD Y LA VIDA DIGNA DE LAS MUJERES ECUATORIANAS

La Coalición Nacional de Mujeres hace un llamado a las mujeres en cargos de decisión en todas las funciones del Estado, al partido de gobierno, a todos los movimientos políticos y sociales a juntar esfuerzos y poner por delante los objetivos nacionales de la igualdad y la protección de los derechos de todas las mujeres ecuatorianas.

Hacemos un llamado al Presidente Rafael Correa para ejercer un liderazgo asertivo, que contribuya a eliminar la misoginia, el odio, la rivalidad, la supremacía masculina y la violencia de género; es hora de que asuma como estadista el respeto y la igualdad de las mujeres como elementos sustantivos de la convivencia democrática.

El Pacto por la Igualdad y la Vida Digna de las Mujeres Ecuatorianas plantea el reto de renovar las políticas públicas, desechar la réplica de la dominación masculina y la intervención de políticas con enfoques que refuerzan los roles tradicionales.

Es hora de asumir el compromiso de la representación de los intereses y necesidades de las mujeres ecuatorianas en todas sus diversidades, nosotras somos la mitad de la población.


20 de febrero de 2015

La Pedagogía del Cariño




Desde hace siglos ha habido una gran discusión sobre lo que mueve al ser humano a actuar correctamente en cuanto al bien y el mal. Unos dicen que es la razón la que mueve a la persona a escoger el bien. Por eso han centrado sus esfuerzos en una pedagogía que enseñe a pensar correctamente. Kohlberg ha llevado este planteamiento a la pedagogía moral, afirmando que lo importante es estimular el desarrollo del pensamiento moral a través de la discusión de dilemas. Sin embargo, él mismo se dio cuenta de que la discusión de dilemas no era suficiente para lograr una formación adecuada. Por ello planteó la Escuela Justa, en la que los miembros de la comunidad educativa discutían democrática y abiertamente las normas y sanciones de la escuela llegando a acuerdos sobre ellas. Así se lograba vincular la atmósfera de la escuela a los objetivos de formación moral y conectar las discusiones a la realidad de la vida escolar.

Sin embargo, muchas personas han puesto en tela de juicio que sea posible fundar la ética sobre la razón ya que ésta es incapaz de proveer la motivación moral para la acción. En este caso es más bien el sentimiento el que nos mueve. La reflexión feminista actual ha explorado este camino. Se trata de educar en el cariño y el cuidado como bases fundamentales para obtener la motivación y la perspectiva desde la cual comprometerse por una vida humana plena.

Nel Noddings ha estructurado la propuesta femenina de la ética del cariño para la escuela. Lo primero es aclarar que por femenina se entiende la propuesta que nace de la experiencia que históricamente la mayoría de las mujeres han vivido: ser madres y esposas a cargo del hogar. Por lo tanto, no se trata de un rasgo esencial -algo exclusivo de la constitución de la mujer- sino histórico. Es una experiencia abierta a todo ser humano, especialmente a aquellos que están en posición de cuidar y educar a otros.

El cuidado es una cualidad de la relación entre dos personas en donde una es la que cuida y la otra es la que responde a ese cuidado. En los niños pequeños esta relación es básicamente unilateral, es decir, el adulto-educador cuida y el niño acepta y responde a ese cuidado. A medida que la persona va creciendo va lográndose una relación más recíproca hasta llegar a la relación de adultos, donde los roles del que cuida y el que es cuidado se alternan de acuerdo con las circunstancias y necesidades. Pero no será posible llegar a este nivel de adultez si no se ha tenido la experiencia de haber sido cuidado. De ahí la importancia de establecer esta relación desde la más tierna infancia.

Noddings es consciente de que lograr establecer relaciones de cuidado con todos no es humanamente posible. Habrá personas con las cuales no lo logremos pero que sin embargo necesitan de nuestro cuidado. ¿Qué hacer? Para Noddings estos casos exigen el ideal ético que surge de la memoria de los momentos en que hemos sido cuidados y nos lleva a responder con cariño incluso cuando el sentimiento natural de cuidado no aparece.

En cuanto a la ética del cuidado como enfoque de pedagogía moral, Noddings dice que la meta más importante de la escuela es lograr que los alumnos y las alumnas se sientan queridos(as) y por tanto crezcan llegando a ser personas cariñosas, que aman y son amadas. Esta es la clave de cualquier educación exitosa.

Ella propone cuatro estrategias principales:

1. Ser ejemplo: el educador se convierte en un testimonio de relaciones de cuidado con sus estudiantes. Este ejemplo es clave ya que ésta es una pedagogía en donde se aprende viviendo.

2. Diálogo: el diálogo abierto y honesto es vital para desarrollar relaciones de cuidado. Esto implica que la educadora sea capaz de escuchar y de responder a las necesidades y sentimientos de los estudiantes.

3. Confirmación: significa aceptar que los educandos están en una búsqueda sincera de sí mismos. Esto requiere que los educadores atribuyan el mejor motivo posible a las acciones de los estudiantes de acuerdo con las circunstancias. No se trata de alabar a los estudiantes ingenuamente, sino de llegar al fondo de las motivaciones. Esta estrategia implica cambiar la actual mentalidad docente que parte de una desconfianza natural hacia el estudiante y sus motivaciones.

4. Práctica: aprender haciendo. El cuidado se aprende cuidando. Por lo tanto hay que posibilitarles a los estudiantes oportunidades para que, en la medida de su crecimiento, puedan también aprender a cuidar de otros. Los programas de servicio a la comunidad podrían orientarse desde esta perspectiva. En un país que se debate en la violencia y el desprecio por la vida, este enfoque nos puede brindar posibilidades para reconstruir las relaciones sociales desde lo más básico.  En el marco de las competencias ciudadanas, el enfoque nos enseña una manera de desarrollarlas en todos los ámbitos escolares.
Por Paideia
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87304.html

miércoles, 18 de febrero de 2015

Jornada mundial de solidaridad con las mujeres saharauis

 
EL MIERCOLES 18 CONVOCADA POR ORGANIZACIONES DE LOS CINCO CONTINENTES

El 18 de febrero se celebra la Jornada mundial de solidaridad con las mujeres saharauis, convocada por las organizaciones de mujeres de los cinco continentes integradas en la denominada Marcha Mundial de las Mujeres (MMM).

La convocatoria de esta Jornada, que tiene carácter permanente, surge del debate iniciado en el IX Encuentro Internacional de MMM, en 2013, y se aprueba en el II Encuentro Regional Africano de la MMM, celebrado en Johannesburgo (Sudáfrica) el pasado noviembre, donde participó de manera activa la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS), la organización referente en el seno tanto de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como del Frente Polisario.

La jornada centra su apoyo en las demandas fundamentales del pueblo saharaui: el reconocimiento del derecho de autodeterminación y de la RASD, la convocatoria del referéndum, la liberación de presos y presas, el fin del saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental. Convocatorias ante representaciones diplomáticas de Marruecos (y también de España), cartas a Naciones Unidas, mensajes de solidaridad a la UNMS. Nada sobre cuestiones relacionadas con los derechos de igualdad o derechos de las mujeres (salvo de las presas). El apoyo a la causa saharaui genera este tipo de contradicciones. Lo primero es la autodeterminación. Lo prioritario es la RASD. Luego viene todo lo demás.

La situación de las mujeres en la Hamada de Tindouf, los territorios desérticos cedidos por Argelia para el refugio de la población saharaui que se exiliaba de los territorios ocupados por Marruecos desde hace cuarenta años, ha pasado por varias etapas, todas críticas, siempre bajo la cobertura de la UNMS, creada en 1974 al amparo del Frente POLISARIO para “concienciar y visibilizar la presencia de las mujeres en la sociedad saharaui”.

En un primer momento, con la esperanza de temporalidad y en una situación de guerra, las mujeres eran las organizadoras de la sociedad. Y las maestras, las doctoras, la referencia. Estudiaban en Cuba, en Argelia, prácticamente ninguna en España, que abandonó, como ya sabemos, a la población de su colonia sin preocuparse en estas cuatro décadas del devenir de sus gentes.

La vuelta de los hombres a la Hamada, la construcción del Muro de la Vergüenza marroquí, la negativa mundial a reconocer a la RASD y el aislamiento fueron configurando una nueva realidad para las mujeres saharauis, que han ido articulando país y generando necesidades como si el refugio fuera el puerto de llegada. Y afrontar los problemas reales, acrecentados por la escasa capacidad económica, de recursos, de independencia.

La UNMS organiza a las mujeres y la vida en los Campamentos de Refugiados, desde cursos de capacitación a la búsqueda de nuevos modos de vida a través de la creación de pequeños negocios, la implementación de programas sanitarios o las Casas de la Mujer, hasta las necesidades de las mujeres en la diáspora y la denuncia de la situación de las mujeres saharauis en los territorios ocupados y las presas. La participación política es uno de los escollos más complicados, como todas las mujeres en todos los países: el gobierno actual de la RASD, con 29 miembros, sólo cuenta con cuatro mujeres, y con carteras absolutamente feminizadas: Educación; Cultura; Formación Profesional, Función Pública, Empleo; Asistencia Social y Promoción de la Mujer.

Posiblemente la lucha más silenciosa de las mujeres saharauis es la del mantenimiento de las creencias religiosas en el ámbito privado, tras años de presión islamista primero desde Argelia, luego Malí y ahora desde los distintos grupos que van sembrando de terror el Sahel. La aconfesionalidad de la RASD es fundamental para la construcción de una sociedad democrática donde mujeres y hombres sean iguales, en derechos, en acceso a los bienes y a los recursos. Y libres.
BERTA CAO |

martes, 17 de febrero de 2015

Informe Alternativo de Aborto-Ecuador Presentada ante el CEDAW



Informe Alternativo de Aborto-Ecuador 
Presentada ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

16 de Febrero del 2015

El Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos,  coalición de siete organizaciones y PP Global, presentamos cuatro problemas que viven las mujeres que necesitan un aborto legal en Ecuador:

Primero: Falta de acceso al aborto seguro en  casos permitidos por la ley, pues no se implementa la Guía de Práctica Clínica de Aborto Terapéutico. Aplaudimos la aprobación de la guía como herramienta para ejercer un derecho reconocido hace 75 años. Sin embargo preocupa que no se tenga un plan de ejecución. La implementación de la Guía y una interpretación amplia e integral del concepto de salud que debe incorporar el nuevo Código de Salud en elaboración,  contribuirá en la reducción de la mortalidad y morbilidad materna asociada a aborto inseguro, facilitará el acceso real y sin discriminación a mujeres que necesiten un aborto no punible.

Segundo, Prohibición del aborto en casos de violación sexual. Situación preocupante pues en Ecuador 380,000 mujeres han sufrido una violación y una de cada cuatro, ha vivido agresión sexual, hay 3,800 niñas menores de 14 años, embarazadas producto de violación. En el 2012, el Comité DESC recomendó al Ecuador despenalizar el aborto por violación y eliminar los términos “idiota” y “demente” cuando se refiera a discapacitadas mentales, el Código Penal eliminó los términos manteniendo la causal violación solo para estas mujeres.

Tercero, falta de datos que vinculan aborto inseguro con mortalidad materna.  Ecuador aun registra una de las tasas más altas de muerte materna, 46 mujeres por 100 mil nacidos vivos. El aborto inseguro es la segunda causa de mortalidad y es la primera causa de morbilidad materna. Este Comité ya expresó su preocupación por este hecho y  recomendó emprender una investigación minuciosa. Sin embargo, aun no existe la información que permita visibilizar el impacto del aborto  inseguro en la muerte materna.

Cuarto, violación del secreto profesional y judicialización a mujeres por el presunto delito de aborto. Desde el 2009, 58 mujeres han sido judicializadas, hemos entregado a este Comité 6 relatos. Violar el secreto profesional hace que las mujeres sean judicializadas tras ser atendidas por una emergencia obstétrica. La Fiscalía y  la Policía, han ingresado a los Servicios de Salud Pública para promover denuncias contra las mujeres. Tras estas visitas, el personal de salud en algunos casos ha denunciado. Las consecuencias son que las mujeres que requieren cuidado obstétrico de emergencia no lo busquen por temor a la persecución penal.

Por tanto solicitamos al Comité requerir al Estado Ecuatoriano que adopte medidas eficaces para:

  • ·         Despenalizar  el aborto, por lo menos en caso de violación sexual.
  • ·         Implementar inmediatamente la Guía Práctica Clínica de Aborto Terapéutico, incorporando una  interpretación integral sobre la afectación a la salud de la mujer embarazada producto de violación sexual.
  • ·         Fortalecer el sistema de información pública del aborto, incluyendo el vínculo entre morbimortalidad materna y aborto inseguro.
  • ·         Garantizar la confidencialidad para mujeres y niñas que reciben atención postaborto y de emergencia obstétrica garantizando el establecimiento de procedimientos para investigar y sancionar a quienes violen el secreto profesional.



lunes, 16 de febrero de 2015

ECUADOR DECLARACION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL presentada frente a CEDAW


Presentada en el período de sesiones 60 del Comité de la CEDAW


Ginebra el 16 de febrero 2015


Presentamos esta declaración en nombre de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, integrada por 18 organizaciones de mujeres locales, regionales y nacionales.

Nos gustaría destacar 3 áreas críticas de las cuestiones planteadas en el Informe Sombra preparado el año pasado en un proceso participativo:


- Mecanismo nacional de las mujeres y el sistema de protección de los derechos humanos;
- La violencia y el acceso a la justicia de género; y,
- Estado Plurinacional y los derechos de las mujeres.



1. Mecanismo institucional y sistema de protección de los derechos de las mujeres


En cuanto al mecanismo institucional y el sistema de protección de derechos humanos de las mujeres, consideramos que se han producido importantes retrocesos desde que se presentó el último informe oficial. 

El Consejo Nacional de las Mujeres, creado en 1997 para implementar las políticas de igualdad, fue eliminado por decreto ejecutivo en el 2009. En su lugar, se puso en marcha un mecanismo transitorio[1] con un estatus inferior en la estructura del Estado y su presupuesto disminuyó en 52,45% entre 2009 y 2014[2].

También es motivo de preocupación, que a pesar de que la institución incluye representantes de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil en el Consejo Directivo, ni las mujeres jóvenes, ni las mujeres de las nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas, ni las de grupos LGBT están representados. Las organizaciones nacionales que estaban en el Consejo Directivo, en la creación del Consejo en 1997, no se han renovado.

La Ley de Consejos Nacionales de Igualdad, aprobada en julio de 2014, es el marco legal que rige la incorporación de las transversalidades de: género, intergeneracional, discapacidades, movilidad e intercultural, y no legisla a favor de los titulares específicos de derechos humanos. De acuerdo a la Constitución de la República y la CEDAW, para lograr la igualdad real, es fundamental contar con un sistema nacional de protección integral de derechos, que cuente con las capacidades y recursos suficientes para el diseño e implementación de políticas públicas para la protección, prevención y restitución de los derechos de todas las personas, incluyendo las mujeres diversas.



2. La violencia y el acceso a la justicia de género


La reforma del Estado ha implicado continuos cambios en la institucionalidad y en los Planes sectoriales para enfrentar la violencia contra las mujeres. Desde la promulgación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y mujeres, en el 2007, tanto las instancias que la integraban, como sus roles y responsabilidades, han ido desapareciendo o modificándose, lo que ha generado un debilitamiento en su aplicación y una falta de orientación estratégica.

Sistema de protección: en el 2014, las casas de acogida y los centros de atención existentes estuvieron 7 meses sin la contribución de Estado, lo cual afectó el funcionamiento y cobertura de dichas instituciones. No existe cobertura nacional.
Las mujeres reclaman que no existan medidas de protección inmediatas, como cuando funcionaban las Comisarías de la Mujer, hecho que las pone en mayor situación de riesgo.

Acceso a la justicia: 


De acuerdo a información del Consejo Nacional de la Judicatura, a junio del 2014, existían 58 cantones, de un total de 221, en los cuales no funciona ninguna judicatura que atienda a las mujeres víctimas de violencia, dejándolas en total indefensión.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) incumple lo dispuesto en el Art. 81 de la Constitución, que dispone procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual y crímenes de odio (…).
El movimiento de mujeres presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, solicitando que la Asamblea incorpore en el COIP dicho procedimiento.

El personal de los equipos técnicos de las unidades contravencionales de violencia: psicólogas/os, trabajadoras sociales, médicos/as legistas, no están suficientemente sensibilizados y capacitados y culpan a las mujeres de ser responsables de la violencia. Esta situación empeora cuando las víctimas son indígenas o afro-ecuatoriana.

Prevención: 

El Estado no ha implementado una política sistemática para prevenir la violencia contra las mujeres, orientada a transformar los patrones socioculturales. Muchas de las agresiones sexuales en las escuelas no reciben sanciones, a pesar de que tenemos una ley específica para el tratamiento de esta problemática.



3. Estado plurinacional y los derechos de las mujeres



Para las mujeres indígenas y afro ecuatorianas, la violencia continúa en la impunidad; la administración de justicia sólo emplea el castellano, pese a que hay tres lenguas oficiales[3]. Las sanciones son evitadas, ineficaces y son injustas tanto en la justicia ordinaria, como en la justicia indígena. Sin embargo, es necesario precisar que la justicia indígena está siendo debilitada en su estructura, roles y competencias.

Las escuelas bilingües interculturales han fortalecido la estructura comunitaria desde su creación, en la actualidad están siendo cerradas y cooptadas por las llamadas escuelas del milenio, bajo el discurso del gobierno de que son “escuelas de pobres”, lo que afecta gravemente la forma de organización propia de cada pueblo y nacionalidad del Ecuador, este modelo homogenizador se ha instalado solamente en las zonas más pobladas.

Algunos de los efectos de la implementación de estas escuelas han sido despidos de maestros y maestras nativos de las escuelas comunitarias, lo que provoca el abandono de la vida comunitaria, afectando la forma organizativa social, política, cultural inclusive alimentaria de los pueblos y nacionalidades indígenas. Los maestros/as comunitarios no son valorados porque no tienen títulos como maestría que son muy costosas.

Dentro del Sistema de Salud Pública se ha dejado de incorporar la Salud intercultural sobre todo las mujeres parteras, quedando estos conocimientos ancestrales rezagados, vulnerando así los derechos colectivos, negando a las mujeres la posibilidad de tener una atención en el parto acorde a su cultura.





[1] Decreto Ejecutivo No. 1733 R.O. 601, 29/05/2009
[2] 2009: US$3.335.875,92 vs. 2014: US$1.504.106,43  
[3] Castellano, Kichwa y Shuar. Art. 2 de la Constitución.

sábado, 14 de febrero de 2015

El androcentrismo y sus consecuencias


El androcentrismo, que significa literalmente "centrarse en el varón", supone la consideración, probablemente a nivel inconsciente, de que el varón es el patrón, el modelo, la norma de todo comportamiento humano. El androcentrismo se ve reflejado en frases como:

Uno de los grandes logros de la Revolución Francesa fue el sufragio universal
cuando en realidad el derecho al voto era disfrutado sólo por los hombres -y no todos, pero ciertamente no por las mujeres. El androcentrismo normalmente presupone además que el receptor de cualquier tipo de texto es masculino, es decir, se dirige a un oyente o a un lector, como el ejemplo siguiente, tomado de un comentario hecho por el presentador de un telediario en enero de 1996:

Si al llegar a casa no encuentra a su mujer, sepa que hoy han empezado las rebajas.

en el que, aparte de la consideración (sexista) de las mujeres los únicos seres con afán consumista que aprovechan las rebajas, claramente se están dirigiendo sólo a los telespectadores ¡y casados! (androcentrismo). Algo parecido ocurre con el anuncio aparecido en varios diarios en octubre y noviembre de 1999:

Crónica del siglo XX”: Desayune con Einstein, suba al Everest a mediodía y acuéstese con Marilyn (El País, noviembre 1999) 

donde, a no ser que una sea lesbiana, resulta ardua la tarea de identificación con la oferta publicitaria.
 El androcentrismo, pues, se basa en dos reglas fundamentales:

1) Toda persona es del género masculino, a no ser que se especifique lo contrario. Como  consecuencia, "varón" y "ser humano" son términos sinónimos; y también lo son "masculino" y "universal". Esta regla opera fundamentalmente a través del uso del masculino como presunto universal (los notarios, para referirse a hombres y mujeres al frente de una notaría, los vascos, para hablar de mujeres y hombres naturales de Euskadi).
Se trata de una regla que hace que nuestra mente vea, antes que nada, varones en las personas nombradas en masculino para designar su clase, función, oficio, profesión o situación social (Secretario General, Directores, dramaturgo, fundador, pacientes, conductores...). Como veis, y deseo dejar bien claro, no se trata de una regla gramatical, esto es, de la "estructura" de la lengua, sino una interpretación pragmática de la misma. La regla llega a impregnar nuestro imaginario de tal modo que cualquier masculino (presuntamente universal) crea en nuestra imaginación imágenes masculinas. Los seres nombrados en la frase: 

Cansados, llegaron los tres al pueblo. 

pueden perfectamente ser dos mujeres y un caballo, pero la imagen que ese masculino crea en nuestro pensamiento es la de tres seres del sexo masculino.
La utilización del masculino para referirse, tanto a mujeres y hombres en un sentido genérico, como a varones únicamente, tiene, entre otros, el problema de ambigüedad y falta de exactitud, como creo que ilustra la frase: 
Los alumnos de Primaria ocupan siempre el centro del patio; las alumnas utilizan los bancos 

porque podríamos preguntarnos si las niñas juegan en el centro, y si los bancos están en el patio o en el aula. Las frases en masculino nos obligan a seguir pendientes de juicio, escuchando con el fin de que el contexto o una aclaración posterior especifique a quién o quiénes se están refiriendo.

La segunda regla del androcentrismo, consecuencia de la práctica anterior, es que: 

2) las mujeres quedan borradas de la lengua. El uso del masculino hace que se tienda a pensar en varones únicamente, como hace Joaquín Vidal en: 
"Selectividad": Miles de muchachos se están jugando en estos momentos su futuro. Sin haber hecho la mili siquiera... (Joaquín Vidal. El País 11 de junio1991) 
 Esta ausencia logra que cuando se visibilizan las mujeres sea para revelarse como una desviación de la norma masculina, una excepción, una derivación del masculino o resultado de su dependencia de él, como ejemplifican las entradas de edil y edila del Diccionario de la Real Academia. Estas entradas demuestran que se otorga al masculino la cualidad de universal, lo que no necesita especificarse como particular, convirtiendo así a lo femenino en lo diferente, lo excepcional en la participación política o social, que sí debe especificarse. 

edil. (Del latín aediles). m. .... Concejal. Miembro de un ayuntamiento.
edila. f. Concejala. Mujer miembro de un ayuntamiento. 

 Lo que esta definición nos descubre es que el masculino se ha apropiado de todo el espacio semántico (Miembro de un ayuntamiento), y que debemos abrir un huequito aparte o crear una subcategoría (Mujer miembro...) para que ella tenga sitio. A veces no se consigue, y cualquier nombre masculino que, teniendo su femenino, pretenda figurar como inclusivo, primeramente oculta a las mujeres, para luego mostrarlas explícitamente subordinadas y excluidas, como en la frase siguiente, tantas veces citada:

Los nómadas se trasladaban con sus enseres, mujeres y niños, siguiendo la caza. 

La psicología ha estudiado las consecuencias para la identidad femenina de este proceso de exclusión de la lengua, de no ser nombradas, de estar semi-escondidas en la formas masculinas. Parece que la imposición del uso obligatorio y automático del masculino causa en las mujeres la negación de sí mismas, un proceso de alienación y de pérdida de identidad. No resulta difícil imaginar que esto es plausible: debe tener implicaciones psicológicas el hecho de que toda niña o mujer se vea obligada a interpretar por el contexto si se están o no refiriendo a sí misma cuando dicen en el aula "los niños",
cuando hablan de "los vascos", de los "muchachos que se examinan de Selectividad", etc., etc. 

Uno de los fenómenos más graves de discriminación lingüística radica en un aspecto gramatical que articula tanto el castellano como otras muchas lenguas y que consiste en el uso del género masculino como neutro. Es decir, utilizándolo como si abarcara masculino y femenino. Esta regla, que como el resto de reglas gramaticales que se han dictado, no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua; normalmente se transmite en los textos que se manajan constantemente, otorgando carta de naturaleza a uno de los ejes vertebradores del androcentrismo más claros, constantes y habituales en la lengua: el que refuerza la presencia del género/ sexo masculino y causa la desaparición del género/ sexo femenino.
Este fenómeno tiene todo tipo de repercusiones, por ejemplo, que las mujeres tengamos un lugar provisional en la lengua: Primero la niña aprenderá que se dirigen a ella llamándola "niña", por tanto si oye frases como "los niños que terminen pueden ir al recreo, permanecerá sentada en su pupitre contemplando impaciente la tarea concluida en espera de que una frase en femenino le abra las puertas del ansiado recreo. Pero estas frases no suelen llegar nunca, es más probable que la maestra diga al advertir que ha terminado: "Fulanita, he dicho que los niños que hayan terminado..." y si sigue sin darse por aludida, entonces le explicará que cuando dice "niños" se está refiriendo también a las niñas. Pero si incurre en el error de creer que la palabra "niño" concierne por igual a los dos sexos, pronto verá frustradas sus ilusiones igualitarias. La hilaridad de sus compañeros ante su mano alzada le puede hacer comprender, bruscamente, que hubiera sido mejor no darse por aludida en frases del tipo: "Los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol que levanten la mano". En casos como éste, la maestra suele intervenir recordando: "He dicho los niños", ante lo cual la estupefacta niña pensará: "¿Pero no había dicho los niños?". «La niña debe aprender su identidad sociolingüística para renunciar inmediatamente a ella. Permanecerá toda su vida frente a una ambigüedad de expresión a la que terminará habituándose, con el sentimiento de que ocupa un lugar provisional en el idioma, lugar que deberá ceder inmediatamente cuando aparezca en el horizonte del discurso un individuo del sexo masculino, sea cual sea la especie a la que pertenezca»(Montserrat Moreno, Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. Barcelona: Icaria, 1986).

 El efecto del masculino genérico refuerza las formas masculinas, y el uso del masculino universal produce imágenes mentales masculinas, como han demostrado inequívocamente experimentos en los que se hacía ilustrar a jóvenes frases del tipo:
Los romanos vivían en villas.
 Los egipcios tenían profundos conocimientos de las técnicas de fabricación de tejidos.
que fueron representadas sistemáticamente con dibujos que mostraban a varones, y eso a pesar de que las frases se refieren a actividades - casa y tejer - estereotípicamente femeninas. Aparentemente, hay una explicación psicolingüística y cognitiva para ello: según parece, la realidad androcéntrica se impone en cierto modo durante el proceso de adquisición de la lengua durante la niñez a través de los mecanismos del masculino genérico. Una criatura aprende primero el significado masculino y femenino de una palabra, el proceso de generalización es posterior, y con éste vendría la utilización
genérica del masculino. Eso produce a nivel cognitivo una interpretación primeramente masculina de cualquier forma masculina, antes que genérica. Es como si el significado masculino invadiese la memoria, empujando, por así decirlo, el sentido genérico -y el femenino, claro. Por ello he afirmado antes que el masculino ocupa la mayor parte del espacio semántico, dejando poco sitio para el femenino. En ese sentido, y como expresara Julia López Giráldez, «la enseñanza-aprendizaje de la lengua es un proceso de doma mediante e1 cual las mujeres/niñas aprendemos a no ser nombradas y a expresar esta ausencia de sí mismas con naturalidad, reprimiendo las preguntas sobre la pertinencia de este hecho (no estar)». Por volver al diagrama del principio, dado que el lenguaje es el medio por el cual se transmite y comunica el pensamiento, al estar nuestra sociedad construida sobre estructuras de carácter patriarcal, es inevitable que el lenguaje transmita y comunique, como lo hace, "tácticas" patriarcales, es decir la invisibilidad, la exclusión del género femenino y el manifiesto afán de que el género femenino esté implícito, a la hora de hablar y escribir, en el género masculino. Lo peor es que a través de las generaciones, el pensamiento patriarcal ha ido infiltrándose en el lenguaje y se ha transmitido por esta vía hasta hacer invisible a las mujeres, y lo más grave, hasta hacer que las propias mujeres nos mimeticemos y hablemos de nosotras mismas en masculino, como por ejemplo: "nosotros", "uno cree", "uno mismo", "todos". «Hemos aprendido a pensarnos como ausentes, y lo que no es nombrado tiene una categoría diferente, subordinada, dependiente de lo nombrado. O, peor aún, no existe».
 Como explica el folleto editado por Emakunde, "El lenguaje, más que palabras", «El proceso de simbolización de la realidad tiene unas implicaciones importantes  en el desarrollo de la identidad personal y social. Los niños (varones) son siempre nombrados, son los protagonistas de las acciones y cuentan con modelos de referencia con los que se pueden identificar. Esto tiene repercusiones en su autoconcepto y autoestima y, en ocasiones, les genera una "sobreidentidad", se creen capaces de hacer cualquier cosa sin valorar los riesgos. Las niñas, sin embargo, no son nombradas; en raras ocasiones son protagonistas de las acciones y no disponen, a través del lenguaje, de modelos con los que identificarse. Las consecuencias de esta invisibilización, exclusión o subordinación pueden tener reflejo en una menor autoestima y en la creación de una "subidentidad"».


MERCEDES BENGOECHEA

Universidad de Alcalá

Miembro de NOMBRA, Comisión asesora sobre lenguaje del Instituto de 
la Mujer 

jueves, 12 de febrero de 2015

Casas de acogida


Violencia doméstica: Si Alice salió de su casa fue para  no morir

Durante años, Alice sufrió amenazas, insultos, humillaciones. "Esas palabras nunca salen de la cabeza." Son peores que el abuso físico, también dice Sylvia. En uno de los 37 refugios existentes en Portugal para  víctimas de la violencia doméstica, . Una y otra  tratan  de rehacer su vida con sus hijos. En  Portugal , el número de mujeres  que entraron  en situaciones de emergencia casi se duplicó desde 2012.


Llegan con miedo, a veces sólo con la ropa que traen sobre su  cuerpo. En la incertidumbre, sin saber cómo dar sentido a una vida que se desvaneció poco a poco en la violencia que estalló en sus días.

Dejan atrás la casa, los padres, los hermanos, los amigos, el empleo, por supuesto. Algunas planean salir en secreto. Otros no tienen tiempo para eso. Huyen a un ataque físico o una amenaza súbita. Siempre llegan con el desconocimietno  de los agresores. Llegan a los refugios a menudo con sus hijos. Siéntase protegidoa y a la vez presas, condenadas - en vez de ellos  - un retiro forzado para recomenzar la vida en otro lugar.

Todos tienen diferentes historias , pero historias similares en las humillaciones que sufrian  - "el abuso psicológico era mucho peor que  el físico" -  las acusaciones con las  que fueron atacados sin ser capaz de defenderse y las amenazas que escucharon cuando pidieron un divorcio o sujirieron  la hipótesis de una denuncia ante la policía - "yo te mato a ti   y al niño que traes en el vientre."

Durante años Silvia  se aislo de la familia y amigos, sin pensar en las consecuencias de  anularse de ese modo. Durante tres años sufrió en silencio. Así fue todo el tiempo de embarazo. Poco a poco desaprendio el  cuidado  de su propia  imagen, dejo de mirarse en el espejo y creer en sí misma. "Empecé a creer que era cierto lo que el me decia." Que  era una loca, que no valía nada y servia para muy poco. Fue ganando fuerza y un día salido de casa. Hasta entonces era vergüenza  lo que sentía.

Silvia ha estado en al menos dos albergues, 37 de los que existen en el país para dar cabida a las víctimas de violencia doméstica. Son gestionados por diversas instituciones y asociaciones como la APAV (Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas), UMAR (Mujeres Alternativa y Respuesta Unión), el AMCV (Asociación de Mujeres Contra la Violencia), la Santa Casa de la Misericordia, entre otras. Algunas de estas casas comenzaron a ofrecer, en los últimos años,  lugares de recepción de emergencia.

 De una   de ella , Silvia se vio obligada a salir  en unas pocas horas después de que su ex marido la  descubrira allí. Yo tenía un contrato para comenzar a trabajar en ese conccjo  y una incripción en  la guardería para el hijo que entretanto nació  Yo había probado una nueva vida. Tuvimos que dejar todo atrás, por segunda vez. Ella y su hijo fueron llevados en la noche como fugitivos, a otro refugio. Hoy están en  la Casa Alcipen  en Lisboa, uno de los dos refugios gestionados por APAV.

Por esta casa, desde su apertura en 2006, pasaron  350 mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijas, expone la directora Catia Rodrigues. Y durante ese tiempo, las situaciones de violencia se han vuelto más violentos, anota. El uso de armas, por ejemplo, explica, en parte, el número de muertes en los últimos años. En 2014, 42 mujeres murieron en el contexto de la violencia doméstica en Portugal.

Además de esta tendencia, también el número de personas que llegan a una situación de emergencia ha aumentado en gran medida en la Cámara Alcipe. En 2012, 32 personas se acercaron (entre  mujeres y  niños), en tales circunstancias, en este albergue  que ahora ofrece este tipo de alojamiento, donde no lo habia antes. En 2013, hubo 44. El año pasado, la cifra aumentó a 54.

Visible es también el hecho de que el tiempo de permanencia en el refugio ahora es mucho mayor de lo que era habitual - y lo  atribuye Catia Rodrigues, al menos en parte a la situación de crisis. Las víctimas tienen más dificultades para encontrar un trabajo o una casa para alquilar, y se quedan. El tiempo de regulación para el régimen extendido es de seis meses. Antes de la crisis y el aumento del desempleo, muchos acojimentos duraban entre 10 a 18 meses. Ahora, son de una duración de al menos un año. En algunos casos, puede durar dos años.

Aquí también, llegaron a golpear la puesta  a algunos agresores, en busca de sus antiguas compañeras. Pero ninguno de estos episodios tuvo consecuencias graves. Llegaron a la casa, cuya ubicación es confidencial, a menudo culpan a las propias víctimas,  que en algunos casos, aceptan que los ex compañeros las contacten por teléfono y luego se acercan.

Marcas profundas
"Las historias son todas diferentes pero todas tienen el mismo denominador," describe Catia Rodrigues. "El abuso emocional y el abuso psicológico son situaciones que dejan marcas profundas.  Son los episodios vividos más intensamente por ellas "
ANA DÍAS CORDERO 01/26/2015 - 07:57






Imagen de escultura  "Las ilusiones rotas" de Silvia López 


Violência doméstica: Se Alice saiu de casa foi para não morrer
ANA DIAS CORDEIRO 26/01/2015 - 07:57
Durante anos, Alice sofreu ameaças, insultos, humilhações. “Essas palavras nunca saem da cabeça.” São piores do que as agressões físicas, diz também Sílvia. Numa das 37 casas de abrigo existentes em Portugal para vítimas de violência doméstica, uma e outra tentam refazer a vida com os filhos. Aqui, o número de entradas de mulheres em situação de emergência quase duplicou desde 2012.



Chegam com medo, por vezes apenas com a roupa que trazem no corpo. Na incerteza, sem saber como dar rumo a uma vida que, aos poucos, se desfez na violência que invadiu os seus dias.

Deixam para trás a casa, os pais, os irmãos, os amigos, o emprego, o curso. Algumas planeiam a saída, em segredo. Outras não têm tempo para isso. Fogem a um ataque físico ou a uma ameaça súbita. Saem sempre no desconhecimento dos agressores. Chegam às casas de abrigo quase sempre com os filhos. Sentem-se protegidas e ao mesmo tempo presas, condenadas – em vez deles – a um afastamento forçado, a recomeçar uma vida noutro lugar.  

Todas têm histórias distintas, mas semelhantes nas humilhações que sofriam – “os maus tratos psicológicos eram bem piores do que os físicos” –, nas acusações de que eram alvo sem se poderem defender e nas ameaças que ouviam quando pediam o divórcio ou acenavam com a hipótese de uma queixa na polícia – “Eu mato-te a ti e ao filho que trazes no ventre.”

Durante anos Sílvia isolou-se da família e dos amigos, sem pensar nas consequências de se anular assim. Durante três anos, sofreu em silêncio. Assim passou todo o tempo da gravidez. Aos poucos, desaprendeu a cuidar da imagem, a olhar-se ao espelho e a acreditar em si. “Comecei a acreditar que era verdade o que ele me dizia.” Que era louca, que não valia nada e servia para muito pouco. Foi ganhando forças e um dia saiu de casa. Até então era vergonha o que sentia.

Sílvia esteve em pelo menos duas casas de abrigo, das 37 que existem no país para acolher vítimas de violência doméstica. São geridas por várias instituições e associações como a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), a UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta), a AMCV (Associação de Mulheres contra a Violência), a Santa Casa da Misericórdia, entre outras. Algumas destas casas passaram a prever, nos últimos anos, lugares para acolhimento de emergência.

De uma delas, Sílvia foi obrigada a sair em poucas horas, depois de o ex-marido a descobrir ali. Já tinha um contrato para começar a trabalhar nesse concelho e uma inscrição na creche para o filho que entretanto nasceu. Já tinha ensaiado uma nova vida. Teve de deixar tudo para trás, uma segunda vez. Ela e o filho foram levados de noite, como fugitivos, para outra casa de abrigo. Hoje estão na Casa Alcipe em Lisboa, um dos dois abrigos geridos pela APAV.

Por esta casa, desde a abertura em 2006, passaram 350 mulheres vítimas de violência doméstica e os seus filhos, expõe a directora Cátia Rodrigues. E ao longo desse tempo, as situações de violência têm-se tornado mais violentas, nota. O recurso a armas, por exemplo, explica em parte o número de mortes nos últimos anos. Em 2014, morreram 42 mulheres em contexto de violência doméstica em Portugal.

Além dessa tendência, também o número de pessoas que chegam em situação de emergência aumentou muito na Casa Alcipe. Em 2012, entraram 32 pessoas (entre mulheres e crianças), nessas circunstâncias, e esta casa de abrigo passou a prever esse tipo de acolhimento, até então inexistente. Em 2013, foram 44. No ano passado, esse número subiu para 54.

Visível é também o facto de o tempo de permanência na casa de abrigo ser agora muito superior àquilo que era habitual – e que Cátia Rodrigues atribui, pelo menos em parte, à conjuntura de crise. As vítimas têm mais dificuldade em encontrar emprego ou uma casa para arrendar, e vão ficando. O tempo regulamentado, para o regime prolongado, é de seis meses. Antes da crise e do aumento do desemprego, muitos acolhimentos duravam entre 10 a 18 meses. Agora, duram no mínimo um ano. Nalguns casos, chegam a durar dois anos.

Também aqui, já vieram bater à porta alguns agressores, à procura das suas ex-companheiras. Mas nenhum destes episódios teve consequências sérias. Chegaram à casa, cuja localização é confidencial, muitas vezes por culpa das próprias vítimas que, nalguns casos, aceitam que os ex-companheiros as contactem por telefone e depois se aproximem.

Marcas profundas
“As histórias são todas diferentes mas todas têm o mesmo denominador”, descreve Cátia Rodrigues. “O abuso emocional e os maus tratos psicológicos são situações que deixam marcas mais profundas. São episódios vividos com maior intensidade por elas.”

Imagen de escultura de Silvia López 
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/se-alice-saiu-de-casa-foi-para-nao-morrer-1683157
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/relacoes-que-matam-1681071?page=-1