En el imaginario occidental existe una tendencia a percibir a la mujer procedente de países musulmanes como un sujeto vulnerable y pasivo, con funciones limitadas en el espacio público y en la sociedad en su conjunto, reducidas a poco más del ámbito doméstico, y bajo la “tutela o sometimiento” al hombre. En la mujer, la manifestación de símbolos religiosos mediante el porte de una indumentaria determinada (hijab), ya sea parcial (velo o fular, en sus diferentes expresiones, que cubre la cabeza) o global (chilaba, melfa, en el Magreb; chador, en Irán e Irak; niqab en los países del Golfo, etc.; que cubren hasta a los pies), se asocia inmediatamente con la sumisión de la mujer y su veto a participar en el espacio público (veda mayor cuanta más parte del cuerpo oculte el atavío tradicional o religioso que lleve). En este sentido, también es común asociar la confesión musulmana a la reducción de los derechos de la mujer, olvidando que la discriminación hacia la mujer no está en la religión en sí, sino en su interpretación, y más aún: en el arraigo de la desigualdad de género dentro de las propias sociedades y en los sistemas jurídicos y mecanismos políticos que regulan la vida pública y privada de las personas, de la ciudadanía en su conjunto.
La mujer mauritana no escapa a esta visión proyectada del mundo musulmán. Sin embargo, la realidad es otra: en este país islámico del Magreb, la mujer desempeña una función muy activa, ya no sólo dentro de la familia, en la transmisión de la cultura, costumbres y valores, sino también en la esfera pública, mediante su participación en la vida política, económica y social del país.
La promoción de los derechos de la mujer en Mauritania ha ido de la mano del proceso de democratización de la joven República. Independiente desde el 28 de noviembre de 1960, Mauritania vería su primera Constitución bajo el régimen colonial en marzo de 1959, que dos años más tarde, al conseguir la soberanía, sería sustituida por la del 20 de mayo de 1961. Tras un corto período de estabilidad, comenzarían las crisis internas y confrontaciones: en 1978 el país entra en una dinámica donde la alternancia política vendría ante todo marcada por los golpes de Estado, diferentes regímenes dictatoriales dejarían seis cartas constitucionales antes de la adopción de la tercera Constitución, en 1991. Suspendida en 2005, la Carta Magna fue restablecida en 2006. El golpe de estado de 2008, marcó un breve período de incertidumbre saldado con las últimas elecciones presidenciales en julio de 2009, que ganaría con holgura Mohamed Ould Abdel Aziz, ante el temor de quienes veían la institucionalización del golpe de 2008 que le había llevado al poder. Su programa electoral, con un marcado tinte populista que quería llegar a los más desfavorecidos, es el que está ahora en vigor y con el que pretende que el país alcance los Objetivos del Milenio.
La pobreza en que vive sumido el país afecta a más de la mitad de la población y territorialmente se ve reflejado en la ausencia de cohesión regional: cuatro quintos de la riqueza nacional está en manos de los habitantes de dos regiones (Adrar e Inchiri) de las trece regiones (wilaya) en que se divide el país; por su parte, los habitantes de Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Guidimaka y Assaba cuentan con tan solo una veinteava parte. Estas diferencias también conciernen a las provincias y a los municipios y afectan tanto al nivel de pobreza como al desarrollo cultural, sanitario y de infraestructuras básicas; pero no solo. También existe una importante desigualdad entre etnias.
Mauritania, por su enclave geográfico puente entre el Mediterráneo árabe y el África negra ha sido (y continúa siendo) zona de tránsito de numerosos grupos humanos, que han contribuido a pronunciar aún más si cabe la diversidad étnica mauritana y las tensiones interraciales: por una parte, la mayoría mora (60%), hassanófona (con su reivindicación identitaria y lingüística del hassaniya), dividida entre los moros blancos o bidanes y los moros negros o harratinos (descendientes de los esclavos de los moros blancos). Por otra, la extensa minoría negra (40%) fraccionada en pulares o peuls, sonnikés y wolofs (con lenguas que llevan su mismo nombre). La discriminación entre estas diferentes etnias (particularmente entre la aristocracia mora y las demás), que afecta al acceso a la educación, al mercado laboral, a la vida política, etc., permanece en la sociedad mauritana como un legado histórico de la estratificación arraigada fuertemente en la sociedad, que los esfuerzos estatales y mecanismos institucionales contra la exclusión social no ha conseguido eliminar. El surgimiento de la sociedad de clases, con nuevas formas de desigualdad, provocaría a su vez la diferenciación también entre una misma etnia.
La mujer mauritana sufre todas estas desigualdades, a las que se suma la vulnerabilidad por el hecho de ser mujer. Su posición frente al hombre y la comunidad, viene marcada por las etnias y el (pre)establecimiento de roles femeninos, aunque siempre en el marco de una sociedad patriarcal, en la que la figura del hombre es predominante. La globalización, nuevas tecnologías, y fenómenos poblacionales anejos como las migraciones determinarán transformaciones en los patrones familiares y en la concepción de las funciones de la mujer.
Así, la concienciación de la importancia de las mujeres en la sociedad mauritana y la promoción de sus derechos fundamentales vendría con la ratificación de diferentes convenios internacionales –como la Convención sobre los Derechos políticos de la mujer (1976) o Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (2001) –, el establecimiento de estrategias nacionales de promoción de la mujer y la adopción textos jurídicos que prevén medidas no discriminatorias por sexo (Constitución, código civil, Código Laboral, el régimen de Seguridad Social, los convenios colectivos, el estatuto general de la administración pública, etc.)
Los avances sobre papel no siempre están reflejados en la sociedad, que aún necesitará tiempo para asimilar la igualdad real que debe existir en los derechos, deberes y oportunidades de hombres y mujeres; no conviene olvidar que en Mauritania convive el derecho civil (moderno) con el derecho islámico, las costumbres africanas y bereberes y el derecho árabe-bedouino. Así la desigualdad se aprecia en la educación (niveles de analfabetismo, acceso a formaciones y estudios superiores, etc.), en el acceso a la salud (particularmente reproductiva, además de la prevalencia de prácticas como la mutilación genital femenina, a pesar de su tipificación como delito, el engorde de niñas para conseguir pretendientes, etc.), en el acceso al mercado laboral y situación de pobreza, etc. Sin embargo sí se aprecian cambios significativos en la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, su creciente nivel de ocupación (incluso en cargos directivos o de responsabilidad, aunque su progreso sea mucho más lento que el de sus homólogos varones) y remuneración económica por su trabajo, así como su participación en la esfera pública. A ello ha contribuido el importante movimiento asociativo femenino, presente desde la Unión de Mujeres de Nouakchott allá en el año 1961, posterior Unión de Mujeres Mauritanas (1962), que conoció una fuerte expansión durante la década de los sesenta y principios de los setenta, y continuaría a pesar de los obstáculos y suspensiones temporales (como la prohibición del asociacionismo femenino en 1978). El trabajo de las mujeres llevaría al apoyo institucional y a la creación de un departamento para la mujer y, más adelante, con la democracia, de la Secretaría de Estado de la Condición Femenina.
Otro de los grandes avances en la participación política de la mujer, garantizada por otra parte en la Constitución y otros textos jurídicos, se produciría en las elecciones presidenciales de 2003, donde por primera vez se presenta una mujer como candidata. Desde entonces su representación ha progresado considerablemente: con la imposición de la cuota del 20%, en 2007 un 33 % de las mujeres ocuparon cargos en los municipios y un 17,9% y 17%, respectivamente, en el Senado y la Asamblea Nacional. En el Ejecutivo actual, seis de los veintiséis ministerios, están dirigidos por mujeres.
En definitiva, si bien los esfuerzos institucionales para promocionar los derechos fundamentales de la mujer ha chocado con las prácticas sociales y el arraigo de unas tradiciones culturales no siempre acordes con la igualdad de oportunidades, el trabajo de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad mauritana y en la mejora de su situación social. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la cada vez mayor escolarización, formación y acceso a estudios superiores de la mujer, el fuerte tejido asociativo femenino y la presencia progresiva de las mujeres en cargos ejecutivos y políticos convierte a la mujer mauritana en un agente de cambio social, y hace pensar en grandes avances a medio plazo, que sin duda contribuirán al desarrollo cultural, político, económico y social del país.
La mujer mauritana no escapa a esta visión proyectada del mundo musulmán. Sin embargo, la realidad es otra: en este país islámico del Magreb, la mujer desempeña una función muy activa, ya no sólo dentro de la familia, en la transmisión de la cultura, costumbres y valores, sino también en la esfera pública, mediante su participación en la vida política, económica y social del país.
La promoción de los derechos de la mujer en Mauritania ha ido de la mano del proceso de democratización de la joven República. Independiente desde el 28 de noviembre de 1960, Mauritania vería su primera Constitución bajo el régimen colonial en marzo de 1959, que dos años más tarde, al conseguir la soberanía, sería sustituida por la del 20 de mayo de 1961. Tras un corto período de estabilidad, comenzarían las crisis internas y confrontaciones: en 1978 el país entra en una dinámica donde la alternancia política vendría ante todo marcada por los golpes de Estado, diferentes regímenes dictatoriales dejarían seis cartas constitucionales antes de la adopción de la tercera Constitución, en 1991. Suspendida en 2005, la Carta Magna fue restablecida en 2006. El golpe de estado de 2008, marcó un breve período de incertidumbre saldado con las últimas elecciones presidenciales en julio de 2009, que ganaría con holgura Mohamed Ould Abdel Aziz, ante el temor de quienes veían la institucionalización del golpe de 2008 que le había llevado al poder. Su programa electoral, con un marcado tinte populista que quería llegar a los más desfavorecidos, es el que está ahora en vigor y con el que pretende que el país alcance los Objetivos del Milenio.
La pobreza en que vive sumido el país afecta a más de la mitad de la población y territorialmente se ve reflejado en la ausencia de cohesión regional: cuatro quintos de la riqueza nacional está en manos de los habitantes de dos regiones (Adrar e Inchiri) de las trece regiones (wilaya) en que se divide el país; por su parte, los habitantes de Hodh Charghi, Hodh El Gharbi, Guidimaka y Assaba cuentan con tan solo una veinteava parte. Estas diferencias también conciernen a las provincias y a los municipios y afectan tanto al nivel de pobreza como al desarrollo cultural, sanitario y de infraestructuras básicas; pero no solo. También existe una importante desigualdad entre etnias.
Mauritania, por su enclave geográfico puente entre el Mediterráneo árabe y el África negra ha sido (y continúa siendo) zona de tránsito de numerosos grupos humanos, que han contribuido a pronunciar aún más si cabe la diversidad étnica mauritana y las tensiones interraciales: por una parte, la mayoría mora (60%), hassanófona (con su reivindicación identitaria y lingüística del hassaniya), dividida entre los moros blancos o bidanes y los moros negros o harratinos (descendientes de los esclavos de los moros blancos). Por otra, la extensa minoría negra (40%) fraccionada en pulares o peuls, sonnikés y wolofs (con lenguas que llevan su mismo nombre). La discriminación entre estas diferentes etnias (particularmente entre la aristocracia mora y las demás), que afecta al acceso a la educación, al mercado laboral, a la vida política, etc., permanece en la sociedad mauritana como un legado histórico de la estratificación arraigada fuertemente en la sociedad, que los esfuerzos estatales y mecanismos institucionales contra la exclusión social no ha conseguido eliminar. El surgimiento de la sociedad de clases, con nuevas formas de desigualdad, provocaría a su vez la diferenciación también entre una misma etnia.
La mujer mauritana sufre todas estas desigualdades, a las que se suma la vulnerabilidad por el hecho de ser mujer. Su posición frente al hombre y la comunidad, viene marcada por las etnias y el (pre)establecimiento de roles femeninos, aunque siempre en el marco de una sociedad patriarcal, en la que la figura del hombre es predominante. La globalización, nuevas tecnologías, y fenómenos poblacionales anejos como las migraciones determinarán transformaciones en los patrones familiares y en la concepción de las funciones de la mujer.
Así, la concienciación de la importancia de las mujeres en la sociedad mauritana y la promoción de sus derechos fundamentales vendría con la ratificación de diferentes convenios internacionales –como la Convención sobre los Derechos políticos de la mujer (1976) o Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (2001) –, el establecimiento de estrategias nacionales de promoción de la mujer y la adopción textos jurídicos que prevén medidas no discriminatorias por sexo (Constitución, código civil, Código Laboral, el régimen de Seguridad Social, los convenios colectivos, el estatuto general de la administración pública, etc.)
Los avances sobre papel no siempre están reflejados en la sociedad, que aún necesitará tiempo para asimilar la igualdad real que debe existir en los derechos, deberes y oportunidades de hombres y mujeres; no conviene olvidar que en Mauritania convive el derecho civil (moderno) con el derecho islámico, las costumbres africanas y bereberes y el derecho árabe-bedouino. Así la desigualdad se aprecia en la educación (niveles de analfabetismo, acceso a formaciones y estudios superiores, etc.), en el acceso a la salud (particularmente reproductiva, además de la prevalencia de prácticas como la mutilación genital femenina, a pesar de su tipificación como delito, el engorde de niñas para conseguir pretendientes, etc.), en el acceso al mercado laboral y situación de pobreza, etc. Sin embargo sí se aprecian cambios significativos en la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, su creciente nivel de ocupación (incluso en cargos directivos o de responsabilidad, aunque su progreso sea mucho más lento que el de sus homólogos varones) y remuneración económica por su trabajo, así como su participación en la esfera pública. A ello ha contribuido el importante movimiento asociativo femenino, presente desde la Unión de Mujeres de Nouakchott allá en el año 1961, posterior Unión de Mujeres Mauritanas (1962), que conoció una fuerte expansión durante la década de los sesenta y principios de los setenta, y continuaría a pesar de los obstáculos y suspensiones temporales (como la prohibición del asociacionismo femenino en 1978). El trabajo de las mujeres llevaría al apoyo institucional y a la creación de un departamento para la mujer y, más adelante, con la democracia, de la Secretaría de Estado de la Condición Femenina.
Otro de los grandes avances en la participación política de la mujer, garantizada por otra parte en la Constitución y otros textos jurídicos, se produciría en las elecciones presidenciales de 2003, donde por primera vez se presenta una mujer como candidata. Desde entonces su representación ha progresado considerablemente: con la imposición de la cuota del 20%, en 2007 un 33 % de las mujeres ocuparon cargos en los municipios y un 17,9% y 17%, respectivamente, en el Senado y la Asamblea Nacional. En el Ejecutivo actual, seis de los veintiséis ministerios, están dirigidos por mujeres.
En definitiva, si bien los esfuerzos institucionales para promocionar los derechos fundamentales de la mujer ha chocado con las prácticas sociales y el arraigo de unas tradiciones culturales no siempre acordes con la igualdad de oportunidades, el trabajo de la mujer ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad mauritana y en la mejora de su situación social. Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la cada vez mayor escolarización, formación y acceso a estudios superiores de la mujer, el fuerte tejido asociativo femenino y la presencia progresiva de las mujeres en cargos ejecutivos y políticos convierte a la mujer mauritana en un agente de cambio social, y hace pensar en grandes avances a medio plazo, que sin duda contribuirán al desarrollo cultural, político, económico y social del país.
Escrito por Bárbara Fernández García
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