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viernes, 2 de diciembre de 2011

La hora de la justicia para las mujeres en la R. D. del Congo





Desde hace 20 años, el pueblo congoleño vive acuciado por actos de violencia y abusos contra los derechos humanos.
La impunidad sigue siendo un fenómeno generalizado. Aunque millones de hombres, mujeres, niños y niñas han sufrido como consecuencia de la violencia, sólo algunos responsables han sido puestos a disposición judicial.

“Las FARDC [ejército congoleño] saquean nuestros pueblos de forma sistemática, llevan a cabo ejecuciones y perpetran violaciones de manera aislada aunque recurrente. Cuando en las casas no hay nada de valor, se llevan a las mujeres.

El poder judicial dista de ser un poder independiente y las injerencias constituyen un fenómeno habitual en los tribunales civiles y militares. En el sistema de justicia militar, los oficiales protegen a los soldados bajo su mando y la cúpula política y militar hace lo propio con los altos mandos militares. Esta circunstancia resulta especialmente preocupante en un país donde el ejército es uno de los principales responsables de delitos tipificados en el derecho internacional. La corrupción es endémica y afecta a todos los niveles del sistema judicial.  Son muy pocas las mujeres empleadas en el sistema de justicia.

En la República Democrática del Congo se están llevando a cabo en la actualidad varios proyectos encaminados a reformar el sistema de justicia. Algunos de ellos los gestiona la ONU, otros los gestionan ONG internacionales y congoleñas y otros donantes como la UE o gobiernos a título individual. Estos proyectos tienen aspectos positivos, pero en su conjunto no proporcionan el enfoque integral y a largo plazo necesario para garantizar la rendición de cuentas y la reparación por las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado y en la actualidad.

Marie, de 37 años, tiene ocho hijos y reside en Masisi.
“En septiembre de 2010, salí una mañana a recoger plátanos. En un cierto momento llegaron dos soldados a la plantación. Me detuvieron y me dijeron que si hablaba me matarían. Se oían disparos a lo lejos, así que supuse que estaban atacando el pueblo. Uno de los soldados me violó seis veces. Insistió en que lo llevara a mi casa. Al volver al pueblo, vi a unos soldados saqueando las casas. El que me acompañaba se llevó de la mía un colchón, cuatro cabras y cuatro gallinas. Luego se marchó. Saquearon todo el pueblo […].
Obtener justicia no es para mí una cuestión prioritaria. Mi principal preocupación es sobrevivir y conseguir atención médica. Mis hijos no pueden ir a la escuela porque lo he perdido todo.

El temor a sufrir represalias disuade a las víctimas de reclamar justicia e cohíbe a los testigos de testificar. Las amenazas y represalias son un fenómeno habitual antes de la presentación de una denuncia, durante la testificación de una persona superviviente o tras la imposición de penas o la fuga de una cárcel. No se proporciona prácticamente ningún apoyo y protección a víctimas y testigos.


Entre julio y agosto de 2010, durante cuatro días se violó de forma sistemática a más de 300 mujeres, hombres, niños y niñas en el territorio de Walikale (Kivu Septentrional). Se encargaron de la investigación un fiscal militar y la MONUSCO (Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo). A pesar de que los responsables de las violaciones, en su mayoría miembros de las milicias mayi mayi y de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, seguían en la zona, ni el fiscal militar ni la MONUSCO adoptaron ninguna medida significativa para proteger a las víctimas y los testigos. El fiscal militar entrevistó a más de 150 víctimas, principalmente en Masisi Central, que fueron trasladadas en automóvil a la vista de todo el mundo desde sus respectivos pueblos hasta el lugar donde se encontraba el equipo de investigación. Muchas de ellas recibieron amenazas, tanto por escrito como de viva voz, a consecuencia de lo cual la investigación se suspendió. En marzo de 2011 se desplegó en la zona a 90 agentes de la Policía Nacional Congoleña para proteger a la comunidad afectada, pero sólo durante tres meses y, según los informes, sin la formación adecuada. La ONU ha ofrecido también apoyo y protección a las víctimas.


Además del temor a sufrir represalias, el coste de las actuaciones judiciales y las dificultades para acceder a los tribunales, sobre todo fuera de los principales centros de urbanos, disuaden también a las víctimas de reclamar justicia

Deben elaborarse estrategias especiales de apoyo con el fin de ayudar a las personas que tienen necesidades específicas de protección. se debe consultar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, a las mujeres y a los niños y niñas con el fin de conocer la mejor forma de protegerlos para que puedan obtener justicia y participar en los procedimientos judiciales. Se debe facilitar apoyo a las víctimas para ayudarles a que se agrupen con el fin de pedir cuentas y reparación.


Sophie, de 45 años, madre de siete hijos y residente en la zona de Masisi, ha sido violada en dos ocasiones. Fue violada en 2005 por miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda y en octubre de 2009 durante un ataque de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) que provocó la huida en masa de todos sus convecinos.

“Quisiera presentar una denuncia, pero no sé por dónde empezar. Vi a unos abogados llegar en unos vehículos de la ONU para hablar de lo sucedido. No sé quiénes son. Pero no tengo testigos de lo que me pasó y no puedo identificar a los responsables. Ojalá castigaran a los responsable; eso animaría al resto de la población a denunciar lo que les sucede.”

El gobierno debe elaborar una estrategia a escala nacional para informar a la población sobre la manera de obtener justicia. Se debe hacer especial hincapié en que las mujeres de las comunidades afectadas se beneficiasen de esta estrategia.

Todos los tribunales deben contar con procedimientos efectivos y personal adecuado para mantener informadas a las víctimas sobre el desarrollo de las causas.

 Amnistía Internacional ha sido incapaz de encontrar un sólo caso en que el Estado, tras ser declarado responsable de un delito tipificado en el derecho internacional, haya pagado una indemnización a modo de reparación. 

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