LAS AMENAZAS CONTRA LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES INDÍGENAS SON ABUNDANTES Y GRAVES
En mayo de este año, la Real Policía Montada de Canadá (servicio nacional de policía) publicó un informe en el que afirmaba que, de 1980 a 2012, habían sido asesinadas en Canadá 1.017 mujeres y niñas indígenas, es decir, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a la de todas las demás mujeres. Si bien ese informe representó la primera vez que la policía o el gobierno de Canadá publicaban datos nacionales desglosando los índices de delitos violentos por identidad indígena, las cifras confirman lo que las mujeres indígenas de Canadá llevan mucho tiempo luchando por hacer notar a la opinión pública: que las amenazas contra su vida y su seguridad son abundantes y graves.
En mayo de este año, la Real Policía Montada de Canadá (servicio nacional de policía) publicó un informe en el que afirmaba que, de 1980 a 2012, habían sido asesinadas en Canadá 1.017 mujeres y niñas indígenas, es decir, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a la de todas las demás mujeres. Si bien ese informe representó la primera vez que la policía o el gobierno de Canadá publicaban datos nacionales desglosando los índices de delitos violentos por identidad indígena, las cifras confirman lo que las mujeres indígenas de Canadá llevan mucho tiempo luchando por hacer notar a la opinión pública: que las amenazas contra su vida y su seguridad son abundantes y graves.
Hace 10 años, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Hermanas robadas, en el que se describía
cómo numerosas e interrelacionadas formas de discriminación –entre ellas, el racismo, la misoginia y la marginación económica– ponían a las mujeres y a las niñas indígenas en situaciones de elevadísimo riesgo de violencia, al negarles apoyo para escapar de ella y fomentar la sensación de algunos hombres de que pueden cometer impunemente brutales actos de odio contra las mujeres y las niñas indígenas. La Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá ha documentado motivos de preocupación similares, que se han planteado en repetidas ocasiones cuando la ONU ha sometido a examen la situación de los derechos humanos en Canadá.
El creciente interés público que suscita la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas –con la celebración, entre otras cosas, de cientos de vigilias al año por todo Canadá– ha dado lugar a importantes reformas en el tratamiento, por parte de algunos servicios policiales, de las denuncias sobre personas desaparecidas o en su interacción con las comunidades indígenas. El gobierno federal ha dedicado fondos a ciertas iniciativas, como una base de datos de personas desaparecidas que, aunque no es específicamente de mujeres y niñas indígenas, sigue siendo una medida importante para reforzar su seguridad y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Sin embargo, en general, la repuesta policial y gubernamental es aún inadecuada y fragmentaria. No se ha tomado, a escala nacional, ninguna medida exhaustiva que permita coordinar programas e iniciativas, e identificar y subsanar las lagunas existentes en cuanto a mecanismos de apoyo y protección a disposición de las mujeres y las niñas indígenas. Pese a su apoyo a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en las que se pide a todos los países que adopten planes de acción integrales y dotados de los recursos necesarios para combatir la violencia contra las mujeres, el gobierno federal ha asegurado, reiteradamente, que en Canadá no se necesita ningún plan nacional de acción de ese tipo.
Amnistía Internacional ha apoyado los llamamientos de las organizaciones de mujeres indígenas en favor de una investigación nacional pública que permita unificar en un plan nacional de acción las soluciones identificadas en las distintas comunidades y garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en la respuesta del gobierno.
http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/2544
http://amnesty.org.py/wp-content/uploads/2014/08/20100214.spa-Indigenous-people_Americas2.pdf
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