Nos oponemos a la pena de muerte en cualquier circunstancia y a todos los métodos de ejecución. En concreto la lapidación, concebida para causar a la víctima un gran dolor antes de matarla, es una violación de la prohibición de la tortura contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la tortura de la que Sudán es signatario.
Los dos últimos casos de condenas a muerte por lapidación en Sudán, felizmente resueltos, presentan varias semejanzas: se trata de mujeres, madres jóvenes, que provienen de entornos marginales, y que no eran conscientes de sus derechos ni de la gravedad de los cargos contra ellas. Ambas fueron juzgadas sin representación legal, una violación flagrante del derecho a un juicio justo.
Además, junto a Amnistía Internacional AI nos oponemos a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera a las personas detenidas por esta razón como presas de conciencia.
Layla Ibrahim Issa Jumul fue condenada el pasado 10 de julio tras un juicio injusto: no tuvo acceso a un abogado y su sentencia condenatoria se basó únicamente en su confesión. La joven permaneció en prisión encadenada con grilletes. Al recibir la orden para su puesta en libertad, el guardián de la prisión en la que se encontraba ha tenido que romper sus esposas, puesto que no disponía de la llave para liberarla.
Layla es la segunda mujer con este tipo de condena que consigue la libertad en Sudán en apenas dos meses, tras Intisar Sharif Abdalla, liberada el 3 de julio pasado.
En el caso de Layla, el juez que revisó su sentencia rebajó los cargos a los que se enfrentaba y consideró que ya había respondido suficientemente por su delito con las semanas que ha pasado en la cárcel, junto con su hijo pequeño de seis meses.
Recordamos junto a AI al gobierno de Sudán que ejecutar a una persona después de un juicio que no cumple las normas internacionales sobre garantías procesales es una violación del derecho a la vida, y que la ejecución de una madre lactante está prohibida por el derecho internacional y por la propia Constitución de Sudán. Además, tanto la condena de Layla como la de Intisar han violado la propia Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o lactantes hasta los dos años de lactancia.
Junto a AI pedimos también al gobierno sudanés que suspenda oficialmente las ejecuciones como paso previo a abolir la pena de muerte -en consonancia con la tendencia mundial y con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU- y que conmute todas las condenas a muerte pendientes de ejecución.
Información adicional
Ciberacción caso Layla: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sudan-layla-lapidacion/
Ciberacción caso Intisar: http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/sudan-lapidacion-mujer/
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