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miércoles, 25 de abril de 2012

POR LA SALUD MATERNA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS



En Java Occidental, Indonesia no es posible acceder a servicios de planificación familiar sin un certificado de matrimonio.


Muchas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres y niñas tienen su origen en actitudes discriminatorias profundamente arraigadas en la sociedad y reforzadas por las instituciones a través de leyes, políticas y prácticas.
Muchas mujeres sufren violación o violencia intrafamiliar, o son sometidas a prácticas nocivas como la mutilación genital femenina. Muchas se ven obligadas a sufrir matrimonios y embarazos a edad temprana, o a tener repetidos embarazos. Esto puede tener graves consecuencias para su salud física y mental.
En los países donde las mujeres pueden hacer frente a penas de cárcel u otros castigos por buscar un aborto, se ven abocadas a una elección desalentadora: arriesgar su vida y su salud con un aborto clandestino e inseguro o continuar con un embarazo no deseado por el que pagará un enorme precio mental, emocional, físico y social en su vida. Una trabajadora de la salud de un centro que proporciona apoyo psicosocial a sobrevivientes de violencia sexual en Managua, Nicaragua, se preguntaba a este respecto: “¿Y qué sucede con las niñas embarazadas a causa de violación, y que viven en la pobreza? No tienen otra elección [legal] que dar a luz”.
En muchos países se niega educación e información en materia de sexo a las niñas por razones culturales o religiosas. A muchas mujeres, la ley les obliga a pedir permiso a su esposo para recibir información y asesoramiento sobre métodos anticonceptivos. Esta falta de elección guarda también una estrecha relación con el hecho de que las mujeres sean tratadas como miembros desiguales de la sociedad, que deben depender de sus familiares varones o de más edad para que tomen decisiones por ellas.


Imagen de instalación de Kimsooja  ( sabanas y ropa de cama coreanas usadas ) . Fundación Helga  de Alvear

http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT35/001/2012/es

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